COSA JUZGADA Y SUS EFECTOS DIRECTO Y REFLEJO. DIFERENCIAS Y REQUISITOS PARA SU ACTUALIZACIÓN.
AMPARO DIRECTO 5/2021. 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS los autos para resolver el amparo directo 5/2021, promovido por ********** en contra de la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en el recurso de apelación ********** derivado del juicio ordinario civil federal **********; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Hechos. ********** era miembro activo de la Armada de México. Un día al acudir al servicio de urgencias del Centro Médico Naval con motivo de un problema digestivo, se le hicieron diversos exámenes de laboratorio, entre ellos, el de detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), respecto del que no fue recabado su consentimiento informado. El resultado de ese examen resultó positivo.
2. Con motivo de los resultados de sus exámenes, el trece de noviembre de dos mil dos, la autoridad militar informó al señor ********** que se procedería a decretar su baja por padecer una enfermedad por actos ajenos al servicio y diagnosticada como un trastorno inmunológico indeterminado. Además, le comunicó que tenía un plazo de tres días a fin de que ejerciera su derecho a la defensa.
3. El señor ********** se defendió desconociendo la existencia de alguna condición de salud y, afirmando, que no tenía algún cuadro médico que le imposibilitara seguir trabajando. También solicitó una prórroga del plazo para defenderse.
4. La autoridad le negó la prórroga solicitada y, el tres de enero de dos mil tres, determinó su baja del servicio activo por padecer una enfermedad contraída como consecuencia de actos ajenos al servicio y no tener más de cinco años en la institución castrense. Como consecuencia de la baja, se dejaron de prestar servicios médicos a él y a sus progenitores.
5. Derivado de lo anterior, el señor ********** acudió a defender sus derechos a través del juicio de amparo que culminó con una sentencia que ordenó a la autoridad militar que le diera oportunidad de tener una adecuada defensa.
6. En cumplimiento, la autoridad naval le dio oportunidad de ejercer su defensa y, en ejercicio de ese derecho, el señor ********** interpuso un recurso de inconformidad ante la propia autoridad que, el veintidós de octubre de dos mil nueve, culminó con una resolución que decidió que de acuerdo con la fracción 117 de la primera categoría de inutilidad de las tablas anexas a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,(1) la susceptibilidad a infecciones recurrentes atribuibles a estados de inmunodeficiencias celulares o humorales del organismo no susceptibles de tratamiento, como el trastorno que se le detectó, impedía que continuara en activo por lo que procedía decretar su baja.
7. En contra de la decisión, el señor ********** promovió un nuevo juicio de amparo en que impugnó tanto la norma referida como la resolución que confirmó la procedencia de su baja.
8. Luego de la tramitación, correspondió conocer a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de ese juicio en segunda instancia mediante recurso de revisión.(2) En la ejecutoria de amparo se determinó que la fracción 117 de la primera categoría de las tablas anexas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en la parte que señala "la susceptibilidad a infecciones recurrentes" (vigente hasta el siete de agosto del dos mil tres) era inconstitucional por discriminatoria y, por ende, procedía conceder la protección constitucional para que se dejara insubsistente la baja de ********** y, en consecuencia, se le reincorporara a los servicios.
9. En cumplimiento, el once de agosto de dos mil once, la autoridad reincorporó al promovente al servicio activo y lo restituyó de todos los derechos inherentes al cargo que desempeñaba.
10. SEGUNDO.—Reclamación por daño moral. El veintitrés de julio de dos mil trece, el señor ********** presentó una reclamación de indemnización por daño moral ante la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina derivado de la actividad administrativa irregular del Estado por la baja del servicio en activo al presentar seropositividad al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), por las siguientes razones: i) por haberle practicado la prueba de detección de ese virus sin su consentimiento informado, ii) por omitir prestarle servicios médicos en la Armada de México, iii) por haber dejado de pagar sus haberes y prestaciones, iv) por impedirle el inicio de un nuevo procedimiento de retiro; y, v) por excluirlo de las promociones correspondientes para cambiar de grado.
11. El secretario de Marina resolvió la reclamación en el sentido de no tener por acreditado el daño moral. En consecuencia, negó el pago de la indemnización.
12. TERCERO.—Juicio de nulidad. La anterior decisión fue impugnada por el promovente mediante juicio de nulidad. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decidió que la autoridad sí incurrió en una actividad administrativa irregular que ocasionó daño moral al demandante y condenó a la dependencia al pago de una indemnización.
13. CUARTO.—Impugnación de la sentencia de nulidad. Inconformes con la resolución, tanto el señor ********** como la Secretaría de Marina promovieron medios de defensa, aquél promovió juicio de amparo directo y ésta interpuso recurso de revisión fiscal. De ambos correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito integrado, en aquel entonces, por los Magistrados Carlos Ronzon Sevilla, Julio Humberto Hernández Fonseca y Joel Carranco Zúñiga (terceros interesados en el presente amparo directo).
14. En la sentencia del recurso de revisión fiscal(3) se revocó la sentencia recurrida esencialmente sobre las siguientes consideraciones:
a) La norma vigente para hacer reclamaciones por actividad administrativa irregular del Estado al momento que se practicaron los exámenes de detección del virus (dos mil dos) era el Código Civil Federal y no el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Por tanto, resulta improcedente la vía escogida por el promovente para reprochar las conductas relacionadas con la práctica de los exámenes de detección del virus.
b) El sistema de responsabilidad patrimonial está limitado a la responsabilidad extracontractual. Por tanto, si los actos consistentes en la baja del promovente con motivo de la enfermedad que padece, así como la omisión de proporcionar servicio médico a él y a sus padres y la suspensión del pago de sus haberes y prestaciones, derivan de un vínculo jurídico previo entre el servidor público y el Estado y no de una fuente extracontractual, resulta claro que no son susceptibles de impugnarse a través de esa vía.
15. Por su parte, en la sentencia de amparo directo se negó la protección constitucional porque se combatían aspectos que fueron declarados insubsistentes con motivo de la resolución dictada en la revisión fiscal y, además, porque el señor ********** insistió en reprochar actos que tienen fuente extracontractual que no pueden ser combatidos a través de responsabilidad patrimonial.(4)
16. Inconforme, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el señor ********** interpuso recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) el cual fue desechado por ser improcedente y, en contra de esa decisión, interpuso recurso de reclamación resuelto por la Segunda Sala en el sentido de confirmar el desechamiento.(6)
17. QUINTO.—Juicio ordinario civil.(7) El doce de noviembre de dos mil dieciocho,(8) el señor ********** promovió juicio ordinario civil al considerar que los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado cometieron diversos errores al resolver el juicio de amparo y la revisión fiscal, entre otros, haber desconocido criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia. En su opinión, incurrieron en un error judicial grave e inexcusable, por lo que en su demanda reclamó: i) el pago de daños y perjuicios, así como el de intereses moratorios; ii) una reparación por daño moral; y, iii) el pago de gastos y costas.
18. El Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México resolvió que la vía era procedente; que el señor ********** no acreditó su acción y los Magistrados demandados sí sus excepciones por lo que les absolvió de las prestaciones reclamadas.(9) Basó su decisión en las siguientes consideraciones esenciales:
• La responsabilidad civil extracontractual responde a la idea de la producción de un daño a una persona por haber transgredido la obligación genérica de abstenerse de un comportamiento lesivo para los demás. Dicha responsabilidad puede ser subjetiva cuando se funda exclusivamente en la culpa y objetiva cuando se produce con independencia de toda culpa, de manera que, en el segundo supuesto, el sujeto activo obra lícitamente pero el daño se produce por el ejercicio de una actividad peligrosa o por el empleo de cosas peligrosas.
• En el caso concreto, no es posible considerar la existencia de responsabilidad civil extracontractual porque, para que opere, era necesario demostrar un daño causado sin que mediara vínculo jurídico, lo que no aconteció porque el actuar de los Magistrados demandados se ciñó a resolver la revisión fiscal y el amparo directo observando las formalidades esenciales del procedimiento.
• En todo caso, el dictado de la sentencia de amparo y la revisión fiscal se realizó ejerciendo el poder de decisión que la ley otorga a los Magistrados de Circuito y sus determinaciones constituyen un acto materialmente jurisdiccional con autonomía y libertad de apreciación.
19. SEXTO.—Recurso de apelación. El siete de junio de dos mil diecinueve, el señor ********** lo interpuso y el Tribunal Unitario de Circuito que conoció de la impugnación confirmó la sentencia recurrida sobre la consideración esencial de que no existió error judicial, ya que no se acreditó de forma patente y necesaria que los Magistrados de Circuito demandados hubieran inobservado un criterio jurisprudencial.(10) Ésta es la sentencia reclamada en el juicio de amparo directo que se resuelve mediante la presente sentencia.
20. No obstante, previo a exponer los conceptos de violación que se hicieron valer en el presente juicio de amparo directo, a juicio de esta Primera Sala es importante narrar que, de manera paralela al juicio ordinario civil antes relatado, el señor ********** también inició un procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. De hecho, tanto la demanda civil como el escrito de reclamación por responsabilidad patrimonial se presentaron en la misma fecha (doce de noviembre de dos mil dieciocho). Así, su pretensión de obtener una indemnización por error judicial se relata a continuación.
21. SÉPTIMO.—Recurso de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. El doce de noviembre de dos mil dieciocho, el señor ********** lo interpuso ante el Consejo de la Judicatura Federal. En su recurso reiteró que los Magistrados que resolvieron el amparo directo y la revisión fiscal cometieron "errores judiciales de carácter grave e inexcusables, patentes, notorios y manifiestos ... al haber dictado una sentencia contra legem" y que ello constituía una actividad administrativa irregular.
22. Como no obtuvo respuesta, el trece de marzo de dos mil diecinueve, el señor ********** promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la omisión del Consejo de la Judicatura Federal. El Juez de Distrito le concedió la protección constitucional para efecto de que se hiciera del conocimiento del promovente el acuerdo recaído a su petición.(11) Finalmente, el Pleno del Consejo resolvió que era improcedente la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.(12)
23. OCTAVO.—Juicio contencioso administrativo. En contra de la decisión del Consejo de la Judicatura Federal, el veintiuno de octubre siguiente, el señor ********** promovió una demanda de nulidad en términos de lo previsto en el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(13) El Ministro en funciones de presidente registró la controversia prevista en los artículos citados anteriormente con el número 4/2019 y la desechó, entre otras razones, al considerar que la responsabilidad patrimonial sólo procede cuando deriva de una actividad administrativa irregular y no por ejercicios materialmente jurisdiccionales.(14)
24. NOVENO.—Recurso de reclamación. Inconforme, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, el señor ********** interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 2/2019 y, en sesión de veinte de mayo del dos mil veinte se confirmó el acuerdo recurrido por la Segunda Sala de conformidad con las siguientes consideraciones esenciales:
• Desde la Constitución Política del país se establece que cuando se causen daños en los bienes o derechos de los particulares con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado, éstos tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
• De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,(15) uno de los requisitos para la procedencia del reclamo por responsabilidad patrimonial del Estado es la actualización de una actividad administrativa irregular.
• De conformidad con el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,(16) aunque inicialmente todos los entes públicos federales se encuentran sujetos a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sólo serán procedentes las solicitudes indemnizatorias que reclamen un daño causado como consecuencia de una actividad que se considere materialmente administrativa, y siempre que se sigan demás requisitos y procedimientos previstos en dicha ley.
• Al resolver el expediente varios 561/2010, que fue utilizado por el Ministro presidente en funciones para desechar la demanda del hoy recurrente, la Segunda Sala precisó que la responsabilidad patrimonial del Estado excluye a la materialmente jurisdiccional.
• Esto es así por dos razones. La primera, que ello no se desprende ni se sigue de la ratio de la reforma constitucional y legal en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, sino por el contrario, en ellas queda claro que el Constituyente y el legislador pretendieron limitar la responsabilidad patrimonial a la actividad administrativa. La segunda, que de permitir exigir una indemnización con motivo de actos materialmente jurisdiccionales se podría afectar la independencia judicial.
• En diversos precedentes se ha precisado que la función jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, entendida como la función de dirimir ciertas disputas que se presentan a su consideración, no puede ser parte del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. Esto con independencia de que las actividades que no se realizan en el marco de las garantías institucionales de independencia o inamovilidad sí puedan hacerlo sujeto de responsabilidad por su actuar irregular.
• Basta la simple lectura del artículo 109, último párrafo, de la Constitución Política del País,(17) para evidenciar que la responsabilidad patrimonial del Estado únicamente procede respecto de actividad administrativa, que es de naturaleza distinta a la jurisdiccional. Entonces, existe disposición constitucional que directamente imposibilita que el promovente pudiera ejercer tal vía.
• Además, es falso que el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(18) permita reprochar el error jud icial a los Magistrados de Circuito que emitieron la sentencia de amparo directo y la revisión fiscal porque esa norma jurídica se refiere a la posibilidad de exigir una reparación por error judicial derivado de una condena firme que emane de un procedimiento penal.
• De los antecedentes, contextos e interpretaciones relevantes del artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se advierte que esa norma pretendió circunscribir la reparación con motivo de un error judicial a la materia penal.
• Del proceso deliberativo de ese artículo(19) queda claro que su contenido se inspiró en los diversos numerales 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(20) y 5.5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,(21) preceptos que igualmente contienen elementos gramaticales relacionados con la materia penal.
• Esa misma interpretación se desprende de las consideraciones esgrimidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso García Fajardo y otros Vs. Nicaragua (decidió que el artículo 10 de la Convención no era aplicable porque el reclamo derivaba de despidos laborales), así como en lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Rojas Piedra Vs. Costa Rica, Grande Vs. Argentina y Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay (decidió que el artículo 10 es aplicable en asuntos en que exista error judicial con motivo de una sentencia condenatoria en materia penal).
• Así las cosas, el artículo 10 de la Convención Americana no es aplicable al caso de **********, porque su reclamo original no se relacionó con algún procedimiento de carácter penal, sino con el que lo apartó de su cargo como servidor público y le impidió el goce de ciertos derechos.
25. DÉCIMO.—Juicio de amparo directo. Ahora bien, inconforme con la sentencia dictada en el recurso de apelación resuelto por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito a que se refiere el resultando sexto de esta sentencia (pretensión aducida en el juicio ordinario civil), el treinta de octubre de dos mil diecinueve, el señor ********** promovió un juicio de amparo directo.
26. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito admitió la demanda y la registró con el número **********. El promovente expuso un único concepto de violación que gira en torno a las siguientes ideas fundamentales:
• La sentencia reclamada viola distintas disposiciones constitucionales y legales pero, particularmente, lo dispuesto por el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforme al que tiene derecho a una indemnización por error judicial.
• De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política del País,(22) el Tribunal Unitario tenía la obligación de realizar una interpretación pro persona en su favor para otorgarle la protección más amplia posible en materia de derechos humanos.
• El Tribunal Unitario omitió cumplir su deber de emprender un control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad pasando por alto que de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política del País debe garantizarse su derecho a la salud y que, además, el artículo 1o. constitucional prohíbe toda diferenciación de trato por condiciones de salud.
• Se violó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 17 constitucionales al privársele del derecho humano a la reparación de la responsabilidad patrimonial del Estado reconocido por el artículo 109 constitucional. También se le afectan diversos derechos como: dignidad, identidad, vida privada, acceso a la justicia. • En ninguna de las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, el Tribunal Unitario hizo referencia al artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Es falso que para que se considere que existe error judicial y, como consecuencia, derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 10 convencional, se requiera que quede acreditado que los Magistrados demandados desobedecieron una jurisprudencia.
• El Tribunal Unitario no analizó la totalidad de argumentos que propuso para evidenciar que quedó demostrado el error judicial y, como consecuencia, su derecho a la indemnización en términos de la normativa internacional. Por ejemplo, que fue indebido que los Magistrados de Circuito analizaran oficiosamente la procedencia de la vía en la revisión fiscal.
27. DÉCIMO PRIMERO.—Solicitud de facultad de atracción. Los Magistrados de Circuito demandados en el juicio ordinario civil federal, por conducto de su representante, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción.
28. En sesión virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó ejercer su facultad de atracción 353/2020, para conocer del juicio de amparo.(23)
29. Por acuerdo del doce de abril de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte ordenó el avocamiento del amparo directo con el número 5/2021, lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la formulación del proyecto de resolución y ordenó su envío a la Sala de su adscripción.
30. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la presidenta de esta Primera Sala recibió los autos del juicio de amparo y ordenó que fueran remitidos a su ponencia para la elaboración del proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
31. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para resolver el presente juicio de amparo directo, porque se ejerció la facultad de atracción para su conocimiento en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(24) 40 de la Ley de Amparo(25) y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(26) en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.(27)
32. SEGUNDO.—Oportunidad. La demanda de amparo fue promovida de manera oportuna, ya que la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa por rotulón el ocho de octubre de dos mil diecinueve y surtió efectos el nueve siguiente. De ahí que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo,(28) transcurrió del diez de octubre al treinta de octubre del mismo año, por lo que si la demanda se presentó el último día del plazo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, es evidente que su presentación fue oportuna.(29)
33. TERCERO.—Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado consistente en la sentencia de dos de octubre de dos mil diecinueve dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito en el toca **********, acto que fue remitido a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por así haberlo informado en su informe justificado, afirmación que se corrobora con la sentencia que consta físicamente en las constancias que fueron remitidas.
34. CUARTO.—Razones por las que se decidió ejercer la facultad de atracción. En sesión virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, esta Primera Sala ejerció su facultad de atracción para conocer del asunto porque consideró que el tema que subyace a su análisis es de interés y trascendencia desde un punto cualitativo al versar sobre la procedencia de un juicio ordinario civil indemnizatorio. Además, porque también se satisface un interés cuantitativo, aun cuando este Alto Tribunal ha emitido algunos criterios al respecto, lo cierto es que no se han abarcado todas las vertientes que un juicio con esas características puede suscitar.
35. Se consideró que este caso particular podría ampliar la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de determinar si es posible demandar el pago de daños y perjuicios por la vía civil a Magistrados de Circuito con motivo de la emisión de sentencias que resolvieron en sentido negativo a los intereses del reclamante, respectivamente, un juicio de amparo directo y una revisión fiscal derivados de un asunto de responsabilidad patrimonial.
36. QUINTO.—Estudio de fondo. Para determinar el tratamiento que deba darse a los conceptos de violación propuestos es necesario precisar que, como quedó narrado en el apartado de antecedentes de esta ejecutoria, el señor ********** acudió al juicio ordinario civil federal porque consideró que, con la emisión de la sentencia de amparo directo ********** y de la revisión fiscal *********, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito incurrieron en error judicial y, por ende, tienen el deber jurídico de indemnizarle por los daños y perjuicios ocasionados en su esfera de derechos.
37. Tanto el Juez de Distrito como el Tribunal Unitario de Circuito consideraron que los Magistrados de Circuito no tienen ese deber. El Juez de Distrito porque, en su opinión, la emisión de sentencias judiciales no puede dar lugar a una indemnización por la vía ordinaria civil y, el Tribunal Unitario de Circuito, porque consideró que no quedó acreditado el error judicial alegado.
38. En esta instancia, el promovente propone diversos argumentos que giran en torno a dos ideas fundamentales. La primera, que sí existe error judicial y, la segunda, que con la emisión de la sentencia reclamada se violan en su perjuicio diversos derechos fundamentales: a la dignidad, a la intimidad, a la salud, a la responsabilidad patrimonial, acceso a la justicia y garantía de audiencia.
39. Por razones de método en la exposición y, con fundamento en el artículo 189 de la Ley de Amparo,(30) esta Primera Sala emprenderá el examen de sus argumentos en el orden referido, en el entendido de que se efectuará a la luz de lo efectivamente planteado al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que vincule a suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.(31)
40. El promovente alega que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política del País, el Tribunal Unitario responsable tenía el deber jurídico de emprender un control de convencionalidad ex officio y atender a lo efectivamente dispuesto por el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(32) que otorga a las personas el derecho de ser indemnizados en los casos en que exista error judicial.
41. Al respecto, el señor ********** explica que esa norma internacional dispone que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de no haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Por tanto, si con la emisión de la sentencia de amparo y su correlativa revisión fiscal se quebrantó su esfera jurídica, es claro que tiene el derecho a ser indemnizado, máxime que ambas resoluciones fueron emitidas mediando distintos errores graves como son la inobservancia de diversos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el análisis oficioso de la procedencia de la vía en la revisión fiscal.
42. En relación con lo anterior, el promovente agrega que si bien el Tribunal Unitario responsable examinó una a una las tesis de jurisprudencia que fueron inobservadas por los Magistrados demandados, lo cierto es que no comparte la conclusión a la que llegó porque es inexacto que el error judicial solamente pueda ser valorado cuando se acredite fehacientemente que una jurisprudencia era exactamente aplicable al caso concreto. Además, dice que el error judicial no sólo se puede dar cuando no se respeta una jurisprudencia, sino también, por ejemplo, cuando hay una determinación judicial contra legem o cuando atenta contra la doctrina constitucional pacífica y la doctrina jurídica.
43. El señor ********** concluye diciendo que, en todo caso, el error judicial que reprocha a los Magistrados demandados lo hizo depender de que, al resolver la revisión fiscal, analizaron oficiosamente la procedencia de la vía ejercida para reclamar la responsabilidad patrimonial, lo que les estaba vedado no sólo por jurisprudencia sino por leyes como el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley de Amparo, aspecto que ni siquiera fue examinado por el Tribunal Unitario responsable. Además, sostiene que es incorrecto que el Tribunal Unitario de Circuito hubiera considerado que la totalidad de jurisprudencias que refirió a su demanda de amparo eran inaplicables al caso. Afirma que es claro que tiene derecho a ser indemnizado en términos del artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
44. Esta Primera Sala determina que la totalidad de los argumentos antes sintetizados son inoperantes con base en las siguientes consideraciones.
45. Como quedó narrado en el apartado relativo a los antecedentes de este asunto, el promovente ha intentado obtener una indemnización por concepto de error judicial atribuible a Magistrados de Circuito a través de diversas vías. Así, por ejemplo, promovió:
a) Reclamación por responsabilidad patrimonial ante el Consejo de la Judicatura Federal (en su carácter de "patrón" de los Magistrados demandados), que fue declarada improcedente.
b) Juicio contencioso administrativo en términos del artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para reclama
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31635-e34dd8b5/cosa-juzgada-y-sus-efectos-directo-y-reflejo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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