ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 1o., 4o., 5o., 6o. Y 22, ASÍ COMO LOS TRANSITORIOS SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2002 DEL MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO, CONTENIDA EN EL DECRETO NÚMERO 45 EMITIDO POR EL CONGRESO DE DICHA ENTIDAD, NO CONTRAVIENEN LOS PRECEPTOS 14, 16 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al martes veintidós de octubre de dos mil dos.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiocho de enero de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Durango, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se menciona, expedida por las autoridades que a continuación se precisan:
"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas. A) Órgano legislativo: La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, como órgano que emite el Decreto Número 45, cuyo contenido constituye la norma general impugnada. B) Órgano ejecutivo: el C. Gobernador Constitucional del Estado de Durango, Lic. Ángel Sergio Guerrero Mier, quien promulgó la norma general impugnada mediante su publicación en el Periódico Oficial. III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado. La constituye el Decreto Número 45, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 27 del mes de diciembre, mediante el cual se crea la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2002 del Municipio de Durango, Estado de Durango; impugnados, en lo específico, por esta acción de inconstitucionalidad los artículos 1o., 4o., 5o., 6o. y 22, así como los transitorios segundo, cuarto y quinto. Dicha ley fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango el día 27 del mes de diciembre del año 2001."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. Con fecha 15 de noviembre de 2001, el C. Presidente Municipal del Municipio de Durango, Dgo., presentó ante la H. LXII Legislatura del Congreso del Estado de Durango, un documento de fecha 14 de noviembre de 2001, en el que presentó una iniciativa de decreto de lo que pretendió ser la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2002 para el Municipio de Durango, Dgo. 2. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legislativos correspondientes. 3. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Durango, realizó una sesión de trabajo a efecto de discutir y, en su caso, aprobar el dictamen relativo a la iniciativa de decreto llamada Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2002 del Municipio de Durango, Dgo., como será explicitado en líneas posteriores; las actividades desarrolladas en dicha sesión para dictaminar, por parte de la comisión anteriormente enunciada, violaron el procedimiento establecido en las disposiciones que regulan la función legislativa del Congreso del Estado. 4. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, presentó al Pleno del H. Congreso del Estado de Durango, para su discusión y aprobación, un documento que pretendió ser un dictamen con proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2002 para el Municipio de Durango, Dgo. 5. Con fecha 27 de diciembre, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Durango, Lic. Ángel Sergio Guerrero Mier, promulgó la denominada Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2002, con el refrendo de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Durango, siendo publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango el día 27 de noviembre de 2002, con entrada en vigor el día 1o. de enero de 2002."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:
"Primero. Al análisis de la serie de violaciones suscitadas, derivadas desde el origen del trámite del instrumento a discutirse y llegar a su aprobación, durante su proceso, esto es, desde la presentación por parte del director municipal de Finanzas y Administración del anteproyecto de presupuesto de ingresos del Municipio de Durango, hasta su entrega en la Oficialía Mayor, se observa y acredita la violación del principio de legalidad consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la autoridad municipal no se estuvo al principio de derecho que establece ‘que las autoridades sólo deben hacer lo que la ley les permite’, provocando con ello que el documento base de la acción, presumiblemente, fue recibido extemporáneamente, tanto por el H. Cabildo del Municipio de Durango, como por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de Durango, dado de que si al 14 de noviembre de 2001 apenas fue dictaminado por la Comisión de Hacienda y Control del Patrimonio Municipal, obvio es que se violentó el contenido del artículo 5o. de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Durango, que a la letra dice: ‘Los Ayuntamientos formularán y aprobarán durante la segunda quincena del mes de octubre de cada año, el proyecto de presupuesto de ingresos ...’, así como del artículo 134 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, que a la letra dice: ‘Los Ayuntamientos deberán presentar anualmente al Congreso del Estado y a más tardar el último día de octubre, para su examen y aprobación, sus proyectos de presupuesto anual de ingresos del año siguiente.’. De lo cual se desprende que es relevante la violación que aquí se comete, ya que esta ley los obliga a presentarla a más tardar el último día de octubre. Todos sabemos que la ley es de observancia general y que cualquier acuerdo que atente contra el contenido de sus disposiciones es nulo de pleno derecho, porque la ley no está sujeta a los tiempos e intereses de los particulares, como tampoco de ninguna autoridad. Segundo. Al analizar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2002 del Municipio de Durango, Dgo., a la luz de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regulan el procedimiento mediante el cual se determinan los impuestos, resulta que contradice sus artículos 14, 16, 31, fracción IV, 115 y transitorios segundo y quinto. En efecto, los artículos 1o. y 4o. de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2002 del Municipio de Durango, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 27 de diciembre del año próximo pasado, viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, así como las garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, que a favor de los individuos consagran los artículos 14 y 16 de la propia Constitución, por los siguientes motivos: En primera instancia queremos señalar que el artículo 31, fracción IV, establece: ‘Artículo 31. Son obligaciones de los Mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de lo dispuesto por el citado artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, se deduce que para la validez constitucional de los impuestos se requiere la concurrencia de tres requisitos de carácter esencial que consisten, el primero, en que aquéllos se encuentren establecidos en ley; el segundo, en que sean proporcionales y equitativos y, el tercero, en que se destinen al pago de los gastos públicos. Al resolver, entre otros, el amparo en revisión 6168/63, promovido por Alfonso Córdoba Mendoza y coagraviados, que fue fallado el 12 de febrero de 1974, sostuvo lo siguiente: ‘IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS. De acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales; primero, que sea establecido por ley; segundo, que sea proporcional y equitativo, y tercero, que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución General. ...’. Por otra parte, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar separadamente el primero de dichos requisitos, o sea, el que doctrinal y jurisprudencialmente se conoce como de legalidad, ha precisado el significado y alcance del mismo, al sostener lo siguiente: ‘PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS IMPUESTOS. LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL AÑO DE 1958. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional al expresar en su fracción IV que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos «de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes» y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año de 1958, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de su explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que conforme a la Constitución del Estado está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deban soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede al margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado y de los Municipios, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición general anterior y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrito en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretende justificársele.’. De acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Ley Suprema, es requisito indispensable que las contribuciones a que estén obligados los mexicanos para sufragar los gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios, se encuentren establecidas en una ley; pero no sólo esto sino que, además, este Máximo Tribunal, interpretando el alcance de aquel texto constitucional, ha dicho que debe ser en la propia ley impositiva donde han de constar los caracteres esenciales del gravamen (sujeto, objeto, base), así como la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, de tal manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles a título particular. Pues bien, de lo asentado anteriormente resulta ineludible concluir que para la validez constitucional de un impuesto no basta que éste se encuentre establecido en una ley, sino que, además, es forzoso que sea ésta la que consigne de manera clara y precisa los caracteres esenciales del mismo, y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, pues de otro modo, cuando queda un margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, la ley respectiva y la carga impositiva misma serán inconstitucionales. Ahora bien, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Durango, en sus artículos 1o., 2o., 3o. y 12, establece que las valuaciones catastrales que sirven para determinar la base gravable del impuesto predial, elemento esencial de éste, se regularán por las disposiciones que esa ley señala, por otras leyes estatales aplicables y que los ingresos sólo dejarán de percibirse y aplicarse por leyes jerárquicamente superiores. El artículo 1o. de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado establece: ‘Artículo 1o. Los ingresos fiscales del Municipio que se establezcan en la Ley de Ingresos se regularán por las disposiciones que esta ley señala, y en lo que no esté previsto por las disposiciones del Código Fiscal Municipal y por la legislación común de este Estado aplicada en forma supletoria.’. Por otra parte, el artículo 2o. establece: ‘Artículo 2o. La hacienda pública del Municipio para satisfacer los gastos de su administración, percibirá cada año, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos extraordinarios y participaciones en ingresos federales y estatales que establezcan las leyes respectivas y los convenios que se hayan suscrito o que se suscriban para tales efectos.’. El artículo 3o. señala: ‘Artículo 3o. Los ingresos y las disposiciones establecidas en la ley, sólo dejarán de percibirse y aplicarse, por virtud de leyes jerárquicamente superiores a ésta o de convenios celebrados por el Estado y el Municipio, que garanticen la estabilidad hacendaria municipal y aseguren la prestación de los servicios y obligaciones a cargo del Municipio.’. Por último, el artículo 12 de la mencionada ley dispone: ‘Artículo 12. La base para el cobro del impuesto predial en el Estado, de los predios urbanos y rústicos, será el valor catastral asignado, mediante el procedimiento establecido en la Ley General de Catastro.’. Por lo que respecta a la Ley General de Catastro del Estado de Durango, establece en sus artículos 1o., 2o., 11, fracciones I, VIII y XI, 14, 15 y 16, lo siguiente: ‘Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general y tienen por objeto regular la actividad catastral en el territorio del Estado.’. ‘Artículo 2o. ... Su finalidad es: ... III. Determinar los valores catastrales de los bienes inmuebles. ...’. ‘Artículo 11. Corresponde a los Ayuntamientos: I. Llevar a cabo las operaciones catastrales de identificación, localización, descripción, deslinde, registro, cartografía, valuación, actualización de valores de los bienes inmuebles ubicados dentro de su Municipio, ya sea que los mismos se definan como urbanos o rústicos, en los términos del presente ordenamiento y de las normas, especificaciones técnicas y principios homogéneos que al efecto expida el titular del Ejecutivo Estatal. ... VIII. Elaborar para su análisis y aceptación las propuestas de zonificación y sectorización catastral, de valores unitarios del suelo y de construcción, y remitirlos al Congreso del Estado para su aprobación, en su caso. ... XI. Practicar la valuación catastral de los bienes inmuebles en particular, con base a los valores unitarios y normas técnicas que se emitan, de conformidad a lo dispuesto en la presente ley.’. ‘Artículo 14. La determinación de la zonificación, sectorización, zona económica catastral y de los valores unitarios de suelo, se hará tomando en consideración los siguientes factores: I. Grado de urbanización y característica de los servicios públicos, infraestructura y equipamiento; II. Uso actual del suelo; III. Tipo y calidad de las construcciones; IV. Índices socioeconómicos de los habitantes; y V. Valor de mercado de la propiedad inmobiliaria.’. ‘Artículo 15. La elaboración, revisión y modificación de la zonificación y los valores unitarios de suelo y construcción, se hará cada año, al momento de presentar las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos. La aprobación de la zonificación, sectorización catastral y los valores unitarios se sujetarán al siguiente procedimiento: I. La dependencia del catastro municipal elaborará, dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde, las propuestas, las cuales serán remitidas al Ayuntamiento, para que proceda a su revisión y, en su caso, resuelvan sobre su aprobación; II. Una vez revisadas y aprobadas por el Ayuntamiento, serán remitidas al Congreso del Estado, para que resuelva sobre su aprobación. Los valores unitarios y la zonificación catastral aprobados anualmente, surtirán efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.’. ‘Artículo 16. Para la elaboración de las propuestas de los valores unitarios de suelo, se deberá tomar en cuenta su valor de mercado, la ubicación de las diversas zonas, sectores y zonas económicas catastrales, reservas territoriales y de preservación ecológica de los centros de población, así como las áreas rústicas a las que se refiere el Código de Desarrollo Urbano del Estado y los programas de desarrollo urbano municipal, de centros de población y demás programas de desarrollo urbano aplicable.’. Dicho procedimiento de valuación establecido en la referida Ley de Hacienda y en la Ley General de Catastro del Estado de Durango, en todos los casos de fijación de valores unitarios, zona económica catastral, zonificaciones y sectorizaciones, obligatoriamente deben ser observados por las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado para que tengan validez constitucional y legal, de modo tal, que la fijación del valor catastral de los predios y, consecuentemente, de la base gravable del impuesto predial, sean precisamente los que determinan la Constitución y la ley, atendiendo a los criterios de proporcionalidad y equidad como lo dispone el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, evitando así la fijación discrecional de los valores catastrales de los predios por parte de la autoridad administrativa a la que no quedaba más que acatar, sin distinción alguna, las disposiciones generales de observancia obligatoria expedidas con anterioridad a la situación concreta de cada causante, tendientes a evitar la arbitrariedad de dicha autoridad exactora. Sin embargo, al expedirse la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2002 para el Municipio de Durango, por parte de la H. LXII Legislatura del Estado, se alteró el citado procedimiento general consagrado para la fijación y autorización de las tablas de valores catastrales que sirven como base del cobro del impuesto predial, siendo la autoridad administrativa la que determinó, de manera arbitraria y caprichosa, sin considerar las normas técnicas, ni los procedimientos técnicos sobre la fijación o rectificación de los límites de la propiedad a que alude la mencionada Ley de Catastro, el valor catastral de los miembros y, consecuentemente, el de la base gravable del tributo, puesto que por disposición expresa del artículo 12 de la mencionada Ley de Hacienda, es el citado valor catastral el que constituye la base del impuesto predial. En efecto, los artículos primero, quinto y sexto de la Ley de Ingresos del Municipio de Durango, disponen lo siguiente: ‘Artículo primero. El Municipio de Durango percibirá en el ejercicio fiscal del año 2002, los ingresos derivados de los siguientes conceptos:
Ver tabla 1
"‘Artículo quinto. La base para la determinación y liquidación del impuesto predial, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2002, será la cantidad que resulte de aplicar el 50% a los valores que para terreno y construcción se especifican ...’; solicitamos en este punto se nos tengan por reproducidos los valores catastrales de terreno urbano y rústico, y los demás elementos que se contienen en las páginas de la 35 a la 61 del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, cuyo ejemplar anexamos a este escrito. ‘Artículo sexto. Se autoriza a la Dirección Municipal de Finanzas y Administración, por conducto de la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria reclasificar los inmuebles que hayan experimentado algún incremento en su valor catastral, para asignarles el que les corresponda en función de la zona económica que les sea aplicable.’. De lo dispuesto en los preceptos antes transcritos, se aprecia con facilidad que la autoridad municipal que sometió a consideración de la LXII Legislatura la propuesta de Ley de Ingresos en cuestión, no se sujetó al procedimiento general que para la fijación y actualización de los valores catastrales de predios establecen las leyes a que nos hemos referido líneas arriba, estableciéndolos de una manera arbitraria, ya que no están soportados en las normas técnicas a que se refiere la Ley General de Catastro; además de que no está consignado dicho impuesto predial de una manera clara y precisa en sus características esenciales, ni en cuanto a la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, dejando un margen para la arbitrariedad de las autoridades administrativas. La Ley de Ingresos combatida, que aprobó la H. Legislatura Local, contiene las tablas de valores catastrales de terreno urbano y rústico propuestas por el director municipal de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, y que hizo suya este cuerpo colegiado, contiene la propuesta de rezonificación, clasificándola por zona económica, desde zona sin servicios públicos, hasta zona industrial, lo anterior sin fundar ni motivar debidamente la mencionada rezonificación, trayendo como consecuencia que el monto del gravamen no se fijó en relación directa con el valor de los bienes inmuebles, ya que fueron ubicados caprichosamente y de manera arbitraria en cada una de las zonas económicas y, por tanto, viola el principio de proporcionalidad tributaria, en razón de que el monto del impuesto predial en muchos de los casos no guarda correspondencia con el valor de los predios, por lo que a los contribuyentes se les está obligando a pagar una suma de hasta un 300% de incremento en el pago de dicho impuesto, sin que se demuestre que se encuentra en proporción directa con la riqueza que los hace aptos para contribuir al gasto público y que, por tanto, la carga tributaria no se encuentra ajustada a su capacidad real. Respecto a la propuesta de tablas de valores catastrales elaborada por el director de Finanzas y Administración del Municipio de Durango, es inconstitucional de origen, en virtud de que dicho funcionario no tiene facultades en las leyes que regulan el procedimiento de elaboración de la propuesta de fijación de valores catastrales, sino que ésta es una facultad exclusiva del Municipio, como organismo colegiado donde concurren todas las fuerzas políticas del Municipio, violentando con ello el principio de legalidad, que bajo el axioma jurídico ‘la autoridad sólo puede hacer aquello que le está permitido por la ley’; por tanto, si las tablas de valores catastrales fueron aprobadas por la propuesta que realizó el mencionado funcionario, carecen de eficacia jurídica por no estar debidamente fundadas. Por otro lado, en el considerando quinto de la Ley de Ingresos mencionada, se reconoce que al actualizar caprichosamente este rubro de ingresos propicia que la comunidad en condiciones económicas difíciles evada el cumplimiento de esta responsabilidad, porque está basada en criterios desproporcionados, injustos e inequitativos, generando que la mayor carga tributaria tenga que ser soportada por los que menos tienen. A mayor abundamiento, el artículo segundo de la referida Ley de Ingresos, establece que los ingresos establecidos en la misma se causarán, liquidarán y recaudarán en los términos establecidos por la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Durango y otras disposiciones que ahí menciona; lo que nos permite establecer que la Ley de Ingresos jerárquicamente está regulada por la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, aunque las dos son normas de igual validez. En consecuencia, si la Ley de Ingresos no se sujeta a los procedimientos legales establecidos en las leyes que permiten su creación, viola el principio de legalidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Tercero. El artículo sexto de la Ley de Ingresos del Municipio de Durango, mediante el cual se autoriza a la Dirección de Finanzas y Administración, por conducto de la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria, a reclasificar los inmuebles que hayan experimentado algún incremento en su valor catastral para asignarle el que les corresponda de la zona económica que les sea aplicable, es igualmente violatorio del artículo 31, fracción IV y, por ende, del principio genérico de legalidad que tutelan los artículos 14 y 16 de la propia Constitución. En efecto, el precepto reclamado, al dejar al arbitrio de una autoridad administrativa la reclasificación de los inmuebles y, consecuentemente, del incremento en su valor catastral en función de la zona económica, infringe no sólo el principio de legalidad que en materia tributaria consagra el artículo 31, fracción IV, sino que viola también el de proporcionalidad y equidad tutelados en dicho numeral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que la equidad en materia tributaria consiste en que se trate de modo igual a los iguales y en forma desigual a quienes se encuentran en desigual situación, y que la proporcionalidad de las cargas fiscales se presenta cuando éstas están en relación con la capacidad contributiva del sujeto, es decir, cuando no son exorbitantes o ruinosas. Ahora bien, si el principio de equidad y proporcionalidad de los impuestos rige en los términos antes apuntados, es indudable que el precepto legal cuya invalidez se reclama, al dejar al arbitrio de una autoridad administrativa la asignación de incrementos en su valor catastral que se derive de una fijación arbitraria del valor catastral de los predios, permitiendo a ésta que señale diferentes valores a inmuebles de igual valor comercial o iguales valores catastrales a predios de diverso valor comercial, autorizaría que no se trate de igual manera a los iguales, con lo que indudablemente vulnera el principio de igualdad tributaria. El propio precepto, que deja al arbitrio de la autoridad administrativa el señalar diferentes valores catastrales a predios de igual valor comercial o igual valor catastral a inmuebles de diferente valor comercial, permite que no se grave al sujeto en relación con su capacidad contributiva, sino de una manera arbitraria y caprichosa que, en la mayoría de los casos, resulta exorbitante y ruinosa, como en el caso que nos ocupa, en donde el referido artículo sexto de la cuestionada ley ha propiciado incrementos para algunos inmuebles de hasta un 300%, por lo cual transgrede de igual manera el principio de proporcionalidad de los impuestos. Cuarto. Por lo que toca al artículo cuarto de la Ley de Ingresos que aquí se combate y que establece: ‘Artículo cuarto. El impuesto predial mínimo anual a que se refiere el artículo 49 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Durango, será de 4.0 salarios mínimos diarios para el Municipio de Durango.’. Dicho precepto reclamado es violatorio del principio genérico de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por las siguientes razones: 1. Por una parte, el artículo 49 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Durango, establece como mínimo anual para el cobro del impuesto predial tres días de salario mínimo general diario vigente en la zona económica a la que pertenece el Estado de Durango, mientras que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2002 del Municipio de Durango, aprobada por la LXII Legislatura del Estado, en su artículo cuarto establece indebidamente como impuesto predial mínimo el de 4.0 salarios mínimos diarios. 2. Como ya ha quedado expresado, si bien la Ley de Ingresos del Municipio de Durango y la Ley de Hacienda de los Municipios, pertenecen a un mismo orden jerárquico, esta norma jurídica citada en último lugar es la norma predominante, ya que regula la creación de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Durango; además de que como lo expresa claramente el artículo primero de esta Ley de Ingresos fiscales del Municipio que se establezcan en la Ley de Ingresos se regularán por las disposiciones contenidas en dicha ley. 3. En consecuencia, el artículo cuarto de la multicitada Ley de Ingresos deviene inconstitucional en virtud de que viola la garantía de legalidad que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, el artículo 31, fracción IV, de la misma, ya que se establece un pago mínimo que no está establecido en la ley que regula la creación de dicho impuesto, en detrimento de los contribuyentes económicamente más débiles, ya que los obliga a pagar a quienes caigan en este supuesto un salario más del permitido por la ley, generando una violación a los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria al tratar igual a los desiguales o desigual a los iguales. Quinto. Los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley de Ingresos que se combate, son violatorios de la garantía de legalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por los siguientes motivos: Los artículos de cuya inconstitucionalidad se trata, establecen: ‘Transitorio cuarto. Para la determinación y pago del impuesto predial en el periodo del añ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17319-1c070003/accion-de-inconstitucionalidad-los-articulos-1o-4o-5o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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