NOTIFICACIÓN LEGAL DE UN REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL. EL HECHO DE QUE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE ACREDITE, EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD FORMULADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PARA CONTROVERTIR LA LEGALIDAD DEL REQUERIMIENTO POR SUS PROPIOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS, AUN CUANDO SE PLANTEE LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
AMPARO DIRECTO 189/2017. 18 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: LUIS MANUEL VILLA GUTIÉRREZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: JORGE HIGUERA CORONA. SECRETARIO: ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Los conceptos de violación hechos valer deben desestimarse, por las razones que a continuación se exponen.
Previamente, es preciso destacar que en el juicio contencioso administrativo de origen, la actora demandó la nulidad de la resolución administrativa contenida en el oficio número 160312152442969C23125, de diecisiete de diciembre de dos mil quince, emitida por la subadministradora de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", en la que determinó un crédito fiscal por concepto de multa, al no proporcionar la información mensual de operaciones con terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al mes de julio de dos mil quince, así como de la regla 2.1.19., de la quinta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. (La demanda obra en las fojas 1 a 31 y la multa impugnada en las diversas 32 y 33 del juicio de nulidad)
En la sentencia reclamada, la Sala responsable desestimó los conceptos de anulación de la demanda de nulidad y del escrito de ampliación formulados por la parte actora, por lo que reconoció la validez de la resolución determinante de un crédito fiscal y de la resolución administrativa de carácter general impugnadas. (fojas 174 a 195 del juicio contencioso administrativo)
Ahora bien, con fundamento en el artículo 189 de la Ley de Amparo,(3) los conceptos de violación se analizan en un orden distinto al propuesto por la quejosa, atendiendo al principio de mayor beneficio. Por ello, se inicia con aquellos en que se hace valer la inconstitucionalidad de los artículos 137 y 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación pues, de resultar fundados, sobre lo cual no se prejuzga, llevarían a la insubsistencia de la multa impuesta. Con posterioridad se estudiarán los argumentos atinentes a la fundamentación de la competencia de la autoridad fiscal, concluyendo con aquellos en los que se atribuyen vicios formales a la sentencia reclamada y el capítulo previo a los conceptos de violación.
En ese sentido, de conformidad con lo que dispone el artículo 76 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación sexto y séptimo (fojas 49 a 55 del juicio de amparo), se analizan de manera conjunta, por estar dirigidos a controvertir la constitucionalidad del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. En ellos se argumenta:
El precepto legal viola la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales pues, a su decir, no establece los elementos y requisitos que en forma específica debe contener una notificación personal, dado que no basta sostener que se encuentra debidamente circunstanciada el acta respectiva, sino que, para seguridad jurídica de los particulares, resulta necesario que se precisen todos y cada uno de los elementos que se deben tomar en consideración para que se determine esta situación. Además, aduce que ante la falta de claridad de las normas es que se vulnera la garantía de audiencia, por no establecerse en forma correcta los requisitos de la notificación.
Finalmente, aduce que el artículo es violatorio del derecho humano de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional, dado que no precisa todos los elementos que deben considerarse para estimar legal una notificación y no tener la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, un Tribunal Colegiado de Circuito, determinen a través de diversas interpretaciones, cuáles son los requisitos que deben cumplir las notificaciones personales, que permitan al particular conocer la resolución a notificar.
Los argumentos anteriores son infundados.
En primer lugar, conviene señalar que si bien la quejosa en algunas porciones menciona la garantía de audiencia, sus argumentos, al referirse a la falta de claridad de las normas jurídicas, en realidad se encuentran dirigidos a demostrar una transgresión al principio de seguridad jurídica.
Ahora bien, el precepto que se tilda de inconstitucional, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, en vigor a partir del primero de enero de dos mil catorce, dispone:
"Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil posterior que se señale en el mismo o para que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días contado a partir de aquel en que fue dejado el citatorio, o bien, la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón tributario.—El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio del buzón tributario.—En caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia el artículo 151 de este código, no pueda realizarse personalmente, porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este código, la notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargo se realizarán a través del buzón tributario.—Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este código."
Al respecto, se señala que el hecho de que el precepto legal cuestionado no precise de manera casuista los elementos y requisitos que debe contener una notificación personal, no se traduce en un acto violatorio de la garantía de seguridad jurídica, como infundadamente lo pretende la quejosa, en virtud de que la notificación personal es el medio por el cual se hace del conocimiento, de forma individualizada a los particulares, la existencia de un acto administrativo.
Así, el hecho de que no se realice dicha precisión en el referido numeral, no implica violación alguna al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, ello, porque la obligación de asentar los hechos relativos deriva tácita y lógicamente del propio numeral, ya que tratándose de la notificación personal en el domicilio, es evidente que en la constancia se debe asentar quién es la persona buscada y cuál es su domicilio; en su caso, por qué no pudo practicarla; con quién la entendió y a quién le dejó citatorio, datos ineludibles que permiten establecer la certeza de que se satisfacen las formalidades que para este tipo de actos exige la Norma Fundamental. Más aún, el párrafo segundo señala que si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio del buzón tributario.
En efecto, el referido artículo 137 del Código Fiscal de la Federación contempla expresamente ciertos requisitos formales que deben observarse en su práctica. Así, tratándose de las notificaciones personales, si el notificador no encuentra a quien deba notificar:
a) Le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil posterior que se señale en el mismo, o para que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días, contados a partir de aquel en que fue dejado el citatorio, o bien, la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón tributario.
b) El citatorio será siempre para la espera antes señalada, y si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un vecino.
c) En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio del buzón tributario.
Así, la pormenorización de las formalidades previstas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación invocado, y la manera en que el notificador debe tener convicción de cada una de ellas, se desprenden tácita y lógicamente del propio numeral, que impone la obligación de levantar razón circunstanciada de la diligencia, en tanto que si debe notificarse personalmente al destinatario en su domicilio, es claro que en la diligencia de notificación deberá hacerse constar quién es la persona que se busca y cuál es su domicilio, en su caso, por qué no pudo practicarla el notificador, con quién se entendió la diligencia y a quién le dejó el citatorio; datos ineludibles que aunque expresamente no se consignen en la ley, la redacción del precepto implícitamente los contempla, todo lo cual evidencia que el citado artículo 137 es congruente con el principio de seguridad jurídica contenido en el numeral 16 constitucional.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 57/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 310 y 311, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL CONTENER TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZARLA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—Del contenido íntegro del citado precepto, se advierte que las formalidades de la notificación personal a que alude su primer párrafo, se encuentran en cada uno de sus párrafos, complementados entre sí, de ahí que sea inexacto considerar que aquellas previstas en su párrafo segundo sean exclusivas del procedimiento administrativo de ejecución, ya que al no existir disposición en contrario, rige en general a todo tipo de notificación. De esta manera, aun cuando el referido primer párrafo no aluda al levantamiento de un acta circunstanciada donde se acrediten los hechos respectivos, ello se desprende tácita y lógicamente del propio numeral, ya que tratándose de la notificación personal en el domicilio, es evidente que en la constancia se asentará quién es la persona buscada y cuál es su domicilio; en su caso, por qué no pudo practicarla; con quién la entendió y a quién le dejó citatorio, datos ineludibles que permiten establecer la certeza de que se satisfacen las formalidades que para este tipo de actos exige la Norma Fundamental. Más aún, el párrafo segundo señala que si la persona citada no espera, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con algún vecino, y si estos últimos se niegan a recibir la notificación, se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible del domicilio. En consecuencia, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación contiene los elementos necesarios para efectuar la notificación personal en el domicilio y, por ende, no viola la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
No benefician a la quejosa, en la forma que lo pretende, las tesis y jurisprudencias que invoca, porque algunas únicamente hacen referencia, en términos generales, a los derechos humanos de audiencia y seguridad jurídica, y a los límites de las facultades de las autoridades; otras se refieren a requisitos específicos de las notificaciones personales y, por último, cita además otras que no tienen relación inmediata con la argumentación esgrimida, sin que ninguna desvirtúe lo previamente señalado por este Tribunal Colegiado.
Finalmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria dentro del juicio de amparo directo en revisión 2082/98, determinó que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no transgrede el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, dado que en él se prevén las formalidades que deben cumplirse para que pueda existir la certeza de que el destinatario de una notificación tenga conocimiento del acto de autoridad que debe cumplir para estar en condiciones de acudir ante las autoridades correspondientes en defensa de sus intereses. En relación con ello, el Máximo Tribunal del País sostuvo que en dicho precepto se establece que el notificador debe constituirse en el domicilio del buscado para la práctica de la notificación ordenada y, en caso de no encontrarlo, le dejará citatorio para que lo espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si bien expresamente no alude al levantamiento de un acta circunstanciada en la que se asienten esos hechos, sin embargo, ello se desprende del propio precepto, ya que si la notificación debe practicarse personalmente al interesado en su domicilio, es claro que en la constancia que se levante con motivo de ella debe asentarse la persona que se busca, cuál es su domicilio, en su caso, por qué no se pudo practicar la notificación, con quién se entendió la diligencia y a quién se dejó el citatorio; datos que si bien no se consignan expresamente en dicho precepto, sin embargo, la redacción del numeral tácitamente los contempla.
Ejecutoria que dio origen a la tesis P. CXXXIX/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, publicada en las páginas 32 y 33, Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es:
"NOTIFICACIÓN DE ACTOS DISTINTOS A LOS EMANADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL ARTÍCULO 137, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE LAS FORMALIDADES PARA SU PRÁCTICA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.—El artículo citado, al establecer como formalidades requeridas para la notificación de actos administrativos que no sean dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el que cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio para que lo espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales, no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ello es así, porque si bien la práctica de toda notificación tiene como premisa fundamental la plena demostración de que el destinatario tuvo conocimiento del acto de autoridad que debe cumplir para así estar en condiciones de dar oportuna respuesta en defensa de sus intereses, dicha exigencia se satisface plenamente por el artículo citado en primer término, pues aun cuando no aluda al levantamiento del acta circunstanciada en la que se asienten los hechos que ocurran durante el desarrollo de la diligencia, lógicamente ello se desprende del propio precepto, en tanto que al notificarse personalmente al destinatario en su domicilio, es claro que en la constancia de notificación debe precisarse qué persona se busca, cuál es su domicilio, en su caso, por qué no se pudo practicar, con quién se entendió la diligencia y a quién se le dejó el citatorio; datos ineludibles que aunque expresamente no se consignen en la ley, la redacción del precepto tácitamente los contempla, lo que se corrobora, además, del análisis íntegro del referido artículo 137, del que se evidencia que las formalidades de la notificación contenidas en el segundo párrafo del precepto en mención no son exclusivas del procedimiento administrativo de ejecución, pues la notificación de los actos administrativos en general puede hacerse por medio de instructivo, siempre y cuando quien se encuentre en el domicilio o un vecino se nieguen a recibir la notificación y previa satisfacción de las formalidades que ese párrafo establece."
De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que el precepto tildado de inconstitucional no contraviene el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional.
Debe señalarse que la jurisprudencia que invoca la parte quejosa no tiene relación inmediata con el tópico que sometió a consideración de este órgano colegiado.
En cuanto a los planteamientos anteriores, similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el juicio de amparo directo DF. 306/2016.
Con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación décimo a décimo tercero (fojas 62 a 75 del juicio de amparo), se analizan de manera conjunta, por estar dirigidos a controvertir la constitucionalidad del artículo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación.
En el primero de ellos, aduce que dicho precepto legal contraviene el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la imposición de multas excesivas, en tanto que la disposición tildada de inconstitucional, a su parecer, establece una sanción excesiva y desproporcional, además, dicho precepto legal únicamente se refiere a las operaciones realizadas con terceros, mas no a la omisión del pago de contribuciones, por lo que a su parecer no existe un nexo de causalidad entre la conducta infractora y la sanción impuesta.
En el décimo tercer concepto de violación la quejosa aduce, esencialmente, que el citado numeral contraviene el principio de proporcionalidad de las sanciones previsto en el artículo 22 constitucional, al tratarse de una multa confiscatoria, cuyo monto disminuye considerablemente su patrimonio sin justificación.
Los argumentos anteriores deben desestimarse.
En efecto, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución General de la República, que se considera violado, establece lo siguiente:
"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado."
De la disposición constitucional transcrita con antelación se advierte que establece límites a las autoridades, incluyendo al legislador, para determinar e imponer sanciones al particular o gobernado como consecuencia de la comisión de un ilícito o infracción.
Así, el Constituyente dispuso la prohibición de imponer sanciones, entre otras limitantes, que resultaran desproporcionadas en relación con la infracción cometida, como lo es la multa excesiva, así como aquellas que fueran trascendentales o inusitadas.
De esta forma, conforme a la interpretación gramatical y teleológica de estos últimos conceptos, debe entenderse que una pena es "trascendental" cuando sus efectos recaen sobre los bienes, derechos o la persona de un tercero distinto a aquel quien cometió la infracción, mientras que las sanciones "inusitadas" resultan ser las que no son utilizadas o cuyo empleo no es común para sancionar cualquier ilícito o infracción.
Ahora bien, la disposición legal que se estima contraria a dicho precepto constitucional, esto es, el artículo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, vigente a la fecha en que se impuso la multa combatida en el juicio de nulidad establece:
"Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información; con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artículo 81 de este código, se impondrán las siguientes multas: ...XXVI. De $9,430.00 a $18,860.00, a la establecida en la fracción XXVI. En caso de reincidencia la multa aumentará al 100% por cada nuevo incumplimiento."
Como se ve, el precepto legal de que se trata contempla la imposición de multas que oscilan entre un mínimo y un máximo, lo que en modo alguno resulta inconstitucional, pues ello permite a la autoridad fiscal fijar los límites dentro de los cuales podrá aplicar la sanción a imponer; es decir, se le conceden facultades para individualizar la sanción acorde con las circunstancias especiales del caso y, por tanto, tal dispositivo legal, en ese aspecto, no es violatorio del artículo 22 constitucional.
Aunado a ello, es de destacarse que las sanciones pecuniarias establecidas en dicha disposición no son excesivas, dado que es al legislador a quien corresponde, en principio, determinar en qué medida una conducta infractora afecta al orden público y al interés social y cuál es el monto suficiente de la sanción pecuniaria para desalentar su comisión.
Por consiguiente, la finalidad de una sanción pecuniaria es castigar la conducta infractora y procurar que los sujetos pasivos de la obligación tributaria no vuelvan a incurrir en la omisión de su cumplimiento, por tanto, la multa regulada por el precepto legal tildado de inconstitucional no puede considerarse excesiva, atento a que la cuantía de ésta guarda una estrecha relación con las circunstancias del caso concreto y de la conducta asumida por la contribuyente; asimismo, la infracción advertida genera una grave afectación al Estado, al impedirle desarrollar con la debida oportunidad sus funciones.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 102/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 31 y 32, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES.—Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor."
De igual forma, sirven de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, las tesis CCXCII/2015 (10a.) y CCXCIII/2015 (10a.), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en las páginas 1655 y 1656, y la segunda en la página 1655, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas», cuyos contenidos son los siguientes:
"MULTAS POR INFRACCIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LAS PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto legal citado, al prever la imposición de una multa a quien no presente las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, las presente fuera del plazo o no cumpla con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o los cumpla fuera de los plazos señalados en ellos, no contraviene al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, aun cuando la multa mínima prevista en el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación y la establecida en su diverso inciso b), sean diferentes, ya que el carácter desproporcional de una multa y, por ende, su inconstitucionalidad, tendría que derivar del propio inciso b) y no de su comparación con los diversos incisos del precepto aludido en el que aquél se encuentra o, en su caso, de otras legislaciones secundarias, toda vez que la norma sería inconstitucional al contener disposiciones que por sí solas contravengan el artículo 22 constitucional, pero no porque se diferencie con otra norma."
"MULTAS POR INFRACCIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ESTABLECE UNA MULTA EXCESIVA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que para que una multa respete el texto constitucional, debe preverse en la ley que la autoridad facultada para imponerla tenga posibilidad, en cada caso, de establecer su monto o cuantía, considerando la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia –de ser el caso– en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así individualizar la multa que corresponda. Así, el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, al prever un mínimo y un máximo de la multa a imponer por no presentar la declaración en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera de plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en ellos, no establece una multa excesiva de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad puede imponer la sanción que corresponda tomando en cuenta la capacidad económica del infractor, su reincidencia, la gravedad o levedad de la infracción, así como cualquier otro elemento jurídicamente relevante para individualizarla en cada caso concreto."
En consecuencia, dado que el precepto legal concede facultades para individualizar las sanciones, acorde con las circunstancias especiales del caso y de la obligación incumplida, ello igualmente significa que las sanciones serán proporcionales a las infracciones cometidas.
En efecto, el precepto legal no puede considerarse desproporcional a las conductas infractoras, atento a que la cuantía de las sanciones guarda una estrecha relación con las obligaciones incumplidas, razón por la cual, resultará mayor en la medida en que sea superior el incumplimiento.
Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 82/2012 (10a.), 2a./J. 95/2012 (10a.) y 2a./J. 96/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se pueden consultar, la primera en la página 536, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012 y las dos últimas, en la diversa 581, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen:
"MULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PERMITIR LA INDIVIDUALIZACIÓN DE DICHA SANCIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS.—Para establecer la proporcionalidad de una multa fiscal se exige razonabilidad en la diferencia de trato, en virtud de la posición constitucional del legislador y de su legitimidad democrática; por tanto, el artículo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, al permitir la individualización de la sanción en cada caso concreto, atendiendo para ello a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PERMITIR SU INDIVIDUALIZACIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS.—Para establecer la proporcionalidad de una multa fiscal se exige razonabilidad en la diferencia de trato, en virtud de la posición constitucional del legislador y de su legitimidad democrática; por tanto, el citado artículo 82, en sus diversas fracciones e incisos, al permitir la individualización de la sanción en cada caso concreto, atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LAS ESTABLECE ENTRE UN MONTO MÍNIMO Y UNO MÁXIMO, NO ES INCONSTITUCIONAL. El artículo citado, en sus distintas fracciones e incisos, al prever un monto mínimo y uno máximo en la imposición de las multas que corresponden a quienes cometan las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentos, avisos o información, así como de expedir las constancias a que se refiere el diverso numeral 81 del Código Fiscal de la Federación, no es contrario al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello se traduce en un límite que obliga a la autoridad fiscal sancionadora a razonar las peculiaridades de cada caso, permitiendo con ello su individualización; lo anterior encuentra apoyo en la j
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27947-40aaa54c/notificacion-legal-de-un-requerimiento-de-obligaciones-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INFUNDADOS AQUELLOS QUE REPROCHAN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA OMISIÓN DE ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO, SI EN EL (AMPARO DIRECTO)
- AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO PROCEDA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA, SÓLO TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓ (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- HONORARIOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 137, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 92 DE SU REGLAMENTO. NO ES CONJUNTAMENTE CON LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO PARA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACCESO AL CRÉDITO FINANCIERO. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO, POR LO QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA OBTENERLO. USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROT (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA RESUELVAN LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, BASTA (XXI.2o.P.A.53 A)
- INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 217, FRACCIÓN III Y 223 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL QUEJOSO ESTÁ OBLIGADO A PROMOVERLO ANTES DE ACUDIR AL J (III.3o.A.9 A)
- CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS PERO INOPERANTES. FINALIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 107, QUE, BAJO ESE RUBRO, APARECE PUBLICADA EN LA OCTAVA PARTE DEL APENDICE EDITADO EN 1985. (s/clave)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS RELATIVOS AL TEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, CUANDO EL DISPOSITIVO CUESTIONADO PUDO COMBATIRSE EN ESA VÍA CON (418)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis