PLANES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE DEMANDA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMÓ LOS PLANTEAMIENTOS HECHOS A LA CONSULTA PÚBLICA PARA SU MODIFICACIÓN, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA AL CONSIDERAR QUE ES UN ACTO INTRAPROCESAL Y QUE, POR ENDE, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL PROMOVENTE.
AMPARO DIRECTO 39/2012. 10 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. SECRETARIO: RICARDO IVÁN HINOJOSA SANTOS.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El primer y segundo conceptos de violación resultan sustancialmente fundados para revocar el acto reclamado, de acuerdo con las consideraciones siguientes.
A fin de dilucidar lo anterior, conviene precisar, en lo que aquí trasciende, que de los antecedentes del acto reclamado, mismos que obran en los autos del juicio de origen, se observa que el actor, aquí quejoso, promovió juicio de nulidad en contra de actos del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León y otras autoridades, de quienes reclamó, entre otras cosas, la resolución contenida en el instructivo de dieciséis de febrero de dos mil once, emitida por el secretario del mencionado Ayuntamiento, mediante la cual se declararon improcedentes los planteamientos hechos a la consulta pública para la modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024 (fojas 27 a 34 del expediente de origen).
De dicha demanda conoció la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, misma que por auto de veintitrés de mayo de dos mil once determinó admitir el escrito de mérito por considerar actualizados los supuestos previstos en las fracciones X y XIV del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado; ordenó el llamamiento de las autoridades demandadas y, finalmente, negó la suspensión de los actos impugnados (fojas 110 a 114 del expediente de origen).
Inconforme con la negativa suspensional, el ahora quejoso interpuso recurso de revisión (fojas 1 a 4 del cuaderno anexo).
En atención a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el dieciséis de noviembre de dos mil once, dictó resolución en la que determinó sobreseer el juicio contencioso administrativo, al advertir de manera oficiosa que los actos impugnados por el accionante no encuadraban dentro de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, ya que la resolución de dieciséis de febrero de dos mil once, emitida por el secretario del mencionado Ayuntamiento, mediante la cual se declararon improcedentes los planteamientos hechos a la consulta pública para la modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, era un acto de carácter intraprocesal, dentro del procedimiento de consulta pública y, por ende, no era definitivo y no generaba afectación al interés jurídico del actor; fallo, el anterior, que constituye la sentencia ahora reclamada.
Ahora bien, en el primer concepto de violación, el quejoso aduce que la resolución reclamada es contraria a los principios generales del derecho y que transgrede las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con el diverso 87 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, en razón de que la responsable determinó sobreseer el juicio, siendo que la materia del recurso de revisión que intentó en contra del auto de veintisiete de junio de dos mil once, se fundó en el artículo 90, fracción VI, de la legislación de la materia; esto es, que estaba dirigido a controvertir la negativa de la suspensión provisional y, no obstante ello, la Sala Superior involucró cuestiones atinentes a la improcedencia del juicio principal, sin encontrarse en el estado procesal oportuno, violando sus garantías del debido proceso y el principio de congruencia.
Por otro lado, en el segundo de los motivos de disenso, el quejoso sustancialmente alega que la resolución reclamada es contraria a los principios generales del derecho y, en lo particular, que contraviene lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Justicia Administrativa que prevé que las sentencias deben estar fundadas y motivadas, así como apegadas a derecho; lo anterior, pues a su parecer es ilegal la determinación adoptada por la responsable, revocando con su decisión, por ende, el auto admisorio de la demanda de nulidad sin que existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Alega que la autoridad responsable deja fuera de su razonamiento el hecho de que la afectación originada con los actos combatidos en el juicio de origen (y el interés que le asiste al quejoso), deriva del ejercicio de un derecho ciudadano en la consulta pública, y estimar que no se produce con el acto una afectación, se equipara a que la participación ciudadana es inútil y que las contestaciones pueden o no producirse y que pueden dejar de ser ajustadas a derecho, sin que sea idóneo medio de defensa alguno contra tales actos.
Refiere que la admisión a trámite de los medios de defensa intentados por los particulares es la regla general que debe seguirse, y únicamente cuando el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, debe desecharse la demanda acorde con lo previsto en el artículo 48, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa.
Aduce que la responsable determinó que era improcedente porque se carecía de interés para impugnar los actos ya que se trataba de cuestiones intraprocesales; sin embargo, a su juicio, dicha determinación es un aspecto que no puede definirse en el auto admisorio, es decir, en ese estado procesal, toda vez que de acuerdo con la legislación aplicable al fondo de la controversia, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano prevé que el procedimiento administrativo para modificar un plan de desarrollo urbano contempla el derecho a favor del particular de obtener respuesta a sus planteamientos, misma que deberá emitirse ajustada a derecho y dentro de una determinada temporalidad, so pena que, de no ser así, el resultado de esa consulta pública deberá incluir el planteamiento del particular.
Señala que a fin de determinar si el acto que se impugna vía juicio contencioso, le ocasiona o no una afectación al gobernado, requiere de la interpretación de las normas aplicables y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos, lo cual deberá hacerse de forma exhaustiva en la sentencia definitiva correspondiente; lo anterior, porque el procedimiento al que pertenece el acto controvertido prevé un derecho a su favor, mismo que fue afectado con la emisión del acto combatido, sin que pudiese repararse con la emisión del plan o su futura aplicación.
Ello, pues alega que si sus planteamientos ya fueron desestimados por la autoridad al momento de resolver sobre sus manifestaciones en la consulta ciudadana, resulta contrario a la lógica que sean incluidos en el plan de desarrollo urbano consultado y más irracional, pensar que con la aplicación de dicho plan se pueda obtener lo que se pidió.
Que en atención a lo anterior, resulta absurdo no tomar como un acto definitivo la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, porque se estima que la afectación se dará hasta la aplicación del plan urbanístico y, además, que no debe perderse de vista que el interés es una cuestión que debe analizarse exhaustivamente en la sentencia y no en un auto simple como lo es el de la admisión, por lo que si la resolución reclamada causa o no afectación, ello no puede ser motivo de sobreseimiento en la etapa admisoria de la demanda, ya que puede acreditarse lo contrario durante la secuela del juicio.
Los motivos de disenso de previa síntesis se estudiarán de manera conjunta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que se encuentran dirigidos hacia un mismo fin.
Como se adelantó, los conceptos de violación en estudio son sustancialmente fundados.
Para dar sustento a lo expuesto, es necesario destacar que los artículos 17 y 48 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, señalan lo siguiente:
"Competencia del tribunal
"Artículo 17. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo será competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que se indican a continuación, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la Administración Pública Paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo León, cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad:
"I. ...
"IV. Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los precisados en los incisos anteriores, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera del procedimiento de ejecución fiscal;
"...
"X. Los que se promuevan contra cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades administrativas del Estado, de los Municipios y de sus entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares; ..."
"Artículo 48. El tribunal desechará la demanda en los casos siguientes:
"I. Si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia; y
"II. Si fuera obscura o irregular y habiéndose prevenido al actor para subsanarla, éste no lo hiciere en el plazo de cinco días."
Como puede observarse, el tribunal de lo contencioso podrá conocer, entre otros asuntos, de aquellos en donde se demande cualquier resolución o determinación de autoridades municipales o estatales que causen un daño fiscal o administrativo (fuera del procedimiento de ejecución), así como también contra los actos u omisiones definitivos de las autoridades estatales, sus entidades paraestatales o municipales, que arrojen un perjuicio al interés jurídico de los gobernados.
Por su parte, el diverso numeral 48, prevé como únicas posibilidades para el desechamiento de la demanda cuando encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, así como cuando dicho escrito sea oscuro o irregular y habiéndose prevenido para subsanar la irregularidad de mérito, el interesado no lo hiciere.
Ahora, en el caso a estudio, de la resolución reclamada, misma que fue sintetizada en el apartado correspondiente de la presente ejecutoria, y al que nos remitimos en aras de no incurrir en repeticiones innecesarias, se observa que la Sala Superior determinó sobreseer el juicio, en virtud de que, a su parecer, el acto impugnado consistente en la resolución contenida en el instructivo de dieciséis de febrero de dos mil once, fue dictado con motivo del planteamiento presentado por el actor en relación con la consulta ciudadana respecto de la modificación al plan de desarrollo municipal.
Por tanto, la responsable consideró que de conformidad con lo previsto en los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el acto impugnado formaba parte de un procedimiento administrativo previsto para la modificación del plan de desarrollo, por lo que se concluía que una vez terminado el referido procedimiento (con la publicación e inscripción correspondientes) sería hasta su primer acto de aplicación y, en su caso, de afectación, cuando el particular accionante pudiera solicitar la nulidad de mérito, en términos del artículo 46, párrafo quinto, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, que prevé que: "... Las disposiciones administrativas de carácter general deberán impugnarse simultáneamente con el primer acto de aplicación sujetándose a los plazos previstos en este artículo. ..."
En consecuencia, se dijo que el acto impugnado no era autónomo e independiente del trámite de consulta pública, por lo que consistía en una determinación intraprocesal por no ser de naturaleza definitiva y mucho menos infería en el interés jurídico de la parte actora, puesto que sería hasta su aplicación que en su caso pudiera trascender en su esfera de derechos, cuando el tribunal podrá conocer del acto concreto de aplicación.
Como puede advertirse, la determinación de la Sala responsable deviene ilegal, toda vez que tal cual lo refiere el quejoso, la determinación de si el acto impugnado en la vía contenciosa era o no intraprocesal y que, por ende, no afectaba su interés jurídico, para efecto de que se actualizara la causa de improcedencia invocada, constituye un cuestión que no puede analizarse en el auto admisorio, es decir, en ese estado procesal.
Se dice lo anterior, pues como se precisó en el fallo reclamado, la parte actora demandó la nulidad de una resolución recaída a las manifestaciones expresadas respecto a la consulta pública referente a la modificación del plan de desarrollo urbano ahí precisado y, si bien dicha determinación formó parte del procedimiento correspondiente que habrá de concluir con la publicación e inscripción del plan de mérito, lo cierto es que, acorde con lo previsto en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, los particulares pueden demandar la nulidad de cualquier acto que les genere un perjuicio fiscal o administrativo, así como todos aquellos actos emitidos por autoridades municipales o estatales, fuera del procedimiento de ejecución.
Supuesto este último que permite concluir la posibilidad de que los gobernados impugnen una determinación como la cuestionada por la parte actora, pues no puede perderse de vista que de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en tratándose de la modificación a los planes de desarrollo, las autoridades competentes habrán de atender a las manifestaciones que se les formulen durante la consulta ciudadana.
Prerrogativas que pueden apreciarse del contenido del artículo 54 de dicho ordenamiento, que dice:
"Artículo 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente manera:
"I. ...
"IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los Municipios correspondientes, así como en sus respectivos portales de Internet, durante dicho plazo los interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y consignar domicilio para oír y recibir notificaciones;
"...
"VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;
"VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en los términos que señala esta ley. ..." (lo subrayado es de este tribunal).
Del numeral transcrito se evidencia, en lo que interesa, la obligación de responder fundadamente a los planteamientos improcedentes, así como también, prevé la posibilidad de adoptar en los planes de desarrollo, aquellos argumentos que resulten conducentes.
De ahí que le asista razón al quejoso, puesto que la determinación de que el acto impugnado tenga el carácter de intraprocesal, por formar parte del procedimiento de modificación del plan de desarrollo, y que además no se advierte que afecte el interés jurídico del promovente, son cuestiones que no pueden advertirse en la etapa procesal de admisión de la demanda.
Es así, en virtud de que acorde con la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, los particulares pueden impugnar cualquier determinación que les afecte en su esfera de derechos en los términos ahí señalados (fuera del procedimiento de ejecución); esto es, con independencia de si es o no parte de un procedimiento y por ello se considere intraprocesal.
En consecuencia, si el acto que dio origen a la impugnación del quejoso derivó de la resolución emitida a la consulta ciudadana respecto a la modificación a un plan de desarrollo, se estima que con independencia de que forme parte de todo un procedimiento mayor, ello es insuficiente para considerarla como un motivo de improcedencia con el mero auto admisorio, pues como se expuso en párrafos que anteceden, la propia legislación de desarrollo urbano del Estado prevé la posibilidad de que los argumentos de los particulares sean escuchados, atendidos y, en su caso, considerados por las autoridades correspondientes; de ahí que sea imposible -como se dijo- que en la etapa admisoria, sin valorar pruebas y escuchar al resto de las partes contendientes, pueda concluirse que tal acto no es definitivo y que por ello no le arroja perjuicio a su interés jurídico.
Máxime si el propio artículo 59 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado prevé que en el caso de modificaciones a los planes, la consulta podrá realizarse únicamente a los particulares que se puedan ver afectados con las determinaciones ahí tomadas, por lo que si en el caso, el actor formuló manifestaciones vinculadas con alteraciones que, a su parecer, debían implementarse respecto de su predio, es menester analizar, con el objeto de verificar entre otras cosas si se le perjudica o no con lo resuelto en la consulta, los argumentos y pruebas que sobre el particular pueda exponer, así como la contestación y demás razonamientos que expresen las autoridades, lo que evidentemente no podría hacerse en la etapa de admisión de la demanda.
No obsta para lo anterior lo señalado por la responsable en cuanto a que el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa prevea que cuando se reclamen disposiciones administrativa de carácter general deberán impugnarse simultáneamente con el acto de aplicación, pues en el caso, al menos al momento de presentar la demanda, el actor no se dolió de un dispositivo legal en particular o de una normatividad de carácter general, sino que hizo depender su reclamo de una resolución derivada de una consulta donde podía expresar los argumentos de su interés la que, como se dijo, con plenitud de jurisdicción podrá analizarse por la autoridad en el momento procesal oportuno.
En ese orden de ideas, es que se estima que en el caso la causa de improcedencia vista por la responsable no se actualiza, pues para llegar a ella es necesario realizar, en su momento, el análisis de los argumentos de fondo, así como del cúmulo probatorio aportado por las partes en el juicio, ya que su actualización está vinculada con lo que en el fondo se solicitó (incorporar sus argumentos al plan de desarrollo con motivo de la afectación que pudiere padecer el promovente en el predio que dijo era de su propiedad) y, por ello, no pueda analizarse en la etapa de admisión de la demanda, tal cual lo alega el quejoso.
Cobra aplicación al caso el criterio que se comparte emitido por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, noviembre de 1994, página 436, de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA, DESECHAMIENTO ILEGAL DE LA. CUANDO NO OBSTANTE QUE SE PRESENTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, SE INVOLUCRAN ASPECTOS VINCULADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO.-Únicamente es factible desechar el escrito de demanda, cuando se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cual se presenta sólo si se evidencia la actualización del supuesto respectivo y en su caso, que no fuese dable rendir prueba en contrario; sin embargo, aun cuando resultara un notorio e indudable supuesto de improcedencia, si el examen de dicha cuestión involucra aspectos vinculados con el fondo de la controversia planteada, no es dable desechar el libelo inicial, pues el estudio respectivo sólo puede llevarse a cabo legalmente en la sentencia que se llegue a dictar, ya que es en ésta donde se resuelven los hechos controvertidos y se examinan los conceptos de anulación; de esa manera, cuando la responsable desecha el libelo inicial, al analizar si la demandada tiene o no facultades en materia aduanera, viola las garantías individuales del peticionario, pues ello deriva en el examen del fondo de la controversia, ya que en caso de concluirse la carencia de facultades de la referida autoridad para fincar la contribución reclamada, se incurriría implícitamente en el estudio del fondo del asunto, lo cual forzaría la declaratoria de nulidad de los actos materia de la litis y en esa virtud, de hacerse tal declaratoria al desecharse la demanda, se estaría prejuzgando sobre su contenido."
Finalmente, en atención a que los motivos de disenso estudiados, se han declarado fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, resulta innecesario examinar los restantes argumentos, toda vez que no se obtendría un mayor beneficio al ahora percibido.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3/2005 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.-De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."(1)
Así también, sirve de apoyo a lo anterior, en aplicación analógica, la jurisprudencia 693, publicada en la página 466 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que a la letra dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la demanda de garantías."
Sólo resta precisar que las manifestaciones expresadas ante este tribunal por el delegado de las autoridades demandadas, donde se solicita que los conceptos de violación propuestos por el quejoso sean desestimados, al margen de lo resuelto, no son de tomarse en consideración, toda vez que no es obligatorio para este órgano federal tener en cuenta dichos argumentos, acorde con la jurisprudencia P./J. 27/94, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 80, agosto de 1994, identificable con el número de registro IUS 205449, localización: Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO."
En mérito de lo expuesto, ante lo fundado del primer y segundo conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia de dieciséis de noviembre de de dos mil once, y en su lugar dicte otra, donde de acuerdo con los razonamientos previamente expresados, prescinda de las consideraciones que aquí se estimaron ilegales y, hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción dicte el fallo correspondiente y se ocupe del recurso de revisión respecto de la negativa de la suspensión en el juicio natural.
Similares consideraciones se sostuvieron por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos **********, **********, *********** y ***********, en sesiones plenarias de dos y veintitrés de febrero, veintinueve de marzo y doce de abril, todos de dos mil doce, respectivamente.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-La justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto que reclamó de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, ahora Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, consistente en la sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil once, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos relativos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que integran los Magistrados Jorge Meza Pérez, Jesús R. Sandoval Pinzón y Miguel Ángel Cantú Cisneros; siendo ponente el último de los nombrados.
En términos de lo previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
________________
1 Registro IUS 179367, página 5, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23761-8d8619d3/planes-de-desarrollo-urbano-municipales-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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