PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. EL AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LOS PLANTEAMIENTOS EFECTUADOS EN UNA CONSULTA CIUDADANA, RELATIVA A LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO. 27 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN, VÍCTOR PEDRO NAVARRO ZÁRATE, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GÁMEZ, FELISA DÍAZ ORDAZ VERA, LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ, SERGIO JAVIER COSS RAMOS Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. DISIDENTES: JORGE MEZA PÉREZ, MARTÍN ALEJANDRO CAÑIZALES ESPARZA Y JOSÉ DE JESÚS ORTEGA DE LA PEÑA. PONENTE: DANIEL CABELLO GONZÁLEZ. ENCARGADA DEL ENGROSE: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. SECRETARIA: MYRNA GABRIELA SOLÍS FLORES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los numerales 41 Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, y su anexo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de junio siguiente.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por una de las partes en los asuntos que motivaron la contradicción, esto es, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, autoridad señalada como responsable en los juicios de amparo indirecto 963/2012 y 663/2012.
TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. De las constancias relativas al amparo en revisión número 92/2013, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de quince de agosto de dos mil trece, se desprende:
A) Que **********, y **********, por conducto de su representante legal, promovieron juicio de amparo indirecto contra las autoridades, Congreso, gobernador constitucional y secretario general de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, de quienes reclamaron la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, publicación, firma y refrendo del Decreto 418, relativo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, específicamente, en cuanto a sus artículos 54 y 57. Además, del Ayuntamiento, presidente municipal, Comisión Transitoria del Republicano Ayuntamiento, su secretario y director del Instituto Municipal de Planeación Urbana, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, reclamaron la creación de la Comisión Transitoria del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, el procedimiento de consulta pública concerniente al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y el oficio con número de folio **********, de **********, en que se contiene la respuesta otorgada a la propuesta que realizaron. Posteriormente, los quejosos ampliaron su demanda, para señalar como actos reclamados también la aprobación, firma y publicación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024.
B) El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a quien correspondió conocer de la demanda de garantías la admitió a trámite, e integró el expediente número 635/2012, de su índice estadístico y, una vez sustanciado el procedimiento por todas sus etapas legales, celebró la audiencia constitucional correspondiente, y el ocho de mayo de dos mil trece dictó la resolución constitucional en la que determinó sobreseer en el juicio de garantías.
C) La parte quejosa, inconforme con la resolución del Juez Federal, interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien mediante ejecutoria de quince de agosto de dos mil trece determinó, en lo que interesa:
"Concatenado lo hasta aquí expuesto, se concluye que el amparo indirecto contra leyes será procedente cuando se trate de un acto intraprocesal, en el que se apliquen en perjuicio del promovente las normas cuya inconstitucionalidad controvierte, pero acorde a las normas jurisprudenciales antes expuestas, será necesario que se acredite que:
"a. Como en cualquier juicio de amparo contra normas, será indispensable que éstas efectivamente irrumpan en la esfera de atribuciones del gobernado, ocasionándole un perjuicio.
"Esto es, no cualquier acto de autoridad es suficiente para que se repute como el de aplicación de las disposiciones reclamadas, sino tiene que ser aquel en que la norma haya surtido sus efectos, concretamente contra el quejoso y, además, no en forma meramente declarativa, sino alterando de alguna forma su esfera de derechos.
"b. El acto intraprocesal sea de imposible reparación, lo que significa que las consecuencias de la posible violación, no se extinguen sin provocar una afectación a los derechos humanos y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque de ocurrir lo contrario, es decir, de no dejar huella por sí misma, tal violación es susceptible de ser reparada en otro momento.
"Por tanto, en análisis del acto reclamado en el caso, no puede concretarse a determinar que se trate del primer ... concreto de aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales, y que, por esa mera circunstancia, en su contra proceda el juicio de amparo indirecto; sino que es necesario establecer, además, que en tal actuación se surtieron las consecuencias jurídicas de las normas reclamadas, que tal concreción genera un perjuicio real y directo en la esfera de derechos de los promoventes, por alterarla de alguna forma, por ejemplo, restringiendo sus derechos o negándole los que considera tiene derecho a gozar y que esa afectación vulnera derechos humanos que, de esperar al acto final del procedimiento en que se generó el acto reclamado, no podría ser reparada.
"En la especie, el acto que se señala como primero de aplicación de los artículos 54 y 57 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, es el oficio número de folio **********, de **********, emitido por la Comisión Transitoria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, a través del cual se le dio respuesta a la participación de las quejosas en la consulta del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030.
"La naturaleza intraprocesal del acto concreto de aplicación, es decir, de la respuesta a la consulta que formularon las quejosas respecto del plan de desarrollo urbano antes referido, ha sido determinada por este tribunal en diversos asuntos, de los que emanó la jurisprudencia IV.3o.A. J/11 (10a.), que enseguida se inserta. En tal criterio, se estableció justamente que la resolución que desestima los planteamientos hechos a la consulta pública para la modificación de un plan de desarrollo urbano municipal tiene el carácter de intraprocesal, por formar parte del procedimiento de modificación del referido plan, de conformidad con lo previsto en los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. La señalada jurisprudencia es de rubro y texto siguientes:
"‘PLANES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE DEMANDA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMÓ LOS PLANTEAMIENTOS HECHOS A LA CONSULTA PÚBLICA PARA SU MODIFICACIÓN, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA AL CONSIDERAR QUE ES UN ACTO INTRAPROCESAL Y QUE, POR ENDE, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL PROMOVENTE.’ (se transcribe)
"Ahora, se tiene que en el acto reclamado se determinó que la propuesta de las quejosas, en el sentido de que se cambiara el uso de suelo **********, a servicios de bajo impacto respecto del predio de su propiedad era infundada y, por tal motivo, resultó improcedente. Para efecto de fundar su respuesta, la autoridad responsable sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, los planteamientos de las propuestas en el marco del proceso de creación de un plan de desarrollo urbano deben reunir ciertos requisitos, empero, ‘en el caso, no se rebate con argumentos jurídicos ni técnicos, las consideraciones del proyecto del plan municipal en consulta, no se plantean argumentos que reconduzcan a una mejor estrategia u ordenación sobre el espacio concreto, tal y como lo establece el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano’; además, que ‘en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana (rige) el «principio de sustentabilidad», a lo que se refiere el artículo 57, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, precepto que dispone que para el aseguramiento de la «sustentabilidad», se requieren los estudios especializados correspondientes, sin que se tenga tal aportación de estudios con los que se controvierta el proyecto del plan, y de lo que devenga que la permisión del uso del suelo comercial y de servicios sea una alternativa más favorable.’
"En principio, se estima que el acto reclamado de las autoridades administrativas causa un perjuicio real y directo a las quejosas, ya que se trata de la respuesta a una propuesta que presentaron respecto de un inmueble de su propiedad, que fue contestada en forma desfavorable a sus intereses.
"Así, contrario a lo establecido por el a quo, la respuesta desfavorable a los intereses de las quejosas, permiten determinar que cuenta con el interés legítimo necesario para acudir al juicio de amparo.
"Como se señaló, es necesario determinar también que el acto intraprocesal reclamado, es uno de imposible reparación, esto es, que afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución. Pues bien, se estima que tal aspecto también se advierte en el caso, ya que la respuesta que se otorgue a las impetrantes no podría ser analizada posteriormente, de manera que las violaciones constitucionales que en ésta se pudieran concretar en contra de las proponentes, no se subsanarían aunque en el plan de desarrollo urbano, en cuyo proceso de creación se genera el acto reclamado, se incluyera como uso de suelo permitido el que pretenden.
"En efecto, la resolución reclamada emitida por una autoridad administrativa en sentido negativo a la petición de incluir en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, el cambio de uso de suelo pretendido por las quejosas, no podría ser analizada en cuanto a su acatamiento a los derechos humanos y disposiciones legales aplicables, una vez emitido el señalado ordenamiento. De manera que, con independencia de lo que se establezca en el referido plan, la falta de fundamentación de la respuesta reclamada, por ejemplo, ya no podría ser reparada, aunque se combatiera en su momento ese ordenamiento. Así, de resultar efectivamente falto de tales requisitos, se concretaría en perjuicio de los quejosos un acto contrario a las garantías constitucionales.
"De tal forma, se concluye que se acredita que el acto intraprocesal reclamado es de imposible reparación, por lo que falta ahora determinar, si en éste se aplicaron en perjuicio de las quejosas las disposiciones que se tildan de inconstitucionales.
"Ahora bien, como pudo advertirse de las transcripciones del contenido del acto reclamado, hechas previamente, la responsable fundó su respuesta en los artículos 54 y 57, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, disposiciones que son las reclamadas por su inconstitucionalidad. Para mayor claridad, se transcriben en seguida los dispositivos referidos:
"‘Artículo 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente manera:
"‘I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su caso, la Comisión de Planeación Regional, o la comisión de la zona conurbada, elaborarán el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes;
"‘II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, en el caso de los Municipios esta autorización deberá será (sic) otorgada por sus Ayuntamientos;
"‘III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de un octavo de página;
"‘IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los Municipios correspondientes, así como en sus respectivos portales de Internet, durante dicho plazo los interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y consignar domicilio para oír y recibir notificaciones;
"‘V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según el caso, deberán:
"‘a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los proyectos de planes o programas o sus modificaciones.
"‘La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito.
"‘La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir los planteamientos por escrito de los asistentes.
"‘De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se hayan recibido a lo largo del periodo de consulta;
"‘b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según corresponda, con el propósito de exponer los programas.
"‘De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes o modificaciones a los proyectos presentados; y
"‘c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas.
"‘VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;
"‘VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma íntegra en el Periódico Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en los términos que señala esta ley.
"‘Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse en forma abreviada en uno de los periódicos de mayor circulación de la entidad.’
"‘Artículo 57. La modificación de los planes o programas de desarrollo urbano podrá realizarse en cualquier tiempo por la autoridad responsable, cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
"‘I. La variación sustancial de las condiciones y circunstancias que le dieron origen;
"‘II. Cambios en los aspectos financiero, social y político que los vuelva irrealizables u onerosos para la comunidad o a los particulares;
"‘III. Surjan alternativas más favorables por condiciones que no existían o se desconocían en el momento de ser aprobados o por nuevas técnicas que determinen que lo planeado resulta contrario al principio de sustentabilidad, esto avalado por los estudios especializados correspondientes realizados por instituciones oficiales reconocidas en la materia;
"‘IV. En el caso de los programas regionales y los de zona conurbada, para incluir proyectos urbanísticos estratégicos de alcance metropolitano, no previstos en el programa; y
"‘V. Cuando sobrevengan circunstancias que impidan su ejecución.
"‘En todos los casos la modificación deberá llevarse a cabo de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 54, con las salvedades en cuanto al procedimiento de consulta pública establecidas en el artículo 59 de esta ley.
"‘La modificación total o parcial de los planes o programas de desarrollo urbano se hará sin perjuicio de las vigencias de los permisos, licencias, autorizaciones o cualesquier otro derecho adquirido que hayan obtenido los particulares de conformidad con los planes o programas antes de su modificación o confirmación.’
"De la lectura que se hace a las disposiciones anteriores, puede advertirse que refieren, la primera, al procedimiento para la elaboración, consulta y aprobación de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial; así como la segunda, las hipótesis en las que se permite la modificación de los referidos planes o programas.
"Luego, puede concluirse que efectivamente fueron aplicadas a las quejosas las hipótesis normativas de los artículos 54 y 57, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Esto, pues, en principio, el acto concreto de aplicación reclamado se generó en el marco del procedimiento referido en el artículo 54 antes transcrito, y con base en éste se determinó desfavorablemente su petición, por considerar la autoridad que la propuesta no se basó en argumentos jurídicos ni técnicos, ni conducen a una mejor estrategia u ordenación del espacio concreto. Además, consideró la responsable que tampoco era procedente la propuesta, por no ser acorde al principio de sustentabilidad que establece el artículo 57, fracción III, del ordenamiento señalado.
"En virtud de lo hasta aquí expuesto, es que se considera fundado parte del primer agravio expuesto por el quejoso, y suficiente para revocar el sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito, en lo que hace al oficio de folio **********, de **********, emitido por la Comisión Transitoria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, a través del cual se le dio respuesta a su participación en la Consulta del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, así como respecto de los artículos 54 y 57 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León ...
"Así las cosas, procede revocar parcialmente el sobreseimiento decretado por el juzgador federal, respecto del oficio de folio **********, de **********, emitido por la Comisión Transitoria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, a través del cual se le dio respuesta a su participación en la consulta del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, así como respecto de los artículos 54 y 57 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León."
II. De las constancias relativas al amparo en revisión número 74/2013, resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de catorce de agosto de dos mil trece, se desprende:
A) Que ********** y ********** promovieron juicio de amparo indirecto contra las autoridades y los actos siguientes:
"III. Autoridades responsables
"A. ordenadoras
"1) H. Congreso del Estado de Nuevo León.
"2) C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.
"3) C. Secretario general de Gobierno.
"4) R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L.
"5) C. Presidente municipal de San Pedro Garza García, N.L.
"B. Ejecutoras
"1) Comisión Transitoria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., encargada para conocer, analizar, proponer y dictaminar lo concerniente al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2030.
"2) C. Secretario del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L.
"3) Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García, N.L.
"IV. Actos reclamados
"A. Ordenadoras
"1) Del Congreso del Estado de Nuevo León se reclama:
"La discusión, aprobación y expedición del Decreto Número 418, relativo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, publicado en Periódico Oficial del Estado, de fecha septiembre 9 de 2009, por lo que respecta a sus artículos 54 y 57.
"2) Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, se reclama la sanción, promulgación y publicación de la ley que se combate del Congreso del Estado de Nuevo León.
"3) Del C. Secretario general de Gobierno se reclama la firma y refrendo de la ley que se combate del Congreso del Estado de Nuevo León.
"4) Del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. se reclama:
"a) La creación, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada en enero 31 de 2012, de la ‘Comisión Transitoria del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. para conocer, analizar, proponer y dictaminar lo concerniente al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2030.’
"b) La aprobación, en sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha marzo 21 de 2012, del inicio de la consulta pública del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2030, publicada en Periódico Oficial del Estado, de fecha marzo 26 de 2012, así como en la Gaceta Municipal de San Pedro Garza García, Edición Especial No. 152, correspondiente a marzo de 2012.
"c) La instrucción girada al Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García, N.L., en sesión extraordinaria de enero 31 de 2012, para iniciar los trabajos correspondientes a la consulta del plan de desarrollo señalado en el inciso anterior.
"5) Del C. Presidente municipal de San Pedro Garza García, N.L., reclamamos:
"a) La falta de firma de los actos reclamados en amparo, oficios ********** y **********, fechados **********, mediante los cuales, con apoyo en los artículos 54 y 57 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García dio contestación a la promoción formulada por los agraviados, dentro del procedimiento relativo a la consulta del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030.
"B. Ejecutoras
"1) De la Comisión Transitoria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., reclamamos:
"a) El conocimiento, análisis, proposición y dictaminación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2030.
"b) La emisión de los actos reclamados, oficios folios ********** y **********, fechados **********, mediante los cuales se dio contestación a las promociones formuladas por los agraviados dentro del procedimiento relativo a la consulta del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030.
"c) La falta de firma por los integrantes de la Comisión Transitoria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., de los actos reclamados en amparo, oficios folios ********** y **********, fechados **********, mediante los cuales, con apoyo en los artículos 54 y 57 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se dio contestación a la promoción formulada por los agraviados dentro del procedimiento relativo a la consulta del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030.
"2) Del C. Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., reclamamos:
"a) La expedición y firma de los actos reclamados, oficios folios ********** y **********, fechados **********, mediante los cuales se dio contestación a las promociones formuladas por los agraviados dentro del procedimiento relativo a la consulta del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030.
"3) Del Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García, N.L., reclamamos:
"a) El inicio, desarrollo y conclusión de los trabajos correspondientes a la consulta pública del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2030, publicada en Periódico Oficial del Estado, de fecha marzo 26 de 2012, así como en la Gaceta Municipal, Edición Especial No. 152, correspondiente a marzo de 2012.
"b) La elaboración del dictamen técnico respecto de los planteamientos formulados por la ciudadanía, en relación con la consulta pública indicada en el párrafo precedente, integrando el expediente correspondiente, a fin de remitirlo a la ‘Comisión Transitoria del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., para conocer, analizar, proponer y dictaminar lo concerniente al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2030.’
"II. Ampliación de los actos reclamados
"A. Del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., se reclama: La aprobación del PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2024, publicado en Periódico Oficial del Estado, de diciembre 9 de 2008.
"B. Del C. Presidente municipal de San Pedro Garza García, N.L., reclamamos: La firma del PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2024, publicado en Periódico Oficial del Estado de diciembre 9 de 2008.
"C. Del C. Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., reclamamos: La firma del PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2024, publicado en Periódico Oficial del Estado de diciembre 9 de 2008."
B) El secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a quien correspondió conocer de la demanda de garantías, la admitió a trámite e integró el expediente número 663/2012 de su índice estadístico y, una vez sustanciado el procedimiento por todas sus etapas legales, celebró la audiencia constitucional correspondiente, y el primero de abril de dos mil trece dictó la resolución constitucional en la que determinó sobreseer en el juicio de garantías.
C) La parte quejosa, inconforme con la resolución constitucional, interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado de Circuito en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, quien mediante ejecutoria de catorce de agosto de dos mil trece determinó, en lo que interesa:
"Frente a ese contexto, no le asiste razón a la recurrente por cuanto a que es incorrecto que la juzgadora haya determinado que en el caso se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, constitucional, en virtud de que considera que por haber reclamado el primer acto de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales, se está ante un supuesto de excepción del principio de definitividad, ya que esto no fue lo que se determinó en la resolución recurrida.
"En efecto, en el caso, lo que se estimó es que, al resultar improcedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, impide al juzgador abordar cualquier estudio de inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, puesto que corren la misma suerte del acto de aplicación, no siendo posible estudiar por separado el ordenamiento al que pertenece el precepto cuya aplicación se combate.
"Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, 217-228, Primera Parte, visible en la página 27, que a la letra dice:
"‘LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO.’ (se transcribe)
"Así como el criterio contenido en la jurisprudencia localizable en la página 251 del Semanario Judicial de la Federación, 181-186, Primera Parte, Séptima Época, Pleno, del rubro y texto siguientes:
"‘LEYES
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25210-cd528141/plan-de-desarrollo-urbano-municipal-el-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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