ACUSACIÓN. NO PROCEDE SOBRESEER EN LA CAUSA, AUN SI EL MINISTERIO PÚBLICO LA PRESENTÓ EXTEMPORÁNEAMENTE EN LA ÉPOCA EN LA QUE EXISTÍA VACÍO LEGISLATIVO O DISCREPANCIA DE CRITERIOS CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 287 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO LEGAL, PORQUE SE VALIDA Y CONSIENTE LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI LAS PARTES EJERCIERON SU DERECHO DE DEFENSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). ACUSACIÓN. SI EL MINISTERIO PÚBLICO OMITE FORMULARLA EN EL PLAZO DE 10 DÍAS UNA VEZ CERRADA LA INVESTIGACIÓN, DEBE PREVENÍRSELE POR CONDUCTO DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, PARA QUE PROCEDA CONFORME A ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 287 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS, CON EL APERCIBIMIENTO DE SOBRESEER EN LA CAUSA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).
ACUSACIÓN. NO PROCEDE SOBRESEER EN LA CAUSA, AUN SI EL MINISTERIO PÚBLICO LA PRESENTÓ EXTEMPORÁNEAMENTE EN LA ÉPOCA EN LA QUE EXISTÍA VACÍO LEGISLATIVO O DISCREPANCIA DE CRITERIOS CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 287 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO LEGAL, PORQUE SE VALIDA Y CONSIENTE LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI LAS PARTES EJERCIERON SU DERECHO DE DEFENSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).
ACUSACIÓN. SI EL MINISTERIO PÚBLICO OMITE FORMULARLA EN EL PLAZO DE 10 DÍAS UNA VEZ CERRADA LA INVESTIGACIÓN, DEBE PREVENÍRSELE POR CONDUCTO DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, PARA QUE PROCEDA CONFORME A ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 287 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS, CON EL APERCIBIMIENTO DE SOBRESEER EN LA CAUSA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESCALANTE, IGNACIO CUENCA ZAMORA Y LUIS IGNACIO ROSAS GONZÁLEZ, PRESIDENTE DEL PLENO DE CIRCUITO, QUIEN EJERCIÓ SU VOTO DE CALIDAD, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO. DISIDENTES: MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA, DANIEL RICARDO FLORES LÓPEZ Y GERARDO TORRES GARCÍA. PONENTE: LUIS IGNACIO ROSAS GONZÁLEZ. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.
Chihuahua, Chihuahua. Acuerdo del Pleno del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.
VISTOS los autos para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro.
RESULTANDO:
I. PRIMERO.-Trámite de la denuncia.
1. Mediante escrito recibido por la secretaria de Acuerdos del Pleno del Decimoséptimo Circuito, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión penal 375/2016 y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, al fallar el amparo en revisión penal 684/2014, de su índice.
II. SEGUNDO.-Integración del asunto.
2. Por proveído de nueve de marzo de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno del Decimoséptimo Circuito, admitió a trámite la denuncia de mérito; solicitó a los tribunales divergentes la remisión de la versión digitalizada de las ejecutorias respectivas; asimismo, que informaran si el criterio sustentado se encontraba vigente o, en su caso, la causa por la que se tuvo por superado o abandonado.
3. En acuerdos de quince y veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la presidencia de este Pleno de Circuito, tuvo a los Tribunales Colegiados de Circuito divergentes dando cumplimiento al requerimiento efectuado.
4. Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete la maestra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anexó copia simple del oficio emitido por el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario de Acuerdos de ese Alto Tribunal, a través del cual informó que ante dicha superioridad no se encontraba radicada ninguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guardara relación concerniente a: "determinar si en términos del artículo 287 del código de procedimientos penales del Estado de Chihuahua, debe o no decretarse el sobreseimiento en la causa penal si el Ministerio Público omite o presenta de manera extemporánea la formulación de la acusación en el plazo de diez días una vez cerrada la investigación."
5. En el mismo proveído se acordó turnar el asunto al Magistrado presidente Luis Ignacio Rosas González, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
6. La contradicción de tesis se listó para su discusión en la sesión de trece de junio de dos mil diecisiete, en la que se determinó por mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Octavio Rodarte Ibarra, José Martín Hernández Simental, Daniel Ricardo Flores López y Gerardo Torres García, desechar el proyecto, en contra del voto del Magistrado presidente Luis Ignacio Rosas González, quien expresó que sostiene las consideraciones plasmadas en el proyecto propuesto y en su oportunidad formularía el voto particular correspondiente.
7. Asimismo, por auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, returnó los autos de la contradicción de tesis 1/2017 al Magistrado José Martín Hernández Simental, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, a efecto de que formulara el proyecto de resolución relativo.
8. En sesión de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se votó el sentido de la contradicción de tesis, en los siguientes términos: La Magistrada Marta Olivia Tello Acuña, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, suplió al Magistrado José Martín Hernández Simental y conjuntamente con los Magistrados Gerardo Torres García y Daniel Ricardo Flores López, emitieron su voto a favor del proyecto; por su parte, los Magistrados Luis Ignacio Rosas González, Miguel Ángel González Escalante e Ignacio Cuenca Zamora, emitieron su voto en contra del proyecto.
9. Atendiendo al empate en la votación, se actualizó lo previsto por el artículo 42 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en el que se dispone que las votaciones se verificarán en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en caso de empate, el Magistrado presidente tendrá voto de calidad. Bajo este supuesto, el Magistrado presidente Luis Ignacio Rosas González, emitió su voto de calidad en contra del proyecto presentado, quedando como relator del engrose correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
10. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
SEGUNDO.-Legitimación.
11. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.
TERCERO.-Punto de contradicción.
12. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
13. En sesión de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el indicado Tribunal Colegiado de Circuito, resolvió el recurso de revisión penal 375/2016, que fue interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 1312/2015, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
14. Las consideraciones del referido órgano colegiado, en lo relativo al tema de la presente contradicción, fueron las siguientes:
"Para mejor comprensión, se estima oportuno traer a mención el marco normativo relativo a las peticiones del recurrente, a saber, artículos 286 a 290 y 60, todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, vigente en la época que se emitió el acto reclamado.
"‘Artículo 286. Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez, observándose los límites máximos previstos en el artículo 285. Si el Juez no estima que la prórroga se justifica, denegará la petición.
"‘Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez que lo aperciba para que proceda a tal cierre.
"‘Para estos efectos, el Juez informará al superior jerárquico del agente del Ministerio Público que actúa en el proceso, para que cierre la investigación en el plazo de diez días, así como para que proceda en los términos legales correspondientes.
"‘Transcurrido ese plazo sin que se cierre la investigación, el Juez la declarará cerrada de plano y se procederá en los términos del artículo siguiente.’
"‘Artículo 287. Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, el Ministerio Público la declarará cerrada, y dentro de los diez días siguientes podrá:
"‘Formular la acusación;
"‘Solicitar el sobreseimiento de la causa; o
"‘Solicitar la suspensión del proceso.’
"‘Artículo 288. Sobreseimiento. El juzgador, a petición del Ministerio Público, del imputado o su defensor, decretará el sobreseimiento cuando:
"‘El hecho no se cometió o no constituye delito;
"‘Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;
"‘El imputado esté exento de responsabilidad penal;
"‘Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación;
"‘Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley;
"‘Una nueva ley quite el carácter de ilícito al hecho por el cual se viene siguiendo el proceso;
"‘El hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; y
"‘En los demás casos en que lo disponga la ley.
"‘En estos casos el sobreseimiento es apelable, salvo que la resolución sea dictada en la audiencia de debate de juicio oral.
"‘Recibida la solicitud, el Juez la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez se pronuncie al respecto.’
"‘Artículo 289. Efectos del sobreseimiento.
"‘El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al proceso en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado.’
"‘Artículo 60. Regla general.
"‘Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos.
"‘Los plazos judiciales serán fijados conforme a la naturaleza del proceso y a la importancia de la actividad que se deba cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las partes.
"‘Los plazos individuales correrán a partir del día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación al interesado; los plazos comunes, desde el día siguiente a la última notificación que se practique.
"‘En los plazos por día no deberán contarse los días inhábiles. Los plazos restantes que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente.
"‘Para los efectos del párrafo anterior, se entenderán como días inhábiles los que con tal carácter señale el Código de Procedimientos Civiles del Estado.’
"De los preceptos legales antes transcritos se desprende que transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez, observándose los límites máximos previstos en el artículo 285 del ordenamiento legal invocado, si el Juez no estima que la prórroga se justifica, denegará la petición.
"Que si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez que lo aperciba para que proceda a tal cierre, para tales efectos, el Juez informará al superior jerárquico del agente del Ministerio Público que actúa en el proceso, para que cierre la investigación en el plazo de diez días, así como para que procediera en los términos legales correspondientes, transcurrido ese plazo sin que se cierre la investigación, el Juez la declarará cerrada de plano y se procederá en los términos del artículo 287 del cuerpo legal referido que establece que practicadas las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, el Ministerio Público la declarará cerrada, y dentro de los diez días siguientes podrá: Formular la acusación; solicitar el sobreseimiento de la causa; o solicitar la suspensión del proceso, el juzgador, a petición del Ministerio Público, del imputado o su defensor, decretará el sobreseimiento cuando se actualicen las siguientes hipótesis: Que el hecho no se cometió o no constituye delito; apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; el imputado esté exento de responsabilidad penal; agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; una nueva ley quite el carácter de ilícito al hecho por el cual se viene siguiendo el proceso; el hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; y en los demás casos en que lo disponga la ley, en estos casos el sobreseimiento es apelable, salvo que la resolución sea dictada en la audiencia de debate de juicio oral, que recibida la solicitud, el Juez la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente, la no comparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez se pronuncie al respecto.
"Asimismo, de los preceptos legales antes transcritos se advierte que el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al proceso en relación con el imputado, en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado.
"Del último de los dispositivos legales transcritos, se desprende que los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos; los plazos judiciales serán fijados conforme a la naturaleza del proceso y a la importancia de la actividad que se deba cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las partes; los plazos individuales correrán a partir del día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación al interesado; los plazos comunes, desde el día siguiente a la última notificación que se practique, en los plazos por día no deberán contarse los días inhábiles; los plazos restantes que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente; para los efectos del párrafo anterior, se entenderán como días inhábiles los que con tal carácter señale el Código de Procedimientos Civiles del Estado.
"De lo antes reproducido se desprende que el artículo 60 del Código de Procedimientos Penales, regula la preclusión de los actos procesales al determinar claramente que estos deberán ser cumplidos en los plazos establecidos.
"El Diccionario Jurídico Mexicano P-Z del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, editorial Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, décima edición, página 2480, respecto a la preclusión a la letra dice:
"‘La preclusión es, en suma, un fenómeno de extinción de expectativas y de facultades de obrar válidamente en un proceso determinado, en función de tiempo. Aparece, dice Humberto Briseño Sierra, cuando la situación de los actos alcanza el objeto legal o hace superflua la continuación del transcurso del tiempo VI. ... Chiovenda señaló tres grandes supuestos de preclusión, saber: a) por haber transcurrido el lapso legalmente hábil para efectuar el acto que se trate, sin que la parte a quien incumbía lo haya realizado (a este supuesto podemos llamar la preclusión por inoperación); b) por haber ejecutado el acto en cuestión dentro de la oportunidad legal (un plazo o un momento determinado) por la parte dotada de la facultad procesal para hacerlo; esto se conoce generalmente como consumación; y, c) finalmente hay preclusión por incompatibilidad, que se produce cuando después de ejecutado el acto o ejercitada la facultad por la parte legalmente apta para llevarlo a cabo, ella misma efectúa o trata de efectuar otro acto o de utilizar su facultad de modo incongruente u opuesto con respecto al primero. Al sistema así descrito le llaman los teóricos, de preclusión rígida. Es de orden público y, por tanto, puede el Juez invocarla de oficio tanto como las partes pueden aprovecharse de ella libremente en su beneficio.’
"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 3606/2012, respecto a la preclusión señaló que ésta es una sanción que da seguridad e irreversibilidad al desarrollo del proceso, pues consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y por la cual las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible; de ahí que dicha institución no contraviene el principio de justicia pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que al efecto establezcan las leyes.
"La anterior ejecutoria dio lugar a la tesis aislada, cuyos rubro y datos de localización son los siguientes:
"‘Época: Décima Época
"‘Registro: 2004055
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Tipo de tesis: aislada
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013
"‘Materia: constitucional
"‘Tesis: 1a. CCV/2013 (10a.)
"‘Página: 565
"‘PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’
"Ahora bien el a quo para resolver la negativa de la protección constitucional tomó en consideración los siguientes antecedentes jurídicos procesales:
"El uno de abril de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia inicial y de formulación de imputación, dentro de la cual, en lo que interesa, se fijó como medida cautelar, prisión preventiva en contra del aquí quejoso ********** (disco compacto relativo, cuyos datos de identificación obran en la carátula respectiva).
"Por resolución de cuatro de abril de dos mil catorce, la Juez de Garantía del Distrito Morelos, decretó la vinculación a proceso del quejoso, por considerarlo probable responsable de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, a saber, el de extorsión a que se refiere el artículo 231 del Código Penal en el Estado, en agravio de las víctimas cuya identidad se encuentra reservada con los ordinales uno a catorce; asimismo, se señaló como plazo judicial para cierre de la investigación el de seis meses (fojas 126 a 162 y disco relativo).
"El diecisiete de octubre de dos mil catorce, tuvo verificativo la audiencia de solicitud de prórroga de investigación, la que se concedió por dos meses más (disco relativo).
"El ocho de enero de dos mil quince, la representación social emitió acuerdo de cierre de investigación en la causa penal 932/2014, por lo que el nueve del mismo mes y año, el Juez de garantía, emitió un auto en el que le hizo saber al agente del Ministerio Público que contaba con el término de diez días para proceder en alguna de las formas que prevé el artículo 287, del Código Procesal Penal, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo en el plazo legal citado, le impondría una multa de diez a doscientos días de salario, conforme lo establece el artículo 33, fracción III, de la legislación adjetiva de referencia (fojas 271 a 274 de los autos del juicio amparo).
"Mediante promoción de trece de febrero de dos mil quince, el agente del Ministerio Público formuló acusación en contra del quejoso.
"El dieciséis de febrero de dos mil quince, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, tuvo al agente del Ministerio Público formulando la acusación respectiva.
"El treinta de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia relativa a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva; en la que se determinó que ésta debía prevalecer puesto que las condiciones por las cuales se fijó dicha medida cautelar, no habían variado, pues se trataba de un delito de alto impacto, acorde con lo previsto en el artículo 173, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado, respecto del cual la ley no permite beneficio alguno; además de que debía asegurarse la presencia del imputado en el proceso al que está vinculado. Por tanto, acorde con lo dispuesto por el artículo 180 del aludido ordenamiento legal, fijó el plazo máximo de la medida cautelar (veinticuatro meses), por lo que ésta vencería hasta el uno de abril de dos mil dieciséis (a partir del minuto treinta y tres del disco relativo). Asimismo, en lo conducente, a solicitud de la defensa, se concedió la suspensión del trámite del proceso por treinta días hábiles, conforme con lo dispuesto por el artículo 198, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado.
"El doce de junio de dos mil quince, fecha señalada para la audiencia intermedia, el quejoso y su defensor solicitaron el aplazamiento de la misma, en virtud de que el nombramiento de este último tuvo lugar en ese mismo día, por lo que el Juez de garantía, acordó favorable su petición, por el término de veinte días hábiles (disco respectivo).
"El diez de agosto de dos mil quince, se celebró la audiencia intermedia; posteriormente, se dictó auto de apertura, en el que en lo que se admitieron las pruebas de las partes; se puso a disposición del Tribunal Unitario Oral Penal al acusado **********; y se ordenó que una vez que causara ejecutoria la determinación que en ese acto se dictaba, se remitiría al tribunal competente (fojas 153 a 162 y disco relativo).
"El veintiuno de septiembre de dos mil quince, el quejoso presentó un escrito ante el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, mediante el cual, en lo conducente solicitó el sobreseimiento de la causa penal, en virtud de haber prescrito la facultad del Ministerio Público, de presentar su acusación en su contra por el delito de extorsión, pues la acusación respectiva se presentó fuera del término legal establecido (fojas 38 a 45).
"El veintidós de septiembre del citado año, el Juez de garantía responsable emitió un auto en el que determinó que no era procedente la solicitud del quejoso de sobreseer en la causa penal (foja 46). Resolución que constituye uno de los actos reclamados.
"El trece de octubre de dos mil quince, el Juez de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal del Distrito Judicial Morelos, tuvo por recibido el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juez de garantía del mismo Distrito Judicial, por lo que en su oportunidad, radicó con el número de juicio oral 251/2015.
"Conforme a las actuaciones procesales relatadas preliminarmente, es posible establecer que el proceder del Juez de garantía responsable al tener formulada la acusación el dieciséis de febrero de dos mil quince, es violatorio del principio de igualdad, imparcialidad, debido proceso y seguridad jurídica, ya que si mediante acuerdo de nueve de enero notificado formalmente por vía electrónica, entre otras a la representación social, se le otorgó un plazo de diez días para que procediera en cualquiera de las formas que establece el artículo 287 del Código de Procedimientos Penales, por lo que dicho término conforme a lo dispuesto por el artículo 60 del cuerpo legal mencionado, al establecerse en días no deben computarse los días inhábiles y por tratarse de plazos individuales correrán a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación al interesado, es decir, en el caso, a partir del doce de enero concluyendo el día veintitrés enero de dos mil quince excluyéndose de tal lapso el diecisiete y dieciocho de mismo mes y anualidad por tratarse de sábados y domingos; sin embargo, la representación social procediendo en términos del numeral 287 del código adjetivo de la materia, formuló acusación hasta el día trece de febrero y ésta fue acordada de manera favorable por el Juez de garantía responsable hasta el dieciséis de febrero del año mencionado, es decir catorce días después del lapso de diez días que establece el numeral antes mencionado, por lo que dicha facultad del agente del Ministerio Público fue cumplida en forma extemporánea y, por ende, tal potestad precluyó, por lo que la determinación del juzgador de tener al ente persecutor de los delitos formulando la acusación, como se la hubiera hecho en tiempo, transgredió el derecho humano del quejoso a un debido proceso, igualdad procesal, imparcialidad y seguridad jurídica; por tanto, el actuar del juzgador de la causa, en tanto que tuvo por realizada en tiempo la acusación, no obstante que el órgano jurisdiccional que llevaba el proceso únicamente le otorgó un plazo de diez días para hacer la acusación, conforme lo establece el artículo 287 del Código de Procedimientos Penales del Estado, sin que la hubiese formulado en tal lapso, por ello, que se diga que tal proceder del Juez de garantía responsable resulta contrario a los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 17, párrafo segundo y 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Lo anterior se afirma, porque el análisis sistemático e histórico de los citados numerales, permiten concluir que en ellos se protege el derecho humano a un debido proceso penal, cuya observancia y efectividad exige el respeto de una serie de garantías judiciales, entre las que se encuentran el juzgamiento por un Juez imparcial y objetivo, así como respeto al derecho de igualdad de partes en el proceso, imparcialidad y seguridad jurídica.
"Ciertamente, con su proceder la Juez de garantía señalada como responsable, invadió la división de funciones competenciales de los órganos del Estado (Poder Ejecutivo y Judicial), lo cual contraviene el principio de imparcialidad judicial y de igualdad procesal entre las partes, ya que con su actuar provocó que se concluyera la audiencia intermedia y se enviara el auto de apertura de la audiencia de debate al tribunal de juicio oral que corresponda, ello, no obstante de haber fenecido el término para formular la acusación por parte del ente ministerial.
"La anterior circunstancia implicó haber concedido una segunda oportunidad al órgano persecutor para que formulara su acusación, realizando actos de sustitución y autorización para instar la acusación ministerial, cuando era deber del fiscal hacerlo oportunamente, por ser esa su facultad y obligación constitucional, acorde al contenido del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice:
"‘Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
"‘El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
"‘La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.’
"El precepto transcrito, como ya se afirmó, establece un esquema de división de funciones a saber:
"El Ministerio Público tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos, así como la policía que estará a su cargo, depende del Poder Ejecutivo;
"La administración de justicia corresponde al juzgador como órgano del Estado que depende del Poder Judicial.
"La primera de esas atribuciones constitucionales, se realiza a través de una autoridad administrativa denominada Ministerio Público quien está facultada para inves
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27450-5eb06248/acusacion-no-procede-sobreseer-en-la-causa-aun · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIADA ENTRE UNA JURISPRUDENCIA DE UN EXTINTO PLENO DE CIRCUITO Y UNA TESIS AISLADA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. (PR.P.T.CN.1 K (11a.))
- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. AL RESOLVER UN RECURSO DE REVISIÓN, LO DECIDIDO POR DICHO ÓRGANO ADQUIERE LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA, LA CUAL NO PUEDE DESTRUIRSE O (I.14o.C.12 K)
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