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Modo: Corpus Pro

DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2018. · Registro digital (IUS): 27926
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-07-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Pág. 329.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios sustentados por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del mismo Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, y que aunque su actuación se circunscribió en apoyar el dictado de la resolución respectiva, la competencia de este Alto Tribunal se actualiza debido a que en el Trigésimo Segundo Circuito no existe Pleno de Circuito que pueda resolver la contradicción de criterios suscitada, razón por la cual, es competente esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la contradicción de criterios denunciada, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(1)

8. SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el autorizado de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 695/2014,(2) del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, del cual derivó el amparo en revisión 460/2014 (expediente auxiliar 850/2014), del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito (Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz), razón por la cual, se acredita que fue denunciada por el autorizado de una de las partes en uno de los asuntos que motivaron el presente asunto.

9. TERCERO.—Ahora bien, para efectos de claridad, del escrito de denuncia de la presente contradicción de tesis se advierte que el autorizado de la parte quejosa del juicio de amparo 695/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, refiere que se actualiza la contradicción de criterios, puesto que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, sostuvo que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima establece un plazo mayor que el dispuesto por la Ley de Amparo vigente para el otorgamiento de la suspensión provisional, razón por la cual, el particular no tiene la obligación de agotar el principio de definitividad (juicio administrativo contencioso estatal), previamente a la promoción del juicio de amparo.

10. Por su parte, refiere que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito sostuvo que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima no establece un plazo mayor que el dispuesto en la Ley de Amparo vigente para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual, consideró que el particular sí tiene la obligación de agotar el principio de definitividad (juicio contencioso administrativo local) previamente a la promoción del juicio de amparo.

11. En virtud de lo expuesto, en aras de dar seguridad jurídica a los gobernados, el denunciante solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva la contradicción de tesis que somete a su consideración, con la finalidad de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, sobre la obligatoriedad de agotar o no el juicio contencioso administrativo en el Estado de Colima, previamente a la promoción del juicio de amparo.

12. Con el fin de dilucidar el tema que dio origen a la contradicción de tesis es pertinente tener en cuenta lo considerado en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes:

13. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, falló, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil catorce, el amparo en revisión 460/2014, en el cual revocó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional, y respecto al tema del presente asunto, consistente en determinar si a la luz de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, era necesario agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, es decir, si de forma previa al juicio de amparo es necesario promover el juicio contencioso administrativo estatal, resolvió lo siguiente:

"QUINTO.—Estudio de la cuestión planteada en el recurso de revisión. Uno de los agravios es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida y levantar el sobreseimiento decretado por el Juez a quo, como se explicará.

"La parte quejosa y recurrente sostiene, en su primer agravio, que contrariamente a lo que afirmó el Juez de Distrito, el plazo para obtener la suspensión en el juicio contencioso administrativo es mayor al establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional; y, sobre dicha disertación, la aquí disconforme alega que se ubica en uno de los supuestos de excepción al principio de definitividad y, por ende, señala que sí es procedente la vía de garantías que incoó, sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad.

"Para mejor comprensión de lo que se resolverá, debemos traer a cuenta las consideraciones que se externaron en la sentencia impugnada acerca del plazo para obtener la suspensión en el juicio contencioso administrativo, en relación con la temporalidad en que debe resolverse sobre la suspensión provisional en el amparo; mismas que se reproducen enseguida:

"...

"Como se ve, el resolutor de primer grado consideró que tanto la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, como el ordenamiento que regula al juicio de amparo, establecen que la petición de suspensión debe proveerse dentro del plazo de veinticuatro horas, a partir de que se presentó la solicitud respectiva; postura que apoyó en las premisas siguientes:

"i. La Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima no prevé plazo específico para acordar lo relativo a la suspensión; no obstante, en su artículo 3, prevé que los juicios que se promuevan ante dicho tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que regula dicha legislación y ante la falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo que prescribe, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima.

"ii. El artículo 113 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (sic) prevé que el secretario dará cuenta con las demandas, contestaciones y promociones que se reciban, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación y acordara lo relativo.

"iii. Consecuentemente, el tribunal contencioso local debe proveer la suspensión dentro del plazo de veinticuatro horas. Lo que se corrobora, porque el artículo 41 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado impone la obligación al tribunal de notificar sin demora la suspensión de los actos que se impugnan.

"iv. Por su parte, el artículo 112 de la Ley de Amparo prevé que el órgano que conozca de la demanda de amparo deberá proveer sobre la suspensión dentro del plazo de veinticuatro horas, a partir de la solicitud de dicha medida.

"En contra de lo así decidido, la parte disconforme, en su primer agravio, aduce, en síntesis, que el Juez de Distrito hizo una incorrecta interpretación del artículo 113 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima al señalar que:

"...

"Como se adelantó, los precitados argumentos resultan fundados.

"Preliminarmente, debemos precisar que el seis de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los numerales 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; este último, en su texto actual de la fracción IV, dispone:

"(se transcribe)

"Así, con motivo de la reforma constitucional en comento, en la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece –que resulta aplicable ya que la demanda de amparo que originó el presente asunto se presentó el diez de abril de dos mil catorce–, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías sufrió reformas importantes, ya que se adicionaron reglas de excepción al aludido principio.

"Para comprobar lo anterior, se transcriben a continuación los artículos de la Ley de Amparo abrogada y de la vigente que se refieren a la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad en materia administrativa; subrayándose la parte en que difieren:

"(se inserta cuadro comparativo)

"Del cuadro comparativo anterior se advierte que en la Ley de Amparo vigente –reiterando lo establecido en el artículo 107, fracción IV, constitucional–, nuevamente se contemplaron las excepciones al principio de definitividad relativas a la exigencia de mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva y si el acto reclamado carece de fundamentación.

"Sin embargo, se adicionaron reglas de excepción que no se preveían en la Ley de Amparo abrogada, entre las cuales, en lo que al caso interesa, desataca que dichas leyes no establezcan plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional.

"Así pues, en el agravio en análisis la parte recurrente alega que, contrariamente a lo que sentenció el Juez de Distrito, se ubica en la excepción descrita, dado que conforme a las reglas que rigen el juicio contencioso administrativo en el Estado de Colima, en esa vía de nulidad es mayor el plazo para resolver sobre la suspensión que el establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional.

"Bajo ese contexto, es necesario acudir a los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo en vigor, que prescriben:

"(se transcriben)

"De la interpretación relacionada de los numerales en consulta se colige, en lo que al caso interesa, que el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre la suspensión provisional del acto reclamado dentro del día hábil siguiente en que se presentó la demanda de amparo o la solicitud correspondiente o, en su caso, desde que tal petición le fue turnada.

"Por su parte, en relación con el momento procesal en el que debe proveerse acerca de la suspensión de los actos cuya nulidad se demanda, los artículos 41 y 42 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima señalan:

"(se transcriben)

"Como se ve, el ordenamiento que regula al juicio administrativo en el Estado de Colima establece que la suspensión de los actos impugnados podrá concederse en el auto en que se admita la demanda, o en cualquier otro tiempo cuando se pida con posterioridad, siempre y cuando no se haya resuelto el contencioso en cuestión.

"Empero, en tales preceptos y en el resto de las disposiciones de dicho cuerpo normativo, no se consigna cuál es el plazo para proveer sobre la admisión de la demanda, ni tampoco se especifica en qué término debe dictarse la medida suspensiva solicitada.

"Cabe aclarar que, según se señaló en la sentencia recurrida, para esclarecer tal aspecto el Juez de amparo dijo remitirse al artículo 113 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; sin embargo, tal mención es errónea, ya que el ordenamiento federal que citó no resulta aplicable al ámbito local, además, en su articulado no prevé un numeral ‘113’; de ahí que puede inferirse que lo que el a quo quiso decir es que acudía al numeral 113 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, que establece:

"(se transcribe)

"Hechas las precisiones anteriores, corresponde dar respuesta al agravio en estudio.

"Pues bien, en opinión de este Tribunal Colegiado, es fundado lo que aduce la parte quejosa y recurrente en el sentido de que es jurídicamente incorrecto que el Juez de Distrito haya considerado que del último de los preceptos transcritos –113, fracción I, de la ley contenciosa administrativa estatal– se desprende que: ‘... el tribunal contencioso local debe proveer la suspensión dentro del plazo de veinticuatro horas ...’

"Habida cuenta que, como acertadamente se alega, en el texto de la fracción I del artículo 113 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, sólo se consigna la obligación de los secretarios del órgano jurisdiccional en mención de: ‘... Dar cuenta al presidente con las demandas, contestaciones y promociones que se reciban, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación ...’, sin que en ningún momento prescriba que el acuerdo relativo a dicha cuenta deba dictarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se recibió la demanda o la promoción respectiva, pues lo único que señala dicha hipótesis normativa en torno a los ‘acuerdos’ es que el secretario tiene que tratar con el presidente lo relativo a las audiencias, al señalar: ‘... acordar con él lo relativo a las audiencias del tribunal’.

"Luego, es inconcuso que del enunciado contenido en el artículo 113, fracción I, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, en oposición a lo «que» apreció el Juez de Distrito, no se obtiene que la determinación respecto de la suspensión se dicte dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de que se recibió la demanda de nulidad o la petición correspondiente.

"Dicha postura se fortalece si se tiene presente que la locución ‘cuenta’, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa: ‘Acción y efecto de contar’ y sobre esa definición gramatical, desde el punto de vista forense, la expresión ‘Dar cuenta’, empleada por el legislador colimense en la mencionada disposición legal, no puede entenderse como la acción de dar respuesta a las demandas o solicitudes promovidas, sino como la obligación legal del secretario de informar al titular del órgano jurisdiccional acerca de los diversos ocursos que se presentaron para su consideración; máxime que dentro de las tareas que deben realizar los citados secretarios, conforme a la diversa fracción III del referido artículo 113, se comprenden las de proyectar las resoluciones que les indique el presidente del tribunal.

"Por ende, del enunciado de la fracción I del artículo 113 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima únicamente se desprende que los secretarios darán cuenta al presidente de ese tribunal administrativo con los escritos o promociones que se presentan, dentro del plazo de veinticuatro horas previsto para ello; mas no que en ese lapso deba emitirse el acuerdo relativo a las peticiones formuladas, como la relativa a la suspensión de los actos impugnados.

"Aún más, si en el artículo 41 –antes reproducido– de la ley que regula el juicio de nulidad local sólo se consigna que la suspensión de los actos impugnados podrá concederse en el auto en que se admita la demanda, pero sin indicar en ninguna otra porción normativa cuál es el plazo para proveer sobre tal admisión, ni para acordarse sobre dicha suspensión, entonces, como lo señaló el Juez de Distrito –aunque sin concluir la idea dado que no señaló numeral alguno–, debemos acudir a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, el cual resulta aplicable, atento lo dispuesto en el artículo 3 del tantas veces (sic) ordenamiento contencioso administrativo local.

"Y, en tal tesitura, como se esgrime en el agravio en estudio, para establecer el plazo a que se ha hecho mención –para acordar sobre la admisión de la demanda, o para conceder o negar la suspensión– debemos remitirnos al numeral 89 de la ley adjetiva civil en cuestión que, en la parte que interesa, dispone que los autos deben dictarse dentro de los tres días siguientes a la promoción correspondiente; tal y como se advierte de su contenido:

"(se transcribe)

"Por consiguiente, a juicio de quienes esto resuelven, es fundado el planteamiento de la parte disconforme en la medida de que de la interpretación conjunta de los artículos 41, 42 y 113, fracción I, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, en relación con el diverso 89 del Código de Procedimientos Civiles de esa misma entidad federativa, de aplicación supletoria, se colige que el particular puede formular su solicitud de suspensión por escrito mediante la demanda de nulidad o en cualquier otro momento hasta antes de que se dicte sentencia, y que el secretario del tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, dará cuenta con tal petición al titular del órgano jurisdiccional para que este último, en su calidad de resolutor, dentro de los tres días siguientes a que se efectuó esa petición, decida sobre su concesión o no.

"Y, a partir de dicha intelección, es innegable que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima excede el lapso para el otorgamiento de la suspensión provisional del acto reclamado en el juicio de garantías; pues como ya señaló, conforme a los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo en vigor, la decisión de la suspensión provisional del acto reclamado se emite dentro del día hábil siguiente a la recepción del escrito de demanda o, en su caso, desde que tal petición fue turnada al Juzgado de Distrito; mientras que, atento las disposiciones que rigen el juicio de nulidad, la decisión que recaiga a la petición de la suspensión puede decretarse dentro de los tres días siguientes a que se efectuó esa petición.

"...

"Entonces, si la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima establece un plazo mayor que el que dispone la Ley de Amparo vigente para el otorgamiento de la suspensión provisional, es claro que aquel ordenamiento no colma uno de los requisitos fijados por el legislador para exigir a la parte quejosa agotar previamente el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, como es la celeridad de la tramitación con que se cuenta para adoptar la decisión que corresponda sobre la suspensión provisional.

"Así pues, contrariamente a lo resuelto por el a quo, y como se alega en el agravio en estudio, en razón de la falta de expeditez (sic) en el trámite de la suspensión provisional del acto impugnado en comparación de lo establecido en la Ley de Amparo, no existe la obligación por parte de la impetrante y recurrente de agotar el juicio contencioso administrativo de forma previa al juicio de amparo y, por ende, es procedente este último en relación con los actos reclamados.

"En tales condiciones, al no configurarse la causa de improcedencia que motivó el sobreseimiento que se decretó, se impone revocar la sentencia objeto de revisión; y en vista de que las partes no hicieron valer un diverso motivo de improcedencia, ni este Tribunal Colegiado advierte que se surta algún otro impedimento legal, entonces, con fundamento en la fracción V(3) del artículo 93 ídem, se procede a examinar la cuestión efectivamente planteada en el presente juicio constitucional."

14. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en sesión de ocho de julio de dos mil dieciséis, resolvió el recurso de queja 128/2016, en el que sostuvo respecto al tema referido, lo siguiente:

"QUINTO.—Estudio de la resolución impugnada.

"Los agravios hechos valer por el recurrente resultan infundados, en atención a las consideraciones que adelante se expondrán.

"...

"Como se precisó anteriormente, el Juez Federal estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso, antes de acudir a la protección constitucional, debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local, en virtud de que el acto que reclama lo constituye la determinación de las autoridades de dar por terminado anticipadamente el contrato de adquisición del servicio de alimentación para los centros penitenciarios del Estado de Colima.

"Ahora, el disconforme en sus agravios sostiene, esencialmente, que indebidamente el Juez Federal desecha la demanda de amparo, toda vez que no se encuentra obligado a agotar el recurso ordinario de defensa, pues en el caso, se actualiza la excepción al principio de definitividad debido a que la suspensión de los efectos del acto reclamado prevista en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, además de que prevé mayores requisitos para su otorgamiento, el plazo que tiene la autoridad jurisdiccional para proveer sobre la misma es mayor.

"Así –aduce el recurrente– en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, por un lado, para que pueda concederse la suspensión del acto reclamado, se exige como requisito extra que no se deje sin materia el juicio y, por otro, el término con el que cuenta el tribunal para conceder la suspensión es de tres días, por lo que es claro que no se encuentra obligado a agotar el recurso ordinario, en virtud de que en la Ley de Amparo no se tienen tales exigencias; además que en esta ultima el término para conceder la suspensión es de veinticuatro horas.

"Por lo que –dice el recurrente– resulta incorrecto lo señalado por el Juez Federal, al considerar que los requisitos para el otorgamiento de la suspensión es igual en ambas leyes y, en consecuencia, estaba obligado a agotar primeramente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima.

"Los agravios resumidos son infundados.

"De inicio, es dable mencionar que el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, establece la procedencia del amparo contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal.

"Sin embargo, establece la necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa si conforme a las leyes que los rigen se suspenden los efectos del acto reclamado de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional.

"En ese tenor, este tribunal conviene con el Juez Federal, pues la causa de improcedencia que se advierte actualizada es la prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone:

"...

"El precepto transcrito establece que se actualiza la improcedencia del juicio de amparo cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional consigna para conceder la suspensión definitiva.

"Dicho normativo también precisa que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación.

"Conforme a lo anterior, para que se configure la causa de improcedencia a estudio, se requiere que:

"1. El acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

"2. Dicho acto deba ser revisable de oficio, conforme a las leyes que lo rijan o proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal;

"3. Por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso, juicio o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado;

"4. Puedan suspenderse los efectos del acto reclamado, mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado;

"5. Para la procedencia de tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta última ley; y,

"Con la salvedad de que no existe obligación de observar el principio de definitividad cuando el acto impugnado carezca de fundamentación, cuando únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución, o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley contemple su existencia.

"Así las cosas, este tribunal estima que el Juez de Distrito correctamente considera actualizada la causa de improcedencia a que alude el mencionado precepto, ello en razón de que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables la determinación de dar por terminada de manera anticipada la vigencia del contrato número SA/-01/2012/SSP/CJ y su addendum, a consecuencia del fallo emitido el trece de abril de dos mil dieciséis dentro de la licitación pública nacional 06002-005-16, convocada el doce de marzo del año en curso, a través del cual se adjudica a diversa persona el servicio provisión de alimentos para los Centros de Reinserción Social del Estado de Colima.

"...

"Los elementos señalados en los puntos cuarto y quinto (que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado, mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado y que para la procedencia de tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta última ley), también se cumplen.

"Al efecto, para determinar si los requisitos de la suspensión en el juicio de nulidad no son mayores a los que regula la Ley de Amparo, en cuanto a la procedencia y el plazo, es indispensable comparar ambas instituciones, siendo necesario considerar los preceptos que las norman.

"Los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima prevén lo siguiente:

"(se transcriben)

"Por su parte, los artículos 112, primer párrafo, 125, 128, 130, 131, 132, 135, 138 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan la suspensión del acto reclamado a petición de parte en el juicio de amparo, prevén lo siguiente:

"(se transcriben)

"...

"Al efecto, es preciso destacar que la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio relativo, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio de garantías en lo principal.

"Así, el objeto primordial de la suspensión consiste en mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; por tanto, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso mientras se decide si es violatorio o no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si tal consumación ocurre, no pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como sucede en el caso que se conceda el amparo.

"Esto es, no solamente la suspensión tiene como único objeto mantener viva la materia de amparo, sino que también se propone evitar al agraviado durante la tramitación del juicio de amparo los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle; de ahí que resultaría erróneo afirmar que en la Ley de Amparo no se contemple el requisito que impida que se deje sin materia el juicio.

"Asimismo, deviene infundado lo argumentado por el recurrente, en el sentido de que el plazo específico para acordar lo relativo a la suspensión es mayor en la Ley de lo Contencioso Administrativo que en la Ley de Amparo.

"Al respecto, el recurrente sostiene que el término que tiene el tribunal para pronunciarse sobre la solicitud de suspensión es de tres días, y no veinticuatro horas como erróneamente refiere el Juez, pues así lo establece el artículo 89 del Código de Procedimiento

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27926-f838f227/definitividad-se-actualiza-una-excepcion-a-ese-principio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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