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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII, DEL ACUERDO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DEL IMPUESTO AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE AMPARO AL TRATARSE DE UNA NORMA GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 131/2023. · Registro digital (IUS): 32413
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-05-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo V, Pág.4656.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 131/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: KAREN AIDEÉ ÁLVAREZ AGUILAR.

1. Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

I. VISTOS; y, RESULTANDO:

2. Denuncia de la contradicción. Por oficio presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes Común de este órgano jurisdiccional –Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México–, la Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver la queja 92/2023; en contra del criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en la materia y circuito citados, al fallar en la queja 131/2023, de su índice.

3. Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de veintidós de marzo del año en curso, se radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado registrándose como contradicción de criterios 131/2023; se ordenó formar el expediente electrónico; asimismo, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

4. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a dilucidar, a saber: "DETERMINAR SI PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN CONTRA DEL ACUERDO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE IMPUESTO AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE MINERALES PÉTREOS."

5. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó provisionalmente el asunto al Magistrado Gaspar Paulín Carmona para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

6. Informes. Los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, informes que se tuvieron por recibidos mediante proveídos de treinta de marzo y diez de abril de dos mil veintitrés.

7. Mediante acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, se recibió el oficio de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que comunicó que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema que nos ocupa en este asunto.

8. Confirmación de turno. El tres de mayo de dos mil veintitrés, al considerar que el expediente se encontraba debidamente integrado, con fundamento en el artículo 41 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Gaspar Paulín Carmona, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

9. Dictamen. El once de mayo de dos mil veintitrés, atendiendo al dictamen formulado por el Magistrado ponente, se requirió a la Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, informara la identificación de los criterios que denunció, por lo que en proveído de quince de los citados mes y año, se le tuvo informando que el expediente correcto es el recurso de queja 192/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, por lo que se solicitó hiciera del conocimiento si el criterio esgrimido seguía vigente.

10. Informe. El veintidós de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el informe del Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el sentido de que el criterio materia de la contradicción se encontraba vigente.

11. Devolución del expediente. Por acuerdo de presidencia de veinticinco de mayo del año en curso, se devolvieron los autos a la ponencia del Magistrado ponente para su estudio.

12. Consideración previa en relación al turno. El término de quince días para la elaboración del proyecto del asunto, empezó a transcurrir, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 párrafo segundo, fracción I,(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al día hábil siguiente en que se publicó el acuerdo en que fueron devueltos los autos –veinticinco de mayo del mismo año–, esto es, a partir del veintiséis siguiente, conforme a la publicación en la lista oficial de notificaciones, del mencionado proveído.

13. Aplazamiento. En sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, este Pleno Regional determinó aplazar el asunto.

14. Posteriormente, en sesión de trece de julio, nuevamente se determinó aplazar el asunto; lo anterior, ya que la nueva propuesta presentada por el ponente se encontraba vinculada con la contradicción de criterios 170/2023 presentada por la misma ponencia, en la que se proponía la resolución del tema en contradicción, la cual no fue aprobada en sesión, y en consecuencia, dada la vinculación de ambas contradicciones de criterios, se determinó el aplazamiento de este asunto.

15. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

II. CONSIDERANDO:

16. Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; el considerando quinto del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en relación con los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.

17. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.

18. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; ello, puesto que fue formulada por la Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS:

19. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de criterios, es preciso tener en cuenta las posturas de los Tribunales Colegiados contendientes.

20. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja 192/2023.

21. Juicio de amparo indirecto. La parte actora demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:

22. Autoridades responsables: Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas y Tesorero General, todos del Estado de Nuevo León.

23. Actos reclamados: Firma, expedición, aprobación y ejecución del Acuerdo de facilidades administrativas en materia de impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos, específicamente la fracción VIII del artículo segundo, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

24. De dicho juicio de amparo indirecto correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia Monterrey; que el seis de marzo de dos mil veintitrés, ordenó la formación del cuaderno incidental y en esa fecha determinó conceder la suspensión provisional a la parte quejosa.

25. Recurso de queja. Inconforme con la determinación anterior, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, interpuso recurso de queja, del que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien lo registró bajo el número de expediente 192/2023 y seguida la secuela procesal, en sentencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso de queja, revocó el auto impugnado y negó la suspensión provisional a la quejosa bajo las siguientes consideraciones:

26. Analizó los agravios formulados en conjunto, señaló que en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se publicó el Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos, en el que se concedió a las personas físicas y morales que realicen extracción, explotación o aprovechamiento de materiales pétreos, poder pagar el impuesto aplicando la tasa de 0.8 cuotas por cada metro cúbico o fracción que se extraigan, exploten o aprovechen de los materiales objeto del impuesto.

27. Indicó que en su artículo segundo, fracción VIII, con la finalidad de que los causantes del impuesto puedan optar por dicho beneficio deberán de cumplir con el requisito de no tener medio de impugnación alguno en contra de las contribuciones contenidas en las facilidades mencionadas o contra facilidades otorgadas anteriormente.

28. Asimismo, que constituye para la autoridad que habrá de aplicarla una regla de carácter prohibitivo, ya que no podría conceder las facilidades a los contribuyentes que no cumplan con esa, o las otras condicionantes que se impusieron para acceder al acreditamiento.

29. Precisó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que resulta improcedente conceder la suspensión contra actos prohibitivos, porque sería contraria a la naturaleza de la institución, toda vez que ésta tiene por objeto única y exclusivamente mantener las cosas en el estado en que se encuentran y si se concediera la suspensión contra tales actos, sus efectos no se limitarían a mantener las cosas en ese estado, sino a permitir al particular acceder al beneficio, sin cumplir con los requisitos que la autoridad responsable condicionó, esto es, se daría a la suspensión efectos restitutorios, lo que sólo puede tener la sentencia que se dicte en el amparo.

30. Sustentó su argumento en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 328664, de rubro siguiente: "ACTOS PROHIBITIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LOS."

31. Expuso que la medida suspensional resultaba improcedente porque la norma prohíbe a la autoridad fiscalizadora conceder el beneficio que se alega si el contribuyente no cumple con la condición señalada –no tener medio de impugnación alguno en contra de las contribuciones contenidas en las presentes facilidades o contra facilidades otorgadas anteriormente–, pues es precisamente ese acto prohibitivo el que impide acceder al beneficio, ya que se estima como condición para su cumplimiento.

32. Señaló que el acuerdo de facilidades administrativas, desde el punto de vista formal y material, reviste el carácter de "decreto-ley"; esto es, implica un acto materialmente legislativo, aunque haya sido emitido por el Ejecutivo del Estado, lo hizo en uso de las facultades legislativas que le confieren los artículos 85 fracciones X y XXVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en relación con el numeral 41 fracciones I y II del Código Fiscal del Estado de Nuevo León; y, por tanto, por disposición expresa, prohibió a la Secretaría de Finanzas dar el beneficio a los contribuyentes que no cumplan con las condiciones establecidas en el propio acuerdo.

33. Indicó que el hecho de que las autoridades administrativas deban verificar los requisitos para la procedencia o no de la facilidad administrativa, no impide acceder a algún órgano de justicia a reclamar algún derecho, pues lo que se establece es una condición optativa para obtener un aparente beneficio administrativo. Es decir, el hecho de impugnar se mantiene incólume si no se quiere acceder al beneficio, pero si se mantiene o se ejerce ese derecho, entonces la consecuencia es la de no obtener el beneficio y que al no guardar relación directa con el acto o la acción que se haya ejercido ante los tribunales, no puede afirmarse que la condición sea un obstáculo para reclamar sus derechos.

34. Expuso que ni siquiera puede considerarse la existencia de un obstáculo para que la propia autoridad facilite el acreditamiento porque si a ésta se le otorgó una facultad, pero con condicionantes, no podrá ejercerla si no está cumplida la condición y si bien este es un obstáculo para el quejoso, no puede constituir violación aparente a la Constitución porque la autoridad administrativa no es tribunal ni está facultada para administrar justicia.

35. Agregó que el acuerdo que otorga facilidades administrativas, no puede generar obligación alguna a los gobernados ya que es opcional para el interesado acogerse a ellas o no y en caso de cumplirse de manera optativa entonces si otorgará derechos a los contribuyentes.

36. Citó el criterio P. LV/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 180485, de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL."

37. Indicó que toda vez que la medida suspensional es improcedente cuando se reclaman actos prohibitivos porque se darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia que en el fondo se llegara a dictar, resultaba innecesario examinar si existía un perjuicio al interés social o se contravenían disposiciones de orden público, ya que no podría concederse la suspensión de los actos reclamados si, por sus propias características, no pudieran ser paralizados; pues de suspenderse la prohibición impuesta a la autoridad, la quejosa accedería a la facilidad administrativa que pretende y, por ende, quedaría sin materia el examen de constitucionalidad que sólo es propio de la sentencia que en el propio amparo se dicte.

38. Señaló que si la suspensión se otorga contra ese acto, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino tendría efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal.

39. Insertó la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo C, página 80, registro digital: 344781, con el rubro siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN CONTRA LOS."

40. Concluyó, que de otorgar la suspensión se vulneraría el artículo 131 de la Ley de Amparo porque ésta tendría efectos constitutivos ya que se obligaría a la responsable a que no se le condicione a la quejosa al requisito que prevé la fracción impugnada, efecto que sólo es propio de la sentencia que conceda la protección constitucional.

41. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver la queja 131/2023.

42. Juicio de amparo indirecto. La parte actora demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:

43. Autoridades responsables: Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas y Tesorero General, todos del Estado de Nuevo León.

44. Actos reclamados: Firma, expedición, aprobación y ejecución del Acuerdo de facilidades administrativas en materia de impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos, específicamente la fracción VIII del artículo segundo, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

45. De dicho juicio de amparo indirecto correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia Monterrey; que el dos de marzo de dos mil veintitrés, ordenó la formación del cuaderno incidental y en esa fecha determinó conceder la suspensión provisional a la parte quejosa.

46. Recurso de queja. Inconforme con la determinación anterior, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, interpuso recurso de queja, del que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien lo registró bajo el número de expediente ********** y seguida la secuela procesal, en sentencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, se declaró infundado el recurso de queja bajo las siguientes consideraciones.

47. Señaló que resulta inoperante una parte del primer agravio, toda vez que la parte recurrente basa su argumento en una premisa incorrecta, al sostener que no se debió conceder la suspensión porque no se generó una afectación a la esfera jurídica de la quejosa con la publicación del acuerdo reclamado, en tanto que para ello era necesario coartar el derecho del gobernado al acceso a la justicia; sin embargo, lo cierto es que la quejosa acudió a la instancia federal con motivo de un acto que, desde su perspectiva, es donde se aplicó la porción normativa combatida porque se condicionó el acceso a facilidades administrativas al desistimiento de un juicio. 48. Estimó infundados diversa porción del primero y el segundo agravio, esgrimiendo que contrario a lo que argumentó la autoridad responsable recurrente, con la concesión de la medida cautelar no se vulnera el orden público e interés social, ya que no se permite a la quejosa el incumplimiento de los diversos requisitos establecidos en la norma y, en una aproximación provisional al fondo del asunto (que no obliga al fondo del asunto) se advierte que la norma impugnada pudiera transgredir el derecho humano de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional, análisis somero que sí es propio de realizarse al momento de resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, ya que así lo establece el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al ponderar dichos elementos, es posible conceder la medida cautelar con efectos restitutorios provisionales.

49. Señaló que la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada, es decir, con efectos restitutorios.

50. Consideró necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida.

51. Indicó que la procedencia de la medida cautelar debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.

52. Señaló que es posible conceder la suspensión para efectos restitutorios que permitan que la quejosa alcance transitoriamente un beneficio que, al finalizar el procedimiento, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, sin prejuzgar sobre lo ocurrido durante la substanciación del incidente, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.

53. Expuso que el órgano jurisdiccional de amparo, excepcionalmente, podrá conceder la suspensión si, derivado de un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, en apariencia del buen derecho, es posible anticipar la probable solución de fondo del juicio principal y, en un adelanto provisional, restituir al quejoso en el goce del derecho que estima violado, sólo para efectos de la suspensión.

54. Indicó que al momento de resolver, la apariencia del buen derecho debe ponderarse con el interés social, según dispone la fracción X del artículo 107 constitucional, y el artículo 138 de la Ley de Amparo. En efecto, la apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado.

55. Señaló que lo anterior bajo el entendido de que la suspensión no podría llevar a constituir derechos que el quejoso no tenía antes de solicitar la medida cautelar, pues la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional, por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional.

56. Precisó que conforme a la regulación de la Ley de Amparo, se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento.

57. Manifestó que la autoridad recurrente pretende que se analicen de forma aislada las consideraciones que expone para demostrar que, contrario a lo resuelto por el juzgado de distrito no se encuentra reunido el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo y que ilegalmente se hizo un análisis propio del fondo del asunto; sin embargo, se estima que ello no es posible en tanto que el análisis de la apariencia del buen derecho se realiza de manera ponderada con el orden público y el interés social, de ahí que no sea posible que dichas cuestiones se separen sino que deben ser estudiadas de manera conjunta.

58. Consideró que tampoco asiste razón jurídica a la autoridad recurrente, pues contrario a lo que se sostiene en el recurso de queja, sí es posible dar efectos restitutorios a la suspensión provisional cuando derivado de un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, en apariencia del buen derecho, es posible anticipar la probable solución de fondo del juicio principal y, en un adelanto provisional, restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estima violado, sólo para efectos de la suspensión. Situación que ocurrió en la especie, ya que la juzgadora actuó ajustada a derecho al conceder la suspensión de los actos reclamados para el mismo efecto que podría concederse –pero con efectos definitivos– el amparo al momento de resolver el juicio principal, es decir, para el efecto de que no se materialicen las consecuencias y efectos del artículo reclamado, sólo que los alcances de la medida son provisionales, hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo.

59. Lo anterior, al tomar en cuenta que realizó un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, estableciendo que ésta se encontraba acreditada en virtud de que en apreciación anticipada de la inconstitucionalidad del acto, advertía una posible transgresión al artículo 17 constitucional al condicionar el acceso a un beneficio fiscal el no tener interpuesto medio de defensa alguno en contra de contribuciones estatales.

60. Estimó que con la concesión de la medida no se dejaría sin materia el fondo del asunto, pues en el hipotético caso de que se negara el amparo, la autoridad podría, en su caso, exigir el cumplimiento del requisito sobre el cual se está eximiendo provisionalmente a la quejosa, esto es, no tener promovido medio de defensa alguno en contra de contribuciones estatales, sólo por citar un ejemplo.

61. Precisó que en relación con la vulneración al orden público e interés social, la parte recurrente esgrime que la medida cautelar sí trastoca el orden público al permitir que la quejosa no cumpla con un requisito para acceder a las facilidades administrativas que sí deberá ser cumplido por los demás contribuyentes; empero, tal razonamiento no es suficiente para revocar la determinación recurrida, porque la jueza partió de un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho en el que advirtió preliminarmente que la norma combatida transgrede el acceso a la justicia y, por ende, podían darse efectos restitutorios por así autorizarse en la Ley de Amparo.

62. Manifestó que la autoridad recurrente sólo destaca que la concesión de la suspensión es ilegal al contravenir el orden público por permitirle no cumplir con un requisito que los demás contribuyentes sí deben satisfacer para acceder a las facilidades administrativas, lo que resulta insuficiente para disminuir la eficacia jurídica de la consideración dada por la juzgadora pues resolvió conforme a la técnica del amparo que permite dar efectos restitutorios a la medida cautelar en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la ley de la materia, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento.

63. Indicó que no le asiste razón a la parte recurrente, al señalar que con el otorgamiento de la suspensión se permite a la quejosa el incumplimiento de las fracciones establecidas en el acuerdo reclamado, que sí serán cumplidas por los demás contribuyentes, permitiéndole actuar en contravención de lo dispuesto por el acuerdo de facilidades administrativas.

64. Expuso que la suspensión provisional otorgada por la juzgadora se limita a la inaplicación de la fracción VIII, del artículo segundo del acuerdo de facilidades, no así de las restantes fracciones de dicha disposición, que establecen diversos requisitos, los cuales, la impetrante sí deberá cumplir a efecto de que acceda a los beneficios que en la normativa se confieren. Luego, el argumento de la autoridad recurrente, consistente en que se está permitiendo a la quejosa incumplir con un requisito normativo que el resto de contribuyentes sí deberá cumplir, deviene insuficiente por no combatir eficazmente el estudio expuesto en el acuerdo recurrido relativo al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho.

65. Mencionó que si bien los actos reclamados pueden tener un carácter prohibitivo, ya que impiden la realización de una conducta, ya se ha aceptado en diversos criterios judiciales, que esa sola circunstancia no hace improcedente la medida cautelar, ya que en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, antes citado, los efectos de la suspensión pueden ser restitutorios. Más aún es así, cuando en el caso el acto prohibitivo tiene un efecto positivo que es factible suspender, ya que se está ante una limitación legal que restringe en clara apariencia un derecho constit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32413-c9295606/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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