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Modo: Corpus Pro

DERECHO A LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD. LOS ARTÍCULOS 36, PRIMER PÁRRAFO Y 40, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, NO VIOLAN LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 613/2024. · Registro digital (IUS): 33209
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-05-16
Promovente: MARÍA RODOLFINA HUERTA HERNÁNDEZ, POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.340.

AMPARO EN REVISIÓN 613/2024. MARÍA RODOLFINA HUERTA HERNÁNDEZ, POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS. 15 DE ENERO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: FABIÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Tema: El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la regularidad constitucional de los artículos 36, primer párrafo, 40, primer párrafo (igualdad) y 142, fracción VI, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en adelante Ley del ISSFAM (no discriminación, salud y seguridad social, interés superior de niños, niñas y adolescentes).

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día quince de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 613/2024, interpuesto por María Rodolfina Huerta Hernández, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos D.R.H. y X.R.H., en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 387/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la regularidad constitucional de los artículos 36, primer párrafo, 40, primer párrafo y 142, fracción VI, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (en adelante Ley del ISSFAM o LISSFAM).

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto 387/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se desprenden los datos siguientes:

2. Juan Carlos Rodríguez Peralta ingresó a las fuerzas armadas el dieciséis de abril de dos mil siete, se desempeñó como cabo auxiliar oficinista con matrícula C-1560797 (foja 36 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

3. El dieciocho de abril de dos mil ocho contrajo matrimonio con María Rodolfina Huerta Hernández. Ambos, constituyeron una familia con dos hijos de iniciales D.R.H. y X.R.H. nacidos el veinticinco de marzo de dos mil seis y el cinco de septiembre de dos mil catorce, respectivamente (fojas 180 a 182 del juicio de amparo).

4. En octubre de dos mil catorce el militar fue diagnosticado con lupus eritematoso sistémico (foja 98 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

5. El nueve de febrero de dos mil quince la menor de iniciales X.R.H. fue ingresada y atendida por el servicio médico administrado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (en adelante Instituto o ISSFAM), pues durante su "monitorización prenatal presentó estenosis ureteropiélica" (1) y en ese momento además se le diagnosticó daño renal derecho, por lo que se intervino quirúrgicamente mediante una nefrectomía laparoscópica derecha.(2) El día diez siguiente, se emitió la nota post operatoria cuyo pronóstico fue "bueno para vida y función" (fojas 166, 170 y 176 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

6. En marzo de dos mil diecisiete al citado militar se le diagnosticó adenocarcinoma de recto, por lo que recibió tratamiento consistente en: atención quirúrgica, quimioterapia y radioterapia.

7. Sin embargo, el cinco de enero de dos mil dieciocho ingresó al hospital en malas condiciones generales; y falleció el día seis siguiente, por lo que en esa fecha causó baja del ejército y fuerza aérea mexicanos (foja 99 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

8. Trámite de retiro. Por escrito de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho la cónyuge supérstite solicitó el beneficio económico de compensación por el fallecimiento de su esposo militar (foja 112 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

9. Solicitud de dictamen médico de relación de causalidad. El once de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio SGB-VIII-2897 el Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (en adelante SEDENA) solicitó a la Dirección General de Sanidad, designara dos médicos especialistas a fin de que determinaran si las causas de la muerte del fallecido militar tuvieron relación de causalidad con los actos del servicio que desempeñó en el Instituto (foja 17 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

10. Dictamen médico de relación de causalidad. En alcance a la solicitud anterior, por oficio número 47452 de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho el Director del Hospital Central Militar, devolvió el documento en que el Teniente Coronel Médico Cirujano Omar Eloy Muñoz Monroy y la Subteniente Auxiliar Médico Cirujano Blanca Adela Mota Mondragón, especialistas en reumatología, en términos del artículo 183 de la Ley del ISSFAM, dictaminaron que en la etiopatogenia de las enfermedades que padecía el extinto militar "se encuentran factores genéticos, ambientales y en el caso del lupus además alteraciones autoinmunes, por lo que [el fallecido militar] (...) realizaba actividades administrativas que no (negativo) originaron los padecimientos de adenocarcinoma de recto, lupus eritematoso sistémico que provocaron su deceso razones por las que a [su] juicio (...), no se materializa el supuesto contemplado en el artículo 169 [de la mencionada Ley]" (fojas 18 a 35 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

11. Declaración provisional de existencia de personalidad militar. El once de junio de dos mil diecinueve, a través del oficio SGB-VIII-24887 el Director General de Justicia Militar de la SEDENA emitió la declaración provisional de existencia de personalidad militar en la que estableció que el fallecimiento del militar no ocurrió en actos de servicio y/o tampoco a consecuencia de los mismos; que se encontraba en el servicio activo; que prestó un tiempo de servicios de diez años, ocho meses y veintiún días, el cual ajustó a once años completos; concedió a la viuda quejosa un plazo de quince días hábiles a efecto de que manifestara su conformidad o inconformidad y, en este último caso, expresara sus objeciones y ofreciera las pruebas con las que acreditara sus argumentos; en la inteligencia que de no hacerlo, se entendería como tácitamente conforme con dicha comunicación, dándosele el carácter de definitiva (fojas 36 a 62 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

12. Dicha resolución le fue notificada a María Rodolfina Huerta Hernández el diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

13. Declaración definitiva de existencia de personalidad militar. Mediante oficio SGB-VIII-25510 de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, el Director General de Justicia Militar de la SEDENA ordenó remitir el expediente al ISSFAM a fin de que formulara el dictamen correspondiente, en atención a que la declaración provisional de existencia de personalidad militar adquirió el carácter de definitiva, al no haberse manifestado conformidad o inconformidad con la misma (foja 65 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

14. Expediente administrativo 379193. El once de septiembre de dos mil diecinueve la Junta Directiva del ISSFAM emitió el dictamen de compensación por el fallecimiento del causante en actos fuera del servicio, a través del cual otorgó a la hoy quejosa una compensación(3) consistente en el pago de la cuota única de $117,663.20 (ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y tres pesos 20/100 m.n.) (fojas 112 a 114 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

15. Recurso de reconsideración. En contra de esa determinación, mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte la viuda, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de iniciales D.R.H. y X.R.H. promovió recurso de reconsideración y en ese mismo escrito solicitó el otorgamiento del beneficio económico de pensión(4) por viudez y orfandad, así como el servicio de atención médica militar (foja 71 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo).

16. Primer juicio de amparo indirecto.(5) La cónyuge supérstite, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, promovió un primer juicio de amparo radicado con el número de expediente 104/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México contra la omisión de la autoridad responsable de dar trámite y resolver el medio de defensa y la solicitud antes descritos.

17. Una vez admitida la demanda, la autoridad responsable rindió su informe justificado, en el cual negó la omisión que se le atribuía; adujo que el juicio debía sobreseerse por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), dado que mediante resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veinte(6) resolvió el recurso de reconsideración (que constituye el acto de aplicación de las normas impugnadas en este asunto).

18. En dicha resolución la Junta Directiva del ISSFAM modificó la resolución de once de septiembre de dos mil diecinueve, con la finalidad de incluir a los menores en el otorgamiento del beneficio de compensación única por fallecimiento del causante en actos fuera del servicio, la cual se pagaría a la cónyuge supérstite por sí y en representación de sus menores hijos; por otra parte, señaló que era improcedente la solicitud relativa a que se les otorgara servicio médico y pensión a los hoy quejosos, debido a que el extinto militar no se colocó en ninguno de los supuestos legales relativos. Fundó su determinación en los artículos 21, penúltimo y último párrafos, 31, fracciones II y IV, 36, primer párrafo, 37, 38, fracción I, 40, primer párrafo y 142, párrafos primero a tercero y fracción VI, y 196, todos de la LISSFAM.

19. Asimismo, exhibió copia certificada de la referida resolución; del oficio número DPE/1.0.2.1.2/3732/2020 de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno por el que informó a la parte quejosa de dicha resolución (foja 66 del cuaderno de pruebas del juicio de amparo); así como del oficio 307-A-DG1-DAT-10-2401 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno a través del cual comunicó la sanción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del beneficio económico solicitado por los familiares del fallecido militar (foja 216 del juicio de amparo).

20. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno la parte quejosa promovió "ampliación de demanda" (fojas 8 a 149 del juicio de amparo) en la que reclamó lo siguiente:

a) De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. La emisión, discusión y aprobación de los artículos 21, 31, fracciones I (sic) y IV, 36, 37, 40 y 142, fracción VI, de la Ley del ISSFAM.

b) Del Secretario y de la Dirección General de Justicia Militar, ambos de la SEDENA. La emisión y aprobación de la declaración de existencia de personalidad militar número SGB-VIII-24887, de fecha once de junio de dos mil diecinueve, "(...) así como de la emisión del resto de los actos jurídicos que componen el procedimiento de baja por muerte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, todo lo cual tampoco fue notificado a los menores".

c) De la Junta Directiva del ISSFAM. La emisión del dictamen de compensación por fallecimiento del causante en actos fuera del servicio de once de septiembre de dos mil diecinueve y la resolución del recurso de reconsideración de veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

d) Del Director de Prestaciones Económicas del ISSFAM. La emisión de los dictámenes con base en los cuales la Junta Directiva de ese Instituto emitió sus resoluciones de veintitrés de septiembre de dos mil veinte y once de septiembre de dos mil diecinueve, mismos que se contienen en ellas.

e) De la Subdirección de Trámites de Retiros y Pensiones del ISSFAM. La emisión del oficio número DPE/1.0.2.1.2/3732/2020 de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, se dirige a una sola de las quejosas y se informa sobre la improcedencia de otorgar la calidad de pensionistas y la prestación de la atención médica militar a los quejosos menores y a María Rodolfina Huerta Hernández.

21. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 89, fracción I, y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 19, 21, 24, 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 7, 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"; 2, 3, 5, 14, 15 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 2, 3, 4, 6, 12 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; relató los antecedentes del asunto y planteó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales, en cuanto interesa, se sintetizan a continuación:

I. Los actos impugnados son ilegales al no haber sido dirigidos ni notificados a los menores de edad, lo cual viola su derecho a un debido proceso y a ser escuchados en los procedimientos que decidan sobre sus derechos, salud y asistencia de seguridad social, en contravención a los artículos 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 9, 12, 19 y 27 de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño; 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. Inconstitucionalidad de los artículos 21, 31, fracciones I y IV, 36, 37, 40, 142, fracción VI, de la Ley del ISSFAM, al respecto adujo lo siguiente:

a) Violación a los derechos de igualdad y no discriminación reconocidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ello porque la normatividad trata igual a personas que se encuentran en situaciones diferentes, ya que los familiares de los militares que se incapacitan fuera de actos de servicio y antes de cumplir veinte años de servicio NO tienen derecho a pensión alguna ni al servicio médico, sin que la normatividad prevea: a) Excepción a aquellos niños hijos de militares que tienen alguna enfermedad o padecimiento congénito que requiera atención médica especializada y que estuvieran recibiendo el servicio médico previo al fallecimiento del militar; y, b) Distinción entre los militares que no cumplen los años de servicio requeridos para la pensión por una decisión personal; de aquellos militares que no los cumplen en virtud de su muerte.

En otro aspecto, la normatividad es inconstitucional al tratar desigual a los iguales, dado que los familiares de los militares que fallecen por causas ajenas al servicio antes de cumplir el tiempo requerido no tienen derecho a pensión ni atención médica; mientras que el resto de los servidores públicos al servicio del Estado tienen derecho a las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia ante la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y siempre que hubiere cotizado por tres años o más, de conformidad con el artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; cuya seguridad social se regula en el mismo apartado B del artículo 123 constitucional.

Solicitó la suplencia de la queja, al tratarse de una posible violación a los derechos de seguridad social que involucra menores de edad; y, que estas consideraciones sean analizadas al estudiar los diferentes actos reclamados en los que se aplicaron como un sistema.

b) Restricción del núcleo duro del derecho a la seguridad social de la quejosa y sus hijos, reconocido en los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 y 9 del Protocolo de San Salvador; y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en virtud de que los artículos impugnados no consideran aquellos casos en que los militares fallecen sin cumplir con veinte años de servicio, desconociendo que dicho evento no es un acontecimiento previsible o volitivo; y, que de acuerdo con tales normas internacionales, ante la muerte del trabajador, se debe cubrir al menos la atención médica y subsidio.

Los artículos restringen injustificadamente el derecho de los quejosos a recibir una pensión por viudez y orfandad, reconocido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenio 39 sobre el seguro de muerte, Convenio 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes y Convenio 102 sobre la seguridad social, todos de la Organización Internacional del Trabajo, ya que exceden injustificadamente el tiempo de servicio prestado por el trabajador que fallece para que su familia se beneficie de una pensión y la prestación del servicio médico que las citadas normas establecen.

Los actos y las normas impugnadas violan el principio de progresividad y la prohibición de regresividad, toda vez que previo a la muerte del militar su familia gozaba de atención médica y seguridad social, consistente en el haber de retiro de su padre, de conformidad con los artículos 5 y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, les fue negado con base en los actos de las autoridades donde se aplicaron las normas impugnadas, lo cual en su opinión implica una regresión de su derecho humano a la seguridad social.

c) Los artículos violan su derecho a la propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que se desconocen los derechos generados por el militar durante sus años de servicio y el relativo a que sus beneficiarios reciban pensión y el servicio médico que demandan.

d) Los artículos por sí mismos y en virtud de cómo fueron aplicados violan el derecho a la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que su aplicación constituye una medida regresiva, en tanto se niega la atención médica en la institución militar que atendía a la menor hija del militar desde su nacimiento, quien padece una enfermedad congénita (daño renal por el que se le extirpó un riñón); por lo que las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano a la salud en su vertiente de atención médica al nivel más alto posible y otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles.

e) Todos los artículos y actos reclamados deben ser analizados a la luz de los derechos del niño y el interés superior del menor; se viola el derecho de acceso a la justicia de los menores de edad ya que no les fueron dirigidos ni notificados los actos emitidos por las autoridades responsables, por lo que se les privó de participar y defenderse en forma adecuada. Cita los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2.1, 3, 4, 6, 12 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

f) La declaratoria de inexistencia de personalidad militar contenida en el oficio SGB-VIII-24887 de once de junio de dos mil diecinueve, emitida por la Dirección General de Justicia Militar de la SEDENA y de las resoluciones de once de septiembre de dos mil diecinueve y veintitrés de septiembre de dos mil veinte violan los derechos humanos de los quejosos a la legalidad y seguridad y certeza jurídica; la parte quejosa pretende demostrar que contrario a lo ahí determinado, esto es, que la muerte del militar se concretó por actos no relacionados con el servicio, el militar falleció de cáncer el cual en su opinión se generó por el estrés provocado por el servicio de las armas. Ausencia de fundamentación y motivación de los actos reclamados.

22. Mediante auto de seis de abril de dos mil veintiuno la secretaria en funciones de jueza de distrito, por un lado, decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia;(7) en otro aspecto, determinó que no era procedente ampliar la demanda de amparo;(8) y, ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que se tramitara como una demanda independiente, se le asignara un nuevo número de registro y se enviara al juez de distrito que por razón de turno correspondiera.

23. Segundo juicio de amparo indirecto. La demanda fue turnada(9) al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que formó el expediente 387/2021 y previno a la parte quejosa para que presentara documento en el que se advirtiera que ejercía la patria potestad de los menores y su edad; asimismo, para que precisara si contaba anteriormente con servicio médico, cuál era el estado procesal del trámite de pensión y los datos de identificación del expediente relativo (fojas 166 a 170 del juicio de amparo).

24. Una vez desahogada la prevención,(10) admitió a trámite la demanda de amparo; ordenó la apertura por separado del incidente de suspensión,(11) fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y requirió los informes justificados respectivos a las autoridades señaladas como responsables (fojas 187 a 191 del juicio de amparo).

25. Informes justificados. Por autos de veinte, veintiuno y veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables.(12)

26. Primera ampliación de demanda. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, tuvo por recibido el escrito por el cual se promovió una primera ampliación de demanda(13) en contra de los actos y autoridades que se indican a continuación:

a) De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. La emisión, discusión y aprobación del artículo 169 de la Ley del ISSFAM.

b) De la Dirección General de Justicia Militar de la SEDENA. La emisión del oficio número SGB-VIII-25510, de fecha veintiséis de julio del dos mil diecinueve, mediante el cual se informa que la declaración provisional de existencia de personalidad militar número SGB-VIII-24887, de fecha once de junio de dos mil diecinueve, adquiere el carácter de definitiva.

27. Escrito que fue acordado el día treinta y uno siguiente, se previno a la parte promovente para que precisara si el artículo 169 de la Ley del ISSFAM, lo combatía de manera heteroaplicativa o autoaplicativa.

28. El quince de junio de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos ante el referido juzgado de distrito dos escritos de la parte quejosa, mediante los cuales, con el primero desahogó la prevención(14) antedicha, señalando que el artículo 169 lo reclamaba en la modalidad de norma heteroaplicativa y que se le aplicó en el oficio SGB-VII-25510 de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, razón por la cual en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno se admitió a trámite la ampliación.(15)

29. Segunda ampliación de demanda. Con el segundo de los escritos, promovió una segunda ampliación de demanda(16) en contra de las autoridades y actos siguientes.

I. De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. La emisión, discusión y aprobación de los artículos 40, 169, 183 y 226 de la Ley del ISSFAM.

II. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La publicación de la Ley del ISSFAM.

III. Del Subdirector Interino de Retiros y Pensiones de la Dirección General de Justicia Militar. La emisión del oficio número SGB-VIII-2897, de fecha once de diciembre (sic) de dos mil dieciocho, por el cual solicitó se rindiera dictamen médico de relación de causalidad necesariamente por dos médicos militares y establece las preguntas con base en las que los médicos determinarían si el militar falleció como consecuencia de actos fuera del servicio.

IV. Del Teniente Coronel Médico Cirujano Omar Eloy Muñoz Monroy y de la Subteniente Auxiliar Médico Cirujano Blanca Adela Mota Mondragón, especialistas en reumatología. La emisión del dictamen médico militar en el que se estableció que el ex militar falleció en actos fuera del servicio, sin contemplar que no se le concedió incapacidad médica para exceptuarse de los servicios en activo, para atender su enfermedad (lupus eritematoso sistemático de curo agresivo desde octubre de dos mil catorce).

V. De la Dirección General de Justicia Militar de la SEDENA. La emisión y aprobación de la declaración provisional de existencia de personalidad militar número SGB-VIII-24887, de fecha once de junio de dos mil diecinueve; la omisión de iniciar el trámite de retiro legal que correspondía a la situación del militar fallecido por haberse actualizado la situación de incapacidad médica; y, la emisión del oficio SGB-VIII-2897 de once de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual establece los lineamientos respecto de los cuales debe rendirse de manera urgente el dictamen médico de relación de causalidad, para determinar si las causas que provocaron la muerte del cabo tienen relación con los actos del servicio que desempeñó dentro del Instituto armado.

VI. De la Dirección General de Sanidad de la SEDENA. La omisión de conceder al militar la incapacidad médica permanente para exceptuarse de los servicios en activo, a efecto de estar en condiciones de enfrentar de forma adecuada su enfermedad, desde octubre de dos mil catorce, en que se le diagnosticó lupus eritematoso sistemático de curo agresivo.

30. En cuanto a la segunda ampliación, en el mismo acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México previno a la parte quejosa a fin de que señalara si los artículos que reclamaba (40, 183 y 226 de la Ley del ISSFAM), los impugnaba de forma autoaplicativa o heteroaplicativa.

31. Por escrito recibido en el juzgado de distrito del conocimiento el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la parte quejosa desahogó la prevención antes señalada.(17)

32. El juez de distrito desechó la segunda ampliación de demanda al considerar que los actos reclamados no afectaban derechos sustantivos de la parte promovente del juicio de forma directa e inmediata, por ser actuaciones intraprocesales.(18)

33. Interposición de recurso de queja. En contra de esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja del cual conoció el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 130/2021; quien, seguidos los trámites de ley, en sesión de quince de diciembre de dos mil veintiuno, lo declaró fundado y ordenó proveer lo conducente respecto a la admisión de la segunda ampliación de demanda.(19) Lo anterior, ya que consideró que el acuerdo de trámite recurrido no era la actuación procesal oportuna para actualizar de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia sustentada en los artículos 61, fracción XXIII, en consonancia con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

34. En acatamiento a la resolución apuntada anteriormente el juez federal mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós admitió la segunda ampliación de demanda.(20)

35. Seguidos los trámites legales, el dos de junio de dos mil veintidós, el juez de distrito celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia en la que determinó negar el amparo, al sostener las consideraciones que se sintetizan a continuación:

I. En el apartado tercero (precisión de los actos reclamados), señaló que de una interpretación integral de la demanda de amparo y la totalidad de las constancias que obran en el expediente se advertía que la parte quejosa pretendía que se ejerciera control de constitucionalidad respecto de las resoluciones de once de septiembre de dos mil diecinueve y veintitrés de septiembre de dos mil veinte "emitidas por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, mediante las cuales se determinó que a la parte quejosa, así como a sus menores hijos les correspondía la compensación en atención a la declaración provisional y definitiva emitida por la Dirección General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional , y no así la pensión ni los servicios médicos que aduce tiene derecho. - - - Asimismo, pretende que se ejerza control constitucional respecto de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, en específico los artículos 21, 31, fracciones I y IV, 36, 37, 40, 142, fracción VI, 169, 183 y 226".

Consideró que el resto de los actos no se reclamaron de manera destacada, sino que en realidad tales actos "constituyen vicios que la quejosa pretende atribuir a las resoluciones de once de septiembre de dos mil diecinueve, y veintitrés de septiembre de dos mil veinte, esto es, violaciones en ese procedimiento previa su emisión, por lo que no se tratan de actos destacados que puedan analizarse de manera autónoma".

Precisó que lo anterior "de ningún modo implica que dichos actos escapen a un análisis de regularidad constitucional, sino que su estudio se realizará, en su caso, al analizar las resoluciones impugnadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo".

II. En el apartado cuarto (existencia de los actos reclamados), estableció que eran ciertos los actos atribuidos a las autoridades emisoras de las normas impugnadas y las resoluciones de once de septiembre de dos mil diecinueve y veintitrés de ese mes, pero del año dos mil veint

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33209-22fbdf07/derecho-a-la-continuacion-de-la-prestacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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