IMPUESTO AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII, DEL ACUERDO SOBRE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, QUE CONDICIONA EL ACCESO AL BENEFICIO FISCAL OPTATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA.
Hechos: Una persona moral promovió amparo indirecto ante la falta de respuesta a su solicitud a la Subsecretaría de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León de adhesión al Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos del Estado de Nuevo León, a fin de acceder al beneficio fiscal que este prevé. Al rendir su informe justificado la autoridad fiscal responsable negó la adhesión a dicho acuerdo de beneficios con sustento en el artículo segundo, fracción VIII, del propio Acuerdo, al advertir que la solicitante había promovido juicio de amparo contra los artículos de la Ley de Hacienda estatal que regulan dicho impuesto.
Contra esa negativa, la contribuyente amplió su demanda de amparo, señalando como acto de aplicación la referida norma atribuida al gobernador del Estado. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional al considerar que el requisito de no tener medios de impugnación pendientes viola el principio de igualdad tributaria, porque carece de relación con el objeto del acuerdo. La persona que ostentaba la gubernatura del Estado interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico: El artículo segundo, fracción VIII, del Acuerdo sobre Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos del Estado de Nuevo León, al condicionar el acceso al beneficio fiscal optativo que prevé a que la persona contribuyente no tenga interpuesto medio de impugnación contra las contribuciones relacionadas, no viola el principio de igualdad tributaria, pues al tenor del escrutinio de intensidad bajo aplicable a los estímulos fiscales optativos, dicho requisito persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, resulta un medio idóneo en grado mínimo para alcanzarla y guarda con ella una correspondencia proporcional también menor.
Justificación: El acuerdo sobre facilidades administrativas no forma parte del régimen ordinario del impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos, sino que constituye un beneficio fiscal optativo y voluntario. Dicho impuesto tiene naturaleza ecológica o costo-eficiente, pues el cuidado del medio ambiente no se incorpora como una finalidad extrafiscal añadida, sino que está inmerso en su propia mecánica de cálculo, conforme al criterio sostenido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 54/2020 (10a.), de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tratándose de beneficios fiscales optativos, la carga de justificar el trato diferenciado recae en las razones para otorgar el beneficio a determinadas personas contribuyentes, y no en las razones para no extenderlo a las demás, pues la situación ordinaria, conforme al principio de generalidad tributaria, es no gozar del estímulo.
Asimismo, en materia tributaria, el escrutinio constitucional es de intensidad mínima, por virtud de la amplia libertad de configuración del órgano creador de la norma, por lo que basta que: a) la distinción persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; b) el medio elegido sea idóneo; y c) exista entre ambos una correspondencia proporcional mínima, sin exigirse que se trate del único medio posible ni del más eficaz, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 11/2018 (10a.), de la mencionada Sala del Alto Tribunal.
Bajo ese estándar, la finalidad de excluir del beneficio a quien impugna el propio esquema tributario ambiental es constitucionalmente válida, en tanto que busca que el estímulo llegue únicamente a quienes muestran una alineación coherente con los fines de reducción de la contaminación que el impuesto y el acuerdo persiguen, en términos del artículo 4o., párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen el derecho a un medio ambiente sano y establecen la responsabilidad del Estado y de quienes producen daño ambiental.
El medio elegido es idóneo en grado mínimo, porque quien niega en sede judicial la validez del esquema tributario y, simultáneamente, pretende acceder a los beneficios que ese mismo esquema ofrece, se coloca en una posición de incoherencia frente a la lógica de la adhesión voluntaria que rige el acuerdo.
Finalmente, la medida es proporcional en grado mínimo, pues no priva al contribuyente de derecho alguno reconocido en condiciones ordinarias, esto es, sujeto al régimen ordinario del impuesto, ni restringe su derecho de acceso a la justicia, sino que únicamente lo deja fuera de un beneficio adicional al que nadie tiene derecho de forma incondicionada.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/tesis/2032904-19d2f792/impuesto-ambiental-por-contaminacion-en-la-extraccion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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