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Modo: Corpus Pro

RETIRO FORZOSO DE LOS MILITARES. LA ORDEN DE BAJA DEL SERVICIO ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO EMITIDA EN LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, NO REQUIERE CONTENER LA JUSTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON NI LA EXPLICACIÓN DEL RESPALDO PROBATORIO PARA SUSTENTARLA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 218/2021. · Registro digital (IUS): 30917
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-09-09
Promovente: SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, Pág. 5298.

AMPARO EN REVISIÓN 218/2021. SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL. 10 DE MARZO DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN MANUEL GARCÍA FIGUEROA. PONENTE: JUAN MANUEL GARCÍA ARREGUÍN. SECRETARIO: FAUSTO ARMANDO LÓPEZ DELGADO.

CONSIDERANDO:

443. OCTAVO.—Los agravios propuestos por la autoridad responsable son esencialmente fundados.

444. El recurrente sostiene que le causa agravio el considerando quinto de la sentencia, en particular lo señalado por el a quo, al estimar que es en el acuerdo *********** de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, que el general secretario de la Defensa Nacional debe exponer los motivos por los cuales se justifica la conclusión de que el quejoso adquirió su padecimiento en actos fuera del servicio, a efecto de que éste conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que le permitan cuestionar y controvertir tal afirmación.

445. Señala que tal aseveración del a quo resulta contraria al criterio sostenido por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 154/2013 (10a.),(4) generada con motivo de la contradicción de tesis 317/2013 –cuya ejecutoria transcribe parcialmente–.

446. Menciona que el procedimiento administrativo para poner en situación de retiro a un familiar se conforma de cuatro etapas: 1. Etapa de declaración de procedencia de retiro; 2. Etapa de otorgamiento del beneficio económico de retiro; 3. Etapa de sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y, 4. Etapa de orden de baja en el activo y alta en situación de retiro.

447. Refiere que en la etapa de declaración de procedencia de retiro se determina si el militar en activo se ubica en alguna causa de retiro de las previstas en el artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se hace el cómputo de servicios del militar y se determina el grado con el que será retirado.

448. En la etapa de otorgamiento del beneficio económico de retiro la junta directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas dictará una resolución concediendo o negando el beneficio económico de retiro.

449. La etapa de sanción del beneficio económico de retiro corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien debe sancionar la resolución definitiva del instituto respecto de la concesión, negativa, modificación, suspensión o declaración de insubsistencia del beneficio económico de retiro (haber de retiro, pensión o compensación).

450. Por lo que hace a la etapa de orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, en ésta la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda, procede a ordenar la baja del militar en el activo y su alta en situación de retiro.

451. Argumenta que la aseveración del a quo de que el general secretario de la Defensa Nacional debe exponer los motivos por los cuales se justifica la conclusión de que el quejoso adquirió su padecimiento en actos fuera de servicio, en la orden de baja del quejoso del activo y alta en situación de retiro contenida en el acuerdo ***********, de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, resulta desacertada, ya que al aludido funcionario únicamente le corresponde ordenar la baja del militar en activo y su alta en situación de retiro, no así exponer los motivos para justificar que el quejoso adquirió el padecimiento en actos fuera del servicio.

452. Precisa que en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, al general secretario le corresponde colocar en situación de retiro y, en su caso, mantener en activo a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

453. En su opinión, el a quo pasa por alto el hecho de que en la cuarta etapa del procedimiento de retiro al general secretario de la Defensa Nacional sólo le corresponde ordenar la baja del militar en el activo y su alta en situación de retiro, lo cual se materializó en el acuerdo ***********, de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve.

454. Asegura que no se le puede exigir al general secretario que exponga los motivos por los cuales se justifica la conclusión de que el quejoso adquirió su padecimiento en actos fuera del servicio, ya que ello aconteció en la primera etapa del procedimiento administrativo de retiro.

455. Indica que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es en la primera etapa denominada declaración de procedencia de retiro, en donde se determina si el militar en activo se ubica en alguna causa de retiro de las previstas en el artículo 24 de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, etapa que fue desahogada por la Dirección General de Justicia Militar, en términos de lo dispuesto en el artículo 52, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.

456. Cita el artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y señala que, en el caso concreto, el quejoso se ubicó en la fracción IV del aludido numeral, al encontrarse incapacitado en actos fuera del servicio, como lo determinó la Dirección General –de Justicia Militar–.

457. Considera que en la primera etapa y no en la cuarta es donde se deben exponer al interesado los motivos por los cuales se justifica la conclusión de que adquirió su padecimiento en actos fuera del servicio, a efecto de que éste conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que le permitan cuestionar y controvertir tal afirmación.

458. Expresa que la Dirección General de Justicia Militar, a través del oficio *********** de once de marzo de dos mil catorce, le notificó al directo quejoso la declaración provisional de procedencia de retiro, donde se le indicó que la incapacidad no se contrajo en actos del servicio, sustancialmente por no obrar medio probatorio alguno que revele la forma en que contrajo el padecimiento diagnosticado por los médicos como "otros trastornos de personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral", ni que dicho padecimiento haya sido contraído durante la ejecución de algún servicio o comisión precedida de una orden que se le hubiera impuesto en base a su condición militar.

459. Refiere que en contra de la declaración provisional de procedencia de retiro, el quejoso interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 188 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el cual se resolvió a través del oficio *********** de ocho de agosto de dos mil diecisiete, donde se le indicó que la causal de retiro se acreditó con los certificados médicos de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, emitido por los médicos cirujanos *********** y ***********, y con el certificado médico de tres de marzo de dos mil quince expedido por los médicos cirujanos *********** y ***********.

460. Menciona que el hecho de que el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establezca que la inutilización por causas extrañas al servicio se acreditará únicamente con los certificados médicos que deben expedir los médicos militares especialistas que designen las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, no significa que se vulneren las formalidades esenciales del procedimiento, entre ellas, la consistente en la igualdad probatoria de las partes y precisa que no transgrede el derecho fundamental de audiencia.

461. Insiste en que el hecho de que el padecimiento que presenta el quejoso no haya sido considerado como contraído en actos del servicio no vulnera los derechos humanos, ya que el artículo 172 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas obliga a que se actualicen todas y cada una de las tres condiciones establecidas en ella para que una enfermedad que se tenga por contraída en actos del servicio sea probada, esto es, con el informe del comandante de quien dependa el militar, con los documentos que acrediten que el militar estaba sano al ingresar al activo o dentro del servicio y con el dictamen pericial emitido por dos médicos militares o navales que establezcan la relación de causalidad entre el servicio y la enfermedad, debiendo practicarse el reconocimiento en hospitales y por médicos especialistas.

462. Señala que no existe sustento jurídico para que se reconozca su padecimiento como contraído en actos del servicio, porque en el dictamen médico de causalidad de fecha tres de marzo de dos mil catorce se precisó que la enfermedad que padece el quejoso no guarda relación con los servicios que éste ha desempeñado en el instituto armado.

463. Indica que en la ampliación del dictamen de relación de causalidad los médicos militares especialistas establecieron que de los diversos factores que pueden generar el padecimiento denominado "otros trastornos de la personalidad y de comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral (desde el embarazo de la madre, factores heredo-familiares, ambientales diversos, infecciones del sistema nervioso central, etcétera), una neuroinfección fue lo que desencadenó los cambios conductuales del quejoso" y por tal circunstancia estima que no existe la supuesta inconsistencia a que hace referencia el a quo.

464. Los agravios formulados son esencialmente fundados.

465. A fin de arribar a esa determinación se estima pertinente señalar que el Juez de Distrito, al analizar lo dispuesto en los artículos 4o., fracción IX, 21, 186, 187, 188, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas consideró que el procedimiento administrativo para colocar en situación de retiro a un militar se forma de cuatro etapas, a saber: 1) declaración de procedencia de retiro, 2) otorgamiento del beneficio económico de retiro, 3) sanción del beneficio económico de retiro otorgado y 4) orden de baja en el servicio activo y alta en situación de retiro.

466. Lo cual resulta acorde con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis invocada por la parte recurrente, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 154/2013 (10a.), localizable en el Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 698, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son:

467. "INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AQUÉLLA NO ES LA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR A UN MILITAR EN SITUACIÓN DE RETIRO. De acuerdo con los artículos 4o., fracción IX, 21, 186 a 188, 193, 194, 196 y 198 a 202 de la citada ley, el procedimiento administrativo para poner a un militar en situación de retiro se integra de 4 etapas, a saber: 1) declaración de procedencia de retiro; 2) otorgamiento del beneficio económico de retiro; 3) sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y, 4) orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. En consecuencia, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la resolución dictada en la inconformidad prevista en el citado artículo 188, en la que el director general de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional declara la procedencia de retiro del militar, que constituye únicamente la satisfacción de la etapa 1), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, toda vez que dicha resolución no es la definitiva en el procedimiento administrativo para colocar a un militar en situación de retiro, porque éste culmina con la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda. En ese sentido, el hecho de que el militar no combata, a través del juicio de amparo indirecto, la resolución dictada en el recurso de inconformidad, no significa que esté consintiendo la declaración de procedencia de retiro, la cual podrá impugnar al momento de promover amparo contra la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, con la que culmina el procedimiento."

468. No obstante lo anterior, el Juez de Distrito concedió la protección constitucional al estimar que la autoridad responsable, al emitir la orden de baja en el servicio activo y alta en situación de retiro (cuarta etapa), no justificó la conclusión de que el padecimiento del quejoso se contrajo en actos fuera de servicio ni explicó cuál es el respaldo probatorio para sustentar esa conclusión.

469. Aspectos que como bien aduce la parte recurrente, no corresponden a la motivación relativa a la cuarta etapa del procedimiento administrativo para colocar en situación de retiro a un militar, consistente en la orden de baja en el servicio activo y alta en situación de retiro.

470. A fin de evidenciar lo anterior, se estima pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1027/2018 estableció, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

471. "1. Etapa de declaración de procedencia de retiro.

472. "Tiene como principal objetivo determinar ... si se actualiza alguno de los supuestos de retiro forzoso; adicionalmente, se hace el cómputo de la antigüedad del militar en la institución, las condecoraciones y rango, así como el grado con el que será retirado.

473. "De conformidad con el artículo 188 de la propia Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, dicha declaratoria será notificada al peticionario para que manifieste su conformidad o inconformidad con dicha información; en este último caso contará con un plazo de quince días para realizar sus manifestaciones e, incluso, ofrecer las pruebas que considere pertinentes. La resolución que dirima dicha inconformidad constituirá la declaratoria definitiva de retiro. También tendrá el carácter de definitiva si transcurrido el citado plazo no es recurrida quedando, por tanto, firme.

474. " 2. Otorgamiento del beneficio económico de retiro.

475. "Una vez que la dirección respectiva emita la declaratoria definitiva de procedencia de retiro, ésta se enviará al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a fin de que se realice un dictamen en el que se corrobore la información proporcionada y la observancia de las distintas formalidades del procedimiento. Corroborado lo anterior, la Junta Directiva dictará una resolución concediendo o negando el beneficio económico de retiro, la cual será notificada al interesado.

476. "Es importante precisar que de acuerdo al artículo 196, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la junta del instituto, en sus resoluciones, acatará las declaraciones definitivas de la dirección en cuanto reconozcan personalidad militar, determinen jerarquías en el activo o para efectos de retiro, precisen específicamente la causa o causas del retiro acreditadas y fijen situaciones dentro del activo o de retiro. También se sujetará a los cómputos de servicios formulados en dichas direcciones.

477. "Esta resolución tiene el carácter de provisional y puede ser recurrida por el militar o los interesados mediante reconsideración, sin embargo, dichos recursos se limitarán al análisis de cuestiones que no hubieran sido previamente resueltas por la dirección respectiva al declarar la procedencia del retiro.

478. "Interpuesto dicho recurso, la Junta Directiva emitirá una resolución definitiva que ratificará, modificará o revocará la resolución anterior. En caso de no presentar dicho recurso en el plazo previsto, será considerada como definitiva la resolución de la junta.

479. "3. Sanción del beneficio económico de retiro otorgado.

480. "Agotado el referido procedimiento, el instituto remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los acuerdos de la Junta Directiva, a fin de que dicha secretaría conceda o niegue la sanción correspondiente, acto que será indispensable para que pueda ejecutarse la resolución definitiva del instituto.

481. "4. Etapa de orden de baja en el activo y alta en situación de retiro.

482. "Una vez sancionado el acuerdo, éste será notificado a la secretaría correspondiente, la cual ordenará la baja del militar en el activo y su alta en situación de retiro, acto que será notificado al interesado.

483. "...

484. "En la especie, debe tenerse en cuenta que la primera etapa del procedimiento de retiro voluntario prevé un plazo para que el militar pueda inconformarse y realice las manifestaciones u ofrezca las pruebas que estime pertinentes, elementos que deberán ser tomados en cuenta previo a la emisión de la declaratoria de procedencia.

485. "Por su parte, en términos del artículo 196 de la propia ley se desprende que el dictamen que, en su caso, emita el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas se limita a detectar posibles inconsistencias o violaciones procesales que pudieran haberse cometido, mientras que la resolución a cargo de su Junta Directiva deberá acatar las cuestiones previamente definidas en la declaratoria de procedencia, a saber, la personalidad del militar, la jerarquía en el activo o para efectos de retiro, la causa o causas del retiro, así como los cómputos de servicios establecidos en dicha declaratoria.

486. "A partir de lo señalado, resulta dable concluir que la actividad que desarrolla el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y su Junta Directiva en la segunda etapa del procedimiento, se limita a detectar posibles inconsistencias o violaciones procesales que pudieran haberse cometido hasta ese momento, mientras que la primera etapa constituye la fase en la que se concede al militar un plazo para ejercer su garantía de audiencia y expresar cuestiones estrechamente relacionadas con el cómputo de su haber de retiro, ya que la posibilidad de modificar aquellas cuestiones en etapas posteriores resulta limitada.

487. "Ello no implica perder de vista que la resolución de la Junta Directiva del instituto resulta impugnable a través del recurso de reconsideración que al efecto prevé el artículo 198 del mismo ordenamiento; sin embargo, de conformidad con la propia norma, la materia de dicho medio de impugnación exceptúa el análisis de aspectos que resulten inatacables por haber sido definidos o consentidos en etapas previas.

488. "Asimismo, resulta dable afirmar que las fases del procedimiento de retiro consistentes en la sanción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la emisión de la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar constituyen meros requisitos legales necesarios para el logro de un fin diverso al de dirimir elementos esenciales para determinar las condiciones de retiro del militar, pues la pretensión de estas etapas es únicamente permitir la ejecución de las resoluciones definitivas dictadas por la Junta Directiva del instituto, para lo cual se tienen que cubrir los presupuestos indispensables previstos en los artículos 200, 201 y 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

489. "Ello es así, ya que la concesión o negativa de la sanción que, en su caso, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deriva de los elementos ya establecidos en las dos etapas previas y sólo tiene como finalidad garantizar la ejecución de los mismos, sin que se advierta la posibilidad de modificarlos. Por su parte, una vez notificada dicha sanción a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina, según corresponda, dicha secretaría procederá, sin valoración alguna, a girar la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar.

490. "En otras palabras, del análisis de las normas que rigen la tercera y cuarta etapas del procedimiento de retiro se advierte que los actos ahí previstos pretenden únicamente asegurar la debida ejecución de la determinación de procedencia del retiro solicitado por el militar, no así la posible afectación de algún derecho previamente obtenido, pues las determinaciones que se adopten en estas dos últimas etapas se realizan a partir de los beneficios anteriormente reconocidos, los cuales sólo podrán modificarse cuando se trate de derechos que se hubieran generado con posterioridad a la resolución del instituto."

491. De la anterior transcripción se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado lo establecido en los artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, relativos al procedimiento administrativo para colocar en situación de retiro a un militar, fijando postura respecto a las actuaciones y finalidades que tiene cada una de las etapas correspondientes del referido procedimiento.

492. Asimismo, precisó que la cuarta etapa relativa a la orden de baja en el servicio activo y alta en situación de retiro, constituye un mero requisito legal necesario para el logro de un fin diverso al de dirimir elementos esenciales para determinar las condiciones de retiro del militar, por lo que ésta se emite sin valoración alguna.

493. En ese sentido, es dable colegir que, contrario a lo que determinó el Juez de Distrito, el acuerdo *********** de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el secretario de la Defensa Nacional,(5) relativo a la cuarta etapa del procedimiento administrativo para colocar en situación de retiro a un militar, esto es, la orden de baja en el servicio activo y alta en situación de retiro, no requería contener la fundamentación y motivación en relación a que el padecimiento del quejoso se contrajo en actos fuera de servicio, ni explicar el respaldo probatorio para sustentar esa conclusión.

494. Ello en virtud de que dichos aspectos se verifican en la primera etapa del procedimiento, relativa a la declaración de procedencia de retiro, cuyo principal objetivo es determinar si se actualiza alguno de los supuestos de retiro forzoso y sus causas.

495. En ese sentido, resultan fundados los agravios propuestos por la autoridad recurrente, por lo que lo procedente es reasumir jurisdicción y analizar los conceptos de violación que omitió atender el Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 93 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente:

496."Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

497. "...

498. "VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo."

499. NOVENO.—Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa son los siguientes:

500. "VII. Conceptos de violación:

501. "Primero. La emisión del acuerdo número *********** emitido por el C. General secretario de la Defensa Nacional con fecha treinta y uno de agosto del dos mil diecinueve, donde se determinó que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve el quejoso causará baja del 23/o Regimiento de Caballería Motorizado (Mexicali, Baja California), y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos y con fecha primero de septiembre de dos mil diecinueve alta en situación de retiro, en la que percibirá, según resolución de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas mexicanas, sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, compensación por 7 años de servicios y 31 años de edad, con la cuota única de $48,730.32 (cuarenta y ocho mil setecientos treinta pesos 32/100 moneda nacional), violenta y transgrede los derechos fundamentales del quejoso, ya que en el paradigma que se señala en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna importan dos aspectos fundamentales que no pueden ser soslayados, que son que ‘En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.’, ello significa que las personas no pueden ser limitadas ni arrebatadas de sus derechos elementales, máxime tratándose de cuestiones de preservación de la salud y el tratamiento médico integral que como parte de una institución castrense, el personal enganchado tiene derecho a recibir, particularmente en el caso de resultar el gobernado con secuelas que lo imposibilitan a desarrollar una vida independiente, de cuidado propio, al padecer una incapacidad diagnosticada médicamente, y que en el caso que nos ocupa, la responsable utiliza para perjudicar los derechos y prestaciones de las que gozaba el gobernado de manera amplia, debido a que lo priva de la concesión de los medios para poder subsistir y tratar el padecimiento que lo incapacita.

502. "Segundo. Con el acuerdo impugnado se está violentando la protección y seguridad de una persona incapacitada, particularmente el derecho que tiene a la protección de la salud, prestación de seguridad social que recibía por pertenecer a la institución castrense y que con la determinación impugnada se priva al quejoso de la misma, dejándolo el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en total desprotección, al considerar la responsable que el padecimiento que lo incapacita no fue contraído en actos del servicio, únicamente tiene derecho a percibir como una compensación económica, sin contar con el servicio médico integral, el cual se proporcionaría en caso de que se le conceda pensión; esa exigencia denominativa constituye una restricción irracional que no encuentra respaldo en un criterio objetivo o que derive de la exposición de motivos o del contexto de la ley, además de no ser considerada en la Ley Fundamental. Esto es, si la Constitución Federal establece las condiciones generales para priorizar la protección de la salud, la restricción señalada no tiene una razón válida de existir, en la medida en que la enfermedad que padece el quejoso no es previsible ni depende del militar, por lo que el servicio médico debería otorgarse también a los derechohabientes que se les concede (sic) a la salud, por lo que en su oportunidad la responsable podrá implementar una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de la regulación constitucional, tomando las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud, máxime que esa negativa puede generarle un daño difícil de reparar o hasta irreparable, pues el deterioro que sufre el quejoso cada vez se hace más constante, aunado a que los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 12 de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’ consagran el derecho fundamental a la protección de la salud y su pleno ejercicio, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a prestar el servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción, lo que revela que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, sin importar la situación personal o jurídica.

503. "Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 486, con número de registro digital: 2019358, que a la letra dicta:

504. "‘DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.’

505. "Tercero. El acuerdo impugnado causa agravio al quejoso al privarlo del producto de su trabajo, contenido en el artículo 5o. de nuestra Constitución Fede

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30917-60748a7a/retiro-forzoso-de-los-militares-la-orden-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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