BOLETAS DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO. ES INNECESARIO INTERPONER EN SU CONTRA EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PORQUE DICHA LEY NO CONTIENE UN PLAZO EQUIVALENTE AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 13 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS IGNACIO ROSAS GONZÁLEZ, DANIEL RICARDO FLORES LÓPEZ, GERARDO TORRES GARCÍA Y JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA. AUSENTE: HÉCTOR GUZMÁN CASTILLO. DISIDENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. PONENTE: HÉCTOR GUZMÁN CASTILLO. SECRETARIO: ANTONIO ORDÓÑEZ SERNA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoséptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, conforme lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en dicho medio oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen al Décimo Séptimo Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
Lo anterior, toda vez que fue denunciada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, a quien le correspondió conocer y resolver el recurso de queja administrativo 73/2016, además, tuvo noticia de lo resuelto en el recurso de queja administrativo 19/2016, del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del citado Circuito, de donde derivaron los criterios en contradicción; ambos tribunales con residencia en Chihuahua, Chihuahua.
Por tanto, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito tienen legitimación para formular la denuncia de contradicción de tesis en estudio, al ser los juzgadores que intervinieron en el dictado de la resolución de la que derivó la presente contienda.
Apoya lo expuesto, la tesis 1a. CCLVI/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la cual establece que tanto los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito como los Jueces de Distrito están legitimados para formular la denuncia de una contradicción de tesis, misma que es de título, subtítulo y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS TITULARES DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. El artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que tanto los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito como los Jueces de Distrito están legitimados para formular la denuncia de una contradicción de tesis. Ahora bien, el hecho de que el numeral indicado no haga referencia expresa a los Magistrados titulares de los Tribunales Unitarios de Circuito, no les resta legitimación para denunciarla, pues de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, y 97, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Federación está integrado, entre otros, por Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y Juzgados de Distrito, en el entendido de que los Magistrados de los Tribunales Colegiados y Unitarios son reconocidos genéricamente como ‘Magistrados de Circuito’. Además, en términos de los artículos 106 y 110, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial se integra, entre otras categorías, por los ‘Magistrados de Circuito’, quienes son designados por el Consejo de la Judicatura Federal, con idénticos requisitos para su designación y permanencia en el cargo, ya sea que su adscripción corresponda a un Tribunal Unitario o a un Colegiado, en virtud de que la ley no distingue entre ambas categorías de Magistrados. También, porque si el artículo 227, fracción II, citado, confiere legitimación a los Jueces de Distrito para denunciar la contradicción de criterios, a quienes integran la segunda categoría de la carrera judicial en términos del artículo 110, fracción II, referido, entonces, desde esa perspectiva, es aplicable el principio de mayoría de razón para reconocer la plena legitimación de los Magistrados titulares de los Tribunales Unitarios de Circuito para denunciar una contradicción de criterios; asimismo, puede sostenerse que, en ejercicio de su competencia, fungen como juzgadores de amparo en primera instancia, análogamente a la función que desempeña un Juez de Distrito, en términos del artículo 29, fracción I, de la ley orgánica citada; y que los Tribunales Unitarios de Circuito pueden ser partes en los juicios de amparo indirecto o directo en los que intervengan como tribunales de instancia, por lo que también pueden ajustarse al supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, indicado, cuando reconoce que las partes pueden denunciar la contradicción de tesis." (énfasis añadido)
TERCERO.-Ejecutorias contendientes. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, es conveniente destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas, lo cual se precisa en orden cronológico.
1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el catorce de abril de dos mil dieciséis, emitió sentencia en el recurso de queja administrativo 19/2016, al tenor conducente que sigue:
"CUARTO.-Uno de los agravios aducidos por el recurrente es esencialmente fundado y suficiente.
"El inconforme argumenta de manera sustancial como segundo agravio, que la resolución impugnada viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y 107, fracción IV, de la Constitución Federal, por su inexacta aplicación, toda vez que la a quo no analizó debidamente las excepciones al principio de definitividad, dado que únicamente determinó desechar el amparo promovido, pero el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece sin dejar lugar a dudas, que no es necesario agotar dicho recurso cuando la ley materia del acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar una suspensión, y cuando establezca un plazo mayor que la Ley de Amparo para otorgar una suspensión provisional, razón por la cual, opera la excepción al principio de definitividad, por lo que resultaba procedente se admitiera el amparo.
"Agrega, que la a quo determinó desechar de plano la demanda de amparo, sin analizar que la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado fija un plazo mayor que la Ley de Amparo para otorgar una suspensión provisional, dado que en su artículo 105, no fija plazo alguno para que la autoridad suspenda provisionalmente el acto reclamado, pues únicamente establece que la autoridad suspenderá provisionalmente el procedimiento, sin especificar plazo, luego, al no fijar un plazo la Ley de Vialidad y Tránsito para que se suspenda el acto, la autoridad no se encuentra obligada a suspender el mismo en un tiempo determinado y razonable, lo que motiva que la autoridad tarde demasiado en suspender el acto.
"Aduce que del análisis de los artículos 112 y 128 de la Ley de Amparo, se desprende que existe un plazo de veinticuatro horas para que el Juez de Distrito conceda una suspensión provisional, por lo que se entiende que la Ley de Vialidad y Tránsito fija un plazo mayor que la Ley de Amparo para conceder una suspensión, por lo que opera la excepción al principio de definitividad invocada.
"Concluye que la a quo desechó de plano la demanda de amparo sin analizar esta excepción al principio de definitividad, razón por la cual, al haber quedado acreditado en este agravio que la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado fija un plazo mayor que la Ley de Amparo para otorgar una suspensión provisional, se debe admitir la demanda de amparo promovida, pues se actualiza el supuesto contenido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el amparo sea procedente sin agotar los recursos o medios de defensa que establece la ley de la materia del acto reclamado.
"El recurrente invoca como aplicable la tesis que lleva por rubro el siguiente: ‘RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE JUICIOS PROMOVIDOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (3 DE ABRIL DE 2013), NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE, AL PREVER AQUELLOS ORDENAMIENTOS UN PLAZO MAYOR QUE EL QUE ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.’
"El precedente motivo de inconformidad es esencialmente fundado.
"Ello es así, toda vez que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso, ahora recurrente, reclamó de las autoridades responsables oficial de Vialidad y Tránsito y director de la Dirección de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado de Chihuahua, la boleta de infracción con número de folio 879519, realizada en su contra el dieciséis de enero de dos mil dieciséis, por medio de la cual, se le impuso una multa económica de tres a seis días de salario mínimo por haber supuestamente dado una vuelta indebida en doble línea continua amarilla.
"Al desechar la demanda de amparo, la a quo consideró, en esencia, que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previo a acudir a la instancia constitucional, el quejoso debió agotar los mecanismos de defensa legal que la legislación correspondiente establece para tal efecto, ya que contra las resoluciones dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 9 de la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado de Chihuahua, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 104 de la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado de Chihuahua, y el diverso artículo 105 de la legislación en cita establece la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, sin imponer mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.
"Del auto recurrido se desprende, que si bien la secretaria en funciones de Jueza Federal determinó que el recurso de revisión previsto en la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado de Chihuahua, establece la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado sin imponer mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo; sin embargo, como lo aduce el recurrente, no analizó ni tomó en consideración que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debía verificar si la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado de Chihuahua establecía o no un plazo mayor que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional y, por ende, si se actualizaba una excepción al principio de definitividad.
"En efecto, del contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que procede el desechamiento de plano de la demanda de amparo cuando la causa de improcedencia del juicio sea manifiesta e indudable; debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.
"En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.
"Luego, contrario a lo estimado por la a quo en el auto recurrido, en el caso no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que de manera textual establecen lo siguiente:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"‘Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.’
"En relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 162/2015, cuya materia consistió en determinar, si previamente a la promoción del juicio de amparo debía agotarse o no el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dado que el diverso artículo 70, no establece un plazo para que la autoridad que conozca de la inconformidad se pronuncie respecto de la suspensión provisional, determinó que si no se establece de manera específica el plazo para que la autoridad que conoce del recurso se pronuncie respecto de la suspensión provisional solicitada, dejando a las partes en estado de inseguridad jurídica, y sin la certeza de que ello ocurrirá en un plazo no mayor al de veinticuatro horas que al efecto prevé la Ley de Amparo, no es necesario agotar dicho recurso antes de promover el juicio de amparo indirecto, por lo que no se actualiza el supuesto de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
"Del contenido de la ejecutoria de la referida contradicción, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"1) Que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo guarda relación con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en cuanto establece los requisitos para que sea otorgada la suspensión, siempre y cuando no deba ser decretada de oficio, para lo cual deberá ser solicitada por la parte quejosa, y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"2) Que es relevante tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 112 de la ley de la materia, en el que se establece el plazo para que el órgano jurisdiccional resuelva si desecha, previene o admite la demanda, lo cual deberá efectuar dentro del término de veinticuatro horas, plazo en el que además habrá de pronunciarse en torno a la suspensión provisional solicitada.
"3) Que en la Ley de Amparo se establece que el órgano jurisdiccional al que corresponda conocer de la demanda, deberá pronunciarse en torno a su admisión en un plazo máximo de veinticuatro horas, con lo cual se garantiza y se da plena certeza de que la resolución que se llegue a dictar en torno a la suspensión que hubiera sido solicitada, ocurrirá a más tardar dentro de ese lapso.
"4) Que las excepciones a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, tienen por objeto garantizar la procedencia del juicio cuando en la ley del acto, entre otros aspectos, se establezca un plazo mayor que el previsto por la propia Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, cuya sustanciación logra impedir los actos de ejecución que ya no podrían ser reparados aun con la concesión del amparo, garantizando así el acceso a un recurso efectivo a través del cual se puedan paralizar los actos reclamados.
"5) Que los artículos 65 y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establecen, el primero de ellos, la procedencia de la inconformidad que se promueva contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas en el que será factible solicitar la suspensión de los actos impugnados, en tanto que el segundo no establece un plazo determinado para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, lo que implica que no se tenga la certeza de que la suspensión provisional solicitada ante la autoridad responsable será acordada en un plazo igual o menor que el de veinticuatro horas que al efecto establece la Ley de Amparo.
"6) Que es importante tener en cuenta que, en la especie, se está ante un presupuesto establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción IV.
"7) Que para que se actualice el supuesto de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es necesario, entre otras cosas, que para el otorgamiento de la suspensión no se establezca un plazo mayor que el que prevé la propia ley de la materia.
"8) Que la previsión relativa a que no se establezca un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión que el previsto de veinticuatro horas a que se refiere la ley de la materia, fue incorporada en el texto de la nueva Ley de Amparo, de tal suerte que resulta indispensable que se cumpla con dicha condición.
"9) Que al no existir disposición de la que pudiera advertirse que la autoridad responsable, al proveer respecto de la inconformidad, resolverá en torno a la suspensión provisional dentro de un plazo menor al de veinticuatro horas que al efecto establece la Ley de Amparo para los órganos jurisdiccionales federales, deja al arbitrio de la autoridad administrativa la facultad discrecional de resolver en torno a la suspensión, sin precisar que ello será en un lapso menor que el previsto por la Ley de Amparo.
"10) Que en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica y efectivo acceso a la justicia, al no existir claridad en torno al plazo en que la autoridad responsable habrá de pronunciarse respecto de la suspensión provisional, se considera que no es necesario agotar la inconformidad a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previo a la presentación del juicio de amparo y, por ello, se actualiza uno de los supuestos de excepción para la procedencia del juicio de amparo.
"De la ejecutoria anterior surgió la tesis número 144/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo II, noviembre de 2015, materia común, página 1113, que, de manera textual, dice lo siguiente:
"‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo será procedente contra actos de autoridades distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que será necesario agotar los medios de defensa, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para conceder la provisional. De tal suerte que si en el recurso de inconformidad previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 70, no se establece de manera específica el plazo para que la autoridad que conoce del recurso se pronuncie respecto de la suspensión provisional solicitada, dejando a las partes en estado de inseguridad jurídica, y sin la certeza de que ello ocurrirá en un plazo no mayor al de 24 horas que al efecto prevé la Ley de Amparo, no es necesario agotar dicho recurso antes de promover el juicio de amparo indirecto, de ahí que no se actualice el supuesto de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.’
"En ese contexto, los artículos 104 y 105 de la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado de Chihuahua, que establecen el recurso de revisión que, según la a quo, el quejoso se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo establecen, de manera textual, lo siguiente:
"‘Artículo 104. Contra las resoluciones de las autoridades señaladas en las fracciones III, V y VI del artículo 9 de la presente ley, procederá el recurso de revisión, el cual deberá interponerse dentro del término de cinco días hábiles en la Dirección de Servicios de Asesoría Jurídica de la Fiscalía, quien sustanciará el procedimiento correspondiente, debiendo remitirlo para resolución al fiscal general del Estado.’
"‘Artículo 105. La interposición del recurso, no suspende la ejecución del acto; sin embargo podrá decretarse la suspensión del mismo cuando concurran los siguientes requisitos:
"‘I. Que lo solicite el agraviado;
"‘II. Que no se cause perjuicio al interés social; y
"‘III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución del acto.
"‘En tratándose de multas por infracciones a esta ley o su reglamento, se suspenderá la ejecución del acto cuando el interesado garantice el crédito fiscal y demás recargos que se originen en alguna de las formas previstas en el Código Fiscal del Estado.
"‘La suspensión podrá ser solicitada en cualquier tiempo ante la autoridad ejecutora, acompañando copia del escrito con el que se hubiere iniciado el recurso.
"‘La autoridad ejecutora suspenderá provisionalmente el procedimiento y concederá un plazo de cinco días para el otorgamiento de la garantía. Constituida ésta se suspenderá de plano la ejecución, hasta que se resuelva en definitiva el recurso.
"‘Contra las resoluciones del fiscal general del Estado que resulten de un recurso, no cabrá otro posterior.’
"Del contenido de los preceptos legales transcritos con anterioridad, se desprende que contra las resoluciones de los delegados de vialidad y/o tránsito y la corporación de tránsito procede el recurso de revisión; sin embargo, como lo aduce el recurrente, el artículo 105 de la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado de Chihuahua, no establece un plazo determinado para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, ya que únicamente prevé que la autoridad suspenderá provisionalmente el procedimiento y concederá un plazo de cinco días para el otorgamiento de la garantía, sin especificar plazo en el cual acordará lo relativo a la suspensión, lo que implica que deja al arbitrio de la autoridad administrativa la facultad discrecional de resolver en torno a la suspensión, por lo que no se tiene la certeza de que la suspensión provisional solicitada ante la autoridad responsable será acordada en un plazo igual o menor al de veinticuatro horas que al efecto establece la Ley de Amparo.
"En ese contexto y conforme a los razonamientos expuestos en la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 162/2015, cuya observancia es obligatoria para este Tribunal Colegiado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se estima que, contrario a lo determinado por la a quo en el auto recurrido, al no existir claridad en torno al plazo en que la autoridad responsable habrá de pronunciarse respecto de la suspensión provisional, se considera que, como lo afirma el recurrente, se actualiza uno de los supuestos de excepción para la procedencia del juicio de amparo, ya que no es necesario agotar el recurso de revisión previsto en los artículos 104 y 105 de la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado de Chihuahua, previo a la presentación del juicio de amparo.
"Resulta también ilustrativa, la tesis invocada por el recurrente, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, materia común, página 1805 que, de manera textual, dice lo siguiente:
"‘RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE JUICIOS PROMOVIDOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (3 DE ABRIL DE 2013), NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE, AL PREVER AQUELLOS ORDENAMIENTOS UN PLAZO MAYOR QUE EL QUE ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. De conformidad con los artículos 112 y 138 de la nueva Ley de Amparo, el Juez de Distrito se encuentra obligado, dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde la presentación de la demanda, a resolver sobre la suspensión provisional; mientras que en los numerales 54 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 76 y 80 de su reglamento, se prevé que, al presentarse el recurso de inconformidad, el director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, tiene tres días hábiles contados a partir del día en que se reciba el recurso para pronunciarse respecto de su admisión, prevención o desechamiento, esto es, prevé un plazo mayor que el que dispone la Ley de Amparo, que es de veinticuatro horas posteriores a la fecha de presentación de la demanda o, en su caso, a la fecha en que fue turnada, lapso dentro del cual debe acordarse lo procedente en cuanto a su admisión o desechamiento, que es el mismo en el que se debe proveer sobre la suspensión provisional solicitada. En consecuencia, en tratándose de juicios de amparo promovidos con posterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Amparo, el gobernado no está obligado a agotar el aludido recurso ordinario, en virtud de actualizarse el supuesto de excepción al principio de definitividad, consistente en que la ley del acto prevé un plazo mayor que el que dispone la Ley de Amparo en vigor, para acordar sobre la suspensión provisional.’
"En el anterior orden de ideas, al no actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que estimó configurada la a quo, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja a que este toca se refiere y, como consecuencia de ello, el a quo deberá admitir a trámite la demanda de amparo, si no existe motivo diverso legal que lo impida. ..."
2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, resolvió el recurso de queja administrativo 73/2016 de su índice, como sigue:
"QUINTO.-Los agravios que hace valer la parte recurrente son infundados.
"En el recurso de queja se argumenta lo siguiente:
"1. El a quo federal resolvió de manera incongruente, ya que no estudió lo que hizo valer en el escrito inicial de demanda, en el sentido de que se encuentra dentro del supuesto de excepción al principio de definitividad, porque el artículo 105 de la Ley de Vialidad y Tránsito del (sic) Estado de Chihuahua, no establece un plazo determinado para el otorgamiento de la suspensión, pues sólo prevé que la autoridad suspenderá provisionalmente el procedimiento y concederá cinco días para el otorgamiento de la suspensión, lo que implica que deja al arbitrio de la autoridad administrativa la facultad discrecional de resolver al respecto, por lo que no se tiene la certeza de que la suspensión provisional solicitada ante la responsable será acordada en un plazo igual o menor al de veinticuatro horas que al efecto establece la Ley de Amparo.
"2. Que apoyó su razonamiento en la tesis de jurisprudencia 144/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el rubro: ‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO.’
"Además de la diversa del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que puede apreciarse bajo el encabezado: ‘RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 76 Y 80 DE SU
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27292-3c9275ce/boletas-de-infraccion-de-transito-es-innecesario-interponer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. ES INNECESARIO QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO INTERPONGA EL RECURSO DE APELACIÓN, CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE GARANTÍA QUE LO CONFIRMA, (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXIGE DEMOS (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. NO SON APLICABLES CUANDO SE RECLAMAN ACTOS JURISDICCIONALE (I.11o.C.25 K (11a.))
- DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR INOBSERVANCIA A ESE PRINCIPIO, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL (IV.2o.A.97 A (10a.))
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. (II.4o.C.22 C )
- DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. (2a. LVI/2000)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis