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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD CONSTITUYEN UN PARÁMETRO DE REGULARIDAD ABSTRACTO DE LAS LEYES Y NORMAS GENERALES, SÓLO EN CUANTO A SUS CONTENIDOS NORMATIVOS AUTÓNOMOS, CUANDO ÉSTAS SON IMPUGNADAS EN ESE MEDIO DE CONTROL. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó por el sentido, pero en contra de las consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACTO DE AUTORIDAD. ACEPCIONES RELEVANTES PARA LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Luis María Aguilar Morales. El Ministro Alberto Pérez Dayán votó por el sentido, pero en contra de las consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACTOS DE AUTORIDAD DELEGABLES A PARTICULARES. REQUISITOS CONSTITUCIONALES. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Luis María Aguilar Morales. El Ministro Alberto Pérez Dayán votó por el sentido, pero en contra de las consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ESTACIONAMIENTO EN LUGARES CONTROLADOS POR ESTACIONÓMETRO. EL PUNTO 2 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL APARTADO RELATIVO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, EN LA PORCIÓN QUE PERMITE QUE CUALQUIER PERSONA DISTINTA A LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE "FUNJA COMO TAL" PUEDA REALIZAR ACTOS COACTIVOS CONTRA LOS PARTICULARES, ES INCONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Luis María Aguilar Morales. El Ministro Alberto Pérez Dayán votó por el sentido, pero en contra de las consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO DE ESTACIONÓMETROS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE INGRESOS DE ESE AYUNTAMIENTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 26 DE MARZO DE 2013, AL PREVER LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA OPERACIÓN DE AQUÉLLOS, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó por el sentido, pero en contra de las consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO. LAS LEYES ESTATALES QUE FACULTAN A LOS MUNICIPIOS A CONCESIONAR ALGÚN PUNTO DE OPERACIÓN DE ÉSTE, COMO LO SON LOS PARQUÍMETROS, NO VIOLAN LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó por el sentido, pero en contra de las consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2013. · Registro digital (IUS): 24947
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-03-28
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Pág. 89.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2013. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 3 DE DICIEMBRE DE 2013. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de diciembre de dos mil trece, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 13/2013, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en contra de los artículos 11 y 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número quinientos setenta y nueve, sexta época, de fecha veintiséis de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO QUE:

PRIMERO.-Trámite de la acción de inconstitucionalidad.

1. Presentación de la demanda. El veinticinco de abril de dos mil trece, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, en la cual impugnó los artículos 11 y 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Órgano de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, el veintiséis de marzo de dos mil trece.

2. Ambos artículos impugnados establecen un esquema legal relativo a la regulación del estacionamiento en vía pública mediante los estacionómetros, concesionado en el citado Municipio y, al respecto, se observan dos contenidos normativos diferenciados:

a) Se contemplan los derechos generados por la operación del servicio concesionado de estacionómetro, para lo cual se faculta al Ayuntamiento a constituir un fideicomiso de administración de los ingresos que se obtengan por su funcionamiento, los que se repartirán de manera porcentual entre ambas partes: el Municipio de Cuautla recibirá el treinta y dos por ciento de los ingresos totales, mientras que la empresa concesionaria recibirá el sesenta y ocho por ciento de los mismos, debiendo ésta de absorber los costos de operación y mantenimiento, así como los compromisos crediticios, la recuperación del capital y rendimientos.

b) Se establece un esquema de multas por infracciones generadas respecto a la operación del estacionómetro, del que se impugna el mecanismo de garantía de pago, consistente en la inmovilización de los vehículos infractores o el retiro de placas de circulación de los mismos en el caso de vehículos foráneos; ejecución de garantía que se establece como facultad de "la autoridad municipal, a los inspectores de vigilancia o a quien funja como tal".

3. La promovente de la acción sostuvo que los preceptos reclamados vulneran los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, en específico, los artículos 1o., 14, 16, 21, párrafos cuarto, noveno y décimo, incisos A) y D), 115, fracción III, incisos g) y h), y 134, párrafo tres y cuatro, de la Constitución Federal; artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y plantea tres conceptos de invalidez.

4. Previo a la formulación de dichos conceptos de invalidez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aclara las razones generales que alimentan la impugnación de los artículos 11 y 25 del apartado referente al estacionamiento en lugares controlados por estacionómetro de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla para el ejercicio fiscal de dos mil trece y, así, asevera que vulneran el derecho a la protección y a la seguridad jurídica de las personas, ya que se establece la facultad de inmovilización de los vehículos infractores, facultad que es municipal; sin embargo, ello resulta inconstitucional, por licitarse por concesión a los particulares.

5. Así, para la demandante, resulta inconstitucional el mecanismo legal impugnado, por contravenir el artículo 115, fracción III, incisos g) y h), constitucional, el cual, relacionado con el Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, establecen la prohibición de otorgar concesión sobre servicios públicos municipales de seguridad pública y tránsito. Por tanto, la parte actora afirma "con ello la actualización realizada por dicho Municipio, al realizar la convocatoria y aprobar la adjudicación para el control de estacionamiento con parquímetros rompe el esquema legal de la función encomendada al Ayuntamiento señalado como responsable".

6. Sobre la base de este reclamo, la Comisión Local actora formula los siguientes conceptos de invalidez:

7. En el primer concepto de invalidez, la parte actora refiere que el artículo 25 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuautla establece que "el Ayuntamiento percibirá en general las multas por concepto de infracciones que en este ordenamiento se establece en materia de tránsito", entre lo que se incluye el concepto de "estacionamiento en lugares controlados por estacionómetro".

8. La Comisión Local precisa que el fragmento normativo que contiene el vicio de inconstitucional en dicho precepto impugnado establece "para garantizar el pago de las infracciones a que se refiere esta fracción, se autoriza a la autoridad municipal, a los inspectores de vigilancia o a quien funja como tal a que inmovilicen los vehículos infractores o retiren placas de circulación de los mismos en el caso de vehículos foráneos."

9. Ahora bien, la Comisión Estatal alega que dicho poder del Municipio de concesionar el ejercicio de actos de seguridad pública y tránsito vulnera distintas normas legales que asignan en favor de dicho nivel de gobierno esas potestades. Al respecto, cita en apoyo el criterio de la Primera Sala de esta Suprema Corte, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS, PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."

10. La comisión actora afirma, al respecto, lo siguiente:

"En la sesión extraordinaria de Cabildo No. 74, de dieciocho de noviembre de dos mil once, que obra en copia certificada dentro del expediente de queja 001/2013-V.R.O (que se anexa a la presente foja 34) el Cabildo del Ayuntamiento de Cuautla y que en el punto cuarto del orden del día que se convoca a interesados a participar en el procedimiento a particulares, para obtener la concesión por quince años del servicio público municipal de estacionamiento en la vía pública regulado por parquímetros y se crea un fideicomiso para que se concentre y destine los recursos provenientes de los parquímetros, autorizando en el punto tercero para que el presidente municipal firme el contrato de concesión con la persona física o moral que resulte ganadora del procedimiento a convocar, siendo que a foja 117 del citado documento que se acompaña obra la convocatoria lanzada pública a participar, la cual fue otorgada a ********** y ésta subrogada a **********, con al cual (sic) se firmó contrato persona moral obligada (sic), situación que se evidencia a foja 56 en su numeral 5, que contiene que el 24 de agosto de 2012 se notificó a dicha empresa la resolución de 22 de agosto de 2012, respecto, la adjudicación de la concesión del servicio de estacionamiento regulado por parquímetros multiespacio en el centro de la ciudad de Cuautla, Morelos, contrato en el cual se establece las bases para que dicha empresa sea quien inmovilice, notifique y ejecute multas a los usuarios que infrinjan lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio (foja 61, párrafo segundo, de la séptima cláusula), con lo que se demuestra la contradicción e inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla invocada."

11. Para lograr la referida concesión -continúa la comisión actora- el Municipio de Cuautla aprobó constituir en la misma sesión de Cabildo relatada en la transcripción un fideicomiso para recibir los ingresos provenientes de los parquímetros y destinar los ingresos en el porcentaje correspondiente a la empresa adjudicada y el relativo al Municipio de Cuautla.

12. En consecuencia, se demuestra la inconstitucionalidad de la norma impugnada, pues faculta al Municipio a delegar en particulares funciones exclusivas del Municipio, como la establecida en el artículo 115, fracción III, inciso h), constitucional, lo que, además, vulnera los artículos 114 Bis, 125 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal, este último que establece que "No serán objeto de concesión los servicios públicos municipales, de seguridad pública y tránsito".

13. Igualmente, la actora cita diversos artículos del Bando de Policía y Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, publicado en el Periódico Oficial el veinte de septiembre de dos mil diez, entre ellos, los numerales 349 y 356, que establecen, respectivamente, que "La autoridad municipal ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que correspondan para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, los reglamentos y disposiciones administrativas municipales y aplicará las sanciones que se establecen, sin perjuicio de las facultades contenidas en otras normas jurídicas" y "Para los efectos de este Bando de Policía y Gobierno Municipal, se considera servidor público a los miembros del Ayuntamiento y en general a toda persona que desempeñe cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la administración pública municipal."

14. En el segundo concepto de invalidez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos argumenta que existe una violación a los derechos de los ciudadanos, avecindados y en tránsito del Municipio de Cuautla, Morelos, pues se legisló sin consulta previa, al haber aprobado el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil doce, en la sesión extraordinaria de Cabildo 68 el veintinueve de septiembre de dos mil once, "precisamente a los artículos 11 y 25 de la propia ley, que en la parte que nos interesa este último establece ‘... para garantizar el pago de las infracciones a que se refiere esta fracción, se autoriza a la autoridad municipal, a los inspectores de vigilancia o a quien funja como tal a que inmovilicen los vehículos infractores ...’, existiendo contradicción entre este acuerdo tomado por el cuerpo colegiado y/o lo publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Número 4980 6a. época de fecha 23 de mayo de 2012 para la convocatoria pública, concurso de licitación pública nacional No. LPN/SHRV-03/12, la cual menciona tanto en la exposición de motivos como en su fundamento en el cuerpo de la propia licitación, a la sesión ordinaria número 74 celebrada el dieciocho de noviembre de 2011, que no corresponde a la sesión extraordinaria No. 74 celebrada en la misma fecha."

15. Con base en lo anterior, la parte actora afirma que el otorgamiento de la concesión del servicio público municipal de estacionamiento en la vía pública en su modalidad de parquímetros multiespacio (estacionómetro) corresponde a sesiones de Cabildo diferentes, por lo que se evidencia su irregularidad, pues se vulneran los principios de seguridad jurídica y certeza.

16. Por tanto, la actora solicita se declare la inconstitucionalidad de la publicación de la convocatoria pública, relativa a la licitación pública nacional LPN/SHRV-03/12.

17. En el tercer concepto de invalidez, la Comisión Estatal actora argumenta que la convocatoria de la licitación respectiva viola el artículo 1o. constitucional, pues al publicarse, en un primer momento, el veintidós de mayo de dos mil doce, se registró únicamente una empresa, por lo cual, el Municipio debió emitir una segunda convocatoria, lo cual no realizó.

18. Adicionalmente, alega que el Municipio actor no constató que, en el caso, se actualizaba la hipótesis del artículo 141, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que establece que en ningún caso se otorgarán concesiones para la explotación de servicios públicos municipales a las personas físicas o morales que en los últimos cinco años se les haya revocado otra concesión para la prestación de servicios públicos municipales, por lo que debió estarse a la consecuencia del artículo 142 de la ley que establece que son nulas de pleno derecho las concesiones otorgadas en contravención a lo anterior, pues la empresa ********** tenía una revocación de concesión dentro del plazo referido, a saber, aquella decretada el cinco de julio de dos mil doce, por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo que la concesión se otorgó el veintitrés de julio de dos mil doce.

19. Finalmente, la comisión actora afirma que el treinta y uno de agosto de dos mil doce, la empresa adjudicada **********, informó al Ayuntamiento de Cuautla que la nueva empresa a cargo de la licitación es **********, lo cual contraviene el artículo 157 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el cual establece que las concesiones nunca podrán ser objeto, en todo o en parte, de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier otro acto o contrato, por virtud del cual una persona distinta del concesionario goce de los derechos derivados de tales concesiones y, en su caso, de las instalaciones o construcciones autorizadas en la propia concesión, siendo esta última empresa la que presta actualmente el servicio de estacionamiento en la vía pública regulado por parquímetros multiespacio en Cuautla, Morelos.

20. En caso de determinarse la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 25 de la Ley de Ingresos de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, la parte actora también solicita se declare la irregularidad de la adjudicación de la concesión respectiva.

21. Admisión y trámite. En proveído de veintiséis de abril de dos mil trece, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 13/2013, y de conformidad con lo determinado en los artículos 24, en relación con el 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que fungiera como instructor en el procedimiento.(1)

22. En diverso auto de veintinueve de abril de dos mil trece, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, para que rindieran sus respectivos informes y señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; asimismo, requirió al Congreso del Estado de Morelos para que al momento de rendir el informe solicitado, enviara a esta Suprema Corte copia certificada de todos los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas.(2)

23. Informes. En acuerdo de once de junio de dos mil trece, el Ministro instructor tuvo por presentados los informes rendidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, y puso a disposición de las partes los autos para que en el plazo de cinco días formularan sus alegatos.(3) A continuación, se sintetiza lo manifestado en cada uno de los informes respectivos:

24. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos depositado en la oficina de Correos de México en Cuernavaca, Morelos, el treinta y uno de mayo de dos mil trece, recibido en esta Suprema Corte el cuatro de junio siguiente.

25. El Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su consejero jurídico, alegó lo siguiente:

26. En cuanto a la procedencia del presente juicio, afirma que la parte actora carece de legitimación activa, pues estima que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, conforme al texto literal del artículo 105 constitucional, sólo puede hacer valer violaciones a los derechos establecidos en la Constitución Federal, pero no aquellos contemplados en los tratados internacionales. Lo anterior, lo hace depender de la premisa según la cual las acciones de inconstitucionalidad deben tenerse como un medio de control que sólo tiene el fin de evaluar en abstracto la compatibilidad de normas generales con la Constitución "lo que implica que se promueven con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional", esto es, todo reclamo en esta vía debe hacerse "en congruencia con el sistema jerárquico normativo que nos rige".

27. Sobre la base de esta premisa, el Poder Ejecutivo Local afirma:

"Así, si por esta vía sólo es dable ejercer un control de la constitucionalidad de las normas -no de su legalidad o convencionalidad-, la legitimación de los organismos de protección de derechos humanos para promoverla debe entenderse circunscrita también a la denuncia de violaciones constitucionales en materia de derechos humanos, de modo que sólo la Constitución General puede servir como norma de contraste, y que la violación recaiga en un derecho humano y no en derechos subjetivos."

28. Posteriormente, el Ejecutivo Local afirma que los actos atribuidos son ciertos, como es la promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal que concluye el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial el veintiséis de marzo de ese mismo año, lo cual se realizó con fundamento en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución del Estado de Morelos.

29. El Ejecutivo Local precisa que la parte actora no formuló conceptos de invalidez contra los actos del Ejecutivo por vicios propios. Sin embargo, en cuanto al fondo del asunto, argumenta lo siguiente:

30. Conforme al artículo 115, fracción III, inciso h), constitucional, los Municipios tienen la facultad de seguridad pública, en los términos del artículo 21 constitucional, policía preventiva municipal y de tránsito; así, la regulación del estacionamiento de vehículos en vía pública, mediante parquímetros, conforma una medida de control y efectividad para la rotación en el uso de un bien de uso común de dominio público; coincide con la actora que esta medida debe estar justificada técnica y legalmente, máxime que tiene el resultado de establecer la obligación de pagar un derecho, cuya evaluación corresponde al órgano del medio de control constitucional. Sin embargo, estima que la medida impugnada satisface dichos requisitos.

31. En este sentido, concluye que no resultan inconstitucionales los artículos 11 y 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, pues la implementación de los parquímetros para regular el cobro de una contribución por el uso de la vía pública en la modalidad de estacionamiento de vehículos, además de encontrar fundamento en las facultades constitucionales asignadas en materia de tránsito, no vulneran el derecho de libertad de tránsito, contenido en el artículo 11 de la Constitución Federal.

32. Finalmente, el Ejecutivo Local afirma que no es materia de la presente acción de inconstitucionalidad evaluar la regularidad de los actos administrativos del Municipio, como son sus actas de Cabildo, concesiones o licitaciones, pues ello rebasaría su finalidad, por lo que debe determinarse la validez de las normas impugnadas de la Ley de Ingresos Local.

33. Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos presentado en la oficina de Correos de México en Cuernavaca, Morelos, el cuatro de junio y recibido el siete siguiente.

34. El Legislativo Local, a través del presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, estima que son infundados los argumentos formulados por la comisión actora.

35. Para lo anterior, el Legislativo abunda en el contenido del artículo 115, fracción IV, constitucional, para lo cual trae a colación lo resuelto por este Tribunal Pleno, al conocer de la controversia constitucional 14/2004, ya que en dicho precedente se determinaron los alcances de la hacienda municipal, en relación a la coordinación de facultades de los Municipios y los Congresos de los Estados, pues mientras corresponde a los primeros la presentación de la iniciativa legislativa para la regulación de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, a los segundos corresponde decidir sobre tales iniciativas, decisión legislativa, cuyo ejercicio se sujeta a un estándar de motivación distinto al ordinario.

36. Así, la autoridad afirma que el Poder Legislativo Local respetó los referidos principios constitucionales, al aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal que concluye el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, pues se observa que satisfizo el estándar de motivación exigible, según se concluye de la comparación entre la iniciativa municipal y el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos.

37. Por tanto, el Legislativo asevera que no existe violación alguna al procedimiento legislativo, pero argumenta que, en caso de detectarse alguna irregularidad, debe concluirse que su impugnación correspondería a los particulares afectados, a través del juicio de amparo, o bien, al Municipio afectado, a quien asiste las garantías institucionales previstas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

38. Sobre la base de lo anterior, el Congreso Local concluye: "En efecto, como se desprende de la documentación que en copia certificada se exhibe, el Municipio de Cuautla, Morelos, presentó su iniciativa de Ley de Ingresos conforme a la normatividad vigente en ese momento; e igualmente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, al emitir su dictamen, atendió a dicha normatividad, mientras que la Legislatura Local, al aprobar dicha Ley de Ingresos de dicho Municipio lo aprobó en sus términos."

39. Presentación del escrito de ampliación de demanda y cierre de instrucción. En proveído de cuatro de julio de dos mil trece, el Ministro instructor tuvo por recibidos los escritos de alegatos y de ampliación de demanda, presentada por parte de la comisión actora. En dicho acuerdo, se estableció que resultaba notoriamente improcedente la ampliación de demanda presentada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 65 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 19, fracción VIII, del mismo ordenamiento, y 105, fracción II, primer párrafo, e inciso g), de la Constitución Federal, al estimarse que la actora no impugnaba normas generales, sino actos concretos que calificaba como hechos supervenientes relacionados con la aplicación de la ley impugnada en la demanda original.

40. Los actos impugnados en ampliación de la demanda se hicieron consistir en la integración de una Comisión Especial en el Congreso del Estado de Morelos, en la firma de un adéndum de contrato entre el Ayuntamiento del Municipio de Cuautla y una empresa privada, así como la aprobación y asignación por parte de dicho Municipio, "del contrato de concesión" del servicio de estacionamiento en la vía pública regulado por parquímetros multiespacio (estacionómetros); en el acuerdo referido se determinó que, dada la finalidad de la acción de inconstitucionalidad y a la naturaleza de los actos citados, no era procedente su admisión.

41. Finalmente, en el mismo acuerdo, el Ministro instructor tuvo por rendidos los alegatos de la parte actora y tuvo por cerrada la instrucción a efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.(4)

42. En los alegatos y ampliación de la demanda, la comisión actora argumentó, en esencia, lo siguiente:

43. Contrario a lo afirmado por las autoridades emisoras de la norma impugnada, la comisión tiene legitimación para impugnar la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, pues precisó que era violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales.

44. Reitera que la ley impugnada es violatoria de la Constitución, pues, insiste, el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal establece que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros, los servicios y funciones de tránsito, siendo, por tanto, dicha autoridad municipal la competente para establecer todas las medidas y condiciones relacionadas con la utilización y uso de la vía pública, lo que debe estar encaminado a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad y fluidez en la vía pública; al respecto, cita la tesis de esta Suprema Corte, de rubro: "SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO EN UN MUNICIPIO. ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS ESTATALES Y MUNICIPALES EN SU PRESTACIÓN."

45. Destacó que de la referida tesis se deriva que es facultad constitucional de los Municipios la creación normativa y regulación de los servicios públicos que a éstos se les han conferido. Es decir, corresponde a los propios Municipios regular los servicios de administración de las autoridades municipales en materia de tránsito.

46. El Municipio demandado transgrede en perjuicio de los ciudadanos representados los principios de progresividad, lesividad, legalidad y seguridad jurídica consagrados en la Constitución Federal, porque si bien corresponde al Ayuntamiento otorgar el servicio de seguridad pública y tránsito, ello no implica que éste tenga la facultad de delegar dichas atribuciones a un tercero y menos, en condiciones de inequidad y menoscabo del derecho de los transeúntes, obligarlos a realizar un pago cuando estos últimos estacionen sus vehículos en la vía pública. Lo anterior, bajo el argumento de que dicha imposición tiene como fin reglamentar el uso de la vía pública, lo cual es totalmente inconstitucional.

47. El artículo 25 de la Ley de Ingresos impugnada prevé sanciones o multas en las que no especifica en forma clara las causas generadoras de las multas, y tampoco indica bajo qué condiciones o consideraciones éstas podrían imponerse.

48. Es decir, en este numeral se prevé una multa de 1.5 a 2 salarios mínimos por inmovilización del vehículo sin hacer referencia de la razón de tal sanción; posteriormente, indica que se autoriza a la inmovilización para garantizar el pago de las infracciones a las que se refiere la fracción II de la ley citada.

49. Con lo anterior, se aprecia que se pretende imponer una sanción doble al ciudadano. Es decir, por un lado, si comete alguna infracción de tránsito, y por el otro lado, la sanción originada por la inmovilización del vehículo para garantizar el pago de la sanción. Cita de apoyo la jurisprudencia plenaria, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, CHIAPAS, PARA 2006, PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2005, VIOLA EL ARTÍCULO 14, TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

50. Asimismo, la comisión cita la tesis: "TRÁNSITO Y TRANSPORTE. DIFERENCIA ENTRE ESOS CONCEPTOS ENTENDIDOS COMO MATERIAS COMPETENCIALES.", la cual, indica, es relevante para diferenciar "tránsito" de "transporte", y que, además, indica que la libertad de libre tránsito implica la libertad de estacionamiento en la vía pública.

51. Por ende, los estacionómetros pretenden gravar el derecho de libre tránsito, transgrediendo los principios consagrados en los artículos 1o. y 29 de la Constitución Federal, así como la fracción IV del artículo 117 de dicho ordenamiento, en el cual se prohíbe gravar el tránsito que pase por el territorio de los Estados.

52. Asimismo, destaca que el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal otorga facultad a los Municipios de ejercer las funciones y otorgar los servicios públicos de seguridad pública y tránsito, en los términos del artículo 21 constitucional; debiendo entenderse, por ello, el acuerdo, en todo caso, emanado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual, en el caso, no existe.

53. Por otro lado, respecto al argumento de la parte demandada, referente a la imposibilidad de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare a través de la acción de inconstitucionalidad que los actos administrativos son inconstitucionales, la parte actora sostiene que, de ser así, se incurriría en una serie de violaciones a derechos humanos a través de los actos impugnados que se pretenden autorizar.

54. Además, indica que el artículo 25, en el apartado de "conceptos" y "estacionamiento en lugares controlados por estacionamiento", en específico de los números uno al quince, así como los números uno y dos, todos de la Ley de Ingresos Municipal de Cuautla, para el ejercicio fiscal que concluye el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, genera incertidumbre a los habitantes, los cuales acuden a oficinas diversas para el pago de sus multas y no a las cajas de la Tesorería Municipal, con el objeto de cubrir el monto adeudado a la autoridad por el concepto de pago de multa, establecido en la ley.

55. Atendiendo al principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, se establece que debe ser el legislador y no las autoridades administrativas las que establezcan los elementos cuantitativos de las contribuciones. Sin embargo, al permitir de manera anómala la licitación de la concesión referida, se transgreden los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, pues con lo anterior se permite que un tercero extraño sea quien maneje lo recaudado, es decir, una persona disti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24947-b3fa9ba0/accion-de-inconstitucionalidad-los-derechos-humanos-de-seguridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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