ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE DURANGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de septiembre de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintinueve de enero de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Durango promovieron acción de inconstitucionalidad demandando de las autoridades que a continuación se mencionan, la invalidez de la norma que más adelante se precisa:
"a) La honorable LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango; y, b) Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Durango. En relación con lo que establece la fracción III del artículo 61 contenido en el ordenamiento legal antes referido, señalamos como normas generales cuya invalidez reclamamos, los artículos 3o., 4o., 7o., 8o., 46 y 47 del Decreto No. 50, que contiene la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2002, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 53, de fecha 30 de diciembre del 2001."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"Primero. En fecha 5 de diciembre de 2001, el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó en la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, la iniciativa correspondiente a la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2002, misma a la que se le dio el trámite correspondiente, es decir, se le dio entrada por correspondencia, se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. En dicha iniciativa se observó que en su artículo 3o., relativo al gasto público del Gobierno del Estado, en lo que respecta a la distribución por poderes, el Poder Legislativo registra un presupuesto de $78'231,815.00; igualmente en su artículo 4o., que corresponde a la clasificación funcional, en el rubro destinado a la legislación, se asignaría la cantidad de $73'582,610.00; asimismo, en su artículo 7o., en lo que respecta a la clasificación por concepto y partida, la iniciativa en el rubro de aportaciones a fondos y fideicomisos sólo contempla hasta la clave 4213 con un monto total de $142'430,772.00; por su parte, en el artículo 8o., relativo a las erogaciones del Gobierno del Estado, dentro de la clasificación administrativa, la Cámara de Diputados tendría un presupuesto de $48'590,716.00. Además, se observó que dicha iniciativa estaba integrada sólo por 44 artículos y dos artículos transitorios. Segundo. Al estudiarse la iniciativa de referencia, al seno de la comisión correspondiente, no se siguió con el procedimiento que marca la propia Ley Orgánica del Congreso del Estado, en el sentido que se establece en los artículos 72 y 73, segundo párrafo, de dicho ordenamiento, que a la letra dicen: 'Artículo 72. Las convocatorias a reunión de comisiones, deberán comunicarse con la anticipación mínima señalada en el artículo anterior, según sea el caso, salvo urgencia determinada por la mayoría de los miembros de la comisión, y deberá incluir lo siguiente: a) Proyecto de orden del día; b) Fecha, hora y lugar preciso de su realización, dentro del palacio legislativo; y c) Relación pormenorizada de los asuntos que deberán ser votados por la comisión.'. 'Artículo 73. ... De cada reunión de las comisiones se levantará una acta la cual será firmada por el presidente y secretario.'. No obstante el incumplimiento a dichos preceptos, la comisión presentó al Pleno Legislativo un dictamen que no fue firmado por el Dip. Rubén Velasco Murguía, secretario de la comisión de referencia, en virtud de que nunca fue convocado de acuerdo a lo establecido por el artículo 72 de nuestra ley orgánica y, por ende, no se levantó el acta aludida en el artículo 73. Tercero. En el contenido del dictamen presentado por la comisión ante el Pleno Legislativo se observaron diversas discrepancias entre éste y la iniciativa del titular del Ejecutivo Estatal, lo que originó que al momento de la discusión la diputación del Partido Acción Nacional se opusiera, en lo general y en lo particular, con múltiples argumentos que quedaron asentados en el acta de la sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2001, cuando se llevó a cabo la discusión y aprobación, en su caso, de la misma. Las discrepancias de referencia son:
Ver tabla 1
"De los 47 artículos que se consideran en el dictamen, el 46 y el 47, que fueron adicionados a la iniciativa, se refieren a una aberración jurídica donde se pretende fusionar la función legislativa con la función ejecutiva y desconocer el principio de separación de poderes; hecho que se desprende de la redacción de estos artículos, según se observa: 'Artículo 46. La aplicación de la partida presupuestal y comprendida en el Fondo de Apoyo a la Gestión Legislativa a Municipios, será exclusivamente ejercida por los CC. Diputados locales de mayoría relativa quienes gestionarán ante el Ejecutivo del Estado la ministración de los fondos respectivos; los recursos antes mencionados serán destinados a programas de inversión en obra pública, infraestructura educativa y mezcla de recursos, entre otros. Este fondo será ejercido en los términos de la presente ley y serán comprobables y fiscalizables, correspondiendo su fiscalización a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado en conjunto con la entidad de auditoría superior del Estado de Durango.'. 'Artículo 47. La distribución entre los Municipios del Estado del Fondo de Apoyo a la Gestión Legislativa a Municipios, se efectuará de la manera siguiente: el 60% del total presupuestado por este concepto se distribuirá en relación directa con la población de cada Municipio, de acuerdo con la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y el 40% restante, en proporción inversa al total de las participaciones federales recibidas de los Municipios en el año inmediato anterior, sin considerar los recursos del Ramo 33.'. Cuarto. Cuando se llevó a efecto la discusión del dictamen referente a la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2002, se observó que en dicho dictamen nunca se incluyó la exposición clara y precisa del asunto referido, concretamente en lo que se refiere a los cambios que de una manera autárquica hicieron quienes suscribieron dicho dictamen. Señalando, además, que al momento de su discusión, la diputación del Partido Acción Nacional solicitó a la comisión dictaminadora que explicara los fundamentos en que se basaron para realizar las reformas y adiciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, y ninguno de los diputados que suscribieron el dictamen explicaron los fundamentos del mismo, lo que consta en el acta de la sesión ordinaria realizada el 15 de diciembre de 2001 en donde se discutió el punto, lo anterior lo hicimos fundándonos en lo que establecen los artículos 140 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, mismos que transcribimos: 'Artículo 140. Los dictámenes deberán contener una exposición clara y precisa del asunto a que se refieren, y concluir sometiendo a la consideración del Congreso, el proyecto de ley, decreto o acuerdo, según corresponda. Éste se presentará en artículos numerados, sobre los que recaerá la votación del Congreso.'. 'Artículo 160. Siempre que al principio de la discusión lo pida algún miembro del Congreso, la comisión dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su dictamen y aun leer constancias del expediente si fuere necesario; acto continuo, seguirá el debate.'. Quinto. Como corolario de toda la serie de irregularidades señaladas anteriormente, en relación directa con el multicitado dictamen y después de numerosas intervenciones en contra, tanto en lo general como en lo particular, por parte de los miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y ante la ausencia de elementos argumentativos para defender los diferentes puntos cuestionados del dictamen por parte de la comisión dictaminadora, se procedió a las votaciones en lo general y en lo particular, siendo evidente el ejercicio de un voto irreflexivo para arrollar los argumentos presentados por la diputación de acción nacional, aprobándose el dictamen en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Hecho lo anterior, se realizó la declaratoria por parte de la mesa directiva de la aprobación del Decreto Número 50 que contiene la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2002, y se le envió al titular del Poder Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, lo cual se cumplimentó en la publicación número 53 de fecha 30 de diciembre del 2001, en dicho órgano de difusión."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Se violenta el artículo 49 de la Constitución General de la República, porque este precepto legal contiene el principio de separación de poderes y dispone la división del Poder Estatal en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; igualmente, este precepto contiene el principio de que dos poderes no podrán reunirse en una sola persona o corporación. Principios estos que retoma la Constitución Política Local en su artículo 28. Y es el caso que con los artículos 3o., 4o., 7o. y 8o. modificados, y los artículos 46 y 47, adicionados motu proprio por la comisión dictaminadora y presentados ante el Pleno, como parte integral del dictamen de la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2002, y aprobado por la mayoría de los diputados presentes, elevándolo a la categoría de ley, se contraponen al principio de separación de poderes, ya que con ese acto se fusionan en la figura del diputado de mayoría relativa, dos competencias diferentes por propia naturaleza, dada cuenta que un solo órgano se convierte en legislador y ejecutor de la ley. Segundo concepto de invalidez. Se violentan los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución General de la República, ya que estos preceptos constitucionales regulan de una manera expresa la integración y facultades del Congreso de la Unión, y evidencian las facultades de la Cámara de Diputados para, entre otras, examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. De tal manera que si entendemos el término facultad como la capacidad o poder para realizar un acto jurídico válido para provocar efectos legales, habremos de retomar el concepto que se señala en el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, S.A., págs. 1415 y 1416, denominada Facultades en el Estado Federal, definición que establece la clasificación de las facultades, las que se enuncian de la forma siguiente: Facultades atribuidas a la Federación; *Facultades atribuidas a las entidades federativas; Facultades prohibidas a la Federación; Facultades prohibidas a las entidades federativas; Facultades coincidentes; Facultades coexistentes; Facultades de auxilio; y, Facultades que emanan de la jurisprudencia, ya sea reformando o adicionando la anterior clasificación. Lo anterior, se refiere a clarificar lo establecido en el artículo 124 constitucional, en el sentido de que las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución General a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. De tal manera que el Estado de Durango, como parte integral del Pacto Federal, en los términos del artículo 40 constitucional y en correlación con el artículo 124 del referido ordenamiento legal, hace uso de las facultades reservadas a los Estados, adoptando una Constitución Política Local que tomó como modelo la Constitución General de la República, de forma tal que en su artículo 55 se contienen las facultades expresas del Poder Legislativo Estatal, entre las que destacan: 'Artículo 55. ... III. Aprobar y modificar el presupuesto de egresos del Estado y decretar contribuciones suficientes para cubrirlo, tomando en consideración las participaciones y subsidios federales y estatales, en su caso. ... XIX. Legislar en materia municipal, teniendo presente en todos los casos, el fortalecimiento del Municipio Libre como base de la organización política y administrativa del Estado. ... XXXIX. Las demás que le confiera expresamente esta Constitución.'. Adicional a lo anterior, la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango establece las bases de organización y funcionamiento del Poder Legislativo, así como las atribuciones y obligaciones de sus miembros, considerándolas de manera expresa en sus artículos 2o., 5o., 6o. y 36. De lo anterior se desprende que no hay un sustento legal para que los integrantes de la comisión dictaminadora pudieran adicionar la iniciativa del Ejecutivo que contiene la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2002, con los artículos 46 y 47, dado que la fracción III del artículo 55 de la Constitución Local faculta expresamente al Congreso del Estado para aprobar y modificar el presupuesto de egresos del Estado, mas no para adicionarlo y, por otra parte, con tales adiciones no se fortalece el Municipio Libre como lo ordena el artículo 55 en su fracción XIX, por el contrario, se socava su organización política y administrativa, en virtud de que los diputados de mayoría relativa estarán arrogando facultades de ejecución de obra pública que no le competen al Poder Legislativo, puesto que no es una disposición expresa, de acuerdo con lo que se señala en la fracción XXXIX del artículo 55 de la Constitución Política Local, en relación directa con los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución General de la República. Tampoco la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango le otorga a los diputados de mayoría relativa y, en general, a los miembros del Poder Legislativo, facultades de ejecución de obras públicas o programas en los Municipios, y sí por el contrario les especifica lo que pueden realizar en materia legislativa, de gestoría y de consulta ciudadana. Tercer concepto de invalidez. Se violenta lo que establece el artículo 115, fracción IV, inciso c), penúltimo y último párrafos, de la Constitución General de la República, en virtud de que la esencia propia de este precepto es buscar el fortalecimiento de la entidad municipal en todos sus órdenes, lo cual ha quedado de manifiesto en todas las reformas constitucionales que se han hecho en el ámbito municipal, de tal manera que es un principio constitucional el relativo a la autonomía de los Municipios y, desde luego, el fortalecimiento de la hacienda municipal; principios estos que adopta nuestra Constitución Política Local en sus artículos 103, 104, 105, 109, 110 y 111; por ello, el Congreso del Estado de Durango en su momento aprobó las Leyes de Ingresos de los Municipios para el ejercicio fiscal 2002 incluyendo, en la partida de ingresos extraordinarios, lo relativo al 'Apoyo a Municipios, aportaciones del Estado o apoyos cuatrimestrales'. Sin embargo, cabe señalar que ni en la iniciativa de Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2002, ni en el dictamen correspondiente y tampoco en el Decreto Número 50, relativo a esta ley, se contempló partida presupuestal alguna destinada a cubrir la erogación que por la aprobación de las Leyes de Ingresos de los Municipios se le impuso al Ejecutivo Estatal la inclusión de esta partida dentro del presupuesto origen de la iniciativa, tal como se ha venido realizando en los últimos años. Igualmente, es de señalarse que el órgano de gobierno interno del Congreso del Estado denominado Gran Comisión, al momento de aprobar el proyecto de presupuesto anual del Poder Legislativo, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 48 de nuestra ley orgánica, nunca se planteó ni aprobó la partida denominada Fondo de Apoyo a la Gestión Legislativa a Municipios, lo que se puede corroborar con el acta que se asienta en el libro que se lleva ex profeso, conforme lo establece la fracción II del artículo 50 de la misma ley orgánica. Resulta evidente que la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2002, en la forma en que fue aprobada no fortalece de manera alguna la hacienda municipal, sino, por el contrario, le genera una disminución en sus ingresos; de la misma manera, con la adición de los artículos 46 y 47, se está menoscabando la libertad de los Ayuntamientos para administrar su hacienda, puesto que los diputados de mayoría relativa estarán ejerciendo un recurso que por antonomasia es de carácter municipal, violentando el ejercicio directo que deben tener los Ayuntamientos de los recursos que integran su hacienda municipal; y, por otra parte, al constituirse los diputados en ejecutores de obra pública, al momento en que la legislatura revise las cuentas públicas municipales, estaremos actualizando una aberración jurídica, en la que los mismos que aprueban el ejercicio de este Fondo de Apoyo a la Gestión Legislativa a Municipios, son los mismos que lo ejercen y los mismos que se autofiscalizarán en conjunto con un órgano fiscalizador que no existe presupuestalmente en la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2002, como lo es la entidad de auditoría superior del Estado de Durango. Cuarto concepto de invalidez. Se violenta el artículo 116, primer párrafo y su fracción II, último párrafo, en virtud de que atendiendo a la teoría republicana de la división y equilibrio de poderes, nunca podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación. Igualmente, el espíritu del legislador al momento de aprobar las reformas constitucionales relativas a la integración de las Legislaturas de los Estados, entre otras cosas, fue el de permitir la manifestación de las minorías en los Congresos Estatales y, por ello, el precepto constitucional que estimamos violado es claro y preciso al establecer: 'Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo ... Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. ...'. Atento este principio constitucional, la Constitución Local del Estado de Durango incluyó dentro de su cuerpo normativo lo conducente, reflejado en los artículos 28 y 31 del ordenamiento en cita, y de la misma forma la Ley Orgánica del Congreso del Estado reconoce en su artículo 11 laigualdad en cuanto a derechos y obligaciones de los diputados que integran el Congreso del Estado, además de que reconoce el derecho de las minorías de ser representadas en este órgano de poder, al igual que en la Constitución General de la República, según se desprende de la transcripción que hacemos: 'Artículo 11. El Congreso del Estado, como órgano de representación ciudadana, se compondrá de 15 diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y por 10 diputados de representación proporcional que serán designados en los términos y condiciones que establezca la Constitución Política Local y el Código Estatal Electoral. En el ejercicio de su responsabilidad constitucional, todos los diputados tienen la misma categoría e igualdad de derechos y obligaciones.'. A mayor abundancia, el artículo 36 del precitado ordenamiento legal, dentro de sus quince fracciones que lo integran, destaca como obligaciones y atribuciones de los diputados, sin menoscabo de otras, las siguientes: 'Artículo 36. ... IX. Ser gestor de la solución de los problemas que afecten a los habitantes de sus distritos o a sus representaciones proporcionales minoritarias. ... XII. Los diputados, durante la segunda quincena del mes de junio de cada año, deberán formular para conocimiento de los electores, un informe por escrito sobre sus actividades legislativas y de gestoría social, el cual será enviado a los Cabildos de los Municipios comprendidos en los distritos electorales que representan. En el caso de los diputados de representación proporcional, darán cumplimiento a lo anterior en los Municipios que determinen, debiendo comunicarlo a la Comisión Permanente.'. De lo anterior, se desprende que al adicionarse los artículos 46 y 47 en el cuerpo de la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2002, se violentó el artículo 116 constitucional al otorgar a los diputados locales de mayoría relativa recursos presupuestarios para ejercer la facultad ejecutiva o administrativa, y esta facultad posibilitaría que el Congreso pudiera otorgar concesiones, construir escuelas, prestar servicios de salud y construir obras públicas de agua y drenaje, además de legislar en estas materias, con lo que de hecho y por derecho consiste en sí, en una invasión a la esfera de competencias, independientemente de lo anterior, al haberse aprobado la ley en cuestión y concretamente los artículos de referencia, se depositó en los diputados el ejercicio de dos funciones, la legislativa y la ejecutiva. Además, en los multicitados artículos 46 y 47, se establecen criterios discriminatorios entre los diputados, los que no coinciden en forma alguna con los preceptos legales arriba enunciados."
CUARTO. En la demanda se señalaron como violados los artículos 49, 73, 74, 76, 115, fracción IV, inciso c), penúltimo y último párrafos; 116, primer párrafo y su fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, al que le correspondió el número 6/2002, y por razón de turno se designó a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de cuatro de febrero de dos mil dos, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a las autoridades que emitieron y promulgaron la norma general impugnada, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Congreso del Estado de Durango, al rendir informe, manifestó en síntesis:
1. Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal y artículo 1o. de la indicada ley, por lo siguiente:
a) Que la acción de inconstitucionalidad sólo es procedente en contra de normas de carácter general, y en la demanda lo que se impugna es, en especial, los artículos 3o., 4o., 7o., 8o., 46 y 47 de la Ley de Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil dos; y conforme a la interpretación que este Alto Tribunal ha dado en relación con las características de una norma general y que no revisten los presupuestos de egresos, debe sobreseerse en la acción intentada, atento la tesis jurisprudencial publicada con el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL.".
b) Que los artículos 3o., 4o., 7o., 8o., 46 y 47 de la Ley de Egresos del Estado, cuya invalidez se demanda, no contravienen el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal, ya que no puede interpretarse que el deber que el artículo 45 de la Constitución Local impone a los diputados de ser gestores de los problemas que afectan a los habitantes de su distrito, resulte una función indebida de competencias, puesto que la facultad tributaria es de la exclusiva competencia del Poder Legislativo, quien puede variar las propuestas contenidas en las iniciativas que, en su caso, remitan el Poder Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos, por lo que corresponde al Congreso Local el ejercicio presupuestal de los recursos que le son asignados.
c) Que el acto impugnado no es conculcatorio de los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la facultad en materia hacendaria que en forma exclusiva ejercita el Poder Legislativo se materializa en el análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos, así como de la Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios; por tanto, la asignación del presupuesto a los diputados de mayoría para cumplir con su función legislativa en apoyo a los Municipios, en ninguna forma transgrede la facultad hacendaria municipal, dado que esos recursos son de los asignados al Poder Legislativo Local y no a los Municipios.
d) Que el acto cuya invalidez se demanda no es violatorio del artículo 115, fracción IV, inciso c), penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal ya que, por una parte, se cumplió en tiempo y forma con la obligación de dotar a las haciendas públicas municipales de los recursos con los cuales solventarán los gastos durante el ejercicio fiscal de dos mil dos; y, por otro lado, si bien no se contempló en el presupuesto de egresos la partida denominada "Apoyo a Municipios, aportaciones del Estado o apoyos cuatrimestrales", fue por carecer de sustento legal, y sí, en cambio, se contemplan apoyos contenidos bajo la partida denominada "Fondos Estatales de Participaciones", que se distribuirán a los Municipios conforme a la legislación aplicable, aunado a los recursos adicionales que recibirán del "Fondo de Apoyo a la Gestión Legislativa a Municipios". Atento lo anterior, de ningún modo se restringe la autonomía municipal ni disminuye sus ingresos.
e) Que el acto cuestionado no violenta el artículo 116 de la Constitución Federal, en virtud de que la labor de gestoría de diputados de representación proporcional está garantizada en una partida específica en el presupuesto de egresos del Estado denominada "Recorridos a Distritos"; con lo que, de los recursos asignados al Congreso Local, se solventarán las acciones que al amparo de los artículos 45 de la Constitución Política Local y 11 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango deben realizar los legisladores.
SÉPTIMO. El Gobernador Constitucional del Estado de Durango, al rendir su respectivo informe manifestó, en síntesis, que es cierto que el cinco de diciembre de dos mil uno envió al Congreso Local la iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal 2002, lo cual hizo de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 70, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Durango, y que no resulta ser contrario a la Constitución Federal, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la ley reglamentaria de la materia, debe sobreseerse en el juicio por lo que al titular del Poder Ejecutivo del Estado respecta.
OCTAVO. El procurador general de la República, al formular pedimento en la presente acción de inconstitucionalidad, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Que este Alto Tribunal es competente para sustanciar y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en el inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Que los diputados signantes de la demanda de acción de inconstitucionalidad sí están legitimados para promoverla, en virtud de que se encuentran dentro del supuesto previsto en el inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la materia.
c) Que la acción de inconstitucionalidad fue ejercitada dentro de los treinta días naturales siguientes al treinta de diciembre de dos mil uno, fecha en que la norma general cuestionada fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal y artículo 60 de su ley reglamentaria.
d) Que es fundada la causa de improcedencia alegada por el Congreso del Estado de Durango, al rendir su respectivo informe consistente en que las acciones de inconstitucionalidad sólo proceden contra normas de carácter general, y la norma impugnada carece de dicho elemento indispensable. Lo anterior, en virtud de que la Ley de Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal 2002, cuestionada en esta vía, en atención a su contenido, es un acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado, ya que no constituye una norma de carácter general sino que tiene el carácter de particular, dado que contiene la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo Local efectúe la inversión de los fondos públicos, que se traduce en la condición legal necesaria para ejercer una competencia que no crea el mismo acto de autorización, sino que está regulada por una ley anterior, es la base para la rendición de cuentas que el Ejecutivo debe hacer frente al Legislativo Estatal y, a su vez, es la base y medida para determinar la responsabilidad cuando el Ejecutivo obra fuera de las autorizaciones que contiene el propio presupuesto.
Que, en consecuencia, si la norma impugnada, en atención a las disposiciones legales que la rigen y a su contenido, es una nor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17241-0541b198/accion-de-inconstitucionalidad-es-improcedente-para-reclamar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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