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Modo: Corpus Pro

HONORARIOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 137, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 92 DE SU REGLAMENTO. NO ES CONJUNTAMENTE CON LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES OMITIDAS O NO SATISFECHAS, SINO CON LA DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INFRACCIÓN DE QUE SE TRATE, CUANDO LA AUTORIDAD DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU MONTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2017. · Registro digital (IUS): 29525
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-10-16
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo II, Pág. 1178.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO DANIEL ZAMORA BARRÓN, GUILLERMO CUAUTLE VARGAS, EDUARDO TORRES CARRILLO, JUAN ANTONIO TREJO ESPINOZA Y JUAN PABLO HERNÁNDEZ GARZA. DISIDENTE: SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: EDUARDO TORRES CARRILLO. SECRETARIO: HÉCTOR JAVIER CERVANTES VILLANUEVA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno del Decimonoveno Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 94 y107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, este último, en relación con el punto primero, fracción XIX, en concordancia con el punto segundo, fracción XIX, número "1" del Acuerdo General 3/2013 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Lo anterior, toda vez que los criterios contendientes fueron emitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad y por el Segundo Tribunal Colegiado en las mismas materias, Circuito y residencia, esto es, se trata de criterios sostenidos por órganos colegiados competentes para resolver por el Pleno del Decimonoveno Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha denuncia la hizo el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, que sostuvo una de las posturas que participan en la presente contradicción.

TERCERO.—Consideraciones en que se sustentan los criterios contendientes.

Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito con sede en esta ciudad, en el amparo directo administrativo 28/2017, resolvió:

"QUINTO.—Estudio.

"Los conceptos de violación son infundados.

"- Antecedentes.

"Mediante escrito depositado el veintitrés de mayo de dos mil dos mil dieciséis (sic) en la oficina del Servicio Postal Mexicano en Tampico, Tamaulipas, e ingresado el veintisiete de mayo siguiente en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente, Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), con residencia en esta ciudad, ********** ocurrió a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas ‘5’, que resolvió el recurso de revocación **********, en el sentido de confirmar las resoluciones contenidas en los oficios ********** y ********** de nueve y diez de noviembre de dos mil quince, respectivamente, emitidas por la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tampico, Tamaulipas, en el que se determinaron dos créditos fiscales en cantidades de $42,160.00 (cuarenta y dos mil ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y $34,720.00 (treinta y cuatro mil setecientos veinte pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de multas.

"La autoridad demandada, en su contestación, sostuvo la legalidad de (sic) resolución impugnada y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.

"Agotado el trámite de ley, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la instructora del juicio, primer secretaria de Acuerdos de la primera ponencia de la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actuando en suplencia por falta de Magistrado titular, dictó la sentencia correspondiente, en la que desestimó los conceptos de nulidad planteados por el actor y, en consecuencia, reconoció la validez de la resolución directamente impugnada, así como de las recurridas en sede administrativa.

"- Conceptos de violación.

"Conviene precisar al respecto, que el quejoso debe combatir todas las consideraciones expuestas en el fallo aludido, que estime le afecten o que fueron emitidas al margen de la ley, así como poner en conocimiento del tribunal de amparo, todas aquellas omisiones en las que, en su caso, la autoridad responsable hubiera incurrido al momento de examinar sus conceptos de impugnación.

"Esto último, a fin de que el tribunal de control constitucional, de estimar que efectivamente se produjeron las omisiones que el quejoso plantea, pueda conceder el amparo para efectos y ordenar a la autoridad responsable se avoque a su conocimiento, por ser el que está obligado a resolver todas las pretensiones de las partes, en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que dice:

"‘CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN FORMULADOS ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO ANALIZADOS EN SU INTEGRIDAD. LA OMISIÓN RELATIVA DEBE SER COMBATIDA POR EL QUEJOSO A TRAVÉS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE FORMULE EN SU DEMANDA DE AMPARO.—En virtud de que en el juicio de nulidad rige el principio de congruencia contenido en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, el cual estriba en que al resolver la controversia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sus Salas Metropolitana o Regionales deben sujetarse a lo planteado por las partes en la demanda, su ampliación si la hubo, y en la contestación a una y otra, sin omitir nada, ni añadir cuestiones jurídicas no propuestas en forma oportuna por los que controvierten, resulta inadmisible tomar en consideración en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia relativa al resolver sobre la legalidad de la misma, los conceptos anulatorios propuestos por el actor del juicio fiscal, cuyo estudio omitió la emisora de esa sentencia, ya que en tal caso corresponde al actor quejoso combatirla expresamente al través de los conceptos de violación que formule en su demanda de garantías, o sea, mediante ellos impugnar esa violación formal en que hubiere incurrido la responsable, a efecto de que, en su caso, esto es, de trascender al resultado de la sentencia reclamada, le sea concedida la protección constitucional impetrada y, por tanto, a virtud de la ejecutoria amparadora, obligar a la autoridad al análisis del concepto de anulación soslayado, pues es evidente que esa omisión no constituye una violación manifiesta de la ley que hubiese afectado las defensas del promovente del amparo, precisamente porque estuvo en aptitud de inconformarse con ella al través del juicio constitucional.’(1)

"Así, el estudio de los conceptos de violación se realizará conforme a los siguientes rubros:

"A) Omisión de invocar en el requerimiento de obligaciones, el segundo párrafo del artículo 14 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

"El quejoso aduce en el tercero de sus motivos de disenso, que la sentencia reclamada transgrede en su perjuicio el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional y el diverso 51, párrafo antepenúltimo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(2) toda vez que la Sala responsable sostuvo que el requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales, está debidamente fundado en cuanto a la competencia de la autoridad, aun cuando no se citara el segundo párrafo del artículo 14 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ya que citó el artículo 16, párrafos primero y último, del reglamento en mención, el cual autoriza específicamente a las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente, para ejercer lo dispuesto en la fracción XL del artículo 14 del reglamento citado, como facultades propias.

"Al respecto, refiere el peticionario del amparo, que las facultades precisadas en el artículo 14 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, entre las que destaca la fracción XL, relativa al requerimiento de la presentación de declaraciones, son originalmente concedidas expresamente a la Administración General de Servicios al Contribuyente; y, que es el párrafo segundo del invocado artículo 14 del reglamento, el fundamento para que esa administración general sea auxiliada en el ejercicio de dichas atribuciones, por los administradores locales de Servicios al Contribuyente, por tanto, también debió citarse esa porción normativa para fundamentar la competencia ‘de grado’ y ‘concurrente’.

"Además, agrega el quejoso que si bien el numeral 9, tercer párrafo, del reglamento referido, establece que las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente serán unidades adscritas a la Administración General de Servicios al Contribuyente, lo cierto es que no señala que auxiliarán a esta última en el ejercicio de sus atribuciones, lo que sí establece el artículo 14, párrafo segundo, del reglamento mencionado.

"Es infundado el planteamiento que antecede.

"En efecto, del análisis realizado al artículo 16 constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias, se ha concluido que la fundamentación de la competencia es un requisito esencial del acto de autoridad, por lo que para estimar que un acto de autoridad está debidamente fundado, la autoridad administrativa debe invocar adecuadamente su competencia (por materia, grado, territorio y cuantía); y, que ese deber implica, en algunos casos, transcribir una porción del precepto que prevé tal competencia, cuando se trate de una norma compleja.

"Al respecto, se citan como apoyo las jurisprudencias siguientes:

"‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.—Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria.’(3)

"‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.—De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: «COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.», así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.’(4)

"‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.—De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: «COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.», así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.’(5)

"En la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 57/2001 previamente transcrita, se consideró que los criterios bajo los cuales se fija la competencia de las autoridades administrativas, son, básicamente:

"‘a) Materia:

"‘Atiende a si la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél, se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, que se distingue de los demás (salud, fiscales, administrativas, ecología, comercio, entre otros).

"‘b) Grado:

"‘También llamada funcional o vertical y se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados (escalas) y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa.

"‘c) Territorio:

"‘Ésta hace alusión a las circunscripciones administrativas. El Estado por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que ha de realizar, se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tiene un campo de acción limitada localmente; por tanto, dos órganos que tengan idéntica competencia en cuanto a la materia, se pueden distinguir; sin embargo, por razón de territorio.’

"A su vez, los artículos 14, primer párrafo, fracción XL, segundo y tercer párrafos, numeral 9, y 16, párrafos primero, fracción I, y último, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria aplicable, establecen:

"‘Artículo 14. Compete a la Administración General de Servicios al Contribuyente:

"‘...

"‘XL. Requerir la presentación de declaraciones, avisos, documentos e instrumentos autorizados, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos y simultánea o sucesivamente hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la autoridad, así como requerir la rectificación de errores u omisiones contenidos en las declaraciones, solicitudes, avisos, documentos e instrumentos autorizados.

"‘...

"‘La Administración General de Servicios al Contribuyente estará a cargo de un administrador general, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan.

"‘Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que a continuación se indican estarán adscritas a la Administración General de Servicios al Contribuyente:

"‘...

"‘9. Administradores locales de Servicios al Contribuyente.’

"‘Artículo 16. Compete a las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades señaladas en las fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI y XLVII del artículo 14 de este reglamento.

"‘Compete a las Subadministraciones Locales de Servicios al Contribuyente, dentro de la circunscripción territorial que corresponda a la administración local a la que se encuentran adscritas, ejercer las siguientes facultades:

"‘I. La señalada en la fracción XL del artículo 14 de este reglamento.

"‘...

"‘Las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente estarán a cargo de un administrador local, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los subadministradores, jefes de departamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.’

"Del precepto 14 transcrito, se advierte (primer párrafo), que a la Administración General de Servicios al Contribuyente le compete realizar lo establecido en la fracción XL, consistente en requerir la presentación de declaraciones, avisos, documentos e instrumentos autorizados, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos y simultánea o sucesivamente hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o la que resulte determinada por la autoridad, así como requerir la rectificación de errores u omisiones contenidos en las declaraciones, solicitudes, avisos, documentos e instrumentos autorizados.

"Dicho artículo también refiere (segundo párrafo), que la Administración General de Servicios al Contribuyente estará a cargo de un administrador general, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan, entre ellos, los administradores locales de Servicios al Contribuyente.

"A su vez, el numeral 16 del citado reglamento (primer párrafo), señala que compete a las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente (unidades administrativas las cuales se encuentran a cargo del administrador local), dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades señaladas en diversas fracciones del artículo 14 del citado reglamento, entre las que se encuentra la fracción XL; facultad que también le corresponde a los subadministradores locales de Servicios al Contribuyente, dentro de la circunscripción territorial que corresponda a la administración local a la que se encuentran adscritos (segundo párrafo, fracción I).

"Así, de los preceptos 14 y 16 en estudio se obtiene, que respecto de las facultades a que se refieren las diversas fracciones del artículo 14, citadas en el párrafo primero del 16, no se prevé un sistema de competencia por razón de grado, conforme al cual los órganos inferiores no puedan desarrollar materias reservadas al superior, y viceversa, sino que se establece un sistema de atribuciones concurrentes (en esto parece coincidir el quejoso dado que refiere el término: competencia concurrente), toda vez que otorga dichas facultades tanto a la administración general, como a los administradores locales, ambos de Servicios al Contribuyente.

"Aunque los administradores locales de Servicios al Contribuyente, al ejercer las referidas facultades, deben hacerlo dentro de la circunscripción territorial que a cada uno corresponda.

"De lo anterior, se colige que aun cuando la autoridad haya omitido citar en el oficio de requerimiento, el segundo párrafo del artículo 14 del ordenamiento en cita, que a la letra dice:

"‘... La Administración General de Servicios al Contribuyente estará a cargo de un administrador general, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan.’

"Ello no significa que carezca de la suficiente fundamentación de la competencia material y de grado de la autoridad, pues como bien lo determinó la Sala del conocimiento, conforme a las disposiciones reglamentarias citadas, la facultad de requerir la presentación de declaraciones cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos, aun cuando originalmente se otorga a la Administración General de Servicios al Contribuyente, también es propia de las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente (unidades administrativas), en competencia concurrente, ello dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda.

"De tal forma que a pesar de que no se señalara la porción normativa que dispone que los administradores locales de Servicios al Contribuyente son auxiliares de la Administración General de Servicios al Contribuyente, en el ejercicio de sus facultades, lo cierto es que no podría desconocerse que a aquellos les corresponde en forma directa el ejercicio de la facultad de que se trata, precisamente porque así lo autoriza el artículo 16, párrafo primero, en relación con el 14, fracción XL, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

"En ese contexto, si el artículo 16, en relación con el 14, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, respecto de la facultad atinente al requerimiento de presentación de declaraciones, no establece una competencia por grado, deviene que, como lo resolvió la Sala del conocimiento, la falta de cita del segundo párrafo del artículo 14 del reglamento en mención no se traduce en la ilegalidad de ese requerimiento, por insuficiente fundamentación de la competencia.

"En cuanto a lo argüido por el quejoso, en relación a que el estudio de la competencia, la Sala debió realizarlo de oficio, lo que no hizo, lo cual sustenta en la tesis IV.2o.A. J/7 (10a.), de título y subtítulo: ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO.’

"Debe decirse que si la Sala declaró infundado el concepto de nulidad atinente a la insuficiente fundamentación de la competencia ‘material’, ‘de grado’ y ‘concurrente’ conforme a lo planteado por el actor; sin expresar, de oficio, por diversas razones, que la autoridad demandada hubiera incurrido en falta de fundamentación de la competencia o en falta de competencia, ello debe entenderse como que (sic) estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución impugnada.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice:

"‘COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.—El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que ese Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada. Al respecto debe decirse que ese estudio implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma, en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada; sin embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.’(6)

"No está de más aclarar que la tesis en que sustenta su argumento el quejoso, ya quedó superada con la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.), de título y subtítulo: ‘CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’

"En cuanto a la diversa jurisprudencia 1a./J. 38/2015 (10a.), que invoca el peticionario del amparo, de título y subtítulo: ‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSUDIARIEDAD (SIC), POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, debe decirse que no es aplicable al caso, dado que la lectura de la sentencia reclamada lleva al conocimiento de que la Sala responsable no advirtió méritos para realizar un control difuso de constitucionalidad y/o convencionalidad.

"B) Omisión de invocar en el requerimiento de contribuciones el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

"En otro contexto, en el segundo concepto de violación el quejoso arguye que, contrario a lo sostenido por la Sala responsable, el administrador local de Servicios al Contribuyente de Tampico omitió citar el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, en el requerimiento de obligaciones, que es el que lo faculta a motivar su requerimiento en hechos que conozca en el ejercicio de sus facultades de comprobación, expedientes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29525-96735ec3/honorarios-previstos-en-los-articulos-137-ultimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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