Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. III. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. IV. DELITOS DE HOMICIDIO O LESIONES CULPOSOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA FORMULACIÓN DE LOS ENUNCIADOS NORMATIVOS QUE LOS REGULAN, ASÍ COMO DEL QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL CONDUCTOR DE ABSTENERSE DE DESVIAR SU ATENCIÓN POR UN DISTRACTOR, ES LO SUFICIENTEMENTE CLARA Y PRECISA, POR LO QUE NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (ARTÍCULOS 143, FRACCIÓN I, Y 357, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; Y 72, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL MISMO ESTADO). V. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE UTILIZAR TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN DE NORMAS COMO LA ANALOGÍA Y LA MAYORÍA DE RAZÓN SE LOCALIZA EN NO REBASAR EL TENOR DE LA LITERALIDAD PARA CREAR TIPOS O SANCIONES PENALES (ARTÍCULOS 143, FRACCIÓN I, Y 357, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; Y 72, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL MISMO ESTADO). VI. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. VII. IUS PUNIENDI. SUS LÍMITES SE ENCUENTRAN EN LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL, ENTRE LOS QUE SE DISTINGUEN EL DE LEGALIDAD, EL DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, EL DE CULPABILIDAD Y EL DE NON BIS IN IDEM (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 357, FRACCIÓN II, Y PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. IMPLICA QUE EL DERECHO PENAL DEBE SER EL ÚLTIMO RECURSO DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES JURÍDICOS MÁS IMPORTANTES FRENTE A LOS ATAQUES MÁS GRAVES QUE PUEDAN SUFRIR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 357, FRACCIÓN II, Y PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IX. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. SE DESDOBLA EN LOS SUBPRINCIPIOS DE FRAGMENTARIEDAD Y SUBSIDIARIEDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 357, FRACCIÓN II, Y PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). X. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. AUNQUE EN LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES NO SE HACE UNA MENCIÓN, REFERENCIA O CONCEPTUALIZACIÓN ESPECÍFICA EN TORNO A AQUÉL, SU CONTENIDO Y ALCANCE DERIVAN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE INSTRUMENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 357, FRACCIÓN II, Y PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). XI. DELITOS DE HOMICIDIO O LESIONES CULPOSOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA VÍA PENAL CONSTITUYE LA MÁS LESIVA CONTRA LAS PERSONAS QUE CONDUCEN UN VEHÍCULO UTILIZANDO TELÉFONOS MÓVILES, EN TANTO DICHA CONDUCTA DE NINGUNA MANERA IMPLICA LA REALIZACIÓN DE UN DAÑO EFECTIVAMENTE OCASIONANDO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 357, FRACCIÓN II, Y PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA, ANTE LA NECESIDAD INDISPENSABLE DE ACUDIR A UNA DIVERSA NORMA INVALIDADA PARA SU CORRECTO ENTENDIMIENTO Y OPERATIVIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 143, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O, QUE AL CONDUCIR DESVIÉ SU ATENCIÓN POR UN DISTRACTOR, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 357 DE ESTE CÓDIGO", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; Y 72, FRACCIÓN X, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O QUE AL CONDUCIR DESVIÉ SU ATENCIÓN POR UN DISTRACTOR, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 357 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ", DE LA LEY DE TRÁNSITO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA, ANTE SU VINCULACIÓN MATERIAL CON UN DIVERSO SISTEMA DE NORMAS DECLARADO INVÁLIDO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN X BIS, DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 143, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O, QUE AL CONDUCIR DESVIÉ SU ATENCIÓN POR UN DISTRACTOR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 357 DE ESTE CÓDIGO", Y 357, FRACCIÓN II, Y PÁRRAFOS PENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ASÍ COMO DEL ARTÍCU

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 51/2018. · Registro digital (IUS): 29427
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo II, Pág. 1213.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 51/2018. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ. 22 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE JESÚS HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 143, fracción I, y 357, fracción II, y penúltimo y último párrafos, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; y del diverso artículo 72, fracción X, de la Ley de Tránsito de la misma entidad federativa, publicados en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado denominado "Plan de San Luis", el tres de mayo de dos mil dieciocho.

Señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas, a las siguientes:

I. Órgano legislativo: Congreso del Estado de San Luis Potosí.

II. Órgano ejecutivo: Gobernador del Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO.—Normas constitucionales y convencionales que se aduce violadas.

• Artículos 1o., 6o., 7o., 14 y 133, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículos 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Artículos 8 y 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

TERCERO.—Texto de las normas cuya invalidez se solicita.

Código Penal del Estado de San Luis Potosí

"Artículo 143. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá (sic) mitad de las penas previstas en los artículos 131 y 136 respectivamente en los siguientes casos:

(Reformada, P.O. 3 de mayo de 2018)

"I. Cuando el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, u otras sustancias que produzcan efectos similares; o, que al desvíe su atención por un distractor, en los términos del artículo 357 de este código."

(Reformado, P.O. 3 de mayo de 2018)

"Artículo 357. Comete el delito contra la seguridad del tránsito de vehículos, quien:

"...

"II. Conduce un vehículo y desvíe su atención a causa de un distractor, poniendo en peligro la vida, la salud o los bienes de alguien, y

"...

"En el caso a que se refiere la fracción II se sancionará con pena de sesenta a ciento veinte jornadas de trabajo en favor de la comunidad, sanción pecuniaria de sesenta a ciento veinte días del valor de la unidad de medida y actualización, y suspensión de los derechos por el doble del tiempo de las jornadas de trabajo en favor de la comunidad impuesta.

"Para los efectos de la fracción II de este artículo se entiende como distractor, al factor que desvía la atención de la persona que va conduciendo un vehículo, es decir, el uso de teléfonos móviles."

Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí.

"Artículo 72. El conductor tiene las siguientes obligaciones: ...

(Reformada, P.O. 3 de mayo de 2018)

"X. Abstenerse de vehículos en estado de ebriedad, con aliento alcohólico, o en cualquier estado de intoxicación; o que al desvíe su atención por un distractor, en los términos del artículo 357 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí."

CUARTO.—Conceptos de invalidez. La promovente expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:

• Expone que la reforma de los artículos cuya invalidez se demanda son violatorios a los derechos de seguridad jurídica, de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad y al principio de legalidad.

• El sistema jurídico nacional se compone de un parámetro de regularidad constitucional, el cual reconoce un conjunto de derechos humanos, cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, ello en razón de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, con lo cual las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, las coloca en grado de supremacía, en términos jerárquicos, ello derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 11 de la Constitución Federal.

• En cuanto al marco normativo estatal, la propia Constitución del Estado de San Luis Potosí, establece adoptar los mismos principios que la Carta Magna.

• La reforma reclamada impone un tipo penal impreciso, genérico y abusivo, ya que establece como elemento del tipo penal que al desvíe su atención por un distractor, contemplando dicho código en su numeral 357, también reformado, lo que se entiende como distractor siendo éste, el factor que desvía la atención de la persona que va conduciendo un vehículo, es decir, el uso de teléfonos móviles, cuando existen diferentes modalidades de uso válido del teléfono celular mientras se conduce vehículos y por el contrario se omite sancionar a quienes utilizan dispositivos móviles al manejar automóviles.

• Explica, que el término distractor es sumamente amplio y existen distintos tipos de distracciones no solo para el conductor sino para los transeúntes, por ejemplo: la distracción visual, por el solo hecho de dirigir la vista hacia otro lado; la distracción cognitiva, pensar sobre algo que rodea en el entorno de una persona; la distracción auditiva, al escuchar música en el vehículo e incluso contestar una llamada, distracciones físicas al cambiar la estación de radio.

• La acción típica punible descrita en los artículos 143, fracción I, y 357, fracción II, y penúltimo y último párrafos, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; y en el diverso 72, fracción X, de la Ley de Tránsito de la misma entidad federativa, es imprecisa e indeterminada, lo que viola el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, el cual consagra el principio de legalidad, consistente en la exacta aplicación de la ley penal, pero no sólo se circunscribe a los meros actos de aplicación, la ley debe ser concebida sin ambigüedades y en forma que los términos del tipo penal deben ser claros, precisos y exactos a fin de evitar confusión en su aplicación.

• El principio de legalidad contiene el concepto de taxatividad el cual supone que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma, por lo que el legislador debe redactar el supuesto de hecho que configura el delito de la forma más precisa y clara posible, lo que no se cumplió en la norma combatida.

• La Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2011, sostuvo que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones que serán dirigidas a sus destinatarios, con el fin de guiar la conducta de la población.

• En materia penal el principio de taxatividad, puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué se impondrá a quienes incurran en ellas.

• Finalmente, el principio de intervención mínima en el derecho penal o principio de última ratio, implica que las sanciones penales se han de limitar al círculo de lo indispensable en beneficio de otras sanciones, además de implicar que debe utilizarse solamente cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección.

• En el caso concreto, no se cumple con el requisito de necesidad de la norma, pues siendo el derecho penal la última ratio, el poder punitivo del Estado únicamente debe ejercerse contra ataques sumamente graves a los bienes jurídicamente protegidos y, como están redactadas las normas impugnadas, solamente se usó el derecho penal para imponer limitantes matizadas y no conforme a la realidad de la gravedad de las conductas que efectivamente sí se deben sancionar, aunado a que el legislador no exploró otros medios de protección previos y que éstos hubiesen fracasado.

QUINTO.—Admisión. Mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente y lo turnó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos quien, en su carácter de instructora, por auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho, admitió la acción de inconstitucionalidad y requirió a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de San Luis Potosí para que rindieran sus informes respectivos.

SEXTO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. Daniel Pedroza Gaytán, en su carácter de consejero jurídico del gobernador del Estado de San Luis Potosí rindió, el siguiente informe (fojas 101 a 107 del expediente):

"... el Poder Ejecutivo del Estado es respetuoso de las facultades y funciones que establece la división de poderes que consagra nuestra Carta Magna, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Poder Ejecutivo que represento se limitó a intervenir en el proceso legislativo de los actos que se reclaman.

"No obstante lo anterior, para otorgarle plena validez y eficacia a las leyes en comento, el Poder Ejecutivo se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma que se impugna en la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, por lo cual se comparece para responder por los actos frente a la Constitución General de la República, manifestando las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de las normas generales impugnadas de conformidad a lo siguiente:

"a) La acción de inconstitucionalidad 51/2018, reclama la invalidez de la reforma de los artículos 143 y 357 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; asimismo reforma el artículo 72 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, impugnándose su contenido material y no el formal; pues si bien es cierto que la constitucionalidad de una ley puede ser cuestionada tanto desde el punto de vista material, como desde el punto de vista formal, es decir, por un lado que el contenido general de la norma o alguna de sus partes contravenga la Carta Magna, y por otro, que el órgano que expide la norma sea incompetente o exista vicio en el procedimiento legislativo.

"Una vez analizados todos los conceptos de invalidez plasmados por el accionante, se advierte que la inconstitucionalidad material de las normas impugnadas no son actos atribuibles al Poder Ejecutivo que represento, porque fueron formuladas en el proceso legislativo de la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y desde el punto de vista formal, el accionante en ningún momento se duele o aduce ilegalidad alguna sobre la promulgación y/o publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ‘Plan de San Luis’.

"b) Por lo anterior, es de advertirse que en lo que corresponde a mi representado, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta se concatena con la causal de improcedencia inmersa en el numeral 19, fracción VII, debido a que el accionante jamás señaló vicios propios de los actos reclamados por las que se comparece, respecto a la promulgación y publicación del ordenamiento que refiere. ..."

SÉPTIMO.—Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. José Ricardo García Melo, en su carácter de segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí rindió, el siguiente informe (fojas 117 a 138 del expediente):

"...

"Ahora, si bien pudiera pensarse que no se encuentra debidamente definido el ‘distractor’ a que hace referencia la citada porción normativa, lo cierto es que, el artículo 357 del citado código se encarga de definir el distractor como ‘... el factor que desvía la atención de la persona que va conduciendo un vehículo, es decir, el uso de teléfonos móviles’.

"En las relatadas condiciones contrario a lo expuesto por la comisión accionante al sostener que el particular no cuenta con los elementos suficientes, específicamente definidos, para ser conocedor de cuál es el distractor, al que se atribuye el incurrir en los delitos culposos de homicidio o lesiones al ; la disposición normativa en estudio es precisa en cuanto a la conducta sancionada, pues se advierte que el distractor al que se atribuye el incurrir en el delito, se encuentra debidamente determinado como el uso de teléfonos móviles, por lo que no existe la posibilidad de que el particular se encuentre en incertidumbre ante la ley.

"Lo anterior es así, pues si bien pudiera interpretarse la palabra distractor como cualquier cosa o circunstancia que aparta la atención de alguien, lo cierto es que la disposición combatida determina exactamente aquella que es sancionada penalmente, excluyendo al resto de posibles interpretaciones.

"Más aún, es una finalidad constitucionalmente legítima el proteger ataques que dañen o pongan en peligro bienes jurídicos fundamentales, siempre que se justifique la intervención del Estado, y que la sanción a una determinada conducta como delito sólo debe realizarse en la medida estrictamente necesaria para proteger dichos bienes jurídicos fundamentales, de los ataques más graves que los dañen o pongan en riesgo.

"Es así que, en la especie, con motivo de las reformas contenidas en el decreto legislativo en estudio, nos encontramos ante un tipo que sanciona la conducta potestativa de hacer uso de dispositivos móviles al un automóvil, asumiendo los riesgos que ello implica tanto para terceros como para el propio agente conductor.

"En el caso, el Poder Legislativo Estatal tiene facultad y obligación de proteger, mediante ley positiva, los derechos fundamentales de todas las personas, para lo cual el tipo penal debe ser redactado de manera precisa en atención a lo que se pretende proteger, detallando la conducta a castigar.

"Así, la reforma controvertida, persigue proteger los derechos fundamentales de la vida y la integridad física, por lo que, a efecto de salvaguardarlos, procura la imposición de sanciones adecuadas, en correlación a la gravedad de la conducta desplegada que pone en riesgo tanto la integridad de terceros como del propio agente conductor.

"A efecto de lo anterior, tal como se advierte de la redacción del artículo en materia de impugnación, para actualizarse la aplicación de la pena en comento, deben cumplirse los siguientes supuestos: El despliegue del acto de manipulación del teléfono móvil; que dicha manipulación se actualice en el momento en el que el imputado conduce un vehículo; que las referidas acciones conlleven la muerte o lesiones de un tercero, como consecuencia acreditada del acto de manipulación de teléfono móvil referido en primer término.

"Establecido lo anterior, de la lectura armónica de la disposición en estudio, se advierte que la conducta castigada, lo es el desviar la atención de la conducción del vehículo, a efecto de manipular teléfonos móviles.

"En las relatadas condiciones, se evidencia que la disposición penal es clara en cuanto a su formulación, de tal manera que el destinatario se encuentra en plenitud de conocimiento de la conducta típica objeto de prohibición, sin que quepa lugar a duda o incertidumbre; cumpliendo, a su vez, con la finalidad de salvaguardar la integridad y la vida de los particulares, así como la sanción correlativa al daño causado, sin que, en el caso, se sancione cualquier distracción, como falsamente pretende sostener la accionante, sino la expresamente determinada en la norma impugnada.

"El principio de taxatividad no puede traducirse en que, para cada tipo penal, el legislador tenga que definir cada vocablo o locución utilizada al redactarlo y, asimismo, la taxatividad debe atender al contexto en el que se desarrollan las disposiciones legales; bastando con el hecho de que los destinatarios de la norma tengan conocimiento específico de las pautas de conductas punibles que se encuentran prohibidas por el ordenamiento.

"En el caso, tal como fue expuesto en el punto desarrollado con anterioridad, que se solicita se tenga por aquí reproducido, la disposición normativa materia de la presente acción de inconstitucionalidad se encuentra suficientemente precisada, en cuanto a su aplicación, descripción de la conducta típica y alcances; apegándose al principio de taxatividad penal. ..."

OCTAVO.—Intervención del procurador general de la República. No emitió opinión en el presente asunto.

NOVENO.—Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se cerró la instrucción de este asunto a efecto de proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

DÉCIMO.—Returno. Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del presente asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí plantea la posible contradicción entre diversos artículos del Código Penal y de la Ley de Tránsito, ambos ordenamientos del Estado de San Luis Potosí y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.—Oportunidad. La demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó oportunamente.

El decreto mediante el cual se reformaron los artículos 143, fracción I, y 357, fracción II, y penúltimo y último párrafos, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; y el diverso 72, fracción X, de la Ley de Tránsito de la misma entidad federativa, cuya constitucionalidad se controvierte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el tres de mayo de dos mil dieciocho. Siendo así, el plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia(1) para promover la acción de inconstitucionalidad, transcurrió del cuatro de mayo al dos de junio de dos mil dieciocho, por lo que si se presentó el treinta y uno de mayo de dicho año, es oportuna la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad.

TERCERO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

Legitimación en la causa. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, faculta a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas para promover ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las Legislaturas, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

Por ende, existe legitimación en la causa, ya que la acción de inconstitucionalidad es promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en contra de los artículos 143, fracción I, y 357, fracción II, y penúltimo y último párrafos, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; y del diverso 72, fracción X, de la Ley de Tránsito de la misma entidad federativa, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado denominado "Plan de San Luis", el tres de mayo de dos mil dieciocho, al considerarlos violatorios de derechos humanos.

Legitimación en el proceso. En el caso, suscribe la demanda Jorge Andrés López Espinosa, en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación del Congreso del Estado de San Luis Potosí.(2).Dicho funcionario ostenta la representación de la referida comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracción VII,(3) y 33, fracción I,(4) ambos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí.

CUARTO.—Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso numeral 19, fracción VIII, ambos de la ley de la materia, debido a que, la parte promovente no señaló vicios propios de los actos reclamados por los que se comparece respecto a la promulgación y publicación de los ordenamientos a que se refiere.

La causa de improcedencia invocada debe desestimarse en virtud de que el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de las normas impugnadas en la acción de inconstitucionalidad, toda vez que participó en el proceso legislativo de éstas para otorgarle plena validez y eficacia, motivo suficiente por lo cual debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República.

Apoya la anterior consideración, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 38/2010,(5) del Tribunal Pleno, del tenor siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.—Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."

Analizada la causa de improcedencia de mérito, sin que este Alto Tribunal advierta de oficio la actualización de alguna otra o motivo diverso de sobreseimiento, a continuación se procede al estudio de fondo.

QUINTO.—Análisis de los conceptos de invalidez. En una parte de su demanda, la parte actora expone que la reforma de los artículos cuya invalidez se demanda son violatorios a los derechos de seguridad jurídica y de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad.

Asevera que la reforma reclamada impone un tipo penal impreciso, genérico y abusivo, ya que establece como elemento del tipo penal que al desvíe su atención por un distractor, contemplando el Código Penal en su artículo 357, también reformado, lo que se entiende como distractor siendo éste el factor que desvía la atención de la persona que va conduciendo un vehículo, es decir, el uso de teléfonos móviles, cuando existen diferentes modalidades de uso válido del teléfono celular mientras se conduce un vehículo y por el contrario se omite sancionar a quienes utilizan dispositivos móviles al manejar un automóvil.

Con la finalidad de abordar el análisis de los anteriores argumentos, es preciso destacar lo siguiente:

Este Tribunal Pleno al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2011, sostuvo que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones. Así, el acto legislativo es un proceso complejo mediante el que los deseos de la población son expresados en las normas que serán dirigidas a sus destinatarios con el fin de guiar su conducta de acuerdo con esos intereses, lo cual se logra con la obediencia de la norma. En el caso de las normas de carácter obligatorio, el orden jurídico previene una consecuencia adicional: una sanción para el destinatario que no cumpla con ese deseo.

Por otra parte, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad número 9/2014, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación con los alcances del principio de taxatividad, precisó:

"... En materia penal, existe una exigencia de racionalidad lingüística que es conocida precisamente como principio de taxatividad. Este principio constituye un importante límite al legislador penal en un Estado democrático de derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho. Se traduce en un auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales. En otros términos, el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.

"Comúnmente se entiende al principio de taxatividad como una de las tres formulaciones del principio de legalidad, el cual abarca también los principios de no retroactividad y reserva de ley. Así, el principio de legalidad queda integrado de la siguiente manera:

"1) Principio de taxatividad (nullum crimen sine lege stricta o sine lege certa);

"2) Principio de no retroactividad (nullum crimen sine lege previa); y,

"3) Principio de reserva de ley (nullum crimen sine lege scripta).

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge este principio en su artículo 14, que establece que en los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.

"La precisión de las disposiciones es una cuestión de grado; por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, sino más bien lo que se busca es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente preciso como para declarar su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.(6)

"Sin embargo, el otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber a ciencia cierta cómo actuar ante la nueva norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, se insiste, son los valores subyacentes al principio de taxatividad. ..."

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge estos principios en su artículo 14, que establece que en los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.

La precisión de las disposiciones es una cuestión de grado;(7) por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, sino más bien lo que se pretende, es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.(8)

Sin embargo, el otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, se insiste, son los valores subyacentes al principio de taxatividad.

Precisado lo anterior, conviene traer a colación nuevamente los artículos 143, fracción I, 357, fracción II, penúltimo y último párrafos, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; y 72, fracción X, de la Ley de Tránsito del mismo Estado:

Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

"Artículo 143. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá (sic) mitad de las penas previstas en los artículos 131 y 136 respectivamente en los siguientes casos:

(Reformada, P.O. 3 d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29427-a312663b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.