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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SU DESESTIMACIÓN SI NO SE ALCANZA LA VOTACIÓN DE OCHO VOTOS, CUANDO MENOS, A FAVOR DE LA INVALIDEZ DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2002. · Registro digital (IUS): 18593
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 815.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIOS: ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA Y MARAT PAREDES MONTIEL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de octubre de dos mil dos, Guillermo Luján Peña, Víctor Hugo Estala Banda, Óscar González Luna, Juan Antonio González Villaseñor, Pedro Martínez Chairez, Elsy Paz Quintana, Víctor Manuel Talamantes Vázquez, Luis Raúl Valenzuela Colomo, Abelardo Valenzuela Holguín, José Alfredo Vázquez Fernández y Arturo Zubía Fernández, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua y promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Órgano legislativo que emitió las normas generales que se impugnan: H. Congreso del Estado de Chihuahua, quien puede ser notificado a través de su presidente u oficial mayor, quienes conforme a la ley ostentan la representación de ese cuerpo colegiado, en las instalaciones que albergan en el segundo piso del Palacio de Gobierno del Estado, situado en calle Aldama número 901 de la colonia Centro de la ciudad de Chihuahua. III. Órgano ejecutivo que promulgó las normas impugnadas: el gobernador del Estado de Chihuahua, CP. Patricio Martínez García, quien puede ser notificado en las instalaciones que ocupa el primer piso del Palacio de Gobierno del Estado, situado en calle Aldama número 901 de la colonia Centro de la ciudad de Chihuahua. IV. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado. Decreto Número 375/02 del tercer periodo extraordinario de sesiones de la Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y publicado el 25 de septiembre del año en curso en el ejemplar número 77 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"Primero. La décima primera parte del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en vigor a partir de 1974, regula los servicios públicos de agua potable y saneamiento. El artículo 1551 crea un organismo descentralizado, denominado Junta Central de Agua y Saneamiento, con la función de coordinar las acciones de la Federación, Estado, Municipio y particulares en obras de agua y saneamiento y con domicilio en la capital del Estado. Sus atribuciones se encuentran en el artículo 1552. Segundo. Por su parte el artículo 1561 le da vida a las llamadas Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, a las que considera como organismos descentralizados de la Junta Central, con personalidad jurídica y patrimonio propios y competentes para la prestación del servicio de agua y saneamiento de las poblaciones localizadas en un Municipio. Tercero. En el Estado de Chihuahua la prestación de los servicios de agua y saneamiento está a cargo del Gobierno del Estado, a través de la Junta Central y de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento y no a cargo de los Municipios, de acuerdo con el régimen legal mencionado. Cuarto. La reforma sobre el artículo 115 de 23 de diciembre de 1999, en la materia que nos ocupa, podemos analizarla de la siguiente manera: Artículo 115, fracción III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las Legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; a) Esta disposición otorga a los Municipios lo que pudiéramos llamar una competencia originaria para ejercer las funciones y prestar los servicios públicos que ahí se enumeran. b) Otorga a los Gobiernos Estatales una competencia que pudiéramos llamar subsidiaria (en oposición a la que tienen los Municipios y que nos permitimos llamar originaria) para prestar los servicios enumerados en la fracción tercera. En efecto, cuando a juicio de algún Ayuntamiento sea necesario, los Gobiernos de los Estados podrán, mediante convenio, hacerse cargo de manera temporal, de algunos de ellos. La prestación de estos servicios por parte de los Gobiernos Estatales se puede realizar de dos maneras: de manera directa o a través del organismo correspondiente (organismos descentralizados, desconcentrados, etc.). En este caso, si la carga de la prestación del servicio la asume el Estado, lo más justo sería, salvo convenio en contrario, que la facultad de designación del titular del organismo corresponda al gobernador del Estado. c) Una modalidad de lo anterior es que los Ayuntamientos pueden convenir con el Estado, que las funciones o servicios se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. Todo lo anterior de acuerdo al contenido de la última parte del párrafo tercero de la fracción transcrita. Quinto. Los artículos segundo y tercero transitorios establecen: ‘Artículo segundo. Los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001. En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior se continuarán aplicando las disposiciones vigentes’. ‘Artículo tercero. Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, o de manera coordinada con los Municipios éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondrán lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. En el caso del inciso a) de la fracción tercera del artículo 115, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los Gobiernos Estatales podrán solicitar a la legislatura correspondiente conservar, en su ámbito de competencia, los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación. La Legislatura Estatal resolverá lo conducente. En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.’. Esta última disposición la podemos separar de la siguiente manera: a) En primer lugar, faculta a los Municipios para asumir, si lo desea, la prestación de los servicios que siendo de su competencia, con motivo de la reforma, estén siendo prestados a su entrada en vigor por los Estados. Efectivamente, en el caso de aquellos servicios enumerados en la fracción tercera, que son de competencia originaria de los Municipios y que, a la entrada en vigor del decreto que nos ocupa estén siendo prestados de manera exclusiva por los Gobiernos Estatales, o se presten de manera coordinada entre los Gobiernos Estatales y los Municipios, podrán ser asumidos por los Municipios previa aprobación de su Ayuntamiento. b) La atribución anterior (solicitar los Municipios a los Estados la transferencia de las funciones y los servicios de su competencia) no encuentra ninguna limitación, salvo que se trate del servicio contenido en el inciso a), es decir, del tema que nos ocupa, como es el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, en suma, lo que nuestro Código Administrativo denomina agua y saneamiento. De tal forma que si, por ejemplo, un Ayuntamiento solicita al Gobierno del Estado la transferencia de la función y el servicio de tránsito, al Gobierno del Estado no le quedará más remedio que disponer lo necesario para que se lleve a cabo esa transferencia, en los términos establecidos en el numeral que se analiza. No ocurre lo mismo cuando se trate de la transferencia de la función y el servicio público de agua potable, etc, a que se refiere el inciso a), pues, en este caso, los Gobiernos Estatales podrán oponerse a la petición de transferencia, pidiendo a la legislatura conservar, en su ámbito de competencia, los servicios a que se refiere el citado inciso cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte en perjuicio de la población. La legislatura resolverá lo conducente. c) En el caso de que los Municipios nunca soliciten al Estado la transferencia de las funciones o servicios y los Gobiernos Estatales los siguieran prestando, así como en el supuesto de que la Legislatura Estatal votara conservar a favor del Estado la prestación de la función y servicio a que se refiere el inciso a), estaríamos hablando de una competencia, sino originaria de los Gobiernos Estatales para prestar esos servicios y ejercer esas funciones, por lo menos de una competencia cuasi-originaria o derivada."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hicieron valer los promoventes son los que a continuación se señalan:

"Primer concepto de invalidez. Es genérico. Es decir, se refiere a que la disposición legal contenida en el decreto que se impugna no está acorde con el artículo 115, constitucional. En efecto, siendo ya competencia originaria de los Municipios el ejercicio de las funciones así como la prestación de los servicios relacionados con el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, el Poder Legislativo de Chihuahua, contraviene lo dispuesto en el artículo 115, fracción tercera, inciso a), al reformar la fracción primera del artículo 1563 del Código Administrativo, que esencialmente consistió en otorgar la potestad al gobernador del Estado para designar a los presidentes de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento. Y esto es así porque, como dijimos en el capítulo de antecedentes, los Municipios a partir de la reforma de 23 de diciembre de 1999 poseen una competencia originaria para ejercer las funciones y prestar los servicios de agua potable, alcantarillado, etc, por tanto, si atendemos a dicha competencia originaria, el Poder Legislativo no puede otorgar al gobernador la potestad de designación, ya que vulneraría esa competencia originaria, pues difícilmente se podría hablar de un respeto a los Municipios del ejercicio debido (sic) de esa competencia originaria, si el Poder Legislativo otorga al gobernador la potestad de designar al presidente del organismo que va a tener a su cargo la prestación del servicio de que se trate. No pasa desapercibido para los suscritos de que la norma que se impugna perdería su oposición al artículo 115, si ésta se hiciera como una adecuación a la reforma de 1999, vamos a explicarnos: el artículo segundo transitorio establece un plazo de un año para que las Legislaturas Estatales hagan las adecuaciones, correspondientes en sus Constituciones y leyes secundarias. Estas adecuaciones que por cierto en Chihuahua no se han llevado a cabo conforme al espíritu del Constituyente Permanente, seguramente tendrán por objeto el plasmar la competencia originaria, la subsidiaria y la cuasi-originaria o derivada, en los textos constitucionales locales y, como consecuencia, adecuar las leyes secundarias como en el caso lo es el Código Administrativo, lo que no acontece ya que, como mencionamos, los artículos 1551 y 1552 del Código Administrativo aún se encuentran vigentes. Si la reforma que se impugna estableciera que tal disposición (la que otorga al gobernador la potestad de designar a los presidentes de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento) sólo fuera aplicable en los casos en que el Estado preste el servicio como ocurre en el caso de la subsidiariedad o competencia cuasi-originaria o derivada, sin duda que tal dispositivo legal no repugnaría al texto constitucional. Al no establecer esa limitación, deviene contraria al texto del artículo 115. Esto nos lleva a exponer el segundo concepto de invalidez. Segundo concepto de invalidez. Es específico. Conviene volver a recordar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio, en lo conducente: ‘Los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año de la entrada en vigor. En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes.’. La reforma que se impugna, no constituye una adecuación ni a la Constitución ni a las leyes respecto del decreto de reformas al artículo 115 de 1999, tal como lo ordena el referido artículo segundo transitorio. Por tanto, al no constituir una adecuación y sí vulnerar lo dispuesto en la reforma mencionada, la disposición que hoy se impugna deviene inválida. Ahora bien, el último párrafo del artículo transitorio citado obliga a que, en tanto se realicen las adecuaciones a los textos constitucionales y legales, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes, en consecuencia, como la reforma que se impugna no constituye una adecuación a la reforma al artículo 115 de diciembre de 1999, se tiene que concluir que la reforma impugnada es contraria a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo segundo transitorio multicitado, ya que mientras no se realicen las adecuaciones correspondientes se continuarán aplicando las disposiciones vigentes, y lo vigente al momento de la reforma constitucional era que el presidente de los organismos encargados del agua y saneamiento en Chihuahua, fueran designados por el gobernador del Estado de una terna propuesta por el Ayuntamiento respectivo. Ni más, pero tampoco menos. Por tanto, lo procedente es que la legislatura lleve a cabo las adecuaciones correspondientes, verbigracia, los artículos 15 (sic) del Código Administrativo ya transcritos, tendrán que adecuarse para el efecto de establecer la competencia originaria de los Municipios en el ejercicio de la función y prestación de servicios relacionados con el agua y el saneamiento y, seguramente, para establecer la competencia subsidiaria del Estado así como la creación del órgano a través del cual el Estado ejercerá tal función y prestará el servicio, el que por cierto podrán seguir siendo el actual, y ahí establecer su organización, atribuciones, tarifas, todo lo demás para su operatividad, así como las reglas transitorias o permanentes que se consideren adecuadas para hacer efectivas dichas adecuaciones. Desde luego que deberá incluir la forma de designación del presidente de dicho organismo (repetimos, sólo en el caso de que por cualquier hipótesis, establecida en la reforma, la prestación sea por el Estado), que podrá ser de manera directa por el gobernador, a propuesta en terna de los Ayuntamientos o cualesquier otro que determine el legislador. Pero eso será con motivo de las adecuaciones a la reforma del artículo 115, no antes. Pareciera ocioso decir que, seguramente, la ley podrá establecer bases a los Ayuntamientos para la creación, operación, organización, designación de sus presidentes o comités de los órganos municipales que decidan crear para prestar el servicio de agua y saneamiento en los Municipios cuando éstos ejerzan la función y presten el servicio del agua y saneamiento, esta atribución de expedir reglas generales a fin de regular el ejercicio de la función así como la prestación del servicio del agua y el saneamiento reconocemos que es propia de la Legislatura del Estado, pero no se vale que sin llevar a cabo las adecuaciones, a que lo obliga el texto constitucional, pretenda desconocer la atribución originaria de los Municipios para ejercer la función y prestar los servicios relacionados con el agua y el saneamiento. Llévense a cabo las adecuaciones correspondientes y entonces sí será procedente que el legislativo otorgue la potestad, si así lo desea, al gobernador del Estado para designar a los titulares de los órganos encargados de prestar el servicio público de agua y saneamiento en nuestro Estado, desde luego que, siempre y cuando, por cumplirse la hipótesis constitucional (subsidiariedad, competencia cuasi-originaria o derivada), la prestación del servicio se realice por el Gobierno del Estado. En tanto se lleven a cabo tales adecuaciones no podrá realizarse ningún cambio al régimen vigente al momento de la reforma, hacerlo así como lo hizo la Legislatura de Chihuahua es contrario al texto constitucional. Tercer concepto de invalidez. Del segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: ‘Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’. Se interpreta fácilmente que existe un marco legal estatal en materia municipal, acotado por la sustantividad y adjetividad para que exista homogeneidad entre los Municipios, sin que intervengan las Legislaturas Estatales en cuestiones específicas de cada Municipio, ello para que exista una verdadera facultad reglamentaria (cuasi legislativa) del Ayuntamiento; así vista tal disposición, se hace necesario que donde exista conflicto entre leyes emanadas de una Legislatura Local y las facultades expresas a los Municipios, se busque, por lo menos, la anuencia de los Municipios que se afectan, es decir, el solo silencio de los Ayuntamientos no basta para que los legisladores dispongan de una facultad que le corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos, pues expresamente se le faculta para que se regulen las funciones propias en cualquier actividad municipal, como la facultad de nombramiento, duración y remoción de los funcionarios que prestan los servicios públicos; entonces si existe una legislación en este sentido y en estas materias, que no sea producto de la petición formal del Ayuntamiento por sus dos terceras partes, es contraria a la Constitución Federal, como lo que actualmente pasa en el Estado de Chihuahua, donde el titular del Ejecutivo del Estado, presentó la iniciativa de reforma al Código Administrativo del Estado, donde se regula la forma de nombramiento a la Junta Central de Aguas y Saneamiento, y a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, donde en su exposición de motivos considera la injerencia municipal como un estorbo a la prestación del servicio que se supone era corresponsabilidad de ambos entes de gobierno por ser facultad concurrente, pero ahora que es una facultad exclusiva del Municipio y sin mediar convenio o concertación previa, pide a la legislatura le otorgue la facultad de nombrar libremente a los funcionarios que trabajarán dentro del Municipio y para el Municipio a través de sus organismos paraestatales. Del mismo precepto constitucional en mención debemos de denunciar la falta de sensibilidad social que conlleva el mantener el poder absoluto pues, como se evidencia, la participación ciudadana (sic) que estaba contemplada anteriormente con los vocales integrantes del Consejo de las Juntas Municipales y que eran miembros de organizaciones civiles que representaban a la sociedad civil en los mencionados órganos, como una forma más o menos efectiva de la participación de la ciudadana (sic) en la toma de decisiones ha sido gravemente trastocada, pues si bien el nuevo artículo 1563 del Código Administrativo hace mención, que el consejo integrará vocales, no establece ahora cómo se nombrarán. Por tanto es una norma que vulnera sustancialmente lo dispuesto por nuestra Constitución Federal. Cuarto concepto de invalidez. Si el segundo concepto de invalidez se sustenta en que es contrario al artículo segundo transitorio, el presente parte de idéntico supuesto, pero ahora en relación con el último párrafo del artículo tercero transitorio. Como sabemos, el artículo tercero establece el procedimiento para que una vez hechas las adecuaciones a los textos locales, los Ayuntamientos que desean asumir las funciones y los servicios públicos a que se refiere la fracción tercera del artículo 115, así lo hagan. Como dijimos en otro apartado esta atribución de solicitar y la correspondiente obligación del Gobierno del Estado para transferirlo no encuentra ningún límite, sino cuando se trata de las funciones y servicios contenidos en el inciso a) de la fracción tercera del artículo 115, en este supuesto el Gobierno Estatal puede oponerse pidiendo a la legislatura conservar la prestación del servicio y resolverá la legislatura si lo conserva el Gobierno del Estado o lo pasa al Municipio respectivo. Esta disposición la podemos entender de dos maneras: o se aplica cuando estén las adecuaciones en las Constituciones y leyes locales o se aplica per se, es decir tiene vida propia y no requiere para estar vigente el que las legislaturas den cumplimiento previamente al artículo segundo transitorio. Si se interpreta en el primer sentido, entonces se confirma el que la reforma que se impugna es contraria al artículo segundo transitorio y que ya fue abordado en concepto de invalidez anterior. Si se interpreta en el segundo sentido, la reforma que se impugna, además de ser contraria al artículo 115 y al artículo segundo transitorio multicitado, también contraviene el último párrafo del artículo tercero transitorio que se examina. Esta disposición dice en lo conducente: ‘en tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes’. Si el artículo segundo transitorio obliga a que mientras se lleven a cabo las adecuaciones a los textos constitucionales y legales, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes, el texto que se examina obliga a que mientras se lleva a cabo la transferencia de las funciones y servicios éstos seguirán prestándose en los términos y condiciones vigentes. En el caso actual de Chihuahua no se ha llevado a cabo ninguna transferencia de funciones o servicios a que se refiere el inciso a) de la fracción tercera del artículo 115, por parte del Gobierno del Estado a los Municipios, en consecuencia tenemos que concluir que la prestación de esos servicios deberán continuar tal como está, es decir, a cargo del Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento y a través de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, en los términos y condiciones vigentes al momento de la reforma de diciembre de 1999 al artículo 115, y los términos y condiciones, que estaban vigentes en 1999, y hasta el pasado mes de julio era que el gobernador del Estado designaba al presidente de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, a propuesta en terna del Ayuntamiento respectivo. Es indudable que la reforma que se impugna al establecer la potestad al gobernador para designar libremente a los titulares de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, es decir, despojar a los Ayuntamientos de la atribución de nombrar las ternas sin llevar a cabo las adecuaciones correspondientes, está alterando los términos y condiciones vigentes al momento de la reforma, por tanto es contraria al texto constitucional que nos ocupa. Quinto concepto de invalidez. La disposición establecida en el penúltimo párrafo de la fracción tercera del artículo 115 constitucional, que reza: ‘Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las Legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio’, en relación con lo dispuesto por el artículo transitorio tercero en sus párrafos primero y tercero que dicen ‘Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento’. ‘En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.’. En ambas disposiciones queda muy en claro que para que se realice algún cambio de ente gubernamental que preste el servicio o ejerza alguna función, sin importar quien actualmente los preste o ejerza, es menester una previa aprobación calificada del Ayuntamiento, donde exista la anuencia expresa de tomar la responsabilidad concedida o de buscar la subsidiariedad ante el Gobierno Estatal o de, incluso, la forma en que coordinadamente se ejerzan o presten servicios por ambos gobiernos. Pero mientras los gobiernos no se pongan de acuerdo, no inicien los procedimientos de transferencia o no adecuen sus convenios de colaboración y coordinación, la prestación del servicio y el ejercicio de sus funciones no pueden variar, como intenta hacer el Estado de Chihuahua, donde, como hemos mencionado anteriormente, se le suprimieron a los Ayuntamientos la función de nombramiento que tenían en concurrencia con el titular del Ejecutivo y se suprime la participación ciudadana en los organismos que prestan un servicio público. Actos que violan evidentemente la supremacía constitucional."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el inciso a) de la fracción III del artículo 115, en relación con los artículos segundo y tercero transitorios de la reforma al señalado artículo 115, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

QUINTO. Mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dos el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 30/2002 y, por razón de turno, designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

SEXTO. También por auto de treinta y uno de octubre del indicado año, la Ministra instructora admitió la demanda relativa a esta acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.

SÉPTIMO. El Congreso del Estado de Chihuahua, al rendir su informe, en síntesis manifestó:

1. Que no se agotó la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto en virtud de que de la naturaleza de la reclamación efectuada y de los propios artículos transitorios de la reforma constitucional que la actora considera como fundamento para su reclamo, se desprende un caso particular consistente en que es necesario realizar un acto previo por parte de los Ayuntamientos para hacer aplicable el artículo 115, fracción III, constitucional, y estar en posibilidades de reclamar su contravención; es decir, que se requiere la formulación de una solicitud por parte de alguno de los Ayuntamientos del Estado pidiendo la transferencia de los servicios a que se hace referencia. Acto administrativo este último que debió de haber sido agotado previamente, para que en caso de qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18593-1d44cefb/accion-de-inconstitucionalidad-procede-su-desestimacion-si-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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