REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 638/2014. 7 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del amparo directo en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 81, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además, conforme a lo previsto en el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; y en el punto primero del Acuerdo Número 5/1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo. Lo anterior, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.-El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo de conformidad, con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, al desprenderse de las constancias procesales, que la sentencia definitiva de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, que por esta vía se combate, fue notificada a la quejosa por lista el día treinta siguiente, por lo que el término de diez días señalado en el artículo citado, transcurrió del cuatro (día siguiente al en que surtió efectos la notificación) al dieciocho de febrero de dos mil catorce.
Excluyéndose de dicho cómputo los días uno, dos, tres, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis, todos de febrero de dos mil catorce, por ser inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2011 del Consejo de la Judicatura Federal.
En consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el catorce de febrero de dos mil catorce, en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, resulta inconcuso que se hizo valer en tiempo.
TERCERO.-La ahora recurrente tiene debidamente reconocida su personalidad como parte agraviada en el presente asunto, como se advierte de los autos del juicio de origen, por lo que está legitimada en el proceso para hacer valer el recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, **********, tiene debidamente reconocida su personalidad como representante de la quejosa, tal como se advierte del proveído de cuatro de octubre de dos mil trece, emitido por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito (foja 92 del juicio de amparo número **********).
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de esta Segunda Sala, que es del tenor siguiente:
"Registro: 187396
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, marzo de 2002
"Materia: común
"Tesis: 2a. XI/2002
"Página 432
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL.-De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio.
"Amparo directo en revisión **********. **********. 8 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras."
CUARTO.-A efecto de una mejor comprensión del presente asunto, conviene tener en cuenta los antecedentes siguientes:
1. Por escrito recibido el dieciocho de marzo de dos mil once, en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, a través de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, en la que se le impuso un crédito fiscal en cantidad de $********** (**********), por concepto de impuestos sobre la renta y al valor agregado, recargos y multas.
2. Por auto de veintidós de marzo de dos mil once, el Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, admitió la demanda, radicando el asunto bajo el expediente número **********; seguidos los demás trámites conducentes, el tres de noviembre de dos mil once, la Sala del conocimiento dictó una primera sentencia, en la cual reconoció la validez de la resolución impugnada.
3. Inconforme con dicha sentencia, la representante legal de la actora presentó demanda de amparo, de la cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, donde se radicó como juicio de amparo directo administrativo expediente **********, mismo que se resolvió en sesión de dieciséis de agosto de dos mil doce, en el que se concedió el amparo a la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, y dictara otra en la que previo a reiterar lo que no fue motivo de la tutela constitucional, al abordar el estudio del octavo concepto de impugnación del escrito de la demanda de nulidad, examinara en su totalidad las alegaciones hechas valer por la actora y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho procediera.
4. En cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo, el cuatro de octubre de dos mil doce, la Sala Fiscal responsable emitió una nueva sentencia, donde estimó fundados y suficientes los argumentos de la quejosa para declarar la nulidad de la resolución impugnada.
5. Inconforme con esa segunda sentencia, la Administradora Local Jurídica de Torreón interpuso recurso de revisión fiscal del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado del conocimiento, el que determinó revocar la sentencia recurrida para que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, estableciera si los comprobantes fiscales que amparaban el acreditamiento realizado por la contribuyente satisfacían los requisitos contenidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y, hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho correspondiera.
6. En acatamiento a la referida sentencia el uno de agosto de dos mil trece la Sala Fiscal dictó sentencia, en la que reconoció la validez de la resolución controvertida, toda vez que la visita domiciliaria realizada a la quejosa, con el fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se había realizado conforme a derecho, por autoridad competente. Por otra parte, determinó que los documentos con los que la quejosa pretendió acreditar diversos gastos para efectos de pago de impuestos no cumplían con los requisitos para su deducibilidad, como estar debidamente registradas en su contabilidad (de ahí que las transferencias electrónicas aducidas fueran insuficientes). Finalmente, se determinó rechazar la aludida documentación, toda vez que derivado de las facultades de comprobación que la autoridad ejerció sobre las empresas impresoras autorizadas para emitir facturas, tales empresas hicieron constar que las facturas presentadas por la hoy recurrente no habían sido impresas por ella. Por lo que al advertirse que las facturas no habían sido impresas en alguno de los establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces no cumplían con los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A , fracción VIII, del Código Fiscal Federal.
7. En contra de dicha determinación, la quejosa interpuso juicio de amparo, el cual fue resuelto por el órgano jurisdiccional de mérito en sesión de veintitrés de enero del presente año, en el sentido de negar el amparo.
8. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente recurso de revisión.
QUINTO.-En virtud de que la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, es menester ocuparse de esa cuestión.
El artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los requisitos que se deben reunir para que sea procedente el recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo directo, a saber:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; ..."
Esta disposición se reitera en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que resulta aplicable al presente asunto de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo; ya que el artículo 81, fracción II, dispone:
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:
"...
"II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.
"La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."
Cabe destacar que el recurso de revisión previsto en estas normas es un medio de defensa extraordinario, cuya finalidad es que de manera excepcional se revisen sentencias de Tribunales Colegiados donde se haga un pronunciamiento de constitucionalidad, ya sea respecto de alguna norma general o en relación con la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal. No obstante, la regla general es que las sentencias de amparo directo no admitan impugnación, pues ese juicio sólo tiene una instancia.
Por otra parte, el Pleno de esta Suprema Corte emitió el Acuerdo Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece los requisitos que se deben reunir para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, a saber:
a) Que en la sentencia recurrida se formule un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o bien, que de haberse planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio, y
b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio del Pleno o de la Sala respectiva.
En tanto, la fracción II, del propio punto primero del Acuerdo Plenario Número 5/1999, se estableció que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:
i) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado.
ii) No se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir.
iii) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.
Importa destacar que en relación con el requisito mencionado en el inciso a), este Alto Tribunal ha reconocido la intención del Poder Reformador de la Constitución, por un lado, de establecer la inatacabilidad de las sentencias dictadas en el juicio de amparo directo, como regla general y, por otro, de consolidar el carácter de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de órgano terminal para decidir en definitiva los criterios obligatorios en materia de constitucionalidad de leyes y de interpretación directa de preceptos constitucionales, al prever la procedencia del recurso de revisión contra esas sentencias, exclusivamente en forma excepcional.
Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de esta Segunda Sala, así como la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor literal siguiente:
"Registro: 171625
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVI, agosto de 2007
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 149/2007
"Página 615
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al Acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes."
"Registro: 171626
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVI, agosto de 2007
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 122/2007
"Página 614
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE CUANDO SE PLANTEAN TEMAS AJENOS A CUESTIONES CONSTITUCIONALES, COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-Conforme a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 83, fracción V, 84, fracción II, 89, último párrafo, 90, último párrafo y 93 de la Ley de Amparo, así como 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto primero del Acuerdo Plenario 5/1999, el recurso de revisión en amparo directo tiene un carácter excepcional, por lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional, debe estudiar solamente los argumentos de los Tribunales Colegiados que decidan sobre la constitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución o, cuando habiéndose planteado en la demanda, se haya omitido su estudio, siempre que en dichos supuestos se advierta que la resolución que llegare a dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para determinar su procedencia. En esa tesitura, los agravios formulados por los recurrentes que no se constriñan a demostrar que los pronunciamientos sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución entrañen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia y que, además, sostengan los criterios de interpretación constitucional que se estimen pertinentes; no deben ser estudiados, pues no son de la competencia de este Alto Tribunal al conocer del recurso de revisión en amparo directo, en virtud de que constituyen temas ajenos, como ejemplificativamente pueden ser los referentes a la suplencia de la queja, a la inoperancia de los conceptos de violación o a la preferencia que se da a los planteados en la demanda al estudiarse, a la inaplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte, a los efectos restitutorios del fallo protector como consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad en la sentencia, a los principios generales del juicio de amparo, al trámite de éste, a las violaciones cometidas por los tribunales de origen de la causa y, en general, los temas ajenos a las cuestiones constitucionales de mérito."
"Registro: 191702
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, junio de 2000
"Materia: constitucional
"Tesis: P. LXXVII/2000
"Página 39
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE AUN CUANDO EN LOS AGRAVIOS SE SOSTENGA ÚNICAMENTE LA INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SUSTENTAN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES CONTENIDO EN EL FALLO RECURRIDO.-De lo dispuesto en el artículo 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que ha sido intención del legislador que la Suprema Corte de Justicia, como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes e interpretación directa de la Constitución, conozca del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que en esa instancia subsistan cuestiones propiamente constitucionales, debiendo considerarse que por éstas no se entienden exclusivamente los argumentos relativos a la confrontación entre la norma con la Constitución, sino todos aquellos planteamientos cuyo estudio pueda trascender directa o indirectamente a la materia de constitucionalidad introducida en los conceptos de violación o en las consideraciones del fallo recurrido; en ese tenor, cuando en un recurso de revisión en amparo directo no se controvierte directamente la determinación de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que se argumenta que respecto de la norma cuya transgresión a la Constitución se concluyó, se actualiza una circunstancia que, tratándose de amparo indirecto, generaría la improcedencia del juicio en cuanto a aquélla, debe estimarse que tales agravios sí constituyen una cuestión propiamente constitucional, pues en caso de resultar fundados, el órgano revisor deberá concluir que los respectivos conceptos de violación son inoperantes y, por ende, revocar la determinación de inconstitucionalidad, con lo que permanecerá incólume la ley controvertida; máxime que, de estimarse lo contrario, podrían subsistir sentencias de amparo directo en cuya parte considerativa se determina la inconstitucionalidad de leyes, aun cuando no se reúnan los requisitos procesales que permiten abordar el planteamiento relativo, cuestión cuyo conocimiento corresponde, en última instancia, a la Suprema Corte de Justicia.
"Reclamación **********. **********. 21 de septiembre de 1999. Mayoría de siete votos. Disidentes: presidente Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina."
Criterios que aunque fueron emitidos cuando se encontraba en vigor la anterior Ley de Amparo, resultan aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone:
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"...
Transitorios
"...
"SEXTO.-La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. ..."
Conforme a lo antes mencionado, en el caso concreto debe señalarse que no se cumplen los requisitos para la procedencia del recurso de revisión, ya que el asunto de mérito no reviste las características de importancia y trascendencia.
Lo anterior, ya que tanto de los conceptos de violación, como de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado del conocimiento, se observa que no hubo pronunciamiento de constitucionalidad alguno, que haga procedente el presente asunto, tal como se corroborará a continuación:
La quejosa, al promover juicio de amparo directo, hizo valer en síntesis lo siguiente:
a) Que la sentencia reclamada era ilegal, pues la Sala responsable se sustentó en disposiciones que no eran aplicables al caso, omitiendo el uso de aquellas debidas. Se dice lo anterior, toda vez que el hecho de que el impresor señalado en las facturas que amparan las compras a diversos proveedores, en las que se basa parte del crédito fiscal, haya dicho que no las realizó, no es un hecho imputable a la quejosa. Máxime que a ella no le corresponde verificar el debido cumplimiento de los deberes fiscales a cargo de los emisores de dichos documentos, ya que los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal Federal (sic), solamente le imponen la obligación de revisar la información comprendida en la factura.
Lo anterior, ya que la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el Sistema Integral de Declaraciones, no es de uso público. Por otra parte, la facultad de comprobación es exclusiva de la autoridad fiscalizadora, por lo que no es obligación de los particulares verificar que los terceros con los que se tiene trato estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales, como aquellas comprendidas en el artículo 27 del Código Fiscal Federal.
b) Que la resolución es ilegal, ya que en contravención del artículo 217 de la Ley de Amparo, no observó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 87/2013 (10a.), de rubro: "COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].". Y en esa tesitura, debía aplicarse en el caso el control difuso de convencionalidad decretando que no se aplicara, el referido artículo 27, ya que dicho precepto regula las obligaciones que debe cumplir el emisor de comprobantes fiscales y no quien los recibe. Siendo la única condición de procedencia para las deducciones, el soporte documental de las erogaciones a través de las facturas que reúnan los requisitos previstos en los preceptos 29 y 29-A del citado ordenamiento.
c) Que la resolución impugnada vulneraba lo dispuesto en los artículos 1o. y 14 de la Constitución Federal, en relación con el 5o. del Código Civil Federal, y 217, 228 y demás aplicables de la Ley de Amparo, al determinar que los documentos exhibidos como pruebas no sustentaban el acreditamiento del impuesto al valor agregado al no satisfacer los requisitos señalados en el multicitado artículo 27, vulnerando el principio pro persona. Dejando de observar lo resuelto por la Segunda Sala en la contradicción de tesis 535/2012 del que derivó la jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.).
d) Que dicho criterio jurisprudencial ya era obligatorio al momento en que la Sala Fiscal responsable emitió la sentencia impugnada por lo que al aplicársele retroactivamente se actuaba en perjuicio de la ahora recurrente.
e) Finalmente, precisó que el acto reclamado era violatorio de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y defensa, así como de los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, ya que no se pronunció respecto de todos los argumentos planteados, ni estudió todas las pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad, se dice lo anterior ya que, el hecho de que un impresor niegue haber realizado ciertas facturas fiscales no puede desmentir los pagos realizados mediante transferencia electrónica a la cuenta de los respectivos proveedores, aunado a que dejó de observarse la ya mencionada jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte, ya que es material y jurídicamente imposible exigir a cualquier contribuyente que verifique y se cerciore de que los comprobantes expedidos por otros contribuyentes han sido impresos en establecimientos autorizados, en contravención de diversos criterios jurisprudenciales.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el amparo directo **********, en sesión de veintitrés de enero del presente año, en lo que interesa resolvió lo siguiente:
"SEXTO.-De los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, unos devienen infundados, en tanto que otro es inoperante, tal como se pasa a demostrar.-Alega la quejosa, en el primer concepto de violación, que la sentencia reclamada resulta ilegal, ya que la Sala responsable, para considerar infundado el octavo concepto de impugnación se basó en una serie de hechos que se apreciaron de manera equivocada, toda vez que el hecho de que quienes aparecen en las facturas como impresores no las hayan elaborado, constituyen hechos que no pueden ser imputables a la actora, toda vez que son situaciones ajenas a su actividad, máxime que dicho supuesto, no se encuentra previsto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, porque los mismos no imponen como obligación del contribuyente que pretenda deducir una compra o gasto amparado con un comprobante fiscal, el que verifique que el contribuyente que expida la documentación comprobatoria cumpla con sus obligaciones fiscales, como así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia de rubro: ‘COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁN OBLIGADOS [SIC] A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE SE CONTIENE.’ y ‘SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN.’.-En el caso, dice la impetrante del amparo deben considerarse procedentes las facturas expedidas por los proveedores ********** y **********, puesto que la Sala responsable no está considerando elementos de suma relevancia como son, el primero de ellos consistente en que la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al Sistema Integral de Declaraciones, no es de uso público y por tanto resulta material y jurídicamente imposible, que cualquier contribuyente pueda verificar y cerciorarse de las obligaciones de los proveedores con quien celebra operaciones.-El segundo de ellos, expone la quejosa, tiene que ver con la facultad de comprobación exclusiva de la propia autoridad fiscalizadora para efectuar revisiones y verificaciones a los contribuyentes, pues si el proveedor no cumplió con sus obligaciones fiscales, es a la autoridad a la que corresponde encontrarlo y fiscalizarlo acerca de las retenciones del impuesto que dice el proveedor no enteró, sin que esta obligación recaiga en la contribuyente, pues no está dentro de sus obligaciones fiscales verificar que los terceros con los cuales tiene trato, cumplan con sus obligaciones para con la autoridad hacendaria.-El tercer elemento, abunda la quejosa, lo constituye el hecho de que jurídicamente no existe obligación para la contribuyente de verificar y cerciorase de que quienes expidan comprobantes fiscales cumplan con las obligaciones contenidas en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.-Aunado a lo anterior, alega la quejosa, la Sala responsable no señaló el fundamento legal que establezca que, el contribuyente al realizar una deducción debe cerciorarse de que el emisor del comprobante haya cumplido con los requisitos señalados en el numeral 27 del código tributario, ya que no corresponde al consumidor de un bien o usuario de un servicio, verificar que quien expide el comprobante de compra o gasto se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales, además de que el artículo 31 de la Ley d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25668-f696ad95/revision-en-amparo-directo-la-legitimacion-para-interponer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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