JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LOS ESTADOS DE SONORA Y DE NUEVO LEÓN. NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ESTABLECER LAS LEYES LOCALES UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 333/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Incompetencia. Esta Segunda Sala carece de competencia para conocer y resolver de la posible contradicción de criterios por cuanto hace al Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, debido a que se suscita entre tesis formuladas por órganos colegiados del mismo Circuito (Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y Pleno del Cuarto Circuito), cuya competencia, en caso de ser procedente la contradicción, corresponde al propio Pleno de Circuito.(2)
SEGUNDO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre un Tribunal Colegiado de Circuito y un Pleno de Circuito, en la que se aborda un tema en materia administrativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el párrafo primero de la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los quejosos en el amparo en revisión 673/2017, del índice del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la Paz, Baja California Sur, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en un juicio de amparo indirecto, cuya resolución dio lugar a uno de los criterios que aquí participan.
CUARTO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de tesis es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los cuerpos colegiados.
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 172/2018, en sesión de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, sostuvo el criterio siguiente:
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO, AL ESTABLECER LA NORMATIVA DE ESA ENTIDAD UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. Del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se actualiza una excepción al principio de definitividad cuando las leyes que rijan a los actos a que ese precepto se refiere establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 63 de la Ley de Justicia Administrativa, 150 y 161, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Sonora, se colige que el primero no señala un plazo igual o menor al de veinticuatro horas para proveer sobre la suspensión del acto impugnado, como lo dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo y, que si se recurre supletoriamente a la legislación adjetiva civil aludida, el Magistrado del tribunal administrativo deberá proveer sobre la admisión de la demanda y, por ende, respecto de la suspensión del acto impugnado, dentro del plazo de tres días. Consecuentemente, como la normativa local aludida establece un plazo mayor que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, se actualiza la excepción al principio de definitividad inicialmente mencionada, que permite al particular acudir al amparo indirecto sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo." [Décima Época. Registro digital: 2020079. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, materias común y administrativa, tesis V.2o.P.A.24 A (10a.), página: 5197. Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación..]
Las consideraciones torales en que se sustenta esa decisión son las siguientes:
"Luego, cuando ante el Juez de Distrito se presenta una demanda de amparo y de las manifestaciones de la parte quejosa o de sus anexos, infiere que podría actualizarse una causa de improcedencia, debe detenerse a meditar si, para arribar a esa conclusión, es necesario un estudio profundo, exhaustivo o cuidadoso que no es factible realizar en el auto inicial; si es así, entonces, como lo ha definido el Alto Tribunal, debe elegir dar acceso a la jurisdicción constitucional, en aras de no menoscabar, en razón de juicios a priori, el derecho de defensa del gobernado.
"En cambio, si existe plena evidencia de que la improcedencia no podrá ser modificada en la secuela del procedimiento, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido; entonces, existe la posibilidad de decretar el desechamiento de demanda. Este último es el supuesto que estimó actualizado el juzgador de amparo.
"Ahora bien, en el auto que se impugna, el Juez de amparo señaló que el acto que agravia a la quejosa era susceptible de conocerlo el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, pues dijo que dicho órgano colegiado es el encargado de conocer de los conflictos de trabajo que se susciten entre los trabajadores y patrones derivados de las relaciones de trabajo, o hechos relacionados con éstas; sin embargo, soslayó considerar que la parte quejosa no está obligada a agotar el principio de definitividad, cuando la ley que rige el acto reclamado establezca mayores requisitos que los previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, lo cual actualiza una excepción en materia administrativa del principio en comento.
"El artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX, precisa lo siguiente:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...
"‘XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"‘Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ...’
"En el caso, interesa el supuesto de excepción al principio de definitividad relacionado con el hecho de que el recurso o medio de defensa ordinario no contempla la suspensión del acto o requiere mayores requisitos para su concesión.
"El medio de defensa ordinario invocado por el a quo y que dice debió agotar la parte impetrante previo a la promoción del juicio de amparo, es el juicio contencioso administrativo ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
"Respecto de dicho juicio, el artículo 63 de Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora prevé la suspensión de los actos impugnados y dicho artículo es del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 63. Los actos impugnados y su ejecución podrán ser objeto de suspensión en los casos y bajo las condiciones y modalidades que prevé esta ley. La suspensión se concederá por el Magistrado que conozca del asunto, de oficio o a petición de parte, desde el mismo acuerdo que admita la demanda y hasta que se dicte sentencia y ésta quede ejecutoriada. Tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria, salvo en aquellos casos en que a juicio del Magistrado deba otorgársele efectos restitutorios.
"‘Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de la libertad por faltas administrativas o actos que de llegar a consumarse, harían materialmente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. En todos los demás casos, sólo se otorgará la suspensión cuando lo solicite la parte interesada.
"‘En todo caso, el auto que decrete la suspensión deberá notificarse el mismo día en que fue pronunciado a las autoridades demandadas, surtiendo efectos dicha notificación desde la hora en que fue realizada, para su cumplimiento, apercibiéndolas que en caso de desacato, se les aplicarán las sanciones previstas en el título tercero de esta ley.
"‘El Magistrado podrá revocar o modificar en cualquier momento del juicio, el auto a través del cual concedió la suspensión de la ejecución del acto impugnado, si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó, previa vista que se dé a los interesados por el término de tres días.’
"Del contenido del anterior precepto se desprende que el Magistrado instructor al momento de admitir la demanda no podrá proveer sobre los actos impugnados en el juicio, sin prever un término para ello.
"En directa relación con lo anterior, el diverso ordinal 42 de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Sonora, señala que cuando la ley no señale plazo para la práctica de alguna actuación o para el ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días.
"Por otro lado, el artículo 26 de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Sonora, dispone la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en lo no prescrito por el primer cuerpo de leyes anotado.
"El artículo 150 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora indica que el secretario debe dar cuenta al Juez dentro de las veinticuatro horas siguientes después de presentado un escrito.
"Asimismo, el diverso numeral 161, fracción I, de la codificación en cita, precisa que a falta de regulación expresa, las resoluciones judiciales (autos) deberán dictarse a más tardar dentro del término de tres días de la promoción correspondiente.
"De la intelección de los anteriores preceptos, se desprende que la ley especial de la materia no establece disposición expresa de la que pudiera advertirse que la autoridad responsable al proveer respecto de la demanda de nulidad, resolverá en torno a la suspensión dentro de un plazo menor al de veinticuatro horas que al efecto establece la Ley de Amparo para los órganos jurisdiccionales federales, de ahí que es inconcuso que deje al arbitrio de la autoridad jurisdiccional administrativa, la facultad discrecional de resolver en torno a la suspensión, sin precisar que ello será en un lapso menor o igual que el previsto en la Ley de Amparo.
"Máxime que, recurriendo al plazo genérico de dicha ley especial e incluso a la legislación supletoria aludida, el Magistrado debe proveer sobre la admisión de la demanda, y por ende respecto de la suspensión del acto impugnado, dentro del término de tres días, lo cual es excesivo a lo previsto en la Ley de Amparo en su artículo 112, y además crea inseguridad respecto del lapso en el que se proveerá sobre la suspensión, lo cual es indispensable para exigir al particular que agote el recurso, juicio o medio de defensa respectivo.
"Luego, este tribunal, en aras de garantizar la seguridad jurídica y efectivo acceso a la justicia, al no existir claridad en torno al plazo en que la autoridad judicial administrativa habrá de pronunciarse respecto de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, considera que no es imprescindible agotar dicho juicio previo a la promoción de la demanda de amparo y, por ende, se actualiza uno de los supuestos de excepción para la procedencia del juicio de amparo.
"En tal orden de ideas, procede revocar el auto recurrido, a fin de que el resolutor del Juzgado de Distrito, de no advertir causa diversa a aquellas que produjeron el desechamiento de la demanda de garantías, o motivo de prevención alguno –en cuyo caso deberá mandar aclarar la demanda–, la admita y continúe el procedimiento por todos sus trámites, sin que lo anterior le impida pronunciarse al dictar la sentencia o en el curso del juicio, en el sentido que jurídicamente corresponda, dependiendo de las circunstancias."
II. Por su parte, el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 3/2019, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, sostuvo el criterio siguiente:
"SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL PLAZO PARA OTORGARLA CONFORME AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean se suspendan los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria ‘... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional’. En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva ‘... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...’. Por su parte, el artículo 66 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, dispone que ‘... el Magistrado instructor, en el mismo auto que admita la demanda, decretará la suspensión de los actos impugnados ...’, por lo que si a partir de la presentación de la demanda de nulidad existe la posibilidad de que se ordene la paralización de los actos impugnados, no hay motivo para afirmar que la aludida legislación local prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, que conforme a su artículo 112, en relación con el diverso 139, es de 24 horas contado desde que la demanda fue presentada; ello, pues ambos ordenamientos imponen la obligación de acordar desde la presentación de la demanda la suspensión de los actos, por lo que es evidente que se tutela con la misma protección el derecho de los justiciables para que con celeridad se determine lo que corresponda en materia de suspensión de los actos; de ahí que no se actualiza una excepción al principio de definitividad que autorice al particular a acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar previamente la vía contenciosa administrativa local. Máxime que si bien en algunos casos el Magistrado instructor podría demorar un poco el dictado del acuerdo de admisión, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." [Décima Época. Registro digital: 2020388. Instancia: Plenos de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Publicación. Materia: jurisprudencia (Común), tesis PC.IV.A. J/48 A (10a.), Libro 69, Tomo IV, agosto de 2019, página 4095. Esta tesis se publicó el viernes 9 de agosto de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de agosto de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013].
Las consideraciones torales que informan el criterio son las siguientes:
"QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia obligatoria a que se refiere el artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, el criterio sostenido en esta ejecutoria por este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual consiste en considerar que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, no establece un plazo mayor que la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión de los actos, por lo que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, que autorice al particular a acudir al juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente la vía contenciosa administrativa local ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, por lo que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
"Sin que obste a lo anterior, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, abordara el amparo en revisión 198/2012, a la luz del artículo 73, fracción XV, de la abrogada Ley de Amparo, pues lo cierto es que el contenido de dicho numeral sigue manteniendo coincidente contenido jurídico al del actual 61, fracción XX, de la vigente Ley de Amparo, que fue analizado en los diversos criterios contendientes; lo que prevalece es su determinación en el sentido de que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, derivado de que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados, por lo que el quejoso estaba constreñido a agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, antes de acudir al juicio de garantías.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada 2a. LXXIX/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE POR EL HECHO DE QUE EN LAS SENTENCIAS CONTENDIENTES SE HUBIEREN APLICADO, RESPECTIVAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y LA VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRECEPTOS SEAN IGUALES O COINCIDENTES.’
"Ahora bien, para justificar la determinación de este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de entrada se toma en cuenta que la finalidad de resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, es primordialmente, la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico, fijando su sentido y alcance, lo que en la medida en que garantiza la seguridad jurídica, a su vez asegura los derechos humanos, sin que deba en todos los casos decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias y pudiéndose adoptar otro que se considere una solución correcta y más eficiente de la contradicción planteada, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema correspondiente.
"Al respecto, es ilustrativo el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO.’ (se transcribe)
"Luego, para resolver la materia de la presente contradicción de tesis, este Pleno en Materia Administrativa estima necesario señalar en primer lugar, que el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, establece:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.’
"Numeral del que se desprende que en materia administrativa el amparo procede contra actos u omisiones que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa, siempre que la ley que rige éste no exija mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional; por lo que, no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, ‘... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.’
"Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, indica lo siguiente:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"‘XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"‘Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.’
"Del citado numeral destaca, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.
"Esto, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la norma aludida.
"Al respecto, destaca que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación.
"...
"Bajo esa premisa, la Ley de Amparo establece, que tratándose de actos administrativos, el juicio de amparo no procederá mientras puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa propia ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido.
"Luego, el citado principio de definitividad no es irrestricto, pues cuenta con diversas excepciones que se derivan de la propia norma constitucional, así como de la reglamentaria, entre otras, cuando para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados, se prevean mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para tal efecto o plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; cuando el acto reclamado carece de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; cuando el recurso o medio de defensa, se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Las que ante su existencia en el caso, deben prevalecer sobre la referida regla.
"Para mayor ilustración, se cita la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe).
"Criterio jurídico que si bien interpretó el anterior texto del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Amparo abrogada, no se contrapone al texto ni de la Constitución ni de la Ley de Amparo vigentes, esto ante la identidad esencial de supuestos establecidos en las legislaciones en comento.
"Sobre el tema en contradicción, este Tribunal Pleno considera que tratándose del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Administrativa (sic) en el Estado de Nuevo León, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, no establece un plazo mayor que el previsto en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional.
"Para justificar lo anterior, es preciso conocer el texto de los artículos 66 y 67 d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29185-e8b86872/juicio-contencioso-administrativo-en-los-estados-de-sonora · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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