SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL PLAZO PARA OTORGARLA CONFORME AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
CONTRADICCIÓN TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 18 DE JUNIO DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO, JESÚS RODOLFO SANDOVAL PINZÓN Y MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. PONENTE: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO. SECRETARIA: ANA MITZI HERNÁNDEZ RIVERA.
CONSlDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre el criterio de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito, y el sustentado por un Tribunal Colegiado Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo del diverso Tribunal Colegiado de este mismo Circuito y especialización.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, quienes emitieron la resolución dentro del amparo en revisión 892/2018, en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en relación con el amparo en revisión 614/2018, contendiente en la presente contradicción de tesis, lo que actualiza uno de los supuestos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
TERCERO.—Criterios de los que deriva la denuncia de la posible contradicción de tesis. Para establecer si existe en el caso denunciado una contradicción de criterios que deba ser resuelta por este Pleno de Circuito, es necesario analizar las consideraciones que informan las ejecutorias involucradas, en los términos siguientes:
I. Amparo en revisión 892/2018, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en relación con el amparo en revisión 614/2018.
1. Antecedentes:
La parte quejosa en su calidad oficial de Policía, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del cese, baja y remoción de su empleo como oficial de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad en el Municipio de Monterrey, Nuevo León; la falta de indemnización constitucional y su baja y la de sus familiares, del servicio de asistencia médica en la Clínica Hospital Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo León; así como todo acto mediato e inmediato que se produzca a consecuencia de tales actos reclamados.
Posteriormente, amplió su demanda de amparo en contra de diversos actos procesales diligenciados en el procedimiento de investigación ********** y de la resolución de veinte de julio de dos mil quince, dictada por el coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey, Nuevo León, en el que se determinó la remoción de su cargo, servicio o comisión, por no aprobar las pruebas de control de confianza.
Por su parte, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, celebró audiencia constitucional, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho y el doce de julio del mismo año, el Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, emitió la sentencia correspondiente, en la que sobreseyó en el juicio de amparo.
Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien por auto de presidencia de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, lo admitió a trámite y lo registró bajo el número 614/2018.
Enseguida, en proveido de nueve de octubre de dos mil dieciocho, y con apoyo en el oficio STCCNO/836/2018, se ordenó la remisión de autos del asunto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, quien lo registró bajo el número de expediente 892/2018, y, previos los trámites correspondientes, el tres de enero de dos mil diecinueve dictó la sentencia respectiva, en la que modificó la sentencia y, por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte actora.
2. Consideraciones del Tribunal Colegiado:
Para llegar a tal conclusión, y sobre el tema de la denuncia de contradicción el nombrado órgano colegiado estimó que era fundado el agravio del quejoso, recurrente, en el sentido de que se actualizó un motivo de excepción al principio de definitividad, aunque por motivos distintos a los manifestados en el recurso.
Al respecto, el Tribunal Colegiado destacó que, contrario a lo resuelto por el juzgador federal, en el caso se actualizó un supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el primer párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional.
Para evidenciar dicho aserto, trajo a colación las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 120/2018, en la que se analizó la legislación del Estado de Colima, que a su consideración, regula en términos muy similares a la legislación del caso, el trámite relativo a la suspensión de los actos reclamados en el juicio contencioso administrativo, en donde se llegó a la conclusión de que no era necesario agotar dicho medio ordinario de defensa previo a la promoción del juicio de amparo, porque aquella legislación establece un plazo mayor al previsto para la suspensión provisional.
Indicó que, la Segunda Sala del Alto Tribunal fijó el punto de contradicción en determinar si, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, era necesario o no agotar el principio de definitividad, el cual se traducía en promover el juicio contencioso administrativo local previo a acudir al juicio de amparo.
Precisó, que la aludida Sala estimó que, de conformidad con el texto constitucional y con las disposiciones relativas de la Ley de Amparo, una de las razones para que opere la excepción al principio de definitividad, consiste en analizar si el juicio, recurso o medio de defensa que proceda contra el acto reclamado no prevea un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, ya que en caso de que el referido plazo sea mayor, el particular no tendría la obligación de agotar dicho juicio, recurso o medio de defensa de forma previa y, en consecuencia, podría acudir directamente en demanda de amparo ante el Juez de Distrito competente a solicitar la protección constitucional.
Sostuvo que el Máximo Tribunal indicó que de la interpretación a los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre la suspensión provisional del acto reclamado, dentro del plazo de veinticuatro horas posteriores al momento en que se presentó la demanda de amparo o, en su caso, desde que tal petición le fue turnada.
Luego, el Tribunal Colegiado indicó que la Segunda Sala sostuvo que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, en cuanto al mismo tópico, en sus numerales 41 y 42, prevé que la suspensión de los actos impugnados podrá concederse en el auto en que se admita la demanda, aunado al hecho de que la referida suspensión podrá pedirse en cualquier momento, siempre que no se hubiere dictado la sentencia correspondiente y, precisa que los efectos de tal figura jurídica será mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto no se pronuncie la sentencia definitiva; sin embargo, de tales preceptos y del resto de las disposiciones de dicho cuerpo normativo, no se advertía que se expresara cuál es el plazo con que cuenta el órgano jurisdiccional que conozca del juicio contencioso administrativo local, para proveer sobre la admisión de la demanda, ni tampoco se especifica el término en que debe dictarse la medida suspensiva solicitada.
Además, al órgano colegiado destacó que el Máximo Tribunal estimó que ante la falta de disposición expresa en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima y, de conformidad con el artículo 3 de dicho ordenamiento jurídico, estimó necesario acudir a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, a efecto de conocer si dicho ordenamiento jurídico prevé un plazo para que el órgano jurisdiccional emita el auto o proveído en el cual se pronuncie sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, atento a la solicitud correspondiente que se hubiere formulado.
Así pues, de la revisión que formuló la Segunda Sala del Alto Tribunal sobre dicho ordenamiento jurídico, advirtió que el único dispositivo normativo que establece el plazo en que el órgano jurisdiccional proveerá sobre alguna petición que le hubiere sido realizada es el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, el cual establece que los decretos y los autos dentro de los procedimientos judiciales deberán dictarse dentro de los tres días posteriores al último trámite o de la promoción correspondiente, plazo dentro del cual –consideró– se encuentran incluidas las veinticuatro horas que al efecto dispone el artículo 113 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, toda vez que, en una interpretación armónica de ambos ordenamientos jurídicos, era claro que dentro del plazo de los tres días mencionado, el secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe cumplir con su obligación de dar cuenta al presidente, y una vez acontecido lo anterior, tendrá dos días más para proveer lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud que se le hubiere realizado en la promoción correspondiente.
Así, el Tribunal Colegiado indicó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que el plazo en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima debe proveer respecto de la solicitud de suspensión de los actos reclamados es de tres días, contados a partir de la fecha en que la demanda o el escrito relativo hubiera sido presentado ante dicho órgano jurisdiccional y el secretario del tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, dará cuenta con tal petición al titular del órgano jurisdiccional para que este último, en su calidad de resolutor, dentro del plazo referido decida sobre su concesión o no, de conformidad con los artículos 41, 42 y 113, fracción I, todos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, en relación con el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, aplicado supletoriamente.
Así, la Segunda Sala al tomar en cuenta que el plazo con que contaba el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima para resolver sobre la concesión o negativa de la suspensión solicitada era de tres días, a partir de que hubiera sido solicitada, determinó que resultaba claro que de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, no era necesario agotar el principio de definitividad de forma previa a acudir al juicio de amparo, razón por la cual, no era necesario promover el juicio contencioso administrativo local previo a acudir al juicio de amparo, para que este último fuera procedente.
Lo anterior, porque la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima establecía un plazo mayor (tres días) para que fuera otorgada la suspensión provisional en comparación con el juicio de amparo (veinticuatro horas), motivo por el cual era claro que se actualizaba una excepción al principio de definitividad, prevista en los artículos 107, fracción IV, constitucional y 61, fracción XX, primer párrafo, in fine, de la Ley de Amparo, lo cual permitía al particular acudir directamente al juicio de amparo, a combatir la constitucionalidad del acto que estuviere reclamando, sin necesidad de agotar previamente el juicio contencioso administrativo local.
Dichas consideraciones dieron génesis a la jurisprudencia 2a./J. 73/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL."(4)
Con base en las referidas consideraciones del Máximo Tribunal del País, el Tribunal Colegiado concluyó que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, exigía un plazo mayor para acordar la suspensión, que el previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional.
Ello, porque el artículo 66 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, establece que la suspensión se decretará en el mismo auto que admita la demanda; y, el diverso artículo 49 de dicha ley no señala cuál es el plazo con que cuenta el Magistrado instructor para admitir, y al no establecerse un término para la admisión, debe estarse al término genérico de tres días que prevé el artículo 43 de dicha ley.
Así, el Colegiado consideró que el plazo al que está sujeta la admisión de la demanda y el pronunciamiento sobre la suspensión de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo de aquella entidad federativa, es de tres días, de lo que se deduce que dicho plazo es mayor al establecido en la Ley de Amparo para decretar la suspensión provisional del acto reclamado, porque de la interpretación sistemática de los artículos 112 y 139 de dicha legislación, se colige que el Juez de Distrito debe resolver sobre la suspensión dentro del plazo de veinticuatro horas.
Por lo anterior, precisó que si en el juicio de nulidad tramitado conforme a la legislación del Estado de Nuevo León, el Magistrado instructor cuenta con tres días para pronunciarse sobre la suspensión del acto, resulta inconcuso que dicho plazo es mayor al de veinticuatro horas previsto en la Ley de Amparo para resolver sobre la suspensión provisional, puesto que si bien el pronunciamiento respectivo puede emitirse desde que se recibe la demanda, lo cierto es que tendrá dos días más para proveer lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud que se le hubiere realizado en la promoción correspondiente, lo que se traduce en un plazo mayor.
En tal virtud consideró que, al establecerse en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, un plazo mayor para la suspensión del acto, que el previsto en la Ley de Amparo para la suspensión provisional, resultaba fundado el agravio vertido por el quejoso en el sentido de que el Juez de Distrito no debió sobreseer en el juicio con base en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por actualizarse, en la especie, una excepción al principio de definitividad; por lo que, resulta inconcuso que el quejoso no estaba obligado a agotar dicho medio ordinario de defensa previo a la promoción del juicio de amparo contra la resolución de veinte de julio de dos mil quince, emitida en el procedimiento administrativo **********, en donde se decretó la remoción del quejoso por no haber aprobado las pruebas de control y confianza y; por ende, el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida por la omisión del quejoso de agotarlo, era incorrecto, lo cual aplicaba también para el acto consistente en la diligencia de comparecencia de veintiuno de julio de dos mil quince, respecto del cual el Juez de Distrito hizo extensivo el sobreseimiento.
3. Criterio que se originó del amparo en revisión 892/2018 (amparo en revisión 614/2018.)
"DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 73/2018 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 73/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Tomo 1, julio de 2018, página 362, y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas, de título y subtítulo: ‘DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.’, al interpretar la legislación de esa entidad federativa, sostuvo que de los artículos 41, 42 y 113, fracción I, de la Ley de lo Contencioso Administrativo y 89 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla, deriva que el plazo para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de nulidad es de 3 días, contados a partir de la fecha en que la demanda o el escrito relativo hubiera sido presentado, por lo cual, al establecer la legislación local un plazo mayor para que el órgano jurisdiccional dictara o proveyera respecto de la solicitud de suspensión de los actos solicitada por el actor, que el contenido en la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad, que autoriza al particular acudir al juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente la vía contenciosa administrativa. Con base en dichas consideraciones y de la comparación de esa normativa con la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, que también exige un plazo mayor para acordar la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, ya que si bien sus numerales 43, 49 y 66 establecen que la suspensión se decretará en el mismo auto que admita la demanda, lo cierto es que no señala cuál es el plazo con que cuenta el Magistrado instructor para admitirla, por lo que debe estarse al genérico de tres días, se colige, por analogía, que se actualiza también una excepción al principio de definitividad, que permite al particular acudir al juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo previsto en este último ordenamiento."(5)
II. Amparo en revisión 198/2012, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
1. Antecedentes.
**********, acudió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León y otras autoridades, de quienes reclamó la resolución administrativa de veinte de enero de dos mil once, la cual le fue notificada mediante instructivo contenido en el oficio número ********** emitido dentro del expediente administrativo queja **********; resolución en la que se ordenó la suspensión de las actividades, edificaciones, instalaciones, usos de suelo y/o destinos del suelo que se realicen y/o se encuentren en los inmuebles que se ubican en la calle ********** número **********, ********** y **********, de la colonia **********, en Monterrey, Nuevo León, con expediente catastral **********; así como, todas las consecuencias de la resolución administrativa antes reclamada, incluyendo la ejecución que se ha dado a la misma, particularmente en lo referente al inmueble consistente en el local **********; además de la ejecución de la resolución administrativa indicada y la suspensión de veintisiete de enero de dos mil doce, impuesta respecto del aludido local **********, que ocupaba por contrato de arrendamiento.
El Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, a quien tocó conocer de la demanda, el siete de mayo de dos mil doce, celebró audiencia constitucional, y se emitió la sentencia respectiva, en la que sobreseyó en el juicio de amparo.
Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa en el juicio de amparo interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien lo registró bajo el número 198/2012, y previos los trámites correspondientes dictó la sentencia respectiva el diez de octubre de dos mil doce, en la que determinó confirmar y sobreseer en el amparo solicitado.
2. Consideraciones del Tribunal Colegiado.
En esencia, al resolver el amparo en revisión, el Tribunal Colegiado consideró que el juicio contencioso administrativo constituye un medio de defensa legal que debe ser agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, debido a que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos reclamados que la propia Ley de Amparo y, por tanto, no entra en el supuesto de excepción al principio de definitividad del juicio protector de los derechos humanos.
Por lo anterior, estimó que el argumento del quejoso era fundado en el sentido de que no existía obligación de agotar el recurso de revisión por ser un medio de defensa optativo, dicha aseveración resulta estéril, si se toma en cuenta, que la otra opción que le otorga la norma legal, era la de acudir al juicio contencioso administrativo, mismo que sí debía ser agotado, y por ende, el argumento resultaba inoperante e insuficiente para revocar la determinación del Juez de Distrito.
Así, consideró que era infundado el agravio del recurrente en el sentido de que la resolución del Juez de Distrito era incorrecta, pues se ubicaba en el supuesto de excepción del principio de definitividad, debido a que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión definitiva que la Ley de Amparo.
Precisó que, lo infundado del argumento, se debía a que la norma precitada no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, por lo que no se encontraba en el supuesto de excepción del principio de definitividad, contemplado en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.
Al respecto, sostuvo que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados y, por tanto, no se encuentra el supuesto de excepción del principio de definitividad, contemplado en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.
Indicó, que el numeral 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva; por lo que, si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley del juicio protector de derechos humanos para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación.
Precisó que el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución General de la República.
Luego, destacó que la nueva composición del artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, alude a que será necesario agotar los medios ordinarios de defensa, siempre que conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido.
Por lo anterior, indicó que era necesario efectuar un análisis de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, la cual contempla el juicio contencioso administrativo como el medio de defensa en vía ordinaria para la impugnación de resoluciones administrativas emitidas por las autoridades municipales y del Estado de Nuevo León.
Luego, citó como ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)."
Luego, partió del contenido de los artículos 66, 67 y 69 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León; y, los diversos 124 y 125 de la Ley de Amparo, e indicó que de tales numerales se obtenía lo siguiente:
a) La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León ordena que la suspensión exclusivamente sea acordada por el Magistrado instructor. Por su parte, aunque la Ley de Amparo no se refiere expresamente a tal cuestión, es evidente que las autoridades únicamente pueden emitir los actos para los cuales estén legalmente autorizadas, atento al mandamiento previsto en el artículo 16 constitucional; por lo que, si bien la Ley de Amparo no señala textualmente que la suspensión sólo podrá decretarla el Juez de Distrito, esto se advierte de sus artículos 122 y 131; por tanto, en este aspecto el ordenamiento local no establece un requisito mayor que la Ley de Amparo.
b) La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, requiere que de llegarse a otorgar la suspensión, esto no cause perjuicio al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el juicio.
c) Por su parte, la Ley de Amparo exige además de las cuestiones atinentes a que no se contravengan disposiciones de orden público e interés social, que los actos susceptibles de suspender generen en el particular daños y perjuicios que sean de difícil reparación (en caso de negar la medida cautelar); en cambio, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León no exige tal requisito, por lo que, en ese aspecto, este ordenamiento es menos exigente que la Ley de Amparo.
d) La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, contempla la posibilidad de que la suspensión de los actos pueda ser modificada o revocada de forma oficiosa o a petición de parte, ya sea porque se modifiquen las circunstancias en que se concedió o por la aparición de algún hecho superveniente.
e) En este sentido, la Ley de Amparo en el artículo 140 también contempla la posibilidad de modificar o revocar el auto en que haya concedido la medida cautelar, cuando ocurra un hecho superveniente. En este sentido, podemos considerar que ambas disposiciones se encuentran empatadas, respecto de la posibilidad de revocar o modificar la suspensión de los actos.
f) La normatividad local exige que el actor solicite la medida suspensional (artículo 66), beneficio del cual goza en cualquier etapa del juicio siempre que no se dicte sentencia definitiva (artículo 67); por su parte, la Ley de Amparo también exige que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar (artículo 124, fracción I) y dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 141). Así, ambos ordenamientos coinciden en que:
• No existe límite procesal para iniciar el trámite de suspensión, cabiendo su promo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28898-26a00471/suspension-de-las-resoluciones-administrativas-impugnables-ante-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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