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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN VII, Y 33, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES CUANDO VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA DE LA PLANTEADA POR UNA MAYORÍA LEGISLATIVA (DESECHAMIENTO RESPECTO DE LA PROMOVIDA POR LOS DIPUTADOS Y LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL HECHO DE QUE LOS DICTÁMENES DE LOS DECRETOS A DISCUTIR NO SE HAYAN ENVIADO CON LA OPORTUNIDAD EXACTA (CUARENTA Y OCHO HORAS ANTES), CONSTITUYE UN VICIO EN EL PROCEDIMIENTO SIN POTENCIAL INVALIDANTE QUE NO AMERITA UNA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (DECRETOS 0295 Y 0296 QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN SE HAYA PUBLICADO EN EL ADENDUM DE LA GACETA PARLAMENTARIA DEL ESTADO, NO IMPLICA UNA IRREGULARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE IMPIDIERA LA DISCUSIÓN COMPLETA E INFORMADA DE LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS EN PERJUICIO DEL PRINCIPIO DE DELIBERACIÓN DEMOCRÁTICA (DECRETOS 0295 Y 0296 QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL HECHO DE QUE NO SE HAYA DEMOSTRADO LA PUBLICACIÓN ANTICIPADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA DE LOS DICTÁMENES QUE DIERON LUGAR A LOS DECRETOS IMPUGNADOS, NI QUE SE HAYAN ENVIADO CON LA OPORTUNIDAD EXACTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA, NO CONSTITUYE UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LA DELIBERACIÓN DEMOCRÁTICA QUE TENGA UN POTENCIAL INVALIDANTE (DECRETOS 0295 Y 0296 QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL CÓDIGO PENAL AMBOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL HECHO DE QUE EN LA SESIÓN DEL PLENO NO HUBIERA DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR DE LAS INICIATIVAS DE LOS DECRETOS IMPUGNADOS SE ENCUENTRA JUSTIFICADO, YA QUE, POR LO QUE HACE AL CÓDIGO PENAL LOCAL, LA MATERIA DE LA REFORMA SE CIÑE A UNA SOLA PORCIÓN NORMATIVA Y, POR LO QUE HACE A LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO, NINGUNO DE LOS DIPUTADOS RESERVÓ ALGUNA DISPOSICIÓN PARA DEBATIRLA EN ESPECÍFICO (DECRETOS 0295 Y 0296 QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL CÓDIGO PENAL AMBOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VIII. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. EL TRATO QUE SE CONFIERE EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A ESE SERVICIO FRENTE AL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CON LINEAMIENTOS COMUNES EN LA REGLAMENTACIÓN O REQUISITOS COINCIDENTES O SIMILARES ENTRE UNO Y OTRO, NO IMPLICA QUE EXISTA UNA CONFUSIÓN ENTRE LA NATURALEZA DE AMBOS Y, POR TANTO, UN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULOS 71 BIS, FRACCIONES I, III, IV Y V, 71 TER, 71 QUÁTER, 71 QUINQUE, 71 SEPTIES, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, 71 OCTIES, PÁRRAFO TERCERO, Y 71 NONIES DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IX. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. FACULTAD DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA REGULARLO (ARTÍCULO 71 BIS, PRIMERO PÁRRAFO, DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). X. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL INTERESADO EN REGISTRARSE COMO EMPRESA DE RED DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULO 71 TER, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. XI. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE DE CONTAR CON DOMICILIOS SOCIAL Y FISCAL DENTRO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, ES VIOLATORIA DE LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y A LA LIBERTAD DE TRABAJO

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 134/2019 Y SU ACUMULADA 137/2019. · Registro digital (IUS): 32580
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-07-05
Promovente: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIVERSOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO, AMBOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Julio de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.171.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 134/2019 Y SU ACUMULADA 137/2019. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIVERSOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO, AMBOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 30 DE ENERO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

TEMA: Los accionantes aducen que los artículos 71 bis, fracciones I, III, IV y V, 71 ter, 71 quater, 71 quinque, 71 septies, párrafos tercero y cuarto, 71 octies, párrafo tercero, y 71 nonies, de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, así como 360 Bis, párrafo quinto, del Código Penal del Estado de San Luis, son inconstitucionales por violar los artículos 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 25, 27, 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 11, 21 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 11, 15, 17, 21 y 22 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 34 y 39 del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Buenos Aires.

Ver índice temático

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día treinta de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS para resolver los autos de los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad identificadas al rubro y

RESULTANDO:

I. Presentación de las demandas

1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y diversos diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del mismo Estado, por escritos presentados, respectivamente, el cinco y el seis de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad contra dos decretos atribuidos al Congreso y al Gobernador Constitucional de ese Estado, como órganos legislativos y ejecutivo encargados de su emisión y promulgación, a saber:

• Decreto 0295 que reformó y adicionó los artículos 71 bis, fracciones I, III, IV y V, 71 ter, 71 quater, 71 quinque, 71 septies, párrafos tercero y cuarto, 71 octies, párrafo tercero, y 71 nonies, y derogó el artículo 132 bis de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

• Decreto 0296 que reformó el artículo 360 bis, párrafo quinto, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

2. Los accionantes estimaron violados los artículos 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 25, 27, 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 11, 21 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 11, 15, 17, 21 y 22 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 34 y 39 del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Buenos Aires.

II. Admisión de las acciones de inconstitucionalidad

3. Mediante proveídos de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el respectivo registro y formación de los expedientes correspondientes a las acciones de inconstitucionalidad bajo los números 134/2019 y 137/2019 y, dada la identidad de las normas controvertidas, decretó su acumulación, disponiendo su turno al Ministro Alberto Pérez Dayán designado como instructor.

4. Por auto de diez de diciembre del mismo año, el Ministro instructor admitió las acciones de inconstitucionalidad, y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran su respectivo informe.

III. Informes de las autoridades

5. Mediante oficios presentados, respectivamente, el diez de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el treinta y uno de enero del mismo año en la Oficina Local de Correos de México, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por conducto del Presidente de su Directiva, y el Gobernador Constitucional del Estado, por conducto de su Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales, rindieron sus respectivos informes.

6. Informes que se tuvieron por recibidos a través de los autos de doce de febrero y dos de marzo siguientes del Ministro Instructor, haciéndose constar la recepción de las copias certificadas adjuntas de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados.

IV. Alegatos y cierre de Instrucción

7. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdos de dos de julio y diez de agosto de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los del Congreso del Estado (demandado), los de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de los diversos diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí (accionantes).

8. Finalmente, por el propio auto de diez de agosto de dos mil veinte, se declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

I. Competencia

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos d) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –en relación con el artículo quinto transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el siete de junio de dos mil veintiuno–,(1) toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de decretos legislativos locales.

II. Oportunidad

10. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal dispone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada; mientras que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente". Lo que permite establecer que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, sin que deban excluirse los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

11. En el caso, los decretos impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí el viernes ocho de noviembre de dos mil diecinueve; de ahí que el plazo de treinta días naturales para ejercer la acción de inconstitucionalidad corrió del sábado nueve de noviembre al domingo ocho de diciembre siguientes.

12. Por tanto, si los escritos de demanda relativos a las presentes acciones de inconstitucionalidad fueron presentados el jueves cinco y el viernes seis de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que la promoción resulta oportuna.

III. Legitimación

13. El artículo 105, fracción II, incisos d) y g), de la Constitución Federal, establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ...

"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; ...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las legislaturas; ..."

14. Disposición que ha sido interpretada en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA",(2) conforme a la cual las acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales pueden promoverse, entre otros, por el 33 % (treinta y tres por ciento) de los diputados de la legislatura local que corresponda y por el organismo de protección de derechos humanos de la entidad federativa de que se trate, si esas leyes vulneran los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.

15. Legitimación en la primera demanda. Fue presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, a través de su entonces Presidente Jorge Andrés López Espinosa, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Poder Legislativo del Estado; funcionario que tiene las facultades de representación en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracción VII, y 33, fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí.(3)

16. Luego, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Transporte Público y del Código Penal del Estado de San Luis Potosí –que forman parte de la regulación del servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas tecnológicas–, por estimarlos violatorios de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, no discriminación, taxatividad, competencia, libre concurrencia, tránsito, movilidad, acceso a los avances tecnológicos, entre otros, es claro que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.

17. Falta de legitimación en la segunda demanda. El artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos".

18. A fin de conocer el espíritu del Constituyente Permanente en este aspecto, es de atenderse a lo expuesto en la iniciativa de la reforma aprobada y publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual se precisó que las acciones de inconstitucionalidad tendrían por objeto abrir la posibilidad de que un porcentaje de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, entre otros, pudieran plantear ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de leyes, previendo que las resoluciones puedan anular con efectos generales la norma declarada inconstitucional, siempre que se pronunciaran por lo menos ocho Ministros en ese sentido, según se aprecia de la parte conducente que se transcribe a continuación:

"... Las acciones de inconstitucionalidad.

"El segundo proceso que se propone recoger en el artículo 105 constitucional es el de las denominadas acciones de inconstitucionalidad. En este caso, se trata de que con el voto de un porcentaje de los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores de las legislaturas locales o de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se puedan impugnar aquellas leyes que se estimen como contrarias a la Constitución. El Procurador General de la República podrá también impugnar leyes que estime contrarias a la Constitución.

"Lo que acontece en el juicio de amparo y en las controversias en las acciones de inconstitucionalidad no es necesario que exista agravio para que sean iniciadas. Mientras que en el amparo se requiere de una afectación de las garantías individuales y en las controversias constitucionales de una invasión de esferas, las acciones de inconstitucionalidad se promueven con el puro interés genérico de preservar la supremacía constitucional. Se trata, entonces, de reconocer en nuestra Carta Magna una vía para que una representación parlamentaria calificada, o el Procurador General de la República, puedan plantearle a la Suprema Corte de Justicia si las normas aprobadas por la mayoría de un órgano legislativo son, o no, acordes con la Constitución.

"Siendo indudable que México avanza hacia una pluralidad creciente, otorgar a la representación política la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los Congresos, significa, en esencia, hacer de la Constitución el único punto de referencia para la convivencia de todos los grupos o actores políticos. Por ello, y no siendo posible confundir a la representación mayoritaria con la constitucionalidad, las fuerzas minoritarias contarán con una vía para lograr que las normas establecidas por las mayorías se contrasten con la Constitución a fin de ser consideradas válidas. ..."

19. Asimismo, de la discusión que se tuvo en el seno del Poder Constituyente, se desprende, entre otras consideraciones, que:

"... Siendo indudable que México avanza hacia una pluralidad creciente, otorgar a la representación política la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los Congresos, significa, en esencia, hacer de la Constitución el único punto de referencia para la convivencia de todos los grupos o actores políticos. Por ello, y no siendo posible confundir a la representación mayoritaria con la constitucionalidad, las fuerzas minoritarias contarán con una vía –en lo futuro– para lograr que las normas establecidas por las mayorías se contrasten con la Constitución Federal a fin de ser consideradas válidas, ..."

20. De las transcripciones precedentes se desprende que la intención del Constituyente Permanente al establecer la acción de inconstitucionalidad –para el caso concreto de las legislaturas– fue prever un mecanismo de control abstracto por virtud del cual, las minorías parlamentarias pudieran plantear la inconstitucionalidad de normas generales establecidas por la legislatura estatal, en caso de estimarlas contrarias al texto constitucional.

21. Así, se colige que la intención del Constituyente Permanente al establecer la acción de inconstitucionalidad, para el caso de las legislaturas, fue prever una vía para que las minorías legislativas puedan lograr que las normas establecidas por las mayorías se contrasten con la Carta Magna a fin de ser consideradas válidas.

22. Al respecto, resulta relevante precisar que por "minorías legislativas" –para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad– deben entenderse aquéllas que, teniendo como base al menos un treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos, no cuentan con la fuerza necesaria para modificar por medio del proceso legislativo, la norma general que pretenden impugnar en la acción de inconstitucionalidad; para lo cual deberá atenderse al porcentaje de votos que se requiera en cada caso concreto a efecto de reformar, modificar o derogar la ley –ya sea por mayoría simple o por mayoría calificada–, independientemente de si hubieren o no votado a favor de la norma que se pretende cuestionar en el referido medio de control constitucional.

23. Ahora, conviene atender a lo que disponen los artículos 40, 42, 57, fracción II, y 65 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, y 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad federativa –en su texto vigente en la época en que se promovió el presente medio de control constitucional–, a saber:

Constitución del Estado de San Luis Potosí

"Artículo 40. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de Diputados, que se denomina Congreso del Estado, la cual se elegirá cada tres años."

"Artículo 42. El Congreso del Estado se integra con quince diputados electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente."

"Artículo 57. Son atribuciones del Congreso: ...

"II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia de éste, así como la reforma, abrogación y derogación de unas y otros; ..."

"Artículo 65. Para la discusión y votación de todo proyecto de ley, se necesita la presencia de cuando menos la mayoría absoluta de los Diputados que compongan la Legislatura. Es suficiente para las determinaciones, el voto de la mayoría absoluta de los concurrentes, a excepción de los casos en que se necesiten las dos terceras partes, según lo previsto en la presente Constitución."

Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí

"Artículo 94. Para que las resoluciones y dictámenes de las comisiones sean válidos se requiere:

"I. Ser aprobados por mayoría de votos de sus integrantes, teniendo el presidente de las mismas, voto de calidad en caso de empate; ..."

24. Del contenido integral de los apartados normativos antes puntualizados, se desprende lo siguiente:

• La legislatura se integra con quince diputadas y/o diputados de mayoría relativa y doce diputadas y/o diputados electos según el principio de representación proporcional, haciendo un total de veintisiete diputados.

• Las diputadas y los diputados integrantes del órgano legislativo cuentan con facultades para presentar iniciativas a fin de ser sometidas a discusión y votación de la asamblea.

• La mayoría del quórum, esto es, la mitad más uno, tiene la fuerza jurídica suficiente para derogar, modificar o reformar una norma previamente emitida por el propio órgano legislativo.

25. Pues bien, en el caso, la demanda fue suscrita por quienes se ostentaron como catorce diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a saber, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Eugenio Guadalupe Gobea Arcos, Cándido Ochoa Rojas, Martha Barajas García, Pedro César Carrizales Becerra, Rosa Zúñiga Luna, María Isabel Gonzáles Tovar, Laura Patricia Silva Celis, Sonia Mendoza Díaz, Vianey Montes Colunga, Rubén Guajardo Barrera, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, Jesús Emmanuel Ramos Hernández y Marite Hernández Correa, respecto de los cuales quedó acreditada esa calidad con la copia certificada del Acta Solemne Número 1 de la Sesión Preparatoria y de Instalación de la indicada legislatura de catorce de septiembre de dos mil dieciocho. Diputados y diputadas que, por cierto, representan el 51 % (cincuenta y uno por ciento) del cuerpo legislativo. 26. En esa virtud, el número de legisladores y legisladoras promoventes, en ejercicio de las prerrogativas que constitucional y legalmente les han sido conferidas, están facultados no sólo para formular una iniciativa sino que, además, están posibilitados para culminar con la derogación, modificación o reforma de la norma cuya invalidez plantean en este asunto, ello en la medida que su apreciación sobre ésta –ya sea originaria o debido a una nueva reflexión– sea en el sentido de que contraviene la Constitución Federal.

27. Esto es, si el total de diputados y diputadas accionantes alcanza la mitad más uno de los integrantes de la legislatura, es claro que constituye un número mayoritario que legalmente está facultado para producir una nueva norma que, a su entender, resulte coherente con los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

28. Así, los legisladores y las legisladoras promoventes, además de superar el treinta y tres por ciento que se estableció en el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal, se constituyen como una mayoría que excede el cincuenta por ciento y que, por ello, no se ubican en la condición de minoría parlamentaria que exige el Constituyente Permanente; por lo que se impone desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados y las diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de San Luis Potosí.

29. El mismo criterio sostuvo este Tribunal Pleno al conocer de la acción de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016 en sesión de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.(4)

IV. Causas de improcedencia

30. Dado que no se advierte algún argumento que implique el efectivo planteamiento de causas de improcedencia, sin que se aprecie de oficio la actualización de alguna, se procede al análisis de los conceptos de invalidez.

V. Fijación de litis

31. Los actos impugnados que constituyen la materia de estudio en este asunto son:

• El Decreto 0295 publicado en el Periódico Oficial el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que establece: "Único. Se reforman los artículos 71 bis en su párrafo primero, y en sus fracciones, I, III, y IV, 71 ter, 71 quáter, y 71 quinque; adiciona los artículos, 71 bis la fracción V, 71 septies los párrafos, tercero, y cuarto, y 71 ócties el párrafo tercero, así como el artículo 71 nonies; y deroga el artículo 132 BIS, de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí".

• El Decreto 0296 publicado en el Periódico Oficial el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que establece: "Único. Se reforma el artículo 360 bis, en su párrafo quinto, del Código de Penal del Estado de San Luis Potosí".

32. Al respecto, conviene hacer referencia a que el Congreso del Estado de San Luis Potosí, al rendir su informe, expresa que la comisión accionante pretende combatir: a) todo el sistema normativo regulatorio de las empresas de redes de transporte contenido en la Ley de Transporte Público del Estado y b) el artículo 360 bis del Código Penal del Estado, lo que no es posible dado que esos ordenamientos jurídicos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el catorce de octubre y el diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, respectivamente, por lo que no podrían ser objeto de escrutinio la totalidad de esa normatividad –como lo pretende la accionante a través de sus conceptos de invalidez–, sino sólo aquellas disposiciones que fueron modificadas a través de los decretos impugnados.

33. Sin embargo, de una revisión directa del capítulo respectivo de la demanda de inconstitucionalidad se aprecia que la accionante sólo señaló como impugnados los decretos referidos en los párrafos que anteceden –y, por ello, las normas y porciones normativas que fueron modificadas o introducidas por ellos–; siendo que la calificativa en cuanto a si los argumentos que plantearon son atinentes a la litis, oportunos y aptos para demostrar la inconstitucionalidad de esos decretos, constituye un tema de fondo, por lo que será en el estudio correspondiente en donde, justamente, se calificará su pertinencia y, en su caso, se procederá a su examen de manera particular.

34. Cabe precisar que, dada la extensión de los conceptos de invalidez, se estima inconducente reproducirlos o sintetizarlos en un considerando aparte, por lo que, con la única finalidad de agilizar el análisis de esta ejecutoria, se introducirán de manera simultánea en el estudio de fondo, conforme a un orden de prelación lógico que atiende a los temas siguientes:

Apartado A. Violaciones al proceso legislativo

• Tema a. Notificaciones de los dictámenes legislativos que dieron lugar a los decretos impugnados.

• Tema b. Publicación en la Gaceta Parlamentaria de los dictámenes legislativos mediante un "adendum".

• Tema c. Dispensa de trámites.

• Tema d. Discusión y votación.

Apartado B. Planteamientos contra el texto de las normas generales impugnadas derivadas del decreto 0295 (Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí)

• Tema a. Intervención del Estado en la regulación de los servicios de transporte contratados mediante plataformas tecnológicas.

• Tema b. Competencia del legislador local para regular a las empresas y a los operadores de redes de transporte.

• Tema c. Facultad de la autoridad para verificar la información proporcionada por el interesado en registrarse como empresa de red de transporte.

• Tema d. Obligación de las empresas de redes de transporte de contar con domicilio social y fiscal dentro de la entidad federativa.

• Tema e. Obligación de las empresas de redes de transporte de celebrar convenios con instituciones de crédito que les permita realizar los cobros a través de medios electrónicos.

• Tema f. Alta de los vehículos adheridos a las empresas de redes de transporte.

• Tema g. Certificación de la adhesión de los vehículos a las empresas de redes de transporte.

• Tema h. Exigencias en cuanto a las características físicas de los automóviles que prestarán el servicio.

• Tema i. Exigencias en cuanto a la documentación de los automóviles que prestarán el servicio.

• Tema j. Obligación de los operadores de cumplir con un curso de capacitación avalado por la autoridad estatal.

• Tema k. Exigencia de que el operador del servicio de transporte sea el propietario del vehículo.

• Tema l. Exigencia de que el operador tenga a la vista el gafete que le expida la autoridad.

• Tema m. Obligación de portar en el vehículo adherido el holograma determinado por la autoridad de transporte local.

• Tema n. Programa de revisión anual de los vehículos dados de alta por las empresas de redes de transporte.

• Tema ñ. Sanciones administrativas por infracción a los requisitos legales de operación.

Apartado C. Argumentos contra el texto de la norma general impugnada derivada del decreto 0296 (Código Penal del Estado de San Luis Potosí): Delito contra el servicio de transporte público de pasajeros, por prestarlo sin concesión, permiso, o autorización vigente.

VI. Estudio de fondo

APARTADO A. Violaciones al proceso legislativo

35. Por razón de metodología, se estudiarán primero los conceptos de invalidez relacionados con las violaciones al procedimiento legislativo que dieron lugar a los decretos impugnados, al tenor del criterio sustancial contenido en las jurisprudencias de este Alto Tribunal de rubros: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE ADUCEN CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO RESPECTO DE NORMAS GENERALES DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS IMPUGNADAS POR LA FEDERACIÓN, DE MUNICIPIOS RECLAMADAS POR LOS ESTADOS O EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS C), H) Y K) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE LOS PRIMEROS (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 47/2006)."(5) y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS."(6)

36. Al efecto, es conveniente precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una doctrina consolidada que se basa en el entendido de que el régimen democrático imperante en nuestro texto constitucional exige que, en el propio seno del órgano legislativo que discute y aprueba las normas, se verifiquen ciertos presupuestos formales y materiales que satisfagan los principios de legalidad y democracia deliberativa; lo que ha llevado a sostener que no todas las violaciones son aptas para provocar la invalidez de las normas generadas, sino solo aquéllas que trasciendan de modo fundamental.

37. Al respecto, adquiere especial relevancia lo fallado en la acción de inconstitucionalidad 9/2005,(7) en la que este Alto Tribunal llegó a la conclusión de que no existió una violación invalidante en la expedición del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, sentándose un importante precedente en cuanto a las reglas y principios que deben acatarse en un procedimiento legislativo en atención a las garantías de debido proceso y legalidad que, en esencia, han sido las que han mantenido su vigencia hasta la fecha; reglas y principios que se recogieron en la tesis aislada de rubro: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL.",(8) la cual se dedujo de la parte conducente de la ejecutoria respectiva que dice:

"... De conformidad con lo expuesto, este Tribunal Pleno estima que para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en la violación de las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en el artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32580-f9bff708/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-que-presida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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