ACCESO AL CRÉDITO FINANCIERO. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO, POR LO QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA OBTENERLO. USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SE ADVIERTA QUE, PESE A LA REDUCCIÓN EFECTUADA POR LA RESPONSABLE, LOS INTERESES AÚN SON USURARIOS. USURA. CUANDO SE TRATE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, LA TASA EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) PARA CLIENTES NO TOTALEROS, REGULADA POR EL BANCO DE MÉXICO, ES UN REFERENTE MÁS IDÓNEO QUE EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) PARA IDENTIFICARLA.
AMPARO DIRECTO 507/2019. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS. PONENTE: GERARDO DOMÍNGUEZ. SECRETARIO: MAX ADRIÁN GUTIÉRREZ LEYVA.
CONSIDERANDO:
VIII. Antecedentes del acto reclamado.
a) Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles de Hermosillo, Sonora, **********, por propio derecho, promovió juicio ejecutivo mercantil, en contra de **********, reclamándole el pago de la cantidad de ********** moneda nacional ($**********) como suerte principal, entre otras prestaciones. (fojas 1 y 2 del expediente **********)
b) Previa aclaración, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, lo registró con el número **********, lo admitió y ordenó requerir el pago a la parte reo o, en su defecto, embargar bienes de su propiedad que garantizaran las resultas del juicio; hecho lo cual, se le emplazara en términos de ley. (fojas 5 y 6 ibídem)
c) Dichas diligencias se llevaron a cabo el quince de mayo de dos mil dieciocho. (fojas 33 a 37 ibídem)
d) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la demandada dando contestación a la demanda instaurada en su contra, así como por ofrecidos los documentos que exhibió en su demanda. (foja 47 ibídem)
e) El siete de junio de dos mil dieciocho, se abrió el periodo probatorio. (foja 51 ibídem)
f) Seguido el juicio, el cinco de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el término de dos días para que las partes formularan sus alegatos. (foja 59 ibídem)
g) El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, el Juez del conocimiento citó el asunto para oír sentencia definitiva. (foja 69 ibídem)
h) El once de junio de dos mil diecinueve, el Juez responsable dictó sentencia al tenor de los puntos resolutivos siguientes: (fojas 70 a 79 ibídem)
"PRIMERO.—Este juzgador es y ha sido competente para conocer y decidir sobre el presente juicio, así como la vía elegida para la tramitación de éste fue la correcta.
"SEGUNDO.—El actor **********, por su propio derecho, acreditó todos y cada uno de los extremos de la acción cambiaria directa que en vía ejecutiva mercantil ejercitó en contra de la C. **********, como obligada principal, quien no logró acreditar sus excepciones opuestas; en consecuencia:
"TERCERO.—Se condena a la aludida demandada **********, a cubrir en favor del actor **********, la cantidad de $********** (********** moneda nacional), por concepto de suerte principal.
"CUARTO.—Se condena a la demandada a cubrir, a favor del actor, los intereses moratorios causados y que se sigan causando hasta la total solución del adeudo, en los términos respectivamente establecidos en la última parte del considerando ‘VIII’, en el presente fallo.
"QUINTO.—Se condena a la citada demandada, en favor del actor, al pago de los gastos y costas originados con motivo de la tramitación del presente juicio, previa su legal regulación en la vía incidental.
"SEXTO.—En caso de no darse cumplimiento voluntario al presente fallo dentro del término de cinco días, una vez que quede firme, hágase trance y remate de los bienes embargados o que se embarguen del patrimonio de la demandada, y con su producto páguese al actor las prestaciones reclamadas y, en caso de existir remanente, devuélvase a la demandada.
"Notifíquese personalmente. ..."
i) Dicho fallo constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo que se precisa en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo.
IX. Consideraciones y fundamentos jurídicos de esta sentencia.
12. Estudio. Los conceptos de violación son infundados.
13. Previo al estudio de los motivos de inconformidad expresados por la parte quejosa, conviene señalar que éstos se analizarán atendiendo a los hechos y los puntos debatidos, extrayendo de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se expusieron; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el artículo 17 constitucional, dado que éstos se cumplen al estudiarse en su integridad el problema, materia de la litis constitucional.
14. Lo anterior se apoya en la tesis «aislada»,(3) de rubro: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."
15. En vía de conceptos de violación, la quejosa refiere, en esencia, que el Juez responsable incorrectamente desestimó las pruebas que ofreció en el juicio de origen.
16. Ello es así, pues aduce que con la prueba documental consistente en el escrito de veinticinco de septiembre de dos mil catorce –declaración ministerial–, se acreditaron entre otros aspectos, que fue obligada contra su voluntad a firmar el pagaré (documento base de la acción).
17. Asimismo, señala que con el informe rendido por el agente del Ministerio Público Investigador del sector V, actualmente denominada Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se demostró que en la averiguación previa **********, fue denunciada por ********** y, además, que en la misma denunció, entre otras cuestiones, que se le obligó a firmar un acta administrativa, un pagaré y un finiquito.
18. De igual forma, sostiene que en los informes de autoridad a cargo de los Jueces Segundo y Tercero de lo Penal, remitieron copias certificadas de las causas penales ********** y **********, con las cuales se demostró que el actor –quien se ostenta como abogado–, es una persona que ha cometido diversos delitos, por ende, se puede deducir que tiende a realizar actos ilícitos, como el que realizó en su contra.
19. A su vez, manifiesta que el actor sí conoció de los hechos de los cuales fue víctima el uno de septiembre de dos mil catorce (amenazas e intimidación), ya que con la contradicción en la prueba confesional y contestación a la vista y la testimonial de **********, se acreditó dicho extremo.
20. Tales motivos de inconformidad son infundados. Se explica.
21. Como cuestión previa a cualquier otra, debe establecerse que el Juez responsable determinó que las pruebas que ofreció la demandada (quejosa) no fueron suficientes para acreditar la excepción personal de fuerza o miedo –obligación de firmar el pagaré por medio de amenazas e intimidación–, bajo los argumentos fundamentales siguientes:
a) Que el escrito de declaración ministerial de veinticinco de septiembre de dos mil catorce y la constancia del convenio de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis, tenían valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 1205, 1292 y 1296 del Código de Comercio; sin embargo, sostuvo que eran insuficientes para acreditar la excepción opuesta, ya que sólo demostraban que la demandada rindió declaración ministerial por escrito ante el agente del Ministerio Público Investigador del Sector V, y que el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, celebró convenio ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, sin que ello evidencie la violencia que refiere fue objeto para la suscripción del pagaré;
b) Asimismo, adujo que las copias simples de la credencial de elector y la licencia de conducir a nombre de la demandada tenían valor probatorio de indicio únicamente a la existencia de sus originales, mas no del contenido de las mismas, de acuerdo con el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de –aplicación supletoria–;
c) De igual forma, expresó que los informes de autoridad a cargo de los Jueces Segundo y Tercero de lo Penal, mediante los cuales remitieron copias certificadas de las causas penales ********** y **********, instruidas contra el actor por los delitos de fraude y abuso de confianza, no les beneficiaban a los intereses de la demandada, ya que de las mismas no se advertía relación alguna con los hechos relatados por la demandada, así como tampoco podía considerarse que el hecho de que se hayan instruido causas penales en contra del accionante, tener por cierta su denunciada participación en los hechos donde la demandada alega que fue objeto de violencia e intimidación para suscribir el documento base de la acción (pagaré);
d) Luego, relató que la confesional por posiciones a cargo del actor, no aportó nada para acreditar la excepción opuesta por la demandada, ya que no se contradijo con lo alegado en el juicio;
e) A su vez, sostuvo que la prueba testimonial a cargo de **********, ********** y **********, no tenía valor probatorio pleno conforme al artículo 1303 del Código de Comercio, toda vez que los atestes negaron los hechos narrados y denunciados por la demandada, referentes a que en la oficina de **********, fue objeto de amenazas e intimidación por parte del actor, así como de los testigos;
f) Aunado a lo anterior, determinó que los testigos, al ser implicados directamente en el señalamiento que realizó la demandada de que fueron ellos quienes la amenazaron y amedrentaron, no puede considerárseles con una posición imparcial, respecto a lo que manifestaron;
g) Seguidamente, señaló que del informe de autoridad a cargo del agente del Ministerio Público Investigador del sector V, actualmente denominada Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se advertía que el tres de septiembre de dos mil catorce, **********, interpuso denuncia por escrito a la unidad de investigación a cargo de la autoridad que informa, con el número de control interno **********, por el delito de robo y lo que más resulte en su perjuicio, contra de ********** y ********** y/o quien más resulte responsable, elevándose a averiguación previa número **********, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, resolviéndose el no ejercicio de la acción penal el cuatro de octubre siguiente, sin que de lo anterior pueda tenerse por acreditada la excepción opuesta por la demandada, esto es, que llevó a cabo la suscripción del documento base de la acción con violencia, amenazas e intimidación; y,
h) Por último, precisó que las pruebas instrumental y presuncional ofrecidas por la demandada carecieron de eficacia probatoria, toda vez que no se desprendía dato o elemento alguno que pudiera corroborar las proposiciones de hecho en que se apoyó la excepción.
22. Lo anteriormente resuelto se considera ajustado a derecho.
23. Ello es así, pues la documental de ********** –declaración ministerial–, por sí sola es insuficiente para evidenciar que efectivamente la demandada (quejosa) fue coaccionada para firmar el documento base de la acción (pagaré) –tal como lo hizo valer vía excepción–, ya que se trata de manifestaciones propiamente de ella realizadas ante una autoridad ministerial, las cuales no pueden constituir prueba para acreditar los hechos en que apoyó su excepción.
24. Asimismo, no genera beneficio a la quejosa la existencia del oficio de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, rendido por el secretario auxiliar de acuerdos encargado de la titularidad de la Agencia del Ministerio Público Investigador del Sector V, para acreditar la intimidación que dice fue sometida para suscribir el pagaré, pues de éste no se advierte algún dato útil que corrobore que efectivamente sucedieron los hechos que sustenta en su excepción.
25. En efecto, lo único que se deduce de dicho informe es lo siguiente:
• Que el tres de septiembre de dos mil catorce, **********, denunció el delito de robo, contra **********, ********** y/o quien más resulte responsable;
• Que en veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se resolvió el no ejercicio de la acción penal; y,
• Que el once de octubre de dos mil dieciséis, se confirmó la resolución a favor ********** y **********.
26. Del mismo modo, tampoco le benefician a la quejosa los informes de los Jueces Segundo y Tercero de lo Penal, mediante los cuales remitieron copia certificada de las causas penales ********** y **********, ya que de las mismas no se desprende que los hechos delictivos que les dieron origen guarden una vinculación directa con los alegados por la demandada (quejosa) en la contienda de origen, esto es, con las amenazas e intimidación que supuestamente sufrió para firmar el título de crédito (pagaré).
27. Además, cabe precisar que el hecho de que al actor se le hayan instruido las causas penales, con ello de ningún modo puede considerarse que hubiese participado en la coacción que alega sobre la firma del pagaré.
28. A su vez, de la prueba confesional a cargo de **********, no se advierte que el absolvente haya reconocido que se le obligó por medio de intimidación o amenazas a la demandada (quejosa) a firmar el pagaré (documento base de la acción).
29. De igual forma, respecto de la prueba testimonial, la misma no le favorece a la demandada (quejosa), pues de los interrogatorios se advierte que los atestes negaron los hechos vinculados a que fue obligada a firmar el título de crédito (pagaré), a través de intimidación y amenazas.
30. Por último, no le asiste la razón a la quejosa en cuanto a que existe contradicción del accionante en la contestación a la vista y la confesional a su cargo, respecto a que tuvo conocimiento de los hechos en los cuales recibió amenazas e intimidación para suscribir el pagaré y que, además, participó en los mismos.
31. Lo anterior es así, pues del desahogo de la vista, el actor (tercero interesado) expuso, en esencia, que respecto a los hechos en que se sustenta la excepción, sí estuvo enterado de la denuncia y de la averiguación previa que se instauró en su contra; sin embargo, negó conocer los hechos de amenazas e intimidación que refiere la demandada, pues sostuvo que su conocimiento fue por una diversa persona que laboró para la empresa, negando la relación laboral con ella.
32. Por otro lado, del desahogo de la prueba confesional a cargo de **********, se advierte que el absolvente aceptó conocer los hechos en los cuales la quejosa fue denunciada por robo en la fecha y por la persona que refiere, empero, negó su participación en los hechos de amenazas e intimidación que le confiere la quejosa para firmar el documento base de la acción (pagaré), pues sobre dicho tópico sólo señaló que fue representante del diverso imputado.
33. De lo anterior se colige, que no existió contradicción sustancial del actor (tercero perjudicado), pues tanto del desahogo de la vista como de la confesional a su cargo, sólo se advierte que tuvo conocimiento de la denuncia penal contra la quejosa por haber representado al diverso imputado, sin que ello delate su participación en la coacción que alega la quejosa para la firma del título de crédito base de la acción.
34. En otro aspecto, en términos de la obligación legal prevista en el artículo 79, fracción VI,(4) en relación con el numeral 1o., fracción I,(5) ambos de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, subsiste la existencia de un interés usurario.
35. En virtud de lo anterior, es pertinente señalar que en el juicio de amparo directo, conforme a los preceptos mencionados, opera la suplencia de la queja deficiente cuando se advierte que existió contra el quejoso una violación evidente que lo haya dejado sin defensa, por afectar derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
36. De ese modo, como ya se dijo, en el caso se deduce una violación a los derechos fundamentales de la quejosa, pues como se verá más adelante, subsiste la existencia de un interés usurario.(6)
37. Así, con la finalidad de robustecer que en el presente asunto procede aplicar la institución jurídica de la suplencia de la queja deficiente, es oportuno realizar las precisiones siguientes:
38. La Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 1a. CXCIII/2015 (10a.),(7) que constituye un abuso del hombre por el hombre, cualquier tipo de explotación, tales como la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzados o la propia usura, cuya práctica se encuentra proscrita en el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
39. Asimismo, cabe destacar que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
40. En este sentido, la obligación de proteger consiste en que el Estado debe evitar que terceras personas obstaculicen o impidan el acceso a derechos; esta obligación conlleva básicamente a que el Estado realice conductas positivas para proteger los derechos humanos.
41. Tal obligación se encuentra contemplada implícitamente en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice lo siguiente:
42. "Artículo 2. ...
"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."
43. Por otra parte, la obligación de garantizar se traduce en el deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar, jurídicamente, el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; lo anterior, se puede lograr, por ejemplo, a través del Poder Judicial, cuyos órganos tendrán la obligación de asegurar que los gobernados gocen de sus derechos humanos restituyéndolos en casos de violación.
44. Por otro lado, el principio de universalidad refiere que todos los derechos humanos son universales e inalienables, pues todas las personas los poseen y no pueden renunciar voluntariamente a ellos ni éstos pueden ser usurpados por otras.
45. Asimismo, el principio de interdependencia exige que en la medida en que se disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos, se gozará de otro derecho o grupo de derechos; igualmente, a la inversa, en tanto se viole un derecho o grupo de derechos, se estará violando otro derecho o grupo de derechos.
46. Por su parte, el principio de indivisibilidad establece que un derecho humano no puede catalogarse, exclusivamente, dentro de una clasificación, pues puede ser que una prerrogativa de índole patrimonial impacte en otros derechos como lo puede ser la vida o la libertad de trabajo.
47. Mientras que la progresividad de los derechos humanos, como principio, atiende a la constante evolución de tratar de incrementar la protección de un derecho sin desconocer otro o establecer la preferencia de protección de un derecho sobre otro en el caso concreto, sin que ello implique desconocimiento de derecho humano alguno.
48. Lo anteriormente expuesto, conlleva que este órgano de control constitucional aplique la figura jurídica de la "suplencia de la queja" prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, esto en lo que atañe al tema de la usura.
49. Aunado a que, al resolver la contradicción de tesis 386/2014, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País estableció que cuando en un asunto el Juez del conocimiento (o, en su caso, la alzada), no se pronuncie respecto de la posible configuración de usura, tratándose del cobro de intereses derivado del impago de un título de crédito, en términos de las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), de títulos y subtítulos: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", si el Tribunal Colegiado de Circuito al que toque conocer del juicio de amparo directo advierte indicios de usura, entonces, deberá conceder la protección constitucional para que la autoridad responsable examine lo conducente atendiendo a las citadas jurisprudencias.
50. Incluso, existe jurisprudencia(8) en el sentido de que la institución de la suplencia de la queja en materia del juicio de amparo, debe analizarse para decretar su aplicación dentro de un marco constitucional de derechos humanos y atendiendo a la protección de éstos, como así lo exige el precepto 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya invocado, y lo cual también es un aspecto que este tribunal pondera.
51. No se opone a lo anterior que en la contradicción de tesis 386/2014, la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso la metodología del estudio de la usura y precisó que si la autoridad se pronunciaba sobre el tema y el quejoso no combatía las consideraciones, el concepto debía declararse inoperante; sin embargo, también destacó que dicha calificativa se daría siempre y cuando no se actualice algún supuesto de suplencia de la queja deficiente, lo cual, como ya se dijo en párrafos precedentes, en el caso, este órgano colegiado advierte la vulneración de derechos fundamentales de la parte quejosa (interés usurario) y, por ende, se estima aplicable dicha institución.
52. Ahora bien, en el caso en estudio, este tribunal advierte que el juzgador no se apegó al criterio establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, numeral 3,(9) ya que si bien realizó el análisis de los intereses moratorios pactados por las partes en el fundatorio de la acción y los redujo por considerarlos usurarios, lo cierto es que no precisó, de manera adecuada, los motivos que lo llevaron a reducir dicho interés al 70% (setenta por ciento) anual.
53. En relación con el tema de los intereses usurarios, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 350/2013, en sesión de diecinueve de febrero de dos mil catorce, emitió la jurisprudencia,(10) de «título y subtítulo» texto siguientes:
"PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1o. constitucional ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver."
54. En ese criterio jurisprudencial, el Máximo Tribunal del País realizó una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré y, en dicha jurisprudencia, se apartó de las consideraciones en donde equiparó el interés usurario con el lesivo.
55. A la luz de esa premisa, el Máximo Tribunal del País destacó que el artículo 1o. constitucional ordena que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
56. También consideró que el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé la usura como la forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo.
57. Así, la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre esas bases, estimó que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré, el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de pacto operará el tipo legal, permite una interpretación conforme con la Constitución General.
58. En este contexto, concluyó que la permisión de acordar intereses tiene los límites siguientes:
a) Que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés;
b) Que, además, confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente aplique de oficio el artículo 174 citado, con el contenido constitucionalmente válido a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso.
59. De lo anterior se evidencia que la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar la interpretación conforme en sentido estricto del artículo 174, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con la Constitución «Federal», estableció que dicho ordenamiento legal no es inconstitucional, en lo conducente a que en el pagaré, el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal, pues estableció que tal permisión no es de carácter ilimitado, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo; esto con base en el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
60. La anterior determinación la sustentó en dos premisas fundamentales:
I) El contenido conducente del artículo 174 indicado, permite cuando menos tres interpretaciones jurídicas de entre las cuales debe preferirse la que sea acorde con la Constitución «Federal».
II) La adecuación constitucional del pre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29319-d15080d9/acceso-al-credito-financiero-constituye-un-derecho-humano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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