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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INFUNDADOS AQUELLOS QUE REPROCHAN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA OMISIÓN DE ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO, SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE SOBRESEYÓ AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 578/2014 (CUADERNO AUXILIAR 18/2015) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, CON APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CEN · Registro digital (IUS): 25799
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-08-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II , Pág. 1903.

AMPARO DIRECTO 578/2014 (CUADERNO AUXILIAR 18/2015) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, CON APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 20 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO. SECRETARIA: ALMA ROSA ENRÍQUEZ TORRES.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Los conceptos de violación son en una parte inoperantes, en otra infundados y en otra más fundados.

Previo a exponer las razones que darán sustento a tal determinación, este tribunal considera, para mejor comprensión del asunto, precisar que de las constancias que integran el expediente administrativo **********, del índice de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente:

1) **********, por conducto de su representante legal, el siete de mayo de dos mil catorce demandó la nulidad de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil catorce, contenida en el oficio número **********, emitida por el jefe del Departamento Técnico de Intervenciones y Remates, en suplencia por ausencia de la Dirección de Notificaciones y Ejecución Fiscal, en la que determinó, a cargo de la quejosa, un crédito fiscal por $********** (**********), por no cumplir los requerimientos de la autoridad fiscal para presentar sus declaraciones fiscales relativas al pago mensual del impuesto especial sobre producción y servicios por los meses de abril, mayo, junio y julio de dos mil trece.

2) En proveído de nueve de mayo de dos mil catorce, la responsable admitió a trámite la demanda de nulidad en la vía sumaria y ordenó correr traslado con la misma a la autoridad demandada, a fin de que dentro del término legal la contestara, lo que aconteció mediante oficio ********** (fojas 44 y 49 a 50 y 52 a 86 del expediente **********).

3) Con motivo de los argumentos hechos valer por la demandada jefe del Departamento Técnico de Intervenciones y Remates, en suplencia por ausencia de la Dirección de Notificaciones y Ejecución Fiscal, la actora, ahora quejosa, mediante escrito de catorce de junio de dos mil catorce, amplió su demanda y con relación a las "constancias de notificación" exhibidas por la demandada en su contestación, formuló diversos conceptos de nulidad (fojas 106 a 114 ídem).

4) Seguido el juicio por su trámite respectivo, el veintiséis de septiembre de dos mil catorce la Magistrada instructora de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien correspondió conocer del asunto, dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio. Esa resolución constituye el acto reclamado.

Cabe destacar que los conceptos de violación no serán abordados en el orden en que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo, con la finalidad de dar respuesta a la cuestión efectivamente planteada.

En el primer concepto de violación la quejosa alega que la responsable no atendió en forma exhaustiva los argumentos hechos valer en el primer concepto de impugnación, en el que alega que la demandada no realizó conforme a derecho la notificación de la resolución reclamada, pues en las constancias de notificación no asentó correctamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontecieron durante la práctica de la diligencia y, en esa medida, no estableció la forma en la que se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto.

Lo resumido, como se adelantó, es infundado.

En el primer concepto de anulación la quejosa alegó, en síntesis, lo siguiente: que las constancias de notificación no fueron levantadas de conformidad con los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, pues no indicó puntualmente el domicilio correcto en el que se constituyó, no existía el mínimo elemento vinculatorio que distinguiera que efectivamente la autoridad actuó en el domicilio correcto, máxime cuando se trata de una carretera donde los domicilios no están exactamente definidos; que resultaba falsa la existencia de letreros oficiales, razón por la cual el notificador, como excepción, debió circunstanciar pormenorizadamente las características del domicilio; que el precisar las "...características del inmueble gasolinera..." no era suficiente, porque lo cierto fue que no asentó los mínimos elementos para concluir que sí estaba en su domicilio fiscal; que si bien la persona con la que se entendió la diligencia dijo ser "supervisor", no dijo ser supervisor de la quejosa; que no asentó si se encontraba frente o fuera del domicilio y el vínculo que la persona con la que entendió la diligencia guardaba con el contribuyente; que negaba lisa y llanamente que el notificador se hubiera identificado correctamente con la persona con quien entendió la diligencia y que no circunstanció como es que se enteró de la ausencia de la quejosa, ni requirió de nueva cuenta su presencia.

Luego, la autoridad responsable, en respuesta a lo argumentado por la impetrante en su primer concepto de impugnación, consideró: que el notificador no se encontraba constreñido a la descripción detallada del entorno del domicilio en el cual se entendió la diligencia, como lo pretende la demandante, toda vez que al manifestar en el acta correspondiente que el notificador se había cerciorado de encontrarse en el domicilio correcto, por así habérselo indicado la persona con la que se entendió la diligencia, convalidaba ese requisito; que si bien no se soslayaba que el notificador no asentó de su puño y letra datos como el Municipio, el fraccionamiento o incluso el código postal, la parte actora no podía desvincular los elementos que integran la constancia de notificación, pues cada uno de los datos preinsertos, así como aquellos asentados de puño y letra del notificador, configuraban una sola documental; de ahí que si en el encabezado la autoridad además precisó el código postal, el fraccionamiento en el que se encontraba el domicilio y, por su parte, el notificador asentó que el domicilio se encontraba "entre el libramiento ********** y el **********", y como característica del inmueble señaló que se trataba de una "gasolinera", tales datos sí generaban convicción de que el notificador se encontraba en el domicilio correcto; razones por las cuales era innecesario exigir algún otro elemento de circunstanciación, como pudiera ser la descripción detallada de las características del inmueble visitado, considerando además que la quejosa en ningún momento desconoció que dicho domicilio no fuera su domicilio fiscal, ni tampoco controvirtió ni desvirtuó que el mismo no se encontrara ubicado entre el libramiento ********** y el **********, y menos aún que el mismo no fuera una gasolinera; que la circunstanciación realizada por el notificador de las características del inmueble relativas a que se trataba de una gasolinera, sí cumplía con el cometido de generar convicción respecto de las peculiaridades que revestía el domicilio de la interesada, pues dicha acepción tenía un uso generalizado entre la población, pues la mera referencia que se haga de tal concepto permitía tener una idea básica de qué características reviste el mismo como, por ejemplo, que es un establecimiento en el que se vende y suministra a vehículos automotores gasolina u otros combustibles; que si la persona con quien se entendió tanto el citatorio como la diligencia de notificación en ningún momento desconoció a ************, no era necesario que el notificador expresara los motivos particulares o detallara pormenorizadamente cómo es que se cercioró de estar en el sitio correcto, además de que se infiere que la persona que recibió los documentos conoce a la interesada, puesto que manifestó ser empleado de la misma, esto, en su carácter de supervisor; lo anterior conforme al criterio jurisprudencial 2a./J. 82/2009, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se advertía que el notificador únicamente se encuentra obligado a precisar las características del inmueble u oficina cuando el tercero con quien se entiende la diligencia no proporciona su nombre, no se identifica ni señala la razón por la cual está en el lugar, o su relación con el interesado; supuestos que en el caso particular no se actualizaron, ya que tanto la tercero con quien se entendió el citatorio, como aquel con quien se llevó a cabo la notificación, indicaron su nombre, así como el vínculo que guardaban con la interesada, datos que generaban plena convicción de que el notificador diligenció sus actuaciones en el domicilio correcto; que tampoco era obstáculo a lo anterior, el hecho de que el tercero con quien se entendió la diligencia no indicara de manera puntual y exacta que era "supervisor de la empresa ***********", toda vez que el análisis que se haga de la constancia combatida, no debe éste hacerse de manera aislada sino, por el contrario, deben considerarse todos y cada uno de los elementos que la constituyen para evidenciar las verdaderas circunstancias en las que se desarrolló dicha diligencia, lo cual evidencia que si el tercero se encontraba presente en el domicilio de la interesada y manifestó ser supervisor, es claro que se trataba de un supervisor de la empresa **********, por haberse requerido la presencia del representante legal de ésta y haberse indicado que la notificación era para dicha empresa, máxime si se considera que dicho tercero en ningún momento desconoció a la interesada; que contrario a lo aludido por la demandante, la autoridad fiscalizadora sí requirió la presencia de su representante legal, a lo cual el tercero C. ***********, en su carácter de supervisor, indicó que el representante legal de la empresa *********** no se encontraba presente; que el notificador no se encontraba obligado a cerciorarse sobre la veracidad de la información que recibió de **********, en relación con la presencia del representante legal, en virtud de que al ostentarse como supervisor de la interesada se colige que el mismo conocía a ésta y, por tanto, sabía si se encontraba o no su representante legal, de tal manera que si el tercero manifestó que el representante legal se encontraba ausente, tal aseveración constituía un elemento objetivo para cerciorarse de la ausencia referida que salvaguarda la legalidad del acto controvertido; que al haberse entendido las diligencias de notificación y citatorio con un tercero, el notificador asentó el vínculo o relación que guardaba esa persona con la persona moral **********, en tanto que el particular, el tercero, manifestó ser supervisor de la persona moral citada al rubro, quien se identificó mediante credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con número **********; que la diligencia se entendió con **********, quien se ostentó como supervisor de la interesada y, en esa medida, al haberse identificado plenamente el tercero con quien se entendió la diligencia de notificación, así como el citatorio, era inconcusa la existencia de un vínculo entre ese tercero y la parte actora, pues si bien era obligación del notificador verificar la existencia de un vínculo entre ambos, también lo era que al existir una manifestación expresa por parte del tercero señalando la existencia de un vínculo laboral, se tiene por colmada la obligación; que se advertía que ********** no se encontraba en el domicilio fiscal de la interesada por cuestiones accidentales, en razón de que además de que el tercero manifestó ser supervisor de la hoy actora, no puede soslayarse que tanto el citatorio como la notificación fueron entendidos por dicho tercero, lo que daba certeza de que no se encontraba accidentalmente sino de manera habitual en el domicilio de la interesada; que tampoco resulta obstáculo para la anterior consideración, que el notificador no hubiera asentado que el tercero se encontraba dentro del domicilio, pues en primer término el notificador sí asentó en el acta correspondiente que el tercero se encontraba en el domicilio fiscal de la demandante, y, en segundo, la habitualidad del tercero en el domicilio de la interesada quedó demostrada con el hecho de que tanto el citatorio como la notificación se entendieron con éste; que no era una carga para el notificador el cerciorarse o comprobar la veracidad de la información que se recibía, por no encontrarse en disposición alguna, si se consideraba que el tercero se identificó plenamente con el notificador señalando su relación con la interesada, esto es, como supervisor, lo que colmó los requisitos necesarios para otorgar certeza como son el nombre, identificación y vínculo con el interesado. En consecuencia, contrario a lo afirmado por la ahora quejosa, la responsable examinó en forma exhaustiva lo manifestado por el quejoso en su primer concepto de impugnación, pues atendió puntualmente lo alegado por la impetrante, de ahí que no transgredió en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 constitucional.

En el tercer y cuarto conceptos de violación la quejosa aduce, respectivamente, que la responsable realizó una apreciación indebida de la negativa lisa y llana que la quejosa realizó en su demanda, en el sentido de que **********, persona con quien se entendió la diligencia de notificación, no guarda una relación de trabajo con la actora, ahora quejosa, y que ante su negativa, la responsable tenía la carga de acreditar los hechos en que sustenta su resolución; de ahí que resultaba ilegal que la responsable hubiese revertido la carga de la prueba a la actora, pues era obligación de la responsable demostrar que en el momento en que se llevó a cabo la notificación "...el referido tercero sí era empleado del actor...", situación que pudo haber corroborado con la información que tienen otras autoridades fiscales; que realiza una valoración indebida de los argumentos hechos valer en relación con la identificación del notificador, pues del análisis de las constancias de notificación de veintiuno de marzo de dos mil catorce, no se advierte que el notificador hubiese sido señalado para tal efecto.

Los conceptos de violación resumidos con antelación resultan inoperantes, en la medida en que no atacan de manera frontal las consideraciones que sustentaron la sentencia reclamada emitida por la Magistrada instructora, en la que, en relación con lo argumentado por el quejoso en los resumidos conceptos de violación, consideró: que no se soslayaba la negativa lisa y llana de la demandante, ahora quejosa, en el sentido de que la persona con la que se entendió la diligencia **********, no guardaba una relación laboral con ésta, sin embargo, dicha negativa contenía implícita la afirmación de que en el momento en que se actualizaron los hechos eran otros sus trabajadores y no éste, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, correspondía a la accionante demostrar que el citado tercero efectivamente no era su empleado, y mucho menos su supervisor y que, por tanto, no era una persona que ofreciera garantía para hacer de su conocimiento el documento que se notificó, y que si la actora ofreció los elementos probatorios idóneos que acreditaran los extremos de su acción, era claro que su manifestación en tal sentido resultaba insuficiente para desvirtuar la legalidad de la notificación controvertida; y que, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 142/2004-SS, determinó que si bien en el procedimiento administrativo en materia fiscal era menester que los actos que se emitieran fueran notificados a las partes, pues ello constituía un verdadero derecho de los administrados y una garantía jurídica frente a la actividad de la administración tributaria, siendo un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de aquéllos, lo cierto era que el hecho de que el notificador no se identificara ante el notificado, y éste no pudiera cerciorarse que aquél era una autoridad competente para llevar a cabo dicha diligencia, como representante de un órgano del Estado, no implicaba que esa diligencia careciera de validez, ya que lo que resultaba trascendente era la observancia de la serie de requisitos indispensables para garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien aunque figuraba como el ejecutor de ese acto de autoridad, jugaba un papel secundario en la finalidad del acto; de ahí que su identificación no constituyera una formalidad esencial sino accidental, pues lo que tenía trascendencia era su actuación no su persona; que también se concluyó que bastaba con que se mencionara que la diligencia de notificación fue realizada por la persona encargada señalada para ese efecto, para que dicha actuación tuviera validez, sin que fuera necesario que el notificador se identificara ante la persona con quien se entendió la diligencia; y que no obstante lo anterior, cabía señalar que en el caso el notificador, tanto en la constancia de notificación como en el citatorio asentó que sí se identificó con credencial oficial número 808, indicando qué autoridad fue la emisora del documento; esto es, el director general de Ingresos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco; el fundamento de su competencia, citando para tal efecto los artículos 1, 2, 4, primer y último párrafos, fracción I, 5, 6, 14, primer párrafo, fracciones XLV y L y 15, primer párrafo, fracciones VIII y XXXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; la vigencia de dicho documento, esto es, del uno de marzo de dos mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; además de que indicó que la misma se tuvo a la vista y que el tercero comparó los rasgos físicos, y que sin hacer objeción alguna devolvió tal documental; de ahí que no obstante que no era necesario que el notificador se identificara, como se desprende de la tesis jurisprudencial 2a./J. 187/2004, se coligió que la persona con la que se entendió la diligencia **********, sí tuvo en sus manos la identificación del notificador y que, incluso, pudo comparar sus rasgos fisonómicos, lo que implicó que pudo revisar y cerciorarse de que los datos de fecha de expedición, vigencia, así como la autoridad que la emitió coincidían con los asentados en el acta, pues la quejosa sólo alega que la responsable valoró de forma indebida la negativa lisa y llana que realizó en su demanda, en el sentido de que **********, persona con quien se entendió la diligencia de notificación no guardaba una relación de trabajo con la actora, ahora quejosa, y que ante su negativa la responsable tenía la carga de acreditar los hechos en que sustenta su resolución, de ahí que resultaba ilegal que la responsable hubiese revertido la carga de la prueba a la actora, pues era obligación de la responsable demostrar que en el momento en que se llevó a cabo la notificación "...el referido tercero sí era empleado del actor..."; y que realiza una valoración indebida de los argumentos hechos valer en relación con la identificación del notificador, pues del análisis de las constancia de notificación de veintiuno de marzo de dos mil catorce no se advertía que el notificador hubiese sido señalado para tal efecto, sin combatir en absoluto lo considerado por la Magistrada instructora, al sostener que la negativa de la quejosa contenía implícita la afirmación de que en el momento en que se actualizaron los hechos eran otros sus trabajadores y no éste, de ahí que, de conformidad con lo establecido en el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, correspondía a la impetrante de garantías demostrar que el citado tercero efectivamente no era su empleado, y que la persona con la que se entendió la diligencia tuvo en sus manos la identificación del notificador y que, incluso, pudo comparar sus rasgos fisonómicos, lo que implicaba que esa persona pudo revisar y cerciorarse que los datos de fecha de expedición, vigencia, así como la autoridad que emitió la credencial con que se identificó el notificador, coincidían con los asentados en el acta.

Sin que este Tribunal Colegiado advierta la existencia de algún motivo que justifique la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia 1820 que aparece publicada en el Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Segunda Parte-TCC Segunda Sección-Improcedencia y Sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, página 2068, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY.-Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada."

En un segmento del primer concepto de violación la quejosa alega que la autoridad responsable viola en su perjuicio los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, así como sus derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y administración de justicia contenidos en los artículos 14 y 17 constitucionales, en relación con el numeral 50, primero y segundo párrafos, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues omitió el estudio exhaustivo de la totalidad de los conceptos de anulación dirigidos a declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas o bien que pudieran traer un mayor beneficio o alcance jurídico, y con ello lo deja en estado de indefensión.

El argumento resumido es inoperante.

Como ya se dijo, en la sentencia reclamada la autoridad responsable resolvió el sobreseimiento del juicio al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hecha valer por la autoridad demandada y la que estudió en forma conjunta con los conceptos de nulidad hechos valer por la actora, ahora quejosa, de cuyo análisis, contrario a lo alegado por la parte accionante del juicio, concluyó que las constancias de notificación correspondientes -citatorio y acta-, cumplieron con todos y cada uno de los requisitos previstos por la norma y, en esa medida, determinó:

"...procedente sobreseer el presente juicio, ya que la accionante tuvo conocimiento de la resolución controvertida contenida en el oficio número **********, de veintiséis de febrero de dos mil catorce, el día veintiuno de marzo de dos mil catorce, por lo cual si la demanda de nulidad que nos ocupa se interpuso hasta el siete de mayo de dos mil catorce, es evidentemente que su interposición resulta extemporánea, configurándose así un consentimiento de éste por parte de la hoy enjuiciante, ya que transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 58-2, último, párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."

Luego, si como en el caso, en la sentencia reclamada se sobreseyó en el juicio de origen, la Sala responsable se liberó de la obligación de abordar el examen de los conceptos de nulidad encaminados a demostrar la ilegalidad, en este caso, del crédito fiscal fincado en contra de la ahora quejosa, pues si bien es verdad que el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en lo que interesa dispone: "Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda...la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana...", ello sólo acontece en el caso de que la sentencia se ocupe del fondo del asunto, mas no si se decreta el sobreseimiento, pues en este último supuesto se excluye la posibilidad de que la autoridad responsable emprenda algún estudio sustancial sobre el particular.

En apoyo a lo anterior, se cita la tesis (III Región)3o.6 A (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado, consultable en la página 1625 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, registro digital 2007250 «y el viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación», de título y subtítulo:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INFUNDADOS AQUELLOS QUE REPROCHAN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA OMISIÓN DE ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO E INOPERANTES LOS QUE SE EXPRESAN RESPECTO DE ÉSTE, SI EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE SOBRESEYÓ AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO.-El sobreseimiento es una institución de carácter procesal que pone fin al juicio, al aparecer una causa que impide se resuelva la cuestión de fondo planteada, por lo cual no existe ninguna declaración del juzgador sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado y se dejan las cosas en el estado que se encontraban antes de la presentación de la demanda. Ahora bien, el artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que el sobreseimiento en el juicio procederá, entre otros casos, cuando durante éste aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 8o. de dicho ordenamiento; de ahí que, si en el juicio contencioso administrativo federal se decretó el sobreseimiento al actualizarse una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y de oficio, el resolutor no puede analizar los conceptos de nulidad encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución reclamada, que constituye el problema de fondo. Consecuentemente, cuando en el amparo directo se reprocha a la autoridad responsable la omisión de ese análisis, los conceptos de violación relativos son infundados y los que se expresan respecto del fondo inoperantes, debido a que el Tribunal Colegiado de Circuito no puede asumir un estudio que estaba vedado a la autoridad del conocimiento del asunto."

La quejosa también aduce que la omisión de la responsable de pronunciarse en relación con todos los conceptos de nulidad hechos valer, viola su derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, en el que se exige a toda autoridad dar respuesta puntual a lo solicitado, y que la respuesta sea congruente con lo peticionado.

Lo argumentado por la quejosa, es infundado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibe una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado, por lo que es claro que se trata de disposiciones constitucionales que rigen las relaciones entre gobernantes y gobernados, las cuales son aplicables en determinados contextos.

El artículo 8o. de la Norma Fundamental consagra, de manera general, el deber de todo funcionario y empleado público de contestar las peticiones de los gobernados, al señalar lo siguiente:

"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."

Dicho precepto establece la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

En relación con dicho precepto es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, que el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, lo que excluye su operatividad en las relaciones de coordinación reguladas por el derecho privado, en donde el ente público actúa como particular.

De igual forma, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales como los artículos 14 y 16; el primero dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal. En específico, el primero regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo numeral, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad, tal como se advierte de la siguiente transcripción:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25799-a2f4d31e/conceptos-de-violacion-en-el-amparo-directo-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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