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Modo: Corpus Pro

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA RESPECTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 763, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 34/2023. · Registro digital (IUS): 31816
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-10-06
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo III, Pág.3590.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 34/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 5 DE JULIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: KARLA YANELI MARTÍNEZ DÍAZ.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al cinco de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 34/2023, suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

2. La problemática jurídica que subyace en este caso consiste en determinar si el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, prevé mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que la Ley de Amparo, específicamente, en lo relativo al plazo en que debe proveerse sobre la medida cautelar y, en consecuencia, si se actualiza una excepción al principio de definitividad que autoriza al particular a acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar previamente el juicio contencioso administrativo local.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Por oficio 05/2023, de veintiuno de marzo de dos mil dos mil veintitrés, presentado de manera electrónica en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional, la Magistrada presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados en los recursos de queja 43/2022 y 73/2022 de su índice, y el diverso que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 175/2022.

4. Radicación del asunto. En acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional Arturo Iturbe Rivas admitió a trámite la contradicción de criterios bajo el número de expediente 34/2023.

5. En ese mismo proveído, el Magistrado presidente solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios materia de la denuncia se encontraban vigentes; manifestaran las consideraciones que habían motivado su abandono; o bien, si dicha determinación se encontraba firme, así como que pusieran a disposición de este Pleno Regional, la consulta de los expedientes electrónicos relativos a los asuntos de su conocimiento involucrados, respondiendo ambos Tribunales Colegiados que aún conservaban su criterio, mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés y el oficio 4698/2023.

6. Asimismo, solicitó informe al director general de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si en el caso existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asociada con la temática aquí planteada. Lo que fue respondido a través del oficio DGCCST/X/468/06/2023, ingresado vía correo electrónico oficial, el seis de junio de dos mil veintitrés, en el sentido de que no existía contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el solicitado.

7. Confirmación de turno. Por auto de presidencia de seis de junio del año en curso, se confirmó el turno del presente asunto para la ponencia A, cuya titular es la Magistrada Silvia Cerón Fernández.

I. COMPETENCIA

8. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2o. del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito, cuya especialización corresponde conocer a este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

9. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la formuló la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el cual participó en los criterios que constituyen la presente contradicción.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

10. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Recurso de queja 175/2022.

11. Demanda de amparo. Una persona física promovió una demanda de amparo indirecto, en contra de la orden de suspensión y clausura del terreno que defendió.

12. Radicación y desechamiento. De la demanda conoció el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, cuya titular la registró bajo el número de expediente 579/2022, empero, al advertir inconsistencias previno a la parte promovente para que las subsanara, y una vez desahogado el requerimiento de mérito, por auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, la desechó por improcedente, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, previo acudir al juicio de amparo.

13. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número de expediente 175/2022.

14. Mediante sesión de dos de febrero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, el tribunal declaró infundado el medio de impugnación, en esencia, bajo las siguientes consideraciones:

"OCTAVO. Estudio. Este Tribunal Colegiado estima que los agravios vertidos resultan infundados, en atención a que, a juicio de este Tribunal Colegiado, la causal de improcedencia con base en la cual la juez de Distrito desechó la demanda, es manifiesta e indudable por las razones que enseguida se exponen.

"...

"En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito de quince de junio de dos mil veintidós –en el que el quejoso desahoga la prevención hecha por la juzgadora Federal en cuanto a la precisión de los actos reclamados– se advierte que el impetrante señala como actos reclamados a las autoridades responsables los siguientes:

"a) La orden se suspensión y clausura de la obra consistente en el cercado de terreno con postes de fierro y malla ciclónica del terreno ubicado en **********.

"b) El requerimiento de acreditación de la propiedad contenido en el oficio con número ilegible de dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

"En efecto, conforme a la hipótesis que invocó la juez, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o contra ellos proceda algún juicio, recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que, en términos de esas normas, se suspendan sus efectos con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para otorgar la suspensión provisional.

"Asimismo, dispone que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre regulado en un reglamento sin que la ley aplicable establezca su existencia.

"En el caso, el recurrente sostiene que se actualiza una de las excepciones al principio de definitividad, ya que los actos reclamados carecen de fundamentación; lo que en el caso no acontece por lo siguiente.

"Para corroborar tal aserto es menester precisar que el quejoso en la demanda de amparo, específicamente en el antecedente marcado con el número seis, manifestó lo que enseguida se transcribe:

"‘6. A las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se presentaron en el predio de mi propiedad antes mencionado, aproximadamente siete personas, entre ellos, quien dijo ser ingeniero y llamarse **********, y se ostentó como encargado de inspectores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo Guerrero, sin acreditar en ningún momento, ni su calidad de Ingeniero y menos su calidad de servidor público municipal de Chilpancingo, sino que de manera arbitraria, junto con las otras seis personas que dijeron ser servidores públicos del ayuntamiento, se avocaron a pegar sobre cercado del inmueble citado, hojas de papel tamaño carta con la leyenda de «CLAUSURA DE LA OBRA.», acto seguido, del lado del terreno de la señora ********** colocaron un documento de requerimiento de acreditación de la propiedad firmado por el ingeniero urbanista ********** encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología.’

"De igual forma, el solicitante del amparo, en una parte de su primer y segundo concepto de violación refirió

"‘PRIMERO. ... En efecto, el requerimiento de acreditación de la propiedad, en la parte que me interesa textualmente dice: «Conforme a lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, se señalan las once horas del veintitrés de mayo del año en curso, para los efectos de que exhiba para su cotejo el original de los documentos con los que justifique la propiedad, así como fotocopia del documento, en virtud de que se encuentra invadiendo parte de la colonia y/o fraccionamiento denominado **********».

"‘Como puede advertirse, el requerimiento de acreditación de la propiedad se fundamenta en el artículo 27 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, por lo que es un acto ilegal, debido a que ese reglamento no fue publicado en los términos que marca la legislación federal, y la del Estado de Guerrero ...’

"‘SEGUNDO. ... En efecto, la hoja de clausura de la obra señala: «con fundamento en el artículo 49 fracción V, del Reglamento de Construcción para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, procede a la «CLAUSURA DE LA OBRA».’

"Como puede advertirse, la clausura de la obra se fundamenta en el artículo 49 fracción V, del Reglamento de Construcción para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, acto que es ilegal, porque ese reglamento es inconstitucional, debido a que no fue publicado en los términos que marca la legislación federal y la del Estado de Guerrero ...

"De las anteriores transcripciones se puede advertir que, contrario a lo que expone el inconforme, los actos señalados como reclamados no carecen de fundamentación, ya que, como quedó demostrado, el propio quejoso en su demanda de garantías aduce que con relación a los actos que reclama en la demanda de amparo, el requerimiento de acreditación de la propiedad se fundamenta en el artículo 27 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; y la clausura de la obra en el diverso 49 fracción V, del mismo cuerpo reglamentario.

"Por otra parte, si bien el recurrente plantea la falta de fundamentación, a partir de que no se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el Reglamento de Construcción para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; al respecto debe decirse que lo anterior involucra un estudio de fondo que debe ser examinado ante la autoridad de instancia que corresponda, por lo que al estar el acto reclamado fundado como se precisó en el párrafo precedente, es evidente que en el caso no se actualiza la excepción al principio de definitividad en los términos que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

"En ese contexto, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para fines de la procedencia del juicio de amparo, el inconforme debió agotar el juicio de nulidad ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

"Por otro lado, debe decirse que de la lectura integral a la demanda de amparo tampoco se advierte que el promovente hubiese propuesto violaciones directas a la Constitución, como una impugnación a una ley –inconstitucionalidad–, pues el propio quejoso al desahogar la vista ordenada por la juzgadora Federal en auto de diez de junio de dos mil veintidós, para que, entre otras cosas, aclarara si era su deseo reclamar la inconstitucionalidad del Reglamento de Construcción para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y señalara a las autoridades que atribuía ese acto, en escrito aclaratorio ingresado el quince de junio de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, residente en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el solicitante del amparo en modo alguno planteó tema de inconstitucionalidad de ley o reglamento.

"Finalmente debe decirse que el juicio de nulidad invocado por el juez sí es un medio idóneo, para preservar los derechos del ciudadano, pues prevé en la suspensión del acto reclamado con los mismos requisitos que este juicio de control constitucional, asimismo tiene el alcance de nulificar el acto de autoridad.

"Consecuentemente, como concluyó la juez Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que, previo a acudir a la instancia extraordinaria, el recurrente debió agotar el juicio de nulidad, ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

"En mérito de las explicaciones que anteceden, al no haber prosperado los argumentos del inconforme, lo que se impone conforme a derecho es declarar infundado el recurso de queja."

B. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Recurso de queja 43/2022.

15. Demanda de amparo. Una persona física, por su propio derecho y en representación sus tres menores hijos promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de la directora general de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero de dar contestación a un escrito de petición, presentado el seis de enero de dos mil veintidós.

16. Radicación y prevención. De la demanda conoció el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, el que, por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, ordenó registrar la demanda bajo el número 57/2022, empero, al advertir inconsistencias requirió a la parte promovente para que las subsanara.

17. Desechamiento. Previo desahogo de prevención, mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, al considerar que en el caso se actualizaba, entre otros motivos de improcedencia, la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad, previo a acudir a la instancia constitucional.

18. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que, por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, bajo el número de expediente 43/2022.

19. Mediante sesión de trece de septiembre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, el tribunal declaró fundado el medio de impugnación, y ordenó revocar el auto recurrido, a efecto de que, de no advertirse diversa causal de improcedencia o motivo de prevención, la a quo admitiera a trámite la demanda de amparo.

Decisión que se fundó, en lo que a este asunto interesa, en las consideraciones siguientes:

"SÉPTIMO. ESTUDIO DEL ASUNTO

"...

"En el caso, como ya fue destacado, en el auto impugnado, la juzgadora de amparo señaló que la parte quejosa, por cuanto al primer acto reclamado, no agotó el principio de definitividad que rige a la acción de amparo, en tanto que el acto reclamado era susceptible de impugnarse en sede administrativa, a través del juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional que corresponda del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por tratarse de un acto administrativo atribuido a una autoridad estatal perteneciente al Gobierno del Estado (Directora General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero), mismo que la parte quejosa estaba obligado a agotar previamente al juicio constitucional, habida cuenta que con tal medio de defensa los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o confirmados.

"Sin embargo, la A quo soslayó considerar que la parte quejosa no está obligada a agotar el principio de definitividad, cuando la ley que rige el acto reclamado establezca mayores requisitos que los previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, lo cual, ciertamente actualiza una excepción en materia administrativa del principio en comento.

"El artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX, precisa lo siguiente:

"‘Artículo 61. (Se transcribe):

"‘...

"‘XX. (Se transcribe).’

"En el caso, interesa el supuesto de excepción al principio de definitividad relacionado con el hecho de que el recurso o medio de defensa ordinario no contempla la suspensión del acto o requiere mayores requisitos para su concesión.

"El medio de defensa ordinario invocado por el A quo y que dice debió agotar la parte impetrante, previo a la promoción del juicio de amparo, es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.

"Respecto de dicho juicio, el artículo 70 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, prevé la suspensión de los actos impugnados y dicho artículo es del tenor literal siguiente:

"‘Artículo 70. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva.

"‘Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento.’ "Del contenido del anterior precepto se desprende, que el magistrado instructor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, al momento de admitir la demanda no podrá proveer sobre los actos impugnados en el juicio, sin prever un término para ello.

"En directa relación con lo anterior, el diverso ordinal 39 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, señala que cuando la ley no señale plazo para la práctica de alguna actuación o para el ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días.

"Por otro lado, el artículo 57 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, dispone el plazo para la admisión de la demanda.

"De la intelección de los anteriores preceptos, se desprende que la ley especial de la materia no establece disposición expresa, de la que pudiera advertirse que la autoridad administrativa, al proveer respecto de la demanda de nulidad, resolverá en torno a la suspensión dentro de un plazo menor al de veinticuatro horas que al efecto establece la Ley de Amparo para los órganos jurisdiccionales federales, de ahí que es inconcuso que deje al arbitrio de la autoridad jurisdiccional administrativa, la facultad discrecional de resolver en torno a la suspensión, sin precisar que ello será en un lapso menor o igual que el previsto en la Ley de Amparo.

"Máxime que, recurriendo al plazo genérico de dicha ley especial e incluso a la legislación supletoria aludida, el magistrado debe proveer sobre la admisión de la demanda, y por ende respecto de la suspensión del acto impugnado, al admitirse la demanda que es a más tardar a los tres días siguientes, lo cual es excesivo a lo previsto en la Ley de Amparo en su artículo 112, y además crea inseguridad respecto del lapso en el que se proveerá sobre la suspensión, lo cual es indispensable para exigir al particular que agote el recurso, juicio o medio de defensa respectivo.

"Luego, este tribunal constitucional, en aras de garantizar la seguridad jurídica y efectivo acceso a la justicia, al no existir claridad en torno al plazo en que la autoridad judicial administrativa habrá de pronunciarse respecto de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, considera que, en el caso concreto, no es imprescindible agotar dicho juicio previo a la promoción de la demanda de amparo y, por ende, –como lo aduce la propia inconforme–, se actualiza uno de los supuestos de excepción para la procedencia del juicio de amparo, con relación al primer acto reclamado destacado en este apartado.

"Al respecto, son ilustrativas las jurisprudencias de rubro y texto siguiente:

"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LOS ESTADOS DE SONORA Y DE NUEVO LEÓN. NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ESTABLECER LAS LEYES LOCALES UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean se suspendan los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por otra parte, conforme a la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se pueda promover algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por su parte, los artículos 66 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León y 63 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora disponen que en el mismo auto en que se admita la demanda se decretará la suspensión de los actos impugnados; sin embargo, el plazo con que cuenta el Magistrado Instructor para otorgar la suspensión en el juicio contencioso administrativo es de tres días, contados a partir de la fecha en que la demanda o el escrito relativo hubiera sido presentado. Consecuentemente, como las leyes locales en estudio establecen un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados que el contenido en la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad que permite al particular acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo.’

"‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo será procedente contra actos de autoridades distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que será necesario agotar los medios de defensa, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para conceder la provisional. De tal suerte que si en el recurso de inconformidad previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 70, no se establece de manera específica el plazo para que la autoridad que conoce del recurso se pronuncie respecto de la suspensión provisional solicitada, dejando a las partes en estado de inseguridad jurídica, y sin la certeza de que ello ocurrirá en un plazo no mayor al de 24 horas que al efecto prevé la Ley de Amparo, no es necesario agotar dicho recurso antes de promover el juicio de amparo indirecto, de ahí que no se actualice el supuesto de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.’

"‘DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como excepción al principio de definitividad, la relativa a que no es necesario agotar el juicio, recurso o medio de defensa legalmente previsto cuando en éste se establezca un plazo mayor al contenido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. Ahora bien, de los artículos 112 y 139 de la ley de la materia, se advierte que en el juicio de amparo se fija el plazo de 24 horas para que el Juez de Distrito se pronuncie sobre la suspensión provisional; en contraste, de los artículos 41, 42 y 113, fracción I, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, y 89 del Código de Procedimientos Civiles para esa entidad, de aplicación supletoria a aquélla, deriva que el plazo para el otorgamiento de la suspensión en el juicio contencioso administrativo es de 3 días, contados a partir de la fecha en que la demanda o el escrito relativo hubiera sido presentado. Consecuentemente, como la ley local establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados que el contenido en la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad que permite al particular acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo.’

"De ahí que resulte fundado el agravio referido."

C. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Recurso de queja 73/2022.

20. Demanda de amparo. Una persona física promovió una demanda de amparo indirecto en contra de la orden de retención parcial de su salario, así como de sus efectos y consecuencias.

21. Radicación y desechamiento. De la demanda conoció el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, cuyo titular, en acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, la registró bajo el número de expediente 185/2022, y la desechó de plano, al estimar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad, previo a acudir a la instancia constitucional.

22. Recurso de queja. En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que, por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, bajo el número de expediente 73/2022.

23. Mediante sesión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, el tribunal declaró fundado el medio de impugnación, a efecto de que el Juez Federal proveyera lo conducente en relación con la admisión de la demanda. Lo anterior, esencialmente, bajo los siguientes argumentos:

"SÉPTIMO. Estudio.

"...

"El acto reclamado en el juicio de amparo de origen lo constituye ‘la retención parcial por ordenamiento del salario’.

"Empero, el juez federal desechó la demanda de amparo en virtud

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31816-847cb3a0/excepcion-al-principio-de-definitividad-se-actualiza-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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