JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTES LOS PLANTEAMIENTOS HECHOS EN UNA CONSULTA CIUDADANA RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 574/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LAURA MONTES LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
8. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Segunda Sala.
9. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
10. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
11. Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.
12. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
13. El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
14. En el caso, la denuncia de contradicción la formuló Alejandro López Valdés, delegado autorizado en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, señalado como parte tercero perjudicada en el juicio de amparo directo **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, asunto respecto del que se denuncia la posible contraposición de criterios, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima (fojas 46 y 343 a 357).
15. TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil doce, se basó en los siguientes antecedentes:
15.1 1) El uno de abril de dos mil once, **********, promovió juicio contencioso administrativo en contra del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, y otras autoridades, señalando como actos impugnados, entre otros:
"... La resolución contenida en el instructivo de fecha 16 de febrero de 2011 ... emitido por el secretario del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., mediante la cual se declaran improcedentes los planteamientos hechos por la hoy demandante, a la consulta pública para la modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2024 ..."
15.2 2) Mediante auto de nueve de mayo de dos mil once, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de referencia, la admitió a trámite, por considerar actualizados los supuestos previstos en las fracciones IV y X del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado; y negó la suspensión solicitada, en virtud de que se advertía que lo pretendido por la parte actora era que no se continuara con el procedimiento de Modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, pues de concederse la medida suspensional, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social; asimismo la radicó con el número de expediente **********.
15.3 3) Inconforme con el acuerdo admisorio, el secretario de Control Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, interpuso recurso de revisión.
15.4 En atención a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el veintinueve de julio de dos mil once dictó resolución en la que determinó revocar el auto admisorio y desechar la demanda de nulidad por considerar que el acto impugnado no encuadraba en los supuestos de procedencia previstos en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, al considerar que no era definitivo y no generaba afectación al interés jurídico de la parte actora.
15.5 4) Contra la determinación anterior, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, donde se radicó con el número **********.
16. En sus conceptos de violación la parte quejosa adujo que la Sala responsable determinó de forma incorrecta la improcedencia del juicio contencioso administrativo, toda vez que analizó cuestiones que no pueden ser motivo de estudio en el auto de admisión de la demanda, como lo es, el interés jurídico del promovente de la acción; ya que (en su opinión), no se ve actualizada una casual notoria e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 48, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León.
17. Mediante ejecutoria de veintitrés de febrero de dos mil doce, en la parte que interesa, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió que la determinación de la Sala responsable era ilegal, toda vez que tal y como lo adujo la impetrante, la causa de improcedencia invocada no puede considerarse como manifiesta e indudable, en términos del artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, que prevé como únicas posibilidades para el desechamiento de la demanda cuando encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, así como cuando dicho escrito sea obscuro o irregular y habiéndose prevenido para subsanar la irregularidad de mérito, el interesado no lo hiciere.
18. Así resulta, pues la determinación de si el acto impugnado en la vía contenciosa era o no intraprocesal y, que por ende, no afectaba su interés jurídico, constituía una cuestión que no podía analizarse en el auto admisorio.
19. Lo anterior, con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:
"Ahora bien, en el primero de los motivos de disenso la quejosa sustancialmente alega que la resolución reclamada es contraria a los principios generales del derecho y en lo particular que contraviene lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Justicia Administrativa que prevé que las sentencias deben estar fundadas y motivadas, así como apegadas a derecho; lo anterior, pues a su parecer es ilegal que se revocara el auto admisorio de la demanda de nulidad sin que existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Alega, que la autoridad responsable deja fuera de su razonamiento el hecho de que la afectación originada con los actos combatidos en el juicio de origen (y el interés que le asiste a la quejosa) deriva del ejercicio ciudadano en la consulta pública y estimar que no se produce con el acto una afectación que se equipara a que la participación ciudadana es inútil y que las contestaciones pueden o no producirse y que pueden dejar de ser ajustadas a derecho, sin que sea idóneo medio de defensa alguno contra tales actos. Refiere que la admisión a trámite de los medios de defensa intentados por los particulares es la regla general que debe seguirse y únicamente cuando el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable debe desecharse la demanda acorde con lo previsto en el artículo 48, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa. Aduce, que la responsable determinó que era improcedente porque se carecía de interés para impugnar los actos ya que se trataba de cuestiones intraprocesales; sin embargo, a su juicio, dicha determinación es un aspecto que no puede definirse en el auto admisorio, toda vez que de acuerdo con la legislación aplicable al fondo de la controversia, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano prevé que el procedimiento administrativo para modificar un plan de desarrollo urbano contempla el derecho a favor del particular de obtener respuesta a sus planteamientos, misma que deberá emitirse ajustada a derecho y dentro de una determinada temporalidad, so pena que de no ser así, el resultado de esa consulta pública deberá incluir el planteamiento del particular. Señala, que a fin de determinar si el acto que se impugna vía juicio contencioso le ocasiona o no una afectación al gobernado, requiere de la interpretación de las normas aplicables y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos, y lo cual, deberá hacerse de forma exhaustiva en la sentencia definitiva correspondiente; lo anterior, porque el procedimiento al que pertenece el acto combatido prevé un derecho a su favor, mismo que fue afectado con la emisión del acto combatido, sin que pudiese repararse con la emisión del plan o su futura aplicación. Ello, pues alega que si sus planteamientos ya fueron desestimados por la autoridad al momento de resolver sobre sus manifestaciones en la consulta ciudadana, resulta contrario a la lógica que sean incluidos en el plan de desarrollo urbano consultado y más irracional, pensar que con la aplicación de dicho plan se pueda obtener lo que se pidió. Que en atención a lo anterior, resulta absurdo no tomar como un acto definitivo la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, porque se estima que la afectación se dará hasta la aplicación del plan urbanístico; y además, que no debe perderse de vista que el interés es una cuestión que debe analizarse exhaustivamente en la sentencia y no en un auto simple como lo es el de la admisión, por lo que si la resolución reclamada causa o no afectación, ello no puede ser motivo de desechamiento, ya que puede acreditarse lo contrario durante la secuela del juicio. Como se adelantó, el concepto de violación expuesto es sustancialmente fundado. Para dar sustento a lo expuesto, es necesario destacar que los artículos 17 y 48 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, señalan lo siguiente: Competencia del tribunal. ‘Artículo 17. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo será competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que se indican a continuación, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la administración pública paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo León, cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad: ... IV. Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los precisados en los incisos anteriores, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera del procedimiento de ejecución fiscal; ... X. Los que se promuevan contra cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades administrativas del Estado, de los Municipios y de sus entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares; ...’. ‘Artículo 48. El tribunal desechará la demanda en los casos siguientes: I. Si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia; y II Si fuera obscura o irregular y habiéndose prevenido al actor para subsanarla, éste no lo hiciere en el plazo de cinco días.’. Como puede observarse, el Tribunal de lo Contencioso podrá conocer, entre otros asuntos, de aquellos en donde se demande cualquier resolución o determinación de autoridades municipales o estatales que causen un daño fiscal o administrativo (fuera del procedimiento de ejecución; así como también contra los actos u omisiones definitivos de las autoridades estatales, sus entidades paraestatales o municipales que arrojen un perjuicio al interés jurídico de los gobernados. Por su parte, el diverso numeral 48 prevé como únicas posibilidades para el desechamiento de la demanda cuando encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, así como cuando dicho escrito sea obscuro o irregular y habiéndose prevenido para subsanar la irregularidad de mérito, el interesado no lo hiciere. Ahora, en el caso a estudio, de la resolución reclamada, misma que fue sintetizada en el apartado correspondiente de la presente ejecutoria y al que nos remitimos en aras de no incurrir en repeticiones innecesarias, se observa que la Sala Superior determinó revocar el auto admisorio en virtud de que a su parecer, el acto impugnado consistente en la resolución contenida en el instructivo de dieciséis de febrero de dos mil once (fojas 28 a 34), fue dictado con motivo del planteamiento presentado por la actora en relación con la consulta ciudadana respecto de la modificación al plan de desarrollo municipal. Por tanto, la responsable consideró que de conformidad con lo previsto en los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el acto impugnado formaba parte de un procedimiento administrativo previsto para la modificación del plan de desarrollo, por lo que se concluía que una vez terminado el referido procedimiento (con la publicación e inscripción correspondientes) sería hasta su primer acto de aplicación y, en su caso, de afectación, cuando el particular accionante pudiera solicitar la nulidad de mérito, en términos del artículo 46, párrafo quinto, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, que prevé que ‘Las disposiciones administrativas de carácter general deberán impugnarse simultáneamente con el primer acto de aplicación sujetándose a los plazos previstos en este artículo.’. En consecuencia, se dijo que el acto impugnado no era autónomo e independiente del trámite de consulta pública, por lo que consistía en una determinación intraprocesal por no ser de naturaleza definitiva y mucho menos infería en el interés jurídico de la parte actora, puesto que sería hasta su aplicación que en su caso pudiera trascender en su esfera de derechos, cuando el tribunal podrá conocer del acto concreto de aplicación. Como puede advertirse, la determinación de la Sala responsable deviene ilegal, toda vez que tal cual lo refiere la quejosa, la causa de improcedencia invocada no puede considerarse como manifiesta e indudable en términos del artículo 48, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. Así resulta, pues como lo alega la impetrante de garantías, la determinación de si el acto impugnado en la vía contenciosa era o no intraprocesal y, que por ende, no afectaba su interés jurídico, constituye una cuestión que no puede analizarse en el auto admisorio. Se dice lo anterior, pues como se precisó en el fallo reclamado, la parte actora demandó la nulidad de una resolución recaída a las manifestaciones expresadas respecto a la consulta pública referente a la modificación del plan de desarrollo urbano ahí precisado y si bien, dicha determinación formó parte del procedimiento correspondiente que habrá de concluir con la publicación e inscripción del plan de mérito, lo cierto es que acorde con lo previsto en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, los particulares pueden demandar la nulidad de cualquier acto que les genere un perjuicio fiscal o administrativo, así como todos aquellos actos emitidos por autoridades municipales o estatales, fuera del procedimiento de ejecución. Supuesto este último, que permite concluir la posibilidad de que los gobernados para impugnar una determinación como la cuestionada por la parte actora, pues no puede perderse de vista que de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en tratándose de la modificación a los planes de desarrollo, las autoridades competentes habrán de atender a las manifestaciones que se les formulen durante la consulta ciudadana. Prerrogativas que pueden apreciarse del contenido del artículo 54 de dicho ordenamiento que dice: ‘Artículo 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente manera: ... IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los Municipios correspondientes, así como en sus respectivos portales de Internet, durante dicho plazo los interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; ... VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma íntegra en el Periódico Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en los términos que señala esta ley.’ (lo subrayado es de este tribunal). Del numeral transcrito se evidencia, en lo que interesa, la obligación de responder fundadamente a los planteamientos improcedentes, así como también, prevé la posibilidad de adoptar en los planes de desarrollo aquellos argumentos que resulten conducentes. De ahí que le asista razón a la quejosa, puesto que la determinación de que el acto impugnado tenga el carácter de intraprocesal por formar parte del procedimiento de modificación del plan de desarrollo, y que además no se advierte que afecte el interés jurídico del promovente, son cuestiones que no pueden advertirse de forma manifiesta e indudable. Es así, en virtud de que acorde con la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, los particulares pueden impugnar cualquier determinación que les afecte en su esfera de derechos en los términos ahí señalados (fuera del procedimiento de ejecución); esto es, con independencia de si es o no parte de un procedimiento y, por ello, se considere intraprocesal. En consecuencia, si el acto que dio origen a la impugnación de la quejosa derivó de la resolución emitida a la consulta ciudadana respecto a la modificación a un plan de desarrollo, se estima que con independencia de que forme parte de todo un procedimiento mayor, ello es insuficiente para considerarla como un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues como se expuso en párrafos que anteceden, la propia legislación de desarrollo urbano del Estado prevé la posibilidad de que los argumentos de los particulares sean escuchados, atendidos y, en su caso, considerados por las autoridades correspondientes; de ahí que sea imposible que en un auto admisorio, sin valorar pruebas y escuchar al resto de las partes contendientes pueda concluirse que tal acto no es definitivo y que por ello no le arroja perjuicio a su interés jurídico. Máxime, si el propio artículo 59 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado prevé que en el caso de modificaciones a los planes, la consulta podrá realizarse únicamente a los particulares que se puedan ver afectados con las determinaciones ahí tomadas, por lo que si en el caso la actora formuló manifestaciones vinculadas con alteraciones que a su parecer debían implementarse respecto de su predio, es menester analizar, con el objeto de verificar entre otras cosas si se le perjudica o no con lo resuelto en la consulta, los argumentos y pruebas que sobre el particular pueda exponer, así como la contestación y demás razonamientos que expresen las autoridades, lo que evidentemente no podría hacerse en un auto admisorio. No obsta para lo anterior, lo señalado por la responsable en cuanto a que el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa prevea que cuando se reclamen disposiciones administrativas de carácter general deberán impugnarse simultáneamente con el acto de aplicación, pues en el caso, al menos al momento de presentar la demanda, la actora no se dolió de un dispositivo legal en particular o de una normatividad de carácter general, sino que hizo depender su reclamo de una resolución derivada de una consulta donde podía expresar los argumentos de su interés, la que como se dijo, con plenitud de jurisdicción podrá analizarse por la autoridad en el momento procesal oportuno. En ese orden de ideas, es que se estima que en el caso la causa de improcedencia vista por la responsable no es manifiesta e indudable, pues para llegar a ella es necesario realizar, en su momento, el análisis de los argumentos de fondo, así como del cúmulo probatorio aportado por las partes en el juicio, ya que su actualización está vinculada con lo que en el fondo se solicitó (incorporar sus argumentos al plan de desarrollo con motivo de la afectación que pudiere padecer la promovente en el predio que dijo era de su propiedad) y, por ello, no pueda analizarse en el auto admisorio, tal cual lo alega la parte quejosa. Cobra aplicación al caso, el criterio que se comparte emitido por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, de noviembre de 1994, página 436, de rubro y texto siguientes: ‘DEMANDA, DESECHAMIENTO ILEGAL DE LA. CUANDO NO OBSTANTE QUE SE PRESENTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, SE INVOLUCRAN ASPECTOS VINCULADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO. Únicamente es factible desechar el escrito de demanda, cuando se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cual se presenta sólo si se evidencia la actualización del supuesto respectivo y en su caso, que no fuese dable rendir prueba en contrario; sin embargo, aun cuando resultara un notorio e indudable supuesto de improcedencia, si el examen de dicha cuestión involucra aspectos vinculados con el fondo de la controversia planteada, no es dable desechar el libelo inicial, pues el estudio respectivo sólo puede llevarse a cabo legalmente en la sentencia que se llegue a dictar, ya que es en ésta donde se resuelven los hechos controvertidos y se examinan los conceptos de anulación; de esa manera, cuando la responsable desecha el libelo inicial, al analizar si la demandada tiene o no facultades en materia aduanera, viola las garantías individuales del peticionario, pues ello deriva en el examen del fondo de la controversia, ya que en caso de concluirse la carencia de facultades de la referida autoridad para fincar la contribución reclamada, se incurriría implícitamente en el estudio del fondo del asunto, lo cual forzaría la declaratoria de nulidad de los actos materia de la litis y, en esa virtud, de hacerse tal declaratoria al desecharse la demanda, se estaría prejuzgando sobre su contenido.’."
20. CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de tres de mayo de dos mil doce, se basó en los siguientes antecedentes:
20.1 1) El uno de abril de dos mil once, **********, promovió juicio contencioso administrativo en contra del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León y otras autoridades, señalando como actos impugnados los siguientes:
"III. Resolución impugnadas (sic):
"a) La resolución contenida en el instructivo de fecha 16 de febrero de 2011 con número de folio 164 emitido por el secretario del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., mediante la cual se declaran improcedentes los planteamientos hechos por la hoy demandante, a la consulta pública para la modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2024.
"b) La aprobación, discusión, orden de publicación, solicitud de congruencia, emitida por el R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León a la modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2024, misma que manifiesto bajo protesta de decir verdad que no conozco su contenido en términos de la fracción III del artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa y por lo cual me reservo la ampliación de la demanda en su momento procesal oportuno.
"c) El dictamen de congruencia emitido por el C. Gobernador del Estado de Nuevo León, el C. Secretario de Desarrollo Sustentable y el C. Subsecretario de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León respecto de la modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, N.L. 2024, misma que manifiesto bajo protesta de decir verdad que no conozco su contenido en términos de la fracción III del artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa y por lo cual me reservo la ampliación de la demanda en su momento procesal oportuno.
"d) La diligencia de notificación de la resolución impugnada contenida en el instructivo de fecha 16 de febrero de 2011 con número de folio 164.
"Todas las autoridades en su carácter de ordenadoras y ejecutoras del acto impugnado ..."
20.2 2) Mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil once, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de referencia, la admitió a trámite, por considerar actualizados los supuestos previstos en las fracciones IV y X del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado; y negó la suspensión solicitada, en virtud de que se advertía que lo pretendido por la parte actora era que no se continuara con el procedimiento de modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, pues de concederse la medida suspensional, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social; as
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24588-d924f27d/juicio-contencioso-administrativo-en-contra-de-una-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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