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Modo: Corpus Pro

INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AMBIENTAL. LO TIENEN LAS PERSONAS FÍSICAS QUE HABITAN EN EL ENTORNO ADYACENTE DEL ECOSISTEMA PRESUNTAMENTE VULNERADO, CUANDO RECLAMAN EL REGLAMENTO DE GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LOS DISTRITOS 8 Y 9, TODOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 79/2023 (11a.)]. REGLAMENTO DE GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PARA LOS DISTRITOS URBANOS 8 Y 9, TODOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PUBLICADOS EN LA GACETA MUNICIPAL DE 24 DE DICIEMBRE DE 2020. SON NORMAS DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 67/2023. · Registro digital (IUS): 32052
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo V, Pág.4315.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 67/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 67/2023, entre los sustentados por el Segundo y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.

2. La problemática jurídica que subyace en este caso consiste en determinar: a) la naturaleza jurídica de las normas consistentes en el Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano para los Distritos Urbanos 8 y 9, ambos de dicho Municipio, todos publicados el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la Gaceta Municipal; y, b) si para acreditar el interés legítimo en un juicio de amparo indirecto en materia ambiental promovido en su contra, es suficiente que los quejosos demuestren que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia del ecosistema que alegan vulnerado en esos distritos.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio 8088/2023 recibido vía interconexión el trece de julio de dos mil veintitrés, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, remitió la resolución dictada en el amparo en revisión 412/2022 de su índice, en la cual realizó la denuncia de una posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Tribunal oficiante, al resolver ese amparo en revisión y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en el mismo lugar, al resolver el amparo en revisión 63/2022.

4. En acuerdo de trece de julio siguiente, el Magistrado presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el consecutivo 67/2023, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el informe relativo a si el criterio de la posible contradicción se encuentra vigente y por lo que hace al Tribunal oficiante se estimó innecesario informara acerca de la vigencia de su criterio, ya que al ser el que denuncia, se le tuvo por vigente. Por otra parte, se solicitó a los tribunales contendientes que pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico, relativo a los asuntos involucrados en la contradicción.

5. En el mismo auto, se solicitó al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en ésta que guarde relación con la temática planteada, y se turnaron los autos electrónicamente al ahora Magistrado ponente.

6. Por proveído de tres de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 8084/2023, en el cual, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito ordenó poner a disposición de este Pleno Regional, el acceso electrónico del expediente 412/2022 de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

7. En acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 12736/2023, en el cual, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informó que en la ejecutoria del recurso de revisión 63/2022, continúa vigente el criterio ahí sustentado.

8. Por oficio DGCCST/X/689/08/2023, de dieciocho de agosto del mismo año, el encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informó que en el Máximo Tribunal del País no se encuentra contradicción de criterios, cuyo tema guarde relación con el planteado en el presente asunto.

9. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, que se encuentran dentro de la región Centro-Sur.

III. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien conoció de uno de los recursos de revisión que motivaron esta contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

13. Primer criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del amparo en revisión 63/2022.

14. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria citada son:

15. Juicio de amparo indirecto. Diversas personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron del presidente Municipal, Ayuntamiento, Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Municipio de Puerto Vallarta, los siguientes actos:

"1. El Acuerdo 382/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, por medio del cual en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, abrogó el Reglamento de Zonificación para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y la creación del Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta el día 24 de diciembre de 2020.

"2. El Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, el día 24 de diciembre de 2020.

"3. El Acuerdo 383/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, por medio del cual en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, se aprobó el programa municipal de desarrollo urbano del Municipio de Puerto Vallarta el día 24 de diciembre de 2020.

"4. La expedición, promulgación y publicación del programa municipal de desarrollo urbano visión 2050, publicado el día 24 de diciembre de 2020.

"5. El Acuerdo 384/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, por medio del cual en sesión ordinaria el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, aprobó los planes parciales de desarrollo urbano de los distritos urbanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ‘El Colorado’ y ‘Las Palmas’, publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta el día 24 de diciembre de 2020, en particular por lo que hace al plan parcial de desarrollo urbano del distrito urbano 9.

"6. La expedición, promulgación y publicación del plan parcial de desarrollo urbano distrito urbano 9 publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta el día 24 de diciembre de 2020.

"7. La orden de inscripción y registro del programa municipal de desarrollo urbano visión 2050 y del plan parcial de desarrollo urbano distrito urbano 9, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

"8. La omisión de realizar las consultas públicas y participación ciudadana ordenadas en el artículo 98 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y, por tanto, cumplir las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 14 constitucional, respecto del programa municipal de desarrollo urbano visión 2050, así como el plan parcial de desarrollo urbano del distrito urbano 9.

"9. La aplicación del programa municipal de desarrollo urbano visión 2050, así como del plan parcial de desarrollo urbano del distrito urbano 9, reclamados en este juicio de amparo, que de hecho como de derecho haga o pretendan hacer las autoridades responsables dentro del Distrito Urbano 9 y en el ámbito de su competencia, a través de cualquier permiso, licencia, constancia, instrucción verbal o escrita."

16. De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien la registró con el consecutivo 397/2021 y la admitió a trámite; en seis de diciembre de dos mil veintiuno, la Jueza Federal dictó sentencia constitucional en la que sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados indicados en los numerales 7, 8 y 9, atribuidos a la encargada de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, al director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, al apoderado y procurador, y al presidente interino del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, al considerarlos inexistentes y porque tuvo por actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el numeral 108, fracciones III y VIII, de la ley de la materia.

17. Y por lo que hace a los actos reclamados señalados en los numerales 1 al 6 atribuidos al director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, al apoderado y procurador y al presidente interino del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, sobreseyó en el juicio al tener de oficio por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo,(1) relativa a la falta de interés jurídico y/o legítimo, porque consideró que se trata de actos que requieren ineludiblemente de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, para poder ser controvertidos.

18. Explicó, que no debe perderse de vista que los argumentos de la parte peticionaria de la protección federal se desarrollan a partir de que consideran que los actos reclamados, afectarán el uso de suelo, lo que implica modificaciones a los atributos de las edificaciones, al entorno residencial en cuanto a vistas al océano, asoleamiento de las propiedades, movilidad, servicios de agua, drenaje, electricidad, transporte, seguridad, espacios públicos y densidad de población, lo que refiere afectaría la calidad de vida de los que habitan en el fraccionamiento donde residen, situación que en el caso no ha sucedido, o al menos dijo, no obra en autos constancia que acredite que se están realizando construcciones, que se estén efectuando obras, o bien, que se haya liberado la autorización de licencias de construcción en observancia a las disposiciones derivadas de los actos combatidos.

19. Que tampoco pasaba inadvertido lo manifestado en los dictámenes periciales rendidos por el perito oficial y el designado por la parte quejosa, pues respecto a lo expuesto en el primer dictamen, desprendió que no se materializaban aún las afectaciones que los quejosos pretendían reclamar; asimismo, que tampoco las documentales que aportó la impetrante resultaban aptas para tener por acreditado algún acto de aplicación de la normatividad reclamada, y que, en todo caso, la afectación la sufriría cuando se expidiera algún acto que derivara de la misma, siendo por el momento futuro e incierto.

20. En consecuencia, sobreseyó en el juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, de la misma ley.

21. Recurso de revisión. Los amparistas interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, lo registró con el consecutivo 63/2022 y en sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida y concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Cuestiones jurídicas

22. Por unanimidad de votos, el Tribunal Colegiado estableció lo siguiente:

23. Estimó fundados los agravios, porque señaló que conforme a la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO.",(2) un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso; aunado a ello, expuso que conforme a lo establecido en la diversa tesis de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, número 1a. CCLXXXII/2014 (10a),(3) tratándose de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada.

24. El Tribunal Colegiado refirió que en el caso, los quejosos acreditaron que residen en un fraccionamiento de la municipalidad de Puerto Vallarta, que se encuentra dentro del distrito 9 del Programa Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente; lo cual fue corroborado por el perito oficial y el designado por la parte quejosa, quienes rindieron dictamen pericial en materia urbanística en los autos del juicio de origen.

25. En ese contexto, arribó a la conclusión de que los quejosos cuentan con interés legítimo para instar en el juicio de amparo, porque al ser vecinos de una colonia ubicada en el distrito urbano 9, en donde, sin estar en el supuesto de realizar alguna obra de construcción, se verán afectados por las que lleguen a solicitarse, así como, inmediatamente, con el hecho de suprimir algunas áreas verdes que estaban contempladas en el plan parcial anterior, que fue sustituido por el actual que se reclama; lo cual constituye ya una afectación inmediata y actual en su esfera de derechos, en cuanto al entorno urbano y ambiental al que tienen derecho.

26. Explicó, que de lo expuesto por los peritos que emitieron su dictamen en los autos del juicio de amparo, advirtió que ya de momento, sin necesidad de esperar un acto posterior, se genera de manera inmediata una afectación jurídicamente relevante a los quejosos, al ya estarse suprimiendo la existencia de un área verde que se contemplaba dentro del distrito urbano, entre otras cuestiones; como lo indicaron los impetrantes en su pliego de agravios, lo que dijo, corroboró con lo analizado y dictaminado por los peritos, y que transcribió enseguida:

"... pues se violentan los principios de precaución y prevención ambiental que deben regir en la protección al medio ambiente, por lo que los programas de Desarrollo Urbano de manera inmediata con su sola publicación sí causan una afectación a los quejosos, pues establecen la posibilidad de urbanizar y saturar espacios urbanos al permitir aumentar las densidades e intensidades de construcción, además de que como se desprende del décimo concepto de violación de la demanda de amparo, eliminan espacios verdes y abiertos, como es el área verde ubicada entre ********** eliminando los servicios ambientales que prestan esos espacios públicos en el distrito 9. ... ."

27. Finalmente, citó como aplicable, en lo conducente, lo establecido en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).",(4) así como la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(5) y la jurisprudencia del entonces Pleno del Cuarto Circuito, intitulada: "PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. EL AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LOS PLANTEAMIENTOS EFECTUADOS EN UNA CONSULTA CIUDADANA, RELATIVA A LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."(6)

28. Por tanto, el Tribunal Colegiado contendiente revocó la sentencia recurrida y al no advertir la actualización de alguna causal de improcedencia, analizó los conceptos de violación planteados, los que declaró fundados, en consecuencia, concedió el amparo solicitado.

29. Segundo criterio contendiente. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del amparo en revisión 412/2022.

30. Los antecedentes que interesan de dicha ejecutoria son:

31. Juicio de amparo indirecto. Diversas personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto contra los actos que atribuyeron al presidente Municipal, Ayuntamiento, Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio y director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Municipio de Puerto Vallarta, del Estado de Jalisco, consistentes en:

"1) El Acuerdo 382/2020 de 16 de diciembre de 2020, por medio del cual en sesión ordinaria el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, abrogó el Reglamento de Zonificación para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y la creación del Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta el 24 de diciembre de 2020.

"2) El Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, el día 24 de diciembre de 2020.

"3) El Acuerdo 383/2020 de 16 de diciembre de 2020, por medio del cual en Sesión Ordinaria el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, se aprobó el programa municipal de desarrollo urbano del Municipio de Puerto Vallarta el 24 de diciembre de 2020.

"4) La expedición, promulgación y publicación del programa municipal de desarrollo urbano visión 2050, publicado el 24 de diciembre de 2020. "5) El Acuerdo 384/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, por medio del cual en sesión ordinaria el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, aprobó los planes parciales de desarrollo urbano de los distritos urbanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ‘El Colorado’ y ‘Las Palmas’, publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta el 24 de diciembre de 2020, en particular por lo que hace al plan parcial de desarrollo urbano del distrito urbano 8.

"6) La expedición, promulgación y publicación del plan parcial de desarrollo urbano distrito urbano 8, publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta el 24 de diciembre de 2020.

"7) La orden de inscripción y registro del programa municipal de desarrollo urbano visión 2050 y del plan parcial de desarrollo urbano distrito urbano 8, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

"8) La omisión de realizar las consultas públicas y participación ciudadana ordenadas en el artículo 98 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y por tanto cumplir las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 14 constitucional, respecto del programa municipal de desarrollo urbano visión 2050, así como el plan parcial de desarrollo urbano del distrito urbano 8.

"9) La aplicación del programa municipal de desarrollo urbano visión 2050, así como del plan parcial de desarrollo urbano del distrito urbano 8."

32. El Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco ordenó registrarla con el número de expediente 419/2021, y previno a la parte quejosa a efecto de que precisara los actos que de manera individual se reclamaron de las autoridades señaladas como responsables, así como para que aportara información respecto de la pertenencia a la asociación quejosa en diverso juicio de amparo 415/2021, de su índice.

33. En cumplimiento a lo anterior, la parte quejosa individualizó el reclamo de los actos, e incluyó como nueva autoridad responsable al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, Jalisco, y proporcionó la información solicitada por el Juzgado de Distrito respecto a la pertenencia a la asociación vecinal promovente del diverso juicio de amparo mencionado; posteriormente, mediante acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, el juzgador de amparo tuvo por cumplido el requerimiento y admitió a trámite la demanda.

34. Seguido el juicio por todas sus etapas, el cinco de abril siguiente dictó sentencia respectiva en la que por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, al declarar la inexistencia de la omisión de realizar las consultas públicas y participación ciudadana respecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Visión 2050 y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito Urbano 8, así como la aplicación de éstos que se pretenda hacer a través de cualquier permiso, licencia, constancia e instrucción verbal o escrita; en torno a los acuerdos reclamados 382/2020, 383/2020 y 384/2020, todos de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108, fracción VIII, de la ley de la materia, por establecer que no se formularon conceptos de violación.

35. Finalmente, en relación con el Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Visión 2050 y del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Distrito Urbano 8, tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, toda vez que estimó que los ordenamientos reclamados requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.

36. Explicó que al margen de que la parte quejosa indique que comparece en defensa de un interés legítimo, lo cierto es que, la expedición, promulgación y publicación del Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Visión 2050 y del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Distrito Urbano 8, no afectan su esfera de derechos, porque si bien acreditaron que tienen inmuebles y habitan en las zonas que están incluidas geográficamente en el área sujeta a los ordenamientos reclamados; lo cierto es que fueron omisos en acreditar que las modificaciones que se incorporan en aquéllos (densidad de población, alturas máximas permitidas de construcción), en relación con las normas vigentes antes de su entrada en vigor, alteran el medio ambiente de tal forma que modifican su entorno de vida ocasionando la afectación que se reclama, por la especial situación que guardan con el ecosistema que se estima vulnerado.

37. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, de la misma ley, sobreseyó en el juicio.

38. Recurso de revisión. La quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo registró con el expediente 412/2022, y en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo.

Cuestiones jurídicas

39. Por mayoría de votos el Tribunal Colegiado estableció lo siguiente:

40. Que era objetivamente correcta la determinación del Juez de Distrito en el sentido de sobreseer en torno a los actos consistentes en el Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito 8, todos ellos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, contenidos en los Acuerdos 382/2020, 383/2020 y 384/2020, aprobados en la sesión ordinaria de dieciséis de diciembre de dos mil veinte del referido Ayuntamiento, porque tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que los ordenamientos reclamados no irrogan una afectación a los quejosos con motivo de su sola entrada en vigor, sino que se requiere de un evento posterior de aplicación.

41. Explicó que si bien los quejosos pretenden impugnar los ordenamientos mencionados a partir de su entrada en vigor, al considerar que por ese solo hecho generan una afectación en su esfera jurídica, por tratarse de normas que regulan el objeto, requisitos y componentes de la planeación urbanística; estimó que el problema jurídico que de inicio debía resolverse consistía en determinar si los ordenamientos controvertidos son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa.

42. Para ello, citó la jurisprudencia P./J. 55/97,(7) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial para el Municipio de Puerto Vallarta, reclamado y los numerales 94, 96, 98, 99, 120 y 121 del Código Urbano del Estado de Jalisco, vigente a la fecha de publicación de los ordenamientos reclamados; de los que obtuvo que el reglamento, el programa municipal y el plan parcial impugnados, tienen por objeto definir la clasificación y normas técnicas de los usos y destinos del suelo, con el fin de ordenar el territorio, la gestión y administración del desarrollo urbano de Puerto Vallarta, Jalisco; así como establecer las directrices, lineamientos y normas conforme a las cuales las personas y los grupos sociales que integran la población, participarán en el proceso de planeación para la urbanización y el desarrollo sustentable; y precisar las normas de zonificación, cuando por la magnitud de escala e intensidad de las actividades, resulte insuficiente el plan de desarrollo urbano del centro de población, el programa de ordenamiento ecológico local o en su caso, el programa municipal de desarrollo urbano, donde se integren las disposiciones de ordenamiento territorial de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico local, respectivamente.

43. Que el procedimiento para la creación del programa y los planes parciales está a cargo de los Municipios, quienes una vez que lo han elaborado, deben convocar a la población a una consulta pública en la cual, darán a conocer los objetivos y alcances del plan de desarrollo urbano municipal y escucharán a los ciudadanos, quienes opinarán sobre el contenido del mismo y podrán presentar planteamientos o propuestas por escrito para que sean valoradas por las autoridades municipales convocantes; situación que se constituye como un ejercicio de participación ciudadana.

44. Que la autoridad municipal, por su parte, se encuentra obligada a escuchar y recibir las propuestas o planteamientos que sobre el tema se realicen, y deberá otorgarles respuesta a los particulares de manera personal y por escrito dentro de un plazo de cuarenta días naturales prorrogables hasta ochenta días; y que una vez que se cumplen las formalidades de la participación ciudadana, se elabora una versión final del plan de desarrollo urbano municipal, en el que se incorporan aquellas propuestas ciudadanas que hubieren resultado conducentes; se realiza su aprobación por parte del Ayuntamiento del Municipio correspondiente, y se ordena su publicación, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

45. En ese contexto, advirtió que los gobiernos municipales son quienes cuentan con la atribución legal para llevar a cabo la aprobación del reglamento, el programa y los planes de desarrollo municipal, es decir, quienes pueden ordenar y regular los procesos de conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos en su territorio.

46. De lo expuesto, concluyó que se trata de ordenamientos que tienen un referente normativo de permisión, en tanto su objeto consiste en planear, ordenar y regular el territorio de cada Municipio, mediante la determinación de los usos, destinos y reservas de áreas y predios, para l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32052-36c7d64a/interes-legitimo-para-promover-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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