ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL NO PUEDEN TENER EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LOS ACTOS EMITIDOS DURANTE SU VIGENCIA. REFORMAS CONSTITUCIONALES. LA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO DE ÉSTAS SE ACTUALIZA CUANDO LA CONVOCATORIA FORMULADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO SU PUBLICIDAD PARA LLEVAR A CABO UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES NO CONTIENE FECHA CIERTA Y PRECISA DE CELEBRACIÓN (DECRETOS NÚMEROS 235 Y 236, 237 Y 238, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EL 23 Y 25 DE OCTUBRE DE 2001, RESPECTIVAMENTE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2001. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de abril de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiuno de noviembre de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se mencionan:
"Órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas: a) Por lo que respecta a la emisión de las normas, señalamos como responsable al honorable Congreso del Estado de Chiapas, cuya LX Legislatura sesionó el día 22 de octubre para reformar la Constitución Local, y el 24 de octubre para crear y modificar disposiciones reglamentarias de dicha reforma ... b) Por lo que respecta a la promulgación y publicación, señalamos como responsable al señor gobernador del Estado de Chiapas, quien promulgó y editó las reformas constitucionales citadas en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas, fechado el día 23 de octubre de 2001 (Decreto Legislativo 235), pero efectivamente puestas en circulación con posterioridad al 9 de noviembre del presente año, y promulgó y publicó las reformas secundarias correspondientes en el número 71 del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas el 25 de octubre del presente año ... Normas generales que se estiman inconstitucionales: a) Artículos 15, 20, segundo párrafo, 21, 24, 29, fracciones XVIII, XIX, XXXIII, XLIX y L, 30 y 83 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como los artículos primero a cuarto transitorios del Decreto Legislativo 235 que reformó las disposiciones constitucionales citadas (anexo uno), presuntamente promulgadas por el gobernador del Estado y editadas el 23 de octubre de 2001 en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, pero efectivamente puestas en circulación con posterioridad al 9 de noviembre de 2001; b) Artículos 1o. a 83 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, así como los artículos primero a quinto transitorios del Decreto Legislativo 236 que creó a la norma general mencionada, todos ellos promulgados por el gobernador del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el 25 de octubre de 2001 (anexo dos); c) Artículos 16, fracción XVIII, y la derogación de la fracción XXXIII; 34, fracción IV, y la derogación del artículo 35; 44, 45, 46, 47, fracciones II, VI y VII, 48, 49, fracción XXXI, 50, 52 y 57 y fracción XXXI del mismo (sic) de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Chiapas, así como los artículos primero y segundo transitorios del Decreto 237 que modificó las normas generales mencionadas, todas ellas promulgadas por el gobernador del Estado y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el 25 de octubre de 2001 (anexo dos); y d) Artículos 154, fracción XXII, 178 y la derogación de los artículos 201 al 206; 207, los encabezados de los artículos 212, 216, 222 y 232 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Chiapas, así como los artículos primero y segundo transitorios del Decreto 238 que modificó las normas generales mencionadas, todas ellas promulgadas por el gobernador del Estado y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el 25 de octubre de 2001 (anexo dos)."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. Hechos que motivaron la reforma. El 7 de octubre de 2001 el pueblo chiapaneco eligió a la LX Legislatura del Estado para el trienio 2001-2004. El Partido Revolucionario Institucional obtuvo mayoría en 21 de los 24 distritos y 3 de las 16 curules de representación proporcional. Esto significa una mayoría absoluta de 24, con un 60% de los 40 escaños, que no pudo ser superada en virtud del tope de representación que dispone la Constitución Local. 2. La convocatoria de la Comisión Permanente. La noche del viernes 19 de octubre de 2001, la Comisión Permanente de la LX Legislatura al Congreso del Estado de Chiapas que concluyó sus funciones el 16 de noviembre pasado convocó, mediante Decreto No. 233 aparecido en el Periódico Oficial del Estado No. 68 y publicado presuntamente el sábado 20 de octubre de este año, al tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional. Según la convocatoria, dicho periodo debió iniciar el 21 de octubre del año en curso a las 18:00 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, con objeto de dar trámite legislativo a quince iniciativas de decreto enviadas por el Poder Ejecutivo relativas a las reformas a la Constitución, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, Ley Orgánica y Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, según se aprecia en la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de octubre del presente año (anexo tres). Con la reforma que nos ocupa, fundamentalmente se convierte en minoría a la mayoría parlamentaria que ostenta el Partido Revolucionario Institucional en un órgano de gobierno del Congreso y, a su vez, se convierte en mayoría, dentro del mismo, a los partidos que conforman la minoría del Congreso del Estado. En efecto, mediante este sistema la fracción parlamentaria mayoritaria electa el pasado 7 de octubre sólo tendrá un voto paritario y no uno ponderado al interior del órgano de gobierno -como sucede en el sistema federal, al cual dijo pretender homologarse la minuta proyecto que finalmente fue aprobada por los diputados-, frente a cinco fracciones parlamentarias más que en su conjunto tienen en la actual legislatura el 40% de la Cámara, es decir, dieciséis diputaciones: siete del Partido de la Revolución Democrática, cinco del Partido Acción Nacional, dos del Partido del Trabajo, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido Alianza Social; ello en virtud de que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso permite que los partidos políticos que cuenten con un solo diputado en el Congreso pueden tener la calidad de fracción parlamentaria. 3. Los trabajos adelantados al periodo extraordinario. No obstante lo anterior, según consta en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas No. 69, publicado presuntamente el mismo 21 de octubre, el periodo extraordinario de referencia dio inicio el sábado 20, esto es, un día antes de la fecha para el cual fue convocado. En efecto, el Decreto 234 del 20 de octubre suscrito por los diputados Ramiro Miceli Maza y Noel Rodas Vázquez, presidente y secretario del tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, según consta en el ejemplar número 69 del Periódico Oficial del Estado de Chiapas, publicado presuntamente el domingo 21 de octubre del año en curso, contiene ya la minuta proyecto del decreto que reforma los artículos 15, 20, segundo párrafo, 21, 24 y 29, fracciones XVIII, XXIX y XXXIII, 30 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Ciertamente, el último párrafo del Decreto 234, fecha el día 20 de octubre (sic) la emisión de la minuta proyecto aprobada por los diputados en el Pleno de la LX Legislatura, esto es, un día antes para la cual fue convocado el periodo extraordinario de sesiones (anexo cuatro). Debe tomarse en cuenta que para que la minuta proyecto de decreto hubiese sido publicada, tuvieron primero que haberse dado diversas circunstancias propias de las prácticas parlamentarias establecidas en las leyes locales: que se instalara el Congreso en periodo extraordinario; que habiéndose instalado éste eligiere una mesa directiva, pues en ese entonces se encontraba en receso; que el Congreso en Pleno hubiere admitido a discusión el proyecto de referencia; que dicho proyecto hubiere sido turnado a la comisión respectiva para su estudio y dictamen; que la comisión hubiere presentado el referido dictamen; que éste hubiese sido discutido y aprobado nuevamente por el Pleno de la Cámara y, una vez esto logrado, haberse acordado su publicación en el Periódico Oficial del Estado para su remisión a los 118 Ayuntamientos del Estado de Chiapas, según lo dispone el artículo 83 de la Constitución Política del Estado. Al haberse celebrado la sesión con anterioridad a la fecha señalada en la convocatoria, acredita de manera fehaciente que, en efecto, las leyes locales fueron ignoradas en violación a la Constitución General de la República; además de que el hecho de que todos los trámites legislativos señalados en el párrafo anterior se hubieren conseguido en una sola sesión, sin duda induce a sospechar sobre la rectitud y transparencia del procedimiento legislativo. De esta forma el Congreso emitió la minuta que nos ocupa, de la que se desprende que las modificaciones al Código Político Local versan sobre el régimen del Poder Legislativo del Estado, la creación de un órgano de fiscalización superior del Estado como organismo autónomo y el cambio de requisitos para que dicha Constitución sea modificada en lo sucesivo. 4. La irregular integración del Constituyente. La noche del lunes 22 de octubre del año en curso, la LX Legislatura Local sesionó por segunda ocasión para dar cuenta al Pleno con 63 actas de Cabildo donde presuntamente un número igual a los 118 Ayuntamientos daban su aprobación a las reformas constitucionales, con lo cual declaraba reformada la Constitución Política del Estado de Chiapas, ordenando su publicación en el Periódico Oficial del Estado, mediante Decreto No. 235 para el consecuente inicio de su vigencia (adjunta a la presente demanda como anexo uno), lo cual no tuvo lugar sino con posterioridad al 9 de noviembre del presente año. El día 23 de octubre, tres de los diputados integrantes de aquella LX Legislatura al Congreso del Estado de Chiapas, quienes no estuvieron presentes en las sesiones de referencia que dieron origen a la reforma constitucional motivo de la presente acción de inconstitucionalidad, solicitaron por escrito a los ciudadanos oficial mayor y diputados secretarios del Congreso del Estado de Chiapas, copia certificada de todos y cada uno de los documentos que se generaron, doliéndose de que de manera reiterativa éstos les habían sido solicitados sin que hasta la fecha se les hubieran entregado, según consta en el Acta No. 9565, volumen 145, de fecha 25 de octubre de 2001, del notario público del Estado No. 25, licenciado Wenceslao Camacho Camacho (anexo cinco). El mismo 23 de octubre aparece publicada en el diario Cuarto Poder de circulación en toda la entidad federativa, una carta suscrita por los entonces diputados Mario Carlos Culebro Velasco, Jesús Alaín Anzueto Robledo y Raymundo Hernández Trujillo, en donde se duelen del viciado proceso legislativo, de su falta de publicidad y transparencia por haberse realizado de madrugada y con una agilidad que no encuentra justificación en ninguna urgencia de interés público evidente. Se anexa a la presente demanda copia de dicha publicación con ratificación de firma ante notario público (anexo seis). Por otro lado, es preciso señalar que la minuta proyecto que fue enviada a los Municipios chiapanecos para su votación, como integrantes del Constituyente Local, es distinta a la publicación de la reforma constitucional efectivamente publicada, como se demuestra con el acta de Cabildo Número 163 del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (anexo siete), lo que deja de manifiesto que el Congreso del Estado de Chiapas aprobó modificaciones a la Constitución que no fueron votadas previamente por los Municipios. Asimismo, los considerandos de la minuta publicada y que les fue enviada a los Ayuntamientos señalan expresamente que la intención de la reforma es la de homologar el régimen interno del Congreso del Estado de Chiapas al del Congreso de la Unión -lo cual es a todas luces falso-, lo que fue determinante para que los miembros de los Ayuntamientos hubieren votado a favor de la misma. En efecto, difícilmente los miembros de los Ayuntamientos -en unas cuantas horas- tuvieron la oportunidad de examinar la minuta con la sospechosa celeridad con cuyo voto les fue exigido, por lo que, sin duda alguna, la manifestación en los considerandos de que la intención del Congreso era la de homologar su régimen interno al régimen federal fue determinante para que se emitieran los votos a favor de la misma. Sin embargo, la referida expresión fue eliminada de los considerandos del decreto que declara reformada la Constitución, publicado presuntamente el 23 de octubre de 2001, y no se concretó en las modificaciones operadas a la legislación secundaria, con lo cual queda manifiesta la intención de engañar a los Ayuntamientos para la emisión de su voto, resultando después que la LX Legislatura del Congreso de Chiapas mutiló los motivos originales de la reforma para enviarlos al gobernador con la supuesta aprobación de los Municipios. Adicionalmente, debe destacarse el hecho de que el Congreso se abstuvo de tomar en cuenta el sentido de los votos de los Municipios al hacer un cómputo simple de los que fueron recibidos y no de los que fueron emitidos en sentido diferenciado al contenido de la minuta. Si bien dicho voto no fue tomado en consideración para aprobar la reforma constitucional, las múltiples irregularidades del procedimiento y la premura injustificada con la que se emitieron las reformas, crea en los suscritos un fuerte indicio de que los diputados de la LX Legislatura pudieron no haber evaluado el verdadero sentido de los votos recibidos. Preocupados por la falta de transparencia y publicidad del proceso legislativo, entre otras muchas circunstancias evidentes por la falta de publicación de la reforma constitucional antes de la publicación de las reformas a la legislación secundaria -situación totalmente impropia de un Estado democrático de derecho- y de la falta de respuesta a la petición formulada a que se hizo referencia en el apartado anterior, los diputados Alaín Anzueto y Raymundo Hernández presentaron una demanda de amparo indirecto por violación del artículo 8o. constitucional ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en el que la autoridad responsable admitió no haber entregado la información solicitada por tener que aprobarlo la Comisión Permanente en Pleno. En efecto, el informe justificado rendido en su momento por la autoridad responsable genera una enorme presunción sobre la falta de legalidad con la que se llevaron a cabo las reformas constitucionales. Aunque todavía sub júdice, el amparo de referencia fue concedido habida cuenta de que los diputados sufrieron una violación a su garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, como se aprecia en las constancias del mismo que se adjuntan a la presente (anexo ocho). Sin embargo, lo relevante del caso es que ni siquiera los diputados que pertenecían al propio órgano que expidió las normas que en esta demanda se impugnan tuvieron acceso a la información suficiente que les permitiera examinar el resultado legislativo de las sesiones, con lo que por mayoría de razón se concluye que mucho menos el pueblo de Chiapas estuvo en aptitud de conocer las reformas constitucionales que supuestamente entraron en vigor antes de la publicación de las reformas secundarias. 5. La publicación desfasada de la reforma constitucional. El 24 de octubre de 2001, mediante Decretos 236, 237 y 238, la LX Legislatura del Estado expide la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, y reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior del Congreso del Estado, según consta en el número 171 del Periódico Oficial publicado el jueves 25 de octubre del año 2001 (anexo dos). Con estas normas generales se pretendió reglamentar las disposiciones constitucionales a que se ha hecho referencia en los apartados anteriores. Sin embargo, estas reformas secundarias no estuvieron en aptitud de reglamentar las modificaciones constitucionales, toda vez que éstas no habían entrado en vigor. En efecto, el 9 de noviembre del año 2001, el contador público Jorge Luis Cruz Briones, ante la fe del notario público No. 76 del Estado de Chiapas, se constituyó en el Palacio del Poder Ejecutivo y en el edificio del Poder Legislativo para enterarse de las reformas constitucionales que nos ocupan. En el primero de los lugares indicados se presentó en la oficina del periódico oficial donde, a pregunta específica del solicitante, el encargado de distribución de dicho órgano de difusión le informó que hasta la fecha no se tenía para la venta ningún periódico oficial que contuviere las últimas reformas a la Constitución Política Local, pero que para mayor información debería entrevistarse con el director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, licenciado Gilberto Ocaña Méndez. De igual manera, en el segundo de los lugares mencionados, la bibliotecaria del Congreso le informó al solicitante que no tenía ningún periódico oficial que contuviere tal publicación, ya que el último que habían recibido era el correspondiente al 28 de septiembre del año en curso. Inmediatamente después el solicitante de la información y el fedatario público se trasladaron a la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, donde entrevistaron a la persona encargada de la oficina. Dicha persona, a la misma pregunta expresa, contestó que no tenía conocimiento de que hubiere sido publicada en el Periódico Oficial del Estado alguna reforma o reformas a la Constitución Política del Estado, ya que dicha cuestión es competencia de la Secretaría de Gobierno y que, en cualquier caso, de haberse publicado, dicho periódico estaría disponible dentro de los próximos 15 días. Se anexa fe de hechos expedida por el notario de referencia (anexo nueve). Al respecto, cabe precisar que según lo dispone el artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, el periódico oficial es el órgano para dar a conocer a los habitantes del Estado las disposiciones de observancia general; mientras que el numeral 220 del Reglamento Interior del propio Congreso en sus fracciones VI y X establece como funciones de la biblioteca de dicho Congreso formular y mantener actualizado el catálogo, inventario de leyes, periódicos oficiales, códigos y reglamentos de Chiapas; proporcionar servicio de préstamo en salas de lectura y a domicilio, periódicos y videocasetes, fotocopiado de material bibliohemerográfico y cartográfico al personal de la legislatura y al público en general. Asimismo, el artículo 200 de ese reglamento señala como obligación del oficial mayor de la Legislatura Local poner en estado de trámite y resolución todas las iniciativas, decretos o asuntos que deban ser tratados en la sesión del Congreso o la Comisión Permanente que corresponda. De esta suerte, es la Oficialía de Partes y el Archivo General del Congreso a cargo de la Oficialía Mayor, quien se encarga de recibir los periódicos oficiales publicados y distribuirlos entre los miembros de la legislatura. Es pues evidente que las reformas constitucionales, si bien pudieron ser impresas en algún momento que los suscritos ignoran dado con anterioridad al 9 de noviembre, para tal fecha dicha edición aún no entraba en circulación y, por tanto, a ese día no se habían integrado los mínimos elementos de publicidad que requiere el derecho positivo para convertirse en derecho vigente. Independientemente de que el notario público indicado dio fe el 9 de noviembre pasado de la falta absoluta del medio oficial de publicación que pudiere dar inicio a la vigencia de la reforma constitucional, fue hasta el pasado 15 de noviembre que los diputados suscritos pudimos tener acceso, por vez primera, a la citada publicación de la reforma constitucional. En efecto, ese día los diputados suscritos manifestamos nuestra decisión de instalar al día siguiente la Gran Comisión del Congreso del Estado -órgano de gobierno del Congreso, vigente con anterioridad a la reforma constitucional en cita- y unos cuantos minutos después nos fueron entregados diversos ejemplares de la publicación del periódico oficial de fecha 23 de octubre que contiene la reforma. En efecto, la falta de publicación oportuna pudo haberse dado por cualquiera de dos razones: porque el Ejecutivo Local hubiere recibido el decreto legislativo y no hubiere ordenado de inmediato su publicación, o bien, porque habiéndola ordenado, la correspondiente edición del periódico oficial no hubiere entrado en circulación, pero en cualquiera de ambos casos, es incuestionable que las reformas constitucionales no entraron en vigor con anterioridad a la publicación de las reformas reglamentarias, requisito indispensable para que cobraran vigencia y para que no resultaren totalmente incongruentes con las disposiciones constitucionales anteriores a la supuesta reforma que evidentemente permanecían vigentes. 6. Otras irregularidades del proceso. El 14 de noviembre pasado el entonces diputado del Partido de la Revolución Democrática, Noel Rodas Vázquez, secretario de la mesa directiva del tercer periodo extraordinario de sesiones en donde se expidieron las normas que se impugnan en esta demanda, denunció ante el secretario de Gobernación el hostigamiento -sumamente grave, de ser cierto- en el que, según refiere, se le solicitó adulterar la documentación escrita y grabada que se generó durante el periodo legislativo que en esta demanda se cuestiona (anexo diez), en detrimento de la certeza jurídica que debe ostentar tanto el procedimiento legislativo como las normas que de él resulten. Asimismo, al día siguiente el diario Cuarto Poder publica una nota sobre el particular (anexo once). Lo anterior hace temer a los suscritos que otras violaciones a las leyes locales hayan podido suscitarse con el procedimiento de reforma legal y constitucional a que nos hemos referido, por lo que solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente del examen de fondo que realice de la constitucionalidad de las normas generales que en este acto se impugnan, tome las medidas que resulten necesarias para que asimismo se garantice la legalidad del procedimiento legislativo."
TERCERO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primero. Inconstitucionalidad del proceso legislativo. Violación a los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución General de la República. Como se refirió en el apartado de antecedentes legislativos, el cual se solicita se tenga insertado en este apartado como si se trataren de conceptos de invalidez, fueron muy diversas las violaciones que cometieron el Congreso del Estado de Chiapas y el gobernador del Estado en la emisión, promulgación y publicación de las normas generales que se impugnan en esta demanda. Estas violaciones son tan graves que inciden de manera determinante en las facultades legislativas del propio Congreso y son por sí solas suficientes para justificar la declaración de invalidez de las normas que fueron producto del viciado proceso, a saber: Las reformas a la Constitución Local, la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento, así como la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas. Si bien es cierto que el procedimiento legislativo local no se encuentra expresamente limitado en el artículo 116 constitucional, ni se establecen los elementos mínimos de la legalidad que los Congresos Locales deben observar al emitir una norma general, es incuestionable que las violaciones a la ley que se susciten en dicho procedimiento finalmente se traducen en una transgresión a la obligación de seguir las formalidades esenciales de todo procedimiento, y de fundar y motivar debidamente sus acciones, en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, máxime cuando los artículos 40, 41, primer párrafo y 116, segundo párrafo, acotan el ejercicio del poder público a lo que dispongan las Constituciones Locales. a) Origen del proceso legislativo. La reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas y a la legislación secundaria que nos ocupa, transgrede los artículos 14, 16, 41, primer párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 23 y 25 de la Particular del Estado, al haber dado inicio a modificaciones que versan con el régimen interior del Poder Legislativo con iniciativas que provienen del Poder Ejecutivo. En efecto, el artículo 41 de nuestra Carta Magna establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca en sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones que consagra el Pacto Federal. Por su parte, el numeral 116 establece que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo; precisando que los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos. Como consta en el Decreto 233 anexo a esta demanda, las iniciativas de reformas a la Constitución Local, a la Ley Orgánica y al Reglamento Interior del Congreso, así como de creación de la Ley de Fiscalización Superior, provinieron del Poder Ejecutivo del Estado. A fin de analizar la constitucionalidad de tal evento, es menester señalar que el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política Local, que desarrolla las bases obligatorias del 116 constitucional, señala que corresponde al Congreso dictar las disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento interno. Esto es así, en razón del principio de simetría que se debe en un sistema republicano como el nuestro. En efecto, en aras de la independencia de poderes que anima a la Constitución Local tanto como al Pacto Federal -fundamentalmente la del Poder Legislativo, históricamente sujetos a presiones y al control fáctico de los Ejecutivos-, el segundo párrafo del artículo 70 constitucional permite al Congreso expedir la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos por sí mismo, sin la intervención del Ejecutivo. Asimismo, el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Chiapas dispone que las normas jurídicas que versen sobre el régimen interior de los Poderes Legislativos no pueden ser vetados en aras de un equilibrio entre los poderes, por lo que tampoco, por mayoría de razón, puede el Ejecutivo tener facultades de iniciativa en la materia. Ciertamente no existe prohibición expresa, pero tampoco el artículo 42 de la Constitución Local, que señala las facultades del gobernador del Estado, le atribuye más facultades de iniciativa que aquellas que juzgue conveniente para el mejoramiento de la administración pública, de manera que el régimen interno del Poder Legislativo, inclusive al Órgano de Fiscalización Superior por ser -aun con autonomía técnica- un órgano del mismo, es un campo absolutamente vedado para él. Igualmente se violan los artículos 41, primer párrafo y 116, segundo párrafo, de la Constitución Federal, porque en ellos se establece, por una parte, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y por los de los Poderes de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las Particulares de los Estados y, por la otra, que el poder público se organizará conforme a la Constitución de cada uno de ellos. En ese tenor, el artículo 25, segundo párrafo, expresamente reserva al Congreso las facultades de dictar las disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento interno. Si la Constitución del Estado no confiere al gobernador de la entidad la potestad de iniciar leyes en una materia que por su naturaleza y por disposición de la propia Constitución Estatal escapan a la competencia del titular del Ejecutivo Local, es claro que se violó el artículo 116 constitucional en la emisión de las normas generales que se impugnan, en relación con el 25, segundo párrafo, de la Constitución del Estado de Chiapas. b) La convocatoria. La reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas y a la legislación secundaria que nos ocupa, transgrede los artículos 14, 16, 41, primer párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 23 de la Particular del Estado, al no haberse observado en el procedimiento legislativo las formalidades inherentes de debida convocatoria y publicidad. Como se advierte en el antecedente número dos, el Congreso del Estado se reunió para la acción legislativa aquí impugnada el 20 de octubre pasado, fecha distinta a la señalada en el Decreto de convocatoria No. 233 expedido por la Comisión Permanente de la propia LX Legislatura. Ciertamente en dicha sesión estuvieron la mayoría de los miembros que conformaban la legislatura, pero imposibilitó que una minoría de la misma participara y se hiciera escuchar respecto de sus razonamientos, pues no hay razón para exentar de publicidad y debida convocatoria el procedimiento legislativo en perjuicio de quienes gozaban del derecho de participar en él, con lo cual se violó el artículo 14 de la Constitución General de la República. Para acreditar lo anterior, basta señalar lo que disponen los artículos 8o. y 9o. de la Ley Orgán
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17582-4b7a640f/accion-de-inconstitucionalidad-las-sentencias-que-declaran-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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