ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2003. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de octubre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Luján Peña y otros, ostentándose como diputados de la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:
"II. Órgano legislativo que emitió las normas generales que se impugnan: Congreso del Estado de Chihuahua, quien puede ser notificado a través de su presidente y oficial mayor, quienes, conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ostentan la representación de ese cuerpo colegiado, en las instalaciones que albergan en el segundo piso del Palacio de Gobierno del Estado, sitio en la calle Aldama, número 901, de la colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua. III. Órgano ejecutivo que promulgó las normas impugnadas: El gobernador del Estado de Chihuahua, C.P. Patricio Martínez García, quien puede ser notificado en las instalaciones que ocupa el primer piso del Palacio de Gobierno del Estado, situado en calle Aldama, número 901, de la colonia Centro, de la Ciudad de Chihuahua. IV. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado: Decreto Número 446/02, del primer periodo ordinario, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, y publicado el 9 de noviembre del año en curso en el ejemplar número 90 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, mismo que se adjunta al presente escrito y en donde se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, afecte en fideicomiso los ingresos provenientes de la cuotas de peaje que este Congreso autorizó cobrarles a los usuarios de los tramos carreteros Jiménez-Savalza, Jiménez-Camargo, Camargo-Conchos, Conchos-Delicias, Chihuahua-Sacramento, Sueco-Villa Ahumada, Santa Isabel-Cuauhtémoc, Ojo Laguna-Flores Magón y Acotamiento Flores Magón-Galeana. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, contrate la constitución de un fideicomiso cuyos fines, entre otros, sea la emisión de títulos bursátiles hasta por la cantidad de $2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), cuya fuente de pago sean los ingresos mencionados en el artículo anterior, debiendo buscarse las mejores condiciones atendiendo a la situación prevaleciente en el mercado financiero y bursátil. El contenido esencial de este decreto se desarrolla en el numeral segundo del capítulo de antecedentes de la presente acción de inconstitucionalidad."
SEGUNDO. Los promoventes hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez:
"Antecedentes. Primero. El artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua señala lo siguiente: ‘Artículo 40. El Congreso se integrará con representantes del pueblo de Chihuahua, electos como diputados en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. El Congreso se compondrá de treinta y tres diputados, de los cuales veintidós serán electos en distritos electorales uninominales, según el principio de mayoría relativa, y once por el principio de representación proporcional. Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. ...’. Bajo este tenor y con la finalidad de dar cumplimiento al inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscriben representamos el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, como lo acreditamos con el decreto correspondiente que se anexa al presente documento. Segundo. El viernes 8 de noviembre del año en curso, la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua aprobó el Decreto 446/02; este decreto fue publicado el sábado 9 de noviembre en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el cual se anexa. De un análisis del contenido del decreto, encontramos lo siguiente: El decreto que nos ocupa, en su artículo primero, crea un fideicomiso con los ingresos provenientes de las cuotas de peaje de los tramos carreteros Jiménez-Savalza, Jiménez-Camargo, Camargo-Conchos, Conchos-Delicias, Chihuahua-Sacramento, Sueco-Villa Ahumada, Santa Isabel-Cuauhtémoc, Ojo Laguna-Flores Magón y de Flores Magón-Galeana; condicionando la creación del fideicomiso a que se surta la siguiente hipótesis: ‘... se deberá convenir previamente con Nacional Financiera, S.N.C., la liberación de la afectación fiduciaria a la que se encuentran sujetos los ingresos de peaje en el fideicomiso que bajo el número 836-2 lleva como fiduciaria dicha institución y que se identifica como fideicomiso de garantía y pago ...’. Es decir, de acuerdo con este enunciado, la constitución del nuevo fideicomiso dependerá del resultado de las negociaciones con Nacional Financiera para que se libere el gravamen a que se encuentran sujetos los bienes con que se pretende crear el nuevo fideicomiso. Cabe destacar que de acuerdo al inciso ‘C’, fracción V, del artículo segundo, se autoriza a la fiduciaria para que emita los títulos bursátiles por los montos y en los términos y condiciones que estime el comité técnico del fideicomiso, así como para que lleve a cabo la colección de los mismos ante el público inversionista. De acuerdo al inciso ‘D’ de la fracción V del artículo segundo del decreto que nos ocupa, el producto que se obtenga de la primera colocación de los títulos será destinado por la fiduciaria al pago del adeudo a cargo del fideicomiso de garantía y pago y que asciende a la cantidad de $1,085'000,000.00 (mil ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). De lo que se deduce que el Gobierno del Estado pactará con Nacional Financiera la liberación de los bienes afectos al fideicomiso de garantía y pago para que, a su vez, dichos bienes pasen a integrar el nuevo fideicomiso que se autoriza en el decreto y que una vez que el fideicomiso obtenga los recursos por medio de la colocación de títulos bursátiles se procederá a pagar el adeudo con Nacional Financiera, es decir, el fideicomiso de garantía y pago. Conviene resaltar que el adeudo del fideicomiso de garantía y pago asciende a la cantidad de $1,085'000,000.00 (mil ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) y son dos los titulares de estos créditos: Nacional Financiera, con $465'000,000.00 (cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) y el Gobierno del Estado, con $620'000,000.00 (seiscientos veinte millones de pesos 00/100 M.N.). Por lo anterior, el artículo noveno del decreto establece que estos recursos, es decir, los que obtenga el gobierno como pago de los derechos que le corresponden del fideicomiso de garantía y pago que ascienden a $620'000,000.00 (seiscientos veinte millones de pesos 00/100 M.N.), $500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) los destinará al gasto corriente para el ejercicio del año 2002 y los restantes $120'000,000.00 (ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.) al fondo de infraestructura a que se refiere el artículo sexto del decreto en comento. El remanente de los recursos que se obtengan por la colocación de títulos se destinarán a un Fondo para el Desarrollo de Infraestructura del Gobierno del Estado, ya que los remanentes tendrán que ser entregados al fideicomitente, de acuerdo al inciso K), fracción V, del artículo segundo. No obstante, el artículo sexto del decreto prohíbe que dichos recursos se destinen para gasto corriente. En el mismo numeral se pretende dar un destino específico a estos recursos remanentes para los años 2002, 2003 y 2004. De lo anterior se desprende que dicho artículo, en relación con el artículo tercero transitorio, pasa a formar parte de la actual Ley de Ingresos y pasará a formar parte de las correspondientes Leyes de Ingresos de los años 2003 y 2004. Por último, cabe destacar que el plazo para la afectación en fideicomiso de las cuotas de peaje será de diez años o hasta que los títulos bursátiles hayan quedado íntegramente liquidados de acuerdo al párrafo final de la fracción II del artículo segundo del decreto. De conformidad con las disposiciones de la Ley de Deuda Pública ya citada, nos encontramos con que el contenido del decreto, en esencia, versa sobre la autorización al Ejecutivo del Estado para contraer deuda pública, ya que ésta se puede llevar a cabo través de la emisión de títulos bursátiles acordes a lo preceptuado por la fracción I del artículo noveno, en relación con la fracción V del artículo segundo, ya que quien va a emitir los títulos es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a través del fideicomiso que se crea por medio del artículo segundo del decreto que nos ocupa y el fideicomitente único lo será el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, según lo preceptuado por la fracción I del artículo segundo del decreto que hoy se impugna. De lo anterior se llega a las siguientes conclusiones: 1. Contiene dos actos distintos: La creación de un fideicomiso y la autorización al fideicomiso para contratar un empréstito hasta por $2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), a través de la colocación de títulos en el mercado financiero nacional. El pago de la deuda se llevará a cabo con los recursos provenientes de las cuotas de peaje, de las carreteras federales, que actualmente tiene concesionadas el Gobierno del Estado. Sirven de garantía al préstamo, los mismos ingresos. El Gobierno de Estado de Chihuahua aparece como fideicomitente y como fideicomisarios, en primer lugar, los tenedores de los títulos que se emitan y, en segundo, el propio Gobierno del Estado. 2. Naturaleza jurídica del decreto. Es una norma de carácter general. En efecto, por tratarse de un empréstito, esto es, cuando el gobierno recurre al mercado bursátil en demanda de fondos, con la promesa de reembolsar el capital en determinadas formas y términos, y de pagar un interés periódico, por lo siguiente: a) El empréstito es un ingreso del Estado y de conformidad con nuestra legislación, todos los ingresos deben provenir de una ley en sentido formal y material, como lo es la Ley anual de Ingresos. b) El propio decreto que se impugna establece en sus artículos sexto y tercero transitorios la ampliación de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del Estado, para los años 2002, 2003 y 2004; por lo que estamos, sin duda, ante una norma de carácter general. Si bien en nuestro derecho la doctrina ha sostenido que tratándose del decreto de presupuesto, éste es una simple autorización de gastos que hace el Congreso, en tratándose de los ingresos, no existe duda de que no se trata de una simple autorización, sino que tiene que ser a través de una ley en todo sentido como se decreten los mismos. Tercero. El último párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: ‘Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. ...’. De acuerdo al texto anterior, para que los Estados puedan llevar a cabo la contratación de obligaciones o empréstitos, se tienen que cumplir a fortiori los siguientes requisitos: I. La contratación debe hacerse conforme a las bases establecidas en una ley emitida por las Legislaturas de los Estados, que en el caso que nos ocupa es la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios; II. El endeudamiento debe ser por los conceptos y hasta por los montos que las Legislaturas de los Estados fijen anualmente en sus respectivas leyes de ingresos y, por último; III. Que los recursos que se obtengan se destinen a inversiones públicas productivas. Cuarto. Por su parte, la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios establece las bases a que se refiere el artículo 117 citado, por lo que podemos decir que la misma viene siendo una ley reglamentaria de la Constitución, en esta materia. A continuación se hace un desglose, en lo conducente: 1. El objeto. El artículo 1o. dice que su objeto es fijar las bases y requisitos para la contratación de empréstitos, créditos y obligaciones a cargo del Estado de Chihuahua, sus Municipios y sus respectivos organismos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos. 2. Cómo se constituye la deuda pública. ‘Artículo 2o. La deuda pública está constituida por los créditos, empréstitos y obligaciones, directas y contingentes, contraídos en los términos del artículo 64, fracción IX, apartado b), de la Constitución Política del Estado, en relación con el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de las siguientes entidades públicas: I. El Estado; II. Los Municipios; III. Los organismos descentralizados estatales o municipales; IV. Las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria; y V. Los fideicomisos, en los que alguna de las entidades señaladas anteriormente tenga el carácter de fideicomitente.’. 3. Limitante número uno. Destino de los recursos. ‘Artículo 3o. En cualquier caso, los empréstitos y créditos que contraigan y las obligaciones que emitan las entidades a que se refiere el artículo anterior, sólo podrán destinarse a inversiones públicas productivas ...’. 4. Qué actividades se consideran inversiones públicas productivas. ‘Artículo 3o. ... tanto las de carácter económico como social, siempre que produzcan, de manera directa o indirecta, un incremento en sus ingresos, quedando comprendidas con este carácter, las relativas a la ejecución de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes y prestación de servicios públicos.’. 5. Limitante número dos. ‘Artículo 4o. En las iniciativas de Ley de Ingresos que se presenten al Congreso, deberán preverse los montos de endeudamiento anual. ...’. 6. Excepción a la regla general, es decir, endeudamientos adicionales a los previstos en la Ley anual de Ingresos, requisitos. ‘Artículo 4o. Únicamente por causa debidamente justificada, podrá el Estado celebrar operaciones adicionales de endeudamiento, para cumplir compromisos de inversión de carácter extraordinario surgidos con posterioridad a la aprobación de dicha ley, previa autorización del Congreso, cuando se requiera conforme a la legislación vigente. ...’. 7. Qué se entiende por deuda pública estatal. ‘Artículo 6o. Se entiende por deuda pública estatal la que contraiga el Gobierno del Estado, como responsable directo o deudor solidario de las entidades previstas en las fracciones II a V del artículo 2o. de esta ley.’. 8. Mediante qué presiones se puede contraer deuda pública. ‘Artículo 9o. ... I. La suscripción o emisión de títulos de crédito; ... IV. Todas las operaciones de endeudamiento que comprendan obligaciones a plazos, así como obligaciones de exigibilidad contingente derivadas de actos jurídicos, independientemente de la forma en que se les documente, contraídas a través o a cargo de las entidades a que se refiere el artículo 2o. de esta ley.’. 9. Qué le compete al Congreso del Estado. ‘Artículo 15. ... I. Examinar y aprobar, en su caso, los montos de endeudamiento neto anual solicitados en las iniciativas de Ley de Ingresos que presenten el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, así como los endeudamientos adicionales a que se refiere el artículo 4o. de esta ley. ...’. 10. Corresponde al Ejecutivo del Estado en materia de deuda pública, por conducto de la Dirección General de Finanzas y Administración: ‘Artículo 17. ... III. Celebrar los contratos y convenios para la obtención de créditos y demás operaciones financieras de deuda pública que contrate como deudor directo o como aval o responsable solidario en las operaciones de endeudamiento que contraigan las entidades enumeradas en las fracciones II a V del artículo 2o. de esta ley, en los límites autorizados por el Congreso, suscribiendo los documentos y títulos de crédito requeridos para tal efecto. ... X. Emitir bonos y demás obligaciones de deuda pública, así como contratar y administrar la deuda pública del Gobierno del Estado. ...’. 11. Forma de colocación de los títulos. El Gobierno del Estado y los Municipios, por conducto de las dependencias encargadas de sus finanzas, podrán colocar directamente en los mercados nacionales de capitales los títulos de deuda pública que emitan; o en forma indirecta, por medio de consorcios o agentes financieros, conforme a las leyes respectivas. 12. Prohibición para destinar los recursos a gasto corriente. ‘Artículo 34. Queda prohibido en general realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente ...’. Excepción. Se exceptúa de lo anterior lo previsto en el párrafo tercero del artículo 4o., así como lo dispuesto en el artículo 23 de la propia ley. Es decir, cuando se trate de flujos de efectivo y en el caso de obligaciones que se puedan pagar durante el propio periodo constitucional. 13. Inexistencia y nulidad absoluta. ‘Artículo 35. Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las disposiciones previstas en la presente ley son nulas de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran quienes las lleven a cabo.’. Conceptos de invalidez. Aun cuando el texto constitucional citado, al fijar las bases para el endeudamiento de los Estados desarrolla primeramente la base para que las obligaciones y empréstitos se destinen a inversiones públicas productivas, y no es sino hasta el final de su redacción donde aborda el principio de anualidad que rige esta materia; hoy, por razón de método, los conceptos de invalidez se expresarán en orden inverso al redactado en el precepto; de esta forma examinaremos primero el quebranto que se hace al principio de anualidad, para terminar con el requisito del destino de los recursos. Primer concepto de invalidez. Lo exponemos en dos apartados: El primero de ellos se refiere al hecho central de que el decreto se autorizó fuera de época o de tiempo, o si se quiere de oportunidad. El segundo, que no se trata de un endeudamiento adicional. I. La norma general que se impugna, como ya se mencionó, fue aprobada por el Congreso del Estado el 8 de noviembre y se publicó al día siguiente, por lo que a partir de esa fecha se encuentra en vigor. Esta aprobación violenta de manera flagrante lo dispuesto por la Constitución Federal en su artículo 117, fracción octava, último párrafo, que establece con meridiana claridad que los montos de endeudamiento se deben aprobar anualmente, es decir, la Ley de Ingresos debe prever los montos de endeudamiento para todo el ejercicio financiero respectivo. Por tanto, si se aprobó en el mes de noviembre del año dos mil dos, y no en la Ley de Ingresos para el año dos mil dos, dicha aprobación es violatoria de la Constitución en su artículo 117, ya que no se está respetando la limitación ahí contenida, referente a la época u oportunidad para llevar a cabo este tipo de actos, que debió ser en el mes de diciembre del año 2001, que fue cuando se aprobó la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio de dos mil dos. En efecto, la limitación contenida en la disposición constitucional que nos ocupa se encuentra informada del principio de la doctrina en materia financiera del Estado denominado ‘anualidad’, esto es, si bien es cierto que los Estados pueden endeudarse por los conceptos y hasta los montos que autoricen sus legislaturas, también es más cierto que la Constitución les fija a éstas una limitante en el tiempo para otorgar estas autorizaciones de endeudamiento que, en rigor, viene a traducirse en que, por regla general, sólo en la Ley anual de Ingresos se pueden prever los montos de endeudamiento para todo el año financiero, que en nuestro Estado comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año. La razón por la cual el Constituyente estableció esta limitante sin duda obedece a la misma que caracteriza a la anualidad del presupuesto, entendido éste como ingresos y egresos, principio que ya es indiscutido en la finanzas públicas clásicas, ya que robustece la facultad del Legislativo para controlar al Ejecutivo, sirviéndole de un medio para conocer, vigilar y limitar la acción de gobierno, incluso para evitar los despilfarros del gobierno, ya que se evita que, a capricho del Ejecutivo, las legislaturas dóciles, constantemente, durante todo el año, le estén autorizando empréstitos. Conviene tener presente que los empréstitos han dejado de ser ingresos extraordinarios para transformarse en recursos ordinarios del Estado, y dado que éstos deben ser únicamente suficientes para cubrir el presupuesto anual, de ello se deduce, entonces, que los empréstitos se tengan que autorizar anualmente al aprobar el presupuesto de egresos, pues será en esta etapa en que los legisladores estén en posibilidad de discernir las necesidades de financiamiento para cubrir el presupuesto aprobado. II. Además, si tenemos en cuenta que no puede haber gasto alguno que no esté contemplado en el presupuesto y que la obtención de los ingresos ya fue prevista, nos corrobora entonces que, salvo un gasto extraordinario, es decir, que no esté contemplado en el presupuesto, podrá ser lo que dé motivo a autorizarse un empréstito para cubrir dicho gasto, tal como lo expone el precitado artículo 4o. de la Ley de Deuda Pública, el que además lo condiciona a que el gasto sea de naturaleza específica, es decir, no cualquier gasto extraordinario, sino que el gasto tiene que versar sobre una inversión extraordinaria, y además que dicha inversión sea productiva, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 117 constitucional, en relación con los artículos 3o. y 10 de la Ley de Deuda Pública. Como en el caso que nos ocupa el decreto se refiere en primer lugar al pago de una deuda del Gobierno del Estado, como lo es el fideicomiso de garantía y pago, así como dar suficiencia presupuestaria al ejercicio del presente año dos mil dos y, por el otro, destinar los remanentes de dichos recursos a inversiones productivas, nos encontramos, entonces, con la ausencia del carácter extraordinario del gasto, es decir, no se trata de una inversión extraordinaria surgida con posterioridad a la aprobación del presupuesto de egresos del año dos mil dos. Si del contenido del decreto que se impugna se advierte que no existe, no se surte, la hipótesis de gasto extraordinario y que, por tanto, exista necesidad de un endeudamiento adicional, entonces no es posible que en pleno mes de noviembre, y a punto de terminar el ejercicio anual, se presente y se apruebe esta iniciativa. De lo expuesto se desprende, entonces, el carácter inconstitucional de que se halla afectado el decreto que hoy se impugna, ya que, en todo caso, debió formar parte de la iniciativa de Ley de Ingresos del año dos mil dos, y ser autorizado en la propia iniciativa de Ley de Ingresos del año dos mil dos, misma que fue aprobada en el mes de diciembre del año dos mil uno o, simplemente, presentarse como parte de la iniciativa de Ley de Ingresos del año dos mil tres, que tendrá que ser presentada al Congreso, y seguramente aprobada en el próximo mes de diciembre. No siendo así, y no tratándose del supuesto previsto en el artículo 4o. de la ley reglamentaria mencionada, es decir, no tratándose de un endeudamiento adicional, por no destinarse los recursos al pago de un gasto extraordinario, generado con posterioridad a la aprobación de la Ley de Ingresos para el año dos mil dos, tal como lo requieren la Constitución y la ley, deviene necesario admitir que la norma general que nos ocupa, y contenida en el decreto que se impugna, se expidió con violación a lo ordenado por el texto constitucional multicitado, por lo que ese Alto Tribunal deberá decretar su invalidez. Por otro lado, el espíritu de la ley confirma lo que en su momento el legislador puntualizó: la exclusividad en el destino de los recursos, es decir, no se puede endeudar para pagar deudas o destinar los recursos a gasto corriente, sino únicamente para la inversión pública productiva. Lo que nos lleva a exponer el segundo concepto de invalidez. Segundo concepto de invalidez. El supracitado fideicomiso, creado por decreto de la Sexagésima Legislatura, violenta de manera directa el mandato constitucional previsto en el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Federal, en atención a que ‘los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos (con antelación ya se justificó que estamos ante la presencia de esta figura financiera) sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas’. Acordes al método seguido en el primer concepto de invalidez, expondremos el siguiente concepto en dos apartados: I. Como ya se mencionó, de los $2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) autorizados, $1,085'000,000.00 (mil ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) se destinarán para el pago del fideicomiso de garantía y pago. Este fideicomiso se constituyó para cumplir las obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado derivadas de los fideicomisos carreteros de 1988 en adelante, y que en la actualidad, de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa que hoy se impugna, los acreedores son Nacional Financiera, con $465'000,000.00 (cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). El numeral I del inciso ‘D’ de la fracción V del artículo segundo del multicitado decreto expresamente establece que el producto de la primera colocación en los títulos se deberá destinar al pago del fideicomiso de garantía y pago; en consecuencia, el decreto que se impugna autoriza al Ejecutivo Estatal para que a través de un fideicomiso contraiga deuda pública, a través de la emisión y colocación de títulos en el mercado bursátil hasta por la cantidad de $2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales $1,085'000,000.00 (mil ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) se deberán destinar al pago de una deuda contraída por el propio Gobierno del Estado a través del fideicomiso de garantía y pago. Lo anterior contraviene al texto constitucional citado y, a su vez, a su texto reglamentario, que es la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua. En efecto, la Constitución quiere que los empréstitos se destinen a obras públicas productivas y su ley reglamentaria, en su artículo 3o., nos dice qué se entiende por obras públicas productivas, que son las relativas a la ejecución de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes y prestación de servicios públicos. Por su parte, el artículo 10 nos señala las prioridades a que se deben destinar los recursos obtenidos por empréstitos. El quebranto a la norma constitucional por parte del decreto que se impugna es evidente, ya que no permite a la Ley Fundamental Federal la autorización o contratación de empréstitos para el pago de deudas. Además, hay que tomar en cuenta que el artículo 29 de la Ley de Deuda Pública establece un procedimiento especial para la conversión de la deuda pública. II. Resulta más fácil la constatación del quebranto a la norma constitucional que nos ocupa cuando se analiza el contenido del artículo noveno del decreto que se impugna, ya que expresamente establece que de los 620 millones de pesos que le corresponden al Gobierno del Estado, como acreedor del fideicomiso de garantía y pago, 500 millones se destinarán a gasto corriente o, como lo dice el decreto, a dar suficiencia presupuestaria al presupuesto de egresos del Estado del ejercicio fiscal del año 2002. Respecto a que los recursos derivados de empréstitos se deben destinar a inversiones públicas productivas, basta lo dicho anteriormente. Pero aquí conviene señalar una sutileza quizá, pero que es demasiado importante, vinculada con el concepto de invalidez número uno, nos referimos al principio de anualidad. Si ya en diciembre de 2001 se discutió y aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el año 2002, resulta evidente que en aquella época quedó definido el gasto a realizar por parte del Gobierno del Estado durante el año 2001 y, desde luego, quedaron definidos los ingresos a obtener por el Estado, para cubrir tal gasto, por lo que hoy carece de validez el que a finales de año, y concretamente en el mes de noviembre, se pretenda reformar la Ley de Ingresos a fin de incorporar los quinientos millones derivados del empréstito al gasto corriente del Gobierno del Estado del año dos mil dos. Respecto a lo expuesto en este concepto de invalidez, es conveniente resaltar el documento originado por el Constituyente en el año de 1945, relativo a una iniciativa derivada de la presidencia de la República con la finalidad de reformar la fracción VIII del artículo 73 de la Constitucional Federal, y que a la postre es importante destacar la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo que destaca lo siguiente: ‘... el Ejecutivo de mi cargo para que se reformen los artículos 73, fracción VIII y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17862-6af51e6f/accion-de-inconstitucionalidad-solo-procede-contra-normas-generales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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