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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2015. · Registro digital (IUS): 25951
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-11-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , Pág. 1082.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

Lo anterior encuentra su apoyo además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).-De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." [Décima Época. Registro digital: 2000331. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9]

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227 de la Ley de Amparo,(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Tribunales Colegiados de Circuito, en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, luego, es claro que están legitimados para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito que intervienen en esta contradicción de tesis expusieron en las ejecutorias y el criterio que el denunciante estima divergente.

I. Así, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, el quince de abril de dos mil quince, sostuvo en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

"El Juez de Distrito en el acuerdo recurrido determinó que, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consistente en la inobservancia del principio de definitividad.-Lo anterior porque, a modo de ver del juzgador, el acto reclamado consistente en la resolución dictada en el procedimiento de licitación pública nacional mixta número **********, relativo a la contratación abierta del servicio de transporte y distribución de leche líquida y en polvo en puntos de venta, es susceptible de ser revocado a través de la inconformidad prevista en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.-Agregó el Juez de Distrito que en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se contempla la suspensión de la resolución recurrida, conforme a los mismos requisitos de la Ley de Amparo, además de que la suspensión provisional instituida en el referido ordenamiento, se obtiene en un plazo no mayor que el considerado para el otorgamiento de la provisional en el amparo, pues aun cuando no se prevé un término específico, sí se indica que, solicitada la suspensión, la autoridad acordará concederla o negarla provisionalmente, lo que permite advertir que, en atención a su naturaleza cautelar, debe hacerse de inmediato, cuando la Ley de Amparo prevé que dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de que se presente la demanda, el órgano jurisdiccional debe resolver si la desecha, previene o admite, y que en este caso, tramitará el incidente de suspensión, donde deberá determinar lo conducente.-Contra la determinación anterior, en el segundo agravio, la quejosa recurrente sostiene que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 70 requiere mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, en razón de que no establece un plazo para que la autoridad que conozca de la inconformidad provea sobre la suspensión, lo cual evidencia un amplio margen de temporalidad entre la consumación del acto y su posible suspensión, por lo que aun cuando se trate de una medida cautelar que debe dictarse de manera inmediata, su eficacia se ve limitada y comprometida al arbitrio de la autoridad.-Que por el contrario, la Ley de Amparo previene que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda, se deberá decidir sobre la admisión y en su caso sobre la suspensión del acto reclamado.-El agravio resumido es fundado.-En principio, se destaca que en la especie no existe controversia en cuanto a que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 70 establece la suspensión de la resolución reclamada con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna; lo anterior en razón de que el Juez a quo así lo determinó y la parte recurrente no controvierte en vía de agravio dicha postura.-Sentado lo anterior, tenemos que la litis en el presente recurso consiste en dilucidar si la suspensión provisional instituida en el referido numeral 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se obtiene en un plazo no mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional en la Ley de Amparo.-Ahora bien, el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece: (se transcribe).-El numeral transcrito dispone que se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las que de ella deriven y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; además de que, en la solicitud, el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento de contratación.-También prevé que solicitada la suspensión, la autoridad que conozca de la inconformidad, deberá conceder o negar provisionalmente la suspensión, fijando, en el primer caso, las condiciones y efectos de la medida; que dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva.-Asimismo, que en caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad, aunado a que, en todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, según los términos señalados en el reglamento.-Finalmente, dispone que si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.-Es claro que el numeral transcrito, no establece de manera textual un plazo específico para que la autoridad que conozca de la inconformidad ahí prevista, se pronuncie sobre la suspensión provisional del acto materia de tal inconformidad, pues al respecto dispone: ‘Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá acordar lo siguiente: I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión, en el primer caso, fijará las condiciones y efectos de la medida; y, II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva.’.-El Juez a quo interpretó dicha porción normativa, en el sentido de que la concesión o negativa de suspensión en comento, debe hacerse inmediatamente después de su solicitud dada su naturaleza cautelar y porque el texto legal dispone que solicitada la suspensión, la autoridad acordará concederla o negarla provisionalmente.-Sin embargo, con independencia de que fuera correcta o no tal interpretación, lo cierto es que al quedar al arbitrio de la autoridad que conozca de la inconformidad decidir la temporalidad en que debe hacerse el pronunciamiento correspondiente, según la interpretación que esta última decidiera dar al referido numeral 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no puede obligarse al interesado a promover tal inconformidad previamente al juicio de amparo, porque no existe la certeza que obtendrá la suspensión provisional del acto, en un plazo igual o menor al establecido en la Ley de Amparo, pues sería hasta que la autoridad proveyera lo conducente en que se conocería tal plazo, el cual dependería de la interpretación que ésta decidiera dar al artículo en mención.-Por tanto, es inconcuso que al no estar definido de manera vinculante para la autoridad administrativa, que ante la falta de plazo expreso en el invocado artículo 70, deba decidir de inmediato sobre la suspensión en ese tipo de procedimientos por tratarse de una medida cautelar, tampoco está definido que para efectos de la actualización de la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, la suspensión provisional instituida en el indicado artículo 70, se obtiene en un plazo no mayor que el considerado por la Ley de Amparo.-Consecuentemente, si en contra del acto reclamado al quejoso podía interponerse el recurso de inconformidad; obtenerse la suspensión con los mismos efectos y sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, empero hay incertidumbre en cuanto a si esa suspensión la obtendría en un plazo igual o menor que el considerado en la Ley de Amparo, resulta que no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que la misma debe quedar plenamente demostrada y no obtenerse de meras inducciones, de ahí lo fundado del agravio.-En tal virtud, ante lo fundado del argumento analizado, lo procedente es declarar fundada la queja.-Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes ocho de agosto de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, la cual es del tenor literal siguiente: ‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.’ (se transcribe). ... ÚNICO.-Es fundado el recurso de queja."

II. Por otro lado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León resolvió el recurso de queja **********, el once de septiembre de dos mil catorce, en el que determinó lo siguiente:

"En el caso concreto, basta la lectura de la demanda de amparo, para advertir que dichas condiciones de procedencia del juicio no resultan actualizadas, pues como ya se señaló, la parte quejosa impugna las bases, el acta del veintitrés de abril de dos mil catorce, y el fallo que puso fin al procedimiento de contratación mediante invitación a cuando menos tres personas, tramitado por una dependencia federal -Instituto Mexicano del Seguro Social-, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; actos que son susceptibles de ser impugnados ordinariamente a través del recurso de inconformidad previsto en dicha ley.-En efecto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su título sexto, denominado ‘De la solución de controversias’, contiene el capítulo primero, ‘De la instancia de inconformidad’, y concretamente, en su artículo 65, dispone que la Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas ahí indicados.-Asimismo, prevé que tratándose de la convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones, la inconformidad podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento, según lo establecido en el artículo 33 Bis, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; que en la invitación a cuando menos tres personas, sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes; que tratándose del acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo, la inconformidad podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; que tratándose de la cancelación de la licitación, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y que en cuanto a los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta ley, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquel en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.-Luego, es evidente que de la disposición invocada, se desprende que actos como los reclamados, emitidos por una autoridad federal en el curso de un procedimiento de contratación mediante invitación a cuando menos tres personas, desarrollado conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la resolución que le pone fin, son susceptibles de ser impugnados a través del recurso de inconformidad establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ante la Secretaría de la Función Pública, por los particulares que estiman que infringe sus intereses jurídicos, además de que con la presentación del recurso, es factible obtener la suspensión de los actos impugnados.-El artículo 70 de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y, se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las que de ella deriven y, además, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; además de que, en la solicitud, el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento de contratación.-También prevé que solicitada la suspensión, la autoridad que conozca de la inconformidad, deberá conceder o negar provisionalmente la suspensión, fijando, en el primer caso, las condiciones y efectos de la medida; que dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva.-Asimismo, que en caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad, aunado a que, en todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, según los términos señalados en el reglamento.-Y finalmente, dispone que si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.-En este contexto, se reitera que en términos de la ley que rige a los actos ahora reclamados y que prevén el mencionado recurso de inconformidad, es factible obtener la suspensión de los actos ahí recurridos, de manera provisional y definitiva; y además, con base en los mismos requisitos esenciales que los exigidos en el artículo 128 la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, consistentes en que se solicite dicha medida y que se asegure el no perjuicio al interés social, ni contravención a disposiciones de orden público; máxime que esa medida, incluso, puede obtenerse de oficio, en los casos en que se adviertan manifiestas irregularidades en el procedimiento de contratación.-En relación con lo anterior, debe destacarse que el segundo párrafo del numeral 70 en comento, prevé que en la solicitud de la suspensión el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los procedimientos de contratación; sin que la Ley de Amparo vigente, prevea en términos idénticos la necesidad de que se formulen las expresiones referidas.-Con respecto a este apartado de la norma, no pasa inadvertida la existencia de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis **********, resuelta el veintiuno de marzo de dos mil siete, de rubro: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’, donde el Alto Tribunal consideró, en lo que aquí interesa, que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (vigente hasta diciembre de dos mil diez) establecía mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que los establecidos en los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo abrogada, entre los que se encontraban, precisamente, la obligación de exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales se consideraba que se debía otorgar la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicitaba; tal como lo dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.-No obstante lo anterior, se considera que ese criterio específico relativo a que la exigencia de señalar los extremos referidos en la solicitud de la suspensión, excede los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para obtener dicha medida, ha quedado superado con la expedición de la nueva Ley de Amparo publicada el martes dos de abril de dos mil trece, en términos de su artículo sexto transitorio, conforme al cual, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se le oponga; por lo que, en el caso, no puede considerarse que tal exigencia implique mayores requisitos que los establecidos para obtener la suspensión definitiva en el amparo.-Lo anterior se considera así, porque como reiteradamente ha considerado este Tribunal Colegiado, del análisis puntual de los procesos legislativos que antecedieron a la reforma constitucional de junio de dos mil once, que fueron a su vez, la base para la expedición de la referida Ley de Amparo, se estableció que las determinaciones donde se resolvía sobre la suspensión, debían derivar de un ejercicio de ponderación, cuando la naturaleza del acto lo permitiera, entre la apariencia del buen derecho y el interés social, por cuanto que el primer elemento, basado en un asomo superficial y provisional al fondo del asunto, permite verificar que asiste al quejoso el derecho que estima vulnerado y descartar, para efectos de la suspensión, lo manifiestamente infundado o frívolo de la pretensión, además de que aporta elementos sobre el peligro en la demora y el mayor o menor riesgo de que las violaciones se tornen difícilmente reparables, si se niega la medida y, sobre el riesgo de pérdida de la materia del amparo.-De ahí, se consideró que conforme a los artículos 129, 131 y 147 de dicho ordenamiento, se establecieron expresiones específicas que modulan o refuerzan la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, enfatizando la prevalencia de éste; como cuando se pide la medida aduciendo un interés legítimo, caso en que no sólo será necesario asegurar la no afectación al interés social, sino que deberá justificarse que es un interés de esa índole y no meramente el deducido por el quejoso, el que justifique su otorgamiento, o bien, cuando a fin de disponer restablecer prov

sionalmente a éste en el goce de la garantía violada, se requiere acreditar que dotar a la medida de ese efecto, es jurídica y materialmente posible.-Se concluyó también que el hecho de que el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo disponga que la suspensión se decretará cuando lo solicite el quejoso, refleja que, por regla general, para la suspensión del acto reclamado, rige el principio fundamental del juicio de amparo en el sentido de que el propio juicio se seguirá a instancia de parte agraviada, entendiéndose por ésta, quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo; y que además, alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia Ley de Amparo y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico.-Todo lo que puso de manifiesto, que el nuevo sistema establecido para la suspensión del acto reclamado, está dotado de mayores requisitos para su otorgamiento en comparación con la ley abrogada, tal como se expuso en la tesis aislada IV.2o.A.70 K, emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, que dice textualmente: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2013, ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA EQUILIBRADO, REGIDO POR MAYORES ELEMENTOS NORMATIVOS FORMALES Y SUSTANTIVOS, GENERALES Y ESPECÍFICOS, PARA EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES AL RESPECTO.’ (se transcribe).-Por ende, es factible considerar que si en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público impone el deber de expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los procedimientos de contratación, en todo caso establece requisitos análogos a los que la Ley de Amparo establece para el examen de procedencia de la suspensión, donde se exige que se alegue, precisamente, que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia Ley de Amparo y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico.-Máxime que, en todo caso, la autoridad que conoce de ese recurso, queda facultada para conceder dicha medida, aun de oficio, cuando advierta irregularidades evidentes en los procedimientos de licitación o contratación.-Por otro lado, la suspensión establecida en el articulado de la inconformidad referida, tiene esencialmente los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, porque dispone que solicitada la medida, ésta se concederá o negará provisionalmente, fijándose en el primer caso las condiciones y efectos de la medida; además de que de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad, en términos esencialmente similares a lo previsto por los artículos 138, fracción I, y 139, de la Ley de Amparo, relativos los efectos generales de la suspensión; e incluso, sin limitante alguna en cuanto a las referidas condiciones y efectos de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25951-1f173d23/principio-de-definitividad-es-innecesario-agotar-la-inconformidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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