FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ADMITIR LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EN MÁS DE UNA OCASIÓN INFORMES, DATOS O DOCUMENTOS, O LA PRESENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD O PARTE DE ELLA PARA EL EJERCICIO DE AQUÉLLAS FUERA DE UNA VISITA DOMICILIARIA, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2016).
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 34/2024. FELIPE GAYTÁN VÁZQUEZ. 21 DE AGOSTO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: LUIS ENRIQUE GARCÍA DE LA MORA.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 34/2024, interpuesto contra de la sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en el amparo directo 109/2022.
El problema jurídico que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en analizar la interpretación y el alcance del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil dieciséis.
I. ANTECEDENTES
1. Procedimiento de fiscalización. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza “2”, con residencia en la ciudad del mismo nombre, solicitó información y documentación a Felipe Gaytán Vázquez.
2. El once de enero de dos mil diecinueve, la autoridad hacendaria realizó una segunda solicitud de nueva información y documentación al contribuyente mencionado. Después, el siete de mayo de la misma anualidad, nuevamente, la exactora realizó una tercera solicitud de información y documentación.
3. Seguida la secuela procesal, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la autoridad en comento formuló invitación a Gaytán Vázquez para que acudiera a las oficinas de la autoridad fiscal a conocer los hechos y las omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización, lo que aconteció el diez de julio de dos mil diecinueve.
4. Crédito fiscal. Finalmente, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad exactora le determinó un crédito fiscal al contribuyente, por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como el reparto de utilidades a sus trabajadores.
5. Recurso de revocación. En desacuerdo, Felipe Gaytán Vázquez interpuso recurso de revocación, en el cual se determinó confirmar la resolución que impuso el crédito fiscal.
6. Juicio de nulidad. Inconforme, Felipe Gaytán Vázquez promovió juicio de nulidad del cual conoció la Primera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente 1253/20-05-01-2 y lo admitió a trámite.
7. Resolución. Una vez sustanciado el procedimiento, el diez de marzo de dos mil veintidós, la Sala del conocimiento emitió resolución en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.
8. Juicio de amparo. En contra de lo resuelto por la Sala Regional, la parte actora promovió juicio de amparo directo en el que señaló como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente:
“NOMBRE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene este carácter.-
Los Magistrados de la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
SE RECLAMA la Sentencia, emitida por la autoridad responsable de fecha 10 de Marzo de 2022, mediante la cual en el considerando TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO se violan mis garantías constitucionales de acceso a la justicia, completa y expedita, legalidad, audiencia, seguridad jurídica, debido proceso, de exacta aplicación de la ley, congruencia y exhaustividad, pues se declara la validez en el juicio bajo un estudio deficiente que viola en mi perjuicio los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 14, 16 y 17 Constitucionales, por lo que me causa los siguientes agravios que en este ocurso se plantean.”
9. Entre otras cuestiones, el quejoso hizo valer los siguientes argumentos:
• Que se transgredieron las garantías constitucionales de progresividad, debida valoración de pruebas, legalidad, audiencia, seguridad jurídica, debido proceso, de exacta aplicación de la ley, congruencia y exhaustividad, esto en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que desde su perspectiva, no se fundó ni motivo de manera debida la sentencia reclamada, señalando que la Sala responsable interpretó y aplicó de manera incorrecta el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación.
• Que de una interpretación sistemática y literal del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación se apuntó que sólo se permite a la autoridad solicitar información y documentación por una sola ocasión, la que da motivo a la orden de la facultad de comprobación, conocida como "Revisión de Escritorio o Gabinete", y es ese único requerimiento de documentación, respecto al cual se emitirá el oficio de observaciones; es decir que dicha facultad, que es reglada y obligatoria, no le permite a la autoridad realizar dos o tres solicitudes de documentación u órdenes de revisión en un mismo procedimiento.
• También, hizo mención en que la naturaleza de la revisión de gabinete o escritorio se lleva a cabo en el domicilio de la autoridad, previo requerimiento de información respecto a ciertos rubros de la obligación fiscal y por un determinado periodo, lo que se precisa en la orden de solicitud de información y documentación, por lo que no se está ante una auditoría integral, como sí ocurre en una visita domiciliaria, por lo que desde la orden de solicitud, debe indicarse los documentos o los datos a requerir, y no le es permisible a la autoridad, ni se deja a su discreción, decidir cuántos requerimientos realizará en forma indefinida, pues ello debe estar previamente establecido en ley.
• Alega que en el primer concepto de impugnación de la demanda de nulidad, expuso que las resoluciones impugnada y recurrida vulneran lo previsto en los artículos 48 del Código Fiscal de la Federación y 19 de la Ley Federal de Derecho del Contribuyente, porque dentro del procedimiento de revisión de gabinete se emitieron tres órdenes de revisión, cuando, por un lado, el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación se trata de una facultad reglada y no discrecional, la cual sólo permite realizar una solicitud de información y, por otro lado, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, no se pueden llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, salvo que se comprueben hechos diferentes.
• Agrega que, si bien la decisión de ejercer o no una facultad de comprobación puede tener el carácter de discrecional, lo cierto es que una vez llevada a cabo, la autoridad debe adaptarse al procedimiento administrativo que la ley establece, como en el caso lo es el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación y, de no ser así, se vulneran los derechos de los contribuyentes.
• Que le causa un perjuicio que no se respete el procedimiento previsto en el artículo 48 del Código, puesto que establece que cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo que en sus fracciones señala, siendo que en ninguna de ellas se indica que se podrá solicitar por segunda o ulterior ocasión informes, datos o documentos.
• Adujo que cuando se esté ante una revisión de escritorio debe llevarse a cabo conforme al procedimiento previsto en el artículo 48 multicitado, por lo que, atendiendo al principio de legalidad y seguridad jurídica, la autoridad fiscal no debe dejar lagunas a interpretaciones fuera de tal artículo, ni mucho menos a interpretaciones en perjuicio de los contribuyentes pues se vulneraría también el principio pro persona y el de progresividad.
• Finalmente, señaló que se transgrede el artículo 1o. constitucional, pues éste tiene inmerso el principio pro persona y de progresividad, sin embargo, la Sala responsable interpreta el artículo 48 del Código más allá de su contenido, es decir, permite que la autoridad fiscal esté en posibilidad de hacer todas las solicitudes de información y documentación que estime necesarias dentro de un mismo procedimiento de revisión de escritorio en perjuicio del contribuyente.
10. Admisión. Por auto de dos de junio de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito registró la demanda con el número de expediente 109/2022, y admitió a trámite.
11. Asimismo, se tuvo como terceros interesados a Octavio Ortiz Ávalos, y a la Administración Desconcentrada Jurídica de Coahuila de Zaragoza “2”, con sede en la ciudad del mismo nombre.
12. Sentencia. Sin trámite por desahogar, el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia que culminó con el resolutivo siguiente:
ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a FELIPE GAYTÁN VÁZQUEZ, en contra de la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintidós, por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, en el expediente 1253/20-05-01-2.
13. El tribunal colegiado desestimó los conceptos de violación al considerar, en esencia, lo siguiente:
• Argumentó que la Sala del conocimiento no analizó el primer concepto de impugnación planteado; sin embargo, el argumento lo calificó como infundado, en virtud de que no le asistía la razón al quejoso cuando alegó que no existía fundamento alguno que le permitiera a la autoridad fiscal requerirle en más de una ocasión, información del mismo ejercicio.
• Determinó que la Sala responsable fue categórica en precisar que no se practicó una triple revisión al contribuyente, en contravención al artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, sino que con el primero de los oficios, la autoridad dio inicio al ejercicio de la facultad de comprobación, en tanto que, con las dos misivas restantes, requirió información y documentación adicional para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin que ello significara una triple revisión.
• Que del contenido de dichos oficios se observa que no se practicó la triple revisión como se adujo, en razón de que los oficios de solicitud de información subsecuentes al primero tuvieron como finalidad recabar información adicional para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
• El órgano jurisdiccional estimó que acertadamente, la Sala resolvió que no se iniciaron nuevos ejercicios de facultades de comprobación, sino que se continuó con el que ya se había iniciado, requiriendo información necesaria.
• El Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que de manera correcta, la Sala responsable le indicó al quejoso que en el caso no se practicó una triple revisión; no obstante, en cuanto a que las tres solicitudes no se encuentran previstas en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, dijo que con el primero de los oficios, la autoridad demandada dio inicio al ejercicio de la facultad de comprobación, mientras que con los otros dos, se requirió información y documentación adicional para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
14. Recurso de revisión. El once de diciembre de dos mil veintitrés, Felipe Gaytán Vázquez, por propio derecho, interpuso recurso de revisión.
15. Esencialmente, en el escrito de agravios, el recurrente hizo valer los siguientes argumentos:
• El hoy recurrente señala que solicitó la interpretación directa de los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales, que reconocen lo referente a la seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, progresividad y pro persona, en relación con el artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, el tribunal colegiado de circuito analizó la congruencia y la exhaustividad de la sentencia reclamada, lo que además de no ser cuestionado, dio como resultado que el órgano jurisdiccional respaldara la actuación de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ello, esta Suprema Corte debe reparar la incongruencia señalada, inclusive, de manera oficiosa.
• Explica los principios pro persona, progresividad de los derechos humanos, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso y, después, transcribe el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, el que en su opinión, sólo permite, por una ocasión, que la autoridad solicite información y documentación en una revisión de escritorio o gabinete. De ahí que la emisión de dos o tres solicitudes en un mismo procedimiento vulnera los principios referidos.
• Asimismo, enfatiza los argumentos que hizo valer en contra de la sentencia reclamada y recurrida en los cuales insiste en que la interpretación realizada al artículo 48 del Código Fiscal de la Federación violenta los principios de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, pro persona y progresividad, así como las formalidades esenciales del procedimiento, ya que dicho precepto prevé un procedimiento reglado que debe atender la autoridad, e insiste que en ninguna de sus fracciones prevé la posibilidad de requerir información o documentación por una segunda o posteriores ocasiones, ni siquiera solicitudes adicionales.
16. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de ocho de enero de dos mil veinticuatro, la Presidenta de este Alto Tribunal registró el amparo directo en revisión con el número 34/2024 y lo admitió a trámite; radicó el expediente en esta Segunda Sala y turnó el asunto para su estudio a la Ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales.
17. Revisión adhesiva. El veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso recurso de revisión adhesiva.
18. Avocamiento. Por acuerdo de tres de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala tuvo por recibidos los autos, se avocó al conocimiento del asunto, hizo el registro de ingreso correspondiente y ordenó la remisión del recurso a la Ponencia respectiva para la elaboración del proyecto. En la misma actuación se tuvo por interpuesto el recurso de revisión adhesivo.
19. Revisión adhesiva. El dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, el pliego de agravios, en el cual se adhirió al recurso la Administradora Desconcentrada Jurídica de Coahuila de Zaragoza “2”, con residencia en la ciudad del mismo nombre.
20. El medio de defensa fue admitido en acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.
21. Recurso de reclamación 168/2024.(1) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de ocho de enero de dos mil veinticuatro, en el cual se admitió a trámite el amparo directo en revisión 34/2024, y en sesión de doce de junio de dos mil veinticuatro la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justica de la Nación determinó lo siguiente:
PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere.
SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictado por la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los autos del amparo directo en revisión 34/2024.
22. Returno. Por auto de veinte de junio de dos mil veinticuatro, se acordó que, en sesión de diecinueve del mismo mes y año, por mayoría de tres votos se desechó el proyecto de resolución presentado por el Ministro Luis María Aguilar Morales, el cual se returnó a la Ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
23. Publicación. El proyecto de sentencia fue publicado oportunamente en términos del artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
II. COMPETENCIA
24. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX,(2) de la Constitución Federal; 81, fracción II(3) de la Ley de Amparo; 21, fracción IV,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación todas vigentes, y los Puntos Primero(5) y Tercero del Acuerdo General Número 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente.
III. OPORTUNIDAD
25. Es oportuna la presentación del recurso de revisión, ya que la sentencia recurrida de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por notificada el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, al contribuyente recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, ésta surtió efectos al día hábil siguiente, en consecuencia, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la ley de la materia, transcurrió del cuatro al quince ambos de diciembre de dos mil veintitrés,(7) así que, si el presente recurso se interpuso el once de diciembre de la misma anualidad, es inconcuso que éste se presentó dentro del referido plazo.
26. El Secretario de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de revisión adhesiva. Ahora, teniendo en cuenta que en los autos del presente asunto no obra constancia de la que se advierta la fecha de notificación a la referida autoridad del acuerdo de admisión, se tiene por interpuesto oportunamente, toda vez que se presentó el veintidós de marzo de dos mil veinticuatro. Sirve de apoyo la tesis aislada de rubro y texto: “AMPARO NO EXTEMPORÁNEO. Si no hay datos que establezcan un punto de partida para contar el término dentro del cual debió reclamarse el acto, no puede afirmarse que la demanda de amparo sea extemporánea”.(8)
27. Ahora bien, el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la Administración Desconcentrada Jurídica de Coahuila de Zaragoza “2”, con sede en la ciudad del mismo nombre, se interpuso de forma extemporánea, pues el acuerdo de admisión le fue notificado el tres de abril de dos mil veinticuatro, la cual surtió efectos el mismo día, en términos del artículo 31, fracción I, por lo tanto, el plazo de para adherirse al recurso transcurrió del cuatro al diez(9) de abril de dos mil veinticuatro.
28. De tal suerte que si el recurso de revisión adhesivo se depositó el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, su presentación es extemporánea.
IV. LEGITIMACIÓN
29. Esta Segunda Sala considera que Felipe Gaytán Vázquez cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, toda vez que es el quejoso en el juicio de amparo 109/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, esto en atención al artículo 5o. de la Ley de Amparo.
30. Del mismo modo, Juan Carlos Pinson Guerra, en su carácter de Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, quien firma el recurso por ausencia de los Directores Generales de Amparos contra Leyes y de Amparos contra Actos Administrativos, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, todos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, cuenta con facultad para interponerlo.
31. Lo anterior, con fundamento en los artículos 2, párrafo primero, apartado B, fracción XXVIII, incisos a), b) y c), penúltimo párrafo; 72, fracciones I y VI; 75, fracción I, y 105, octavo y décimo noveno párrafos del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.(10)
V. PROCEDENCIA DEL RECURSO
32. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por tanto, amerita un estudio de fondo. Conclusión que se sustenta en las siguientes consideraciones: 33. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo está regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II(11) y 96,(12) de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
34. De la lectura de tales preceptos se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno salvo que las sentencias:
a) Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales;
b) Establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o
c) Hayan omitido el estudio de la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional, cuando ello se haya planteado en la demanda de amparo.
35. Estos requisitos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en los juicios de amparo directo. Sin embargo, existe un segundo requisito que se debe cumplir, consistente en que los temas de constitucionalidad a analizar en cada asunto revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, de conformidad con el artículo 107, fracción IX, constitucional.
36. Así se dispuso en la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, de la que se desprende que las resoluciones que emitan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo cual queda a discreción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
37. Incluso, de la exposición de motivos de veinte de febrero de dos mil veinte y de la discusión de veintisiete de noviembre de ese año, se desprende que la intención del legislador al prever como requisito un “interés excepcional” en materia constitucional o de derechos humanos consistió en dotar de mayor fuerza la discrecionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir qué asuntos resolverá y, con ello, fortalecer su función como Tribunal Constitucional.
38. Debe decirse que la “cuestión de constitucionalidad” se define, en términos generales, mediante un criterio positivo y otro negativo en la siguiente forma:
39. Por lo que respecta al criterio positivo, el Pleno de este Alto Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 1225/2006(13) determinó que la interpretación directa de un precepto constitucional implica desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, atendiendo a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el completo y auténtico sentido de la disposición constitucional, lo cual puede lograrse a través de los métodos: gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico.
40. Dicho criterio quedó asentado a través de la tesis de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. BASTA CON QUE SE UTILICE UNO DE LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL PARA QUE SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO”.(14)
41. Por lo que respecta al criterio negativo, la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 3850/2012(15) determinó que ésta se actualiza cuando subsiste una cuestión de legalidad, esto es, una cuestión jurídica que atiende exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley o la determinación del sentido de una norma infraconstitucional se encuadra como una cuestión de legalidad, lo que implica desentrañar el sentido normativo de fuentes infraconstitucionales.
42. La Primera Sala precisó que lo anterior no implica que una cuestión de legalidad esté desvinculada de la fuerza protectora de Norma Suprema, pues la Constitución, en sus artículos 14 y 16, establece el derecho humano a la legalidad, lo cual implica evaluar la debida aplicación de la ley; sin embargo, ello se trata de una violación “indirecta” a la Constitución, que no exige el ejercicio interpretativo de un elemento genuinamente constitucional, sino sólo una referencia en vía de consecuencia.
43. Además, refirió que existen dos categorías de casos en los cuales una cuestión de legalidad puede, en sí misma, implicar una cuestión de constitucionalidad: a) la interpretación conforme; y b) cuando existe una antinomia de normas secundarias que incida directamente en la seguridad jurídica o en otro derecho humano.
44. Para realizar una interpretación conforme se debe determinar si una norma admite dos o más entendimientos posibles, se debe elegir, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante renovación del orden jurídico, tal como se desprende de la jurisprudencia de rubro: “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN”.(16)
45. La Primera Sala también señaló que los enunciados normativos que integran las fuentes de derecho, en cuanto formulaciones lingüísticas, son susceptibles de admitir diversas interpretaciones, y cuando correspondan a fuentes infraconstitucionales, la resolución del sentido que debe atribuirse a dichos enunciados se considera una cuestión de legalidad, no susceptible de revisión en el amparo directo, en donde se reservan solamente cuestiones de constitucionalidad. Sin embargo, reconoció que existen ejercicios interpretativos de dichas fuentes infraconstitucionales que trascienden al ámbito de la legalidad, lo cual sucede cuando determinadas interpretaciones del material jurídico resulten contrarias a la Constitución.
46. De ese modo, señaló que la división de las categorías de legalidad en oposición a las de constitucionalidad, en términos generales, se actualizan de la siguiente forma: a) se tratará de una cuestión de legalidad únicamente cuando existan varias interpretaciones de una disposición, las cuales no violan la Constitución, por lo cual la opción de una modalidad interpretativa no puede ser materia de escrutinio constitucional y b) se tratará de una cuestión de constitucionalidad cuando la interpretación de la ley confronta un contenido constitucional.
47. Agregó que, dentro de la categoría de casos, en los cuales la interpretación de la ley puede dar lugar a una genuina cuestión de constitucionalidad, se identificó dos escenarios distintos: a) cuando entre las distintas interpretaciones que admiten una disposición sólo una de ellas resulta constitucionalmente válida y ésta no es la que ha realizado o avalado el Tribunal Colegiado, por lo cual resulta obligatorio optar por la interpretación de la ley que esté conforme con la Constitución; y b) cuando una disposición admite varias interpretaciones constitucionalmente aceptables y el Tribunal Colegiado selecciona o avala implícitamente una que es inconstitucional, por lo cual se debe declarar que esa interpretación se encuentra prohibida y se debe prescribir interpretar el precepto en cuestión de una forma consistente con la Constitución.
48. Tales consideraciones dieron origen a las tesis de rubros: “CONTRADICCIÓN DE NORMAS SECUNDARIAS. SUPUESTOS EN QUE PUEDE TRASCENDER A UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD”(17) y “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DIFERENCIAS ENTRE CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES Y SUPUESTOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.”(18)
49. Con motivo de lo anterior, esta Segunda Sala considera que en el caso, aunque la cuestión planteada pareciera que sólo constituye una cuestión de legalidad relacionada con la “debida aplicación de una ley”, lo cierto es que se vincula directamente con una cuestión constitucional, ya que la parte quejosa solicitó la interpretación conforme del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación para determinar que de éste no se desprende que la autoridad fiscal cuenta con la facultad de realizar múltiples requerimientos de información y documentación en un mismo procedimiento de revisión.
50. Lo anterior esa así, ya que la cuestión planteada por la parte quejosa se encuentra relacionada con diversos derechos humanos protegidos constitucionalmente, esto es, los derechos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso previstos en los artículos 14, 15 y 17 de la Constitución Federal, pues considera que la interpretación por la que optó el órgano colegiado le causa un perjuicio, ya que con ella se permite que la autoridad fiscal realice múltiples requerimientos de información y documentación en un procedimiento a pesar de que ello no se encuentra previsto en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación.
51. En opinión del quejoso, de dicho precepto no se advierte la facultad de la autoridad fiscal de requerir en múltiples ocasiones al contribuyente la información y documentación en un mismo procedimiento de revisión, por lo que el recurrente estimó necesaria la realización de una interpretación conforme del precepto referido a la luz del contenido de diversos preceptos constitucionales, esto es, se trata de un ejercicio interpretativo que se encuentra dirigido a verificar la validez de un precepto infraconstitucional de acuerdo con el contenido de distintos preceptos constitucionales, cuyo análisis omitió el órgano de amparo. Lo cual constituye una cuestión propiamente constitucional que actualiza la procedencia del recurso de revisión.
52. Por tanto, en el caso subsisten por lo menos dos interpretaciones que deben ser analizadas por parte de este Alto Tribunal a través de una interpretación conforme con la Constitución, máxime que la parte quejosa también invocó tanto en sus agravios como en sus conceptos de vio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32896-f69aaf46/facultades-de-comprobacion-de-las-autoridades-fiscales-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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