Corpus
Modo: Corpus Pro

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL DELIMITAR EL USO Y DESTINO DE LAS CÁRCELES MUNICIPALES, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VII, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL DELIMITAR EL USO Y DESTINO DE LAS CÁRCELES MUNICIPALES NO INVADE LAS FACULTADES RESERVADAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2003. · Registro digital (IUS): 18288
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 815.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2003. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al once de mayo de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el seis de mayo de dos mil tres en el domicilio particular del funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos para recibir demandas fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Luján Peña, Víctor Hugo Estala Banda, Óscar González Luna, Juan Antonio González Villaseñor, Pedro Martínez Chairez, Elsy Paz Quintana, Víctor Manuel Talamantes Vázquez, Luis Raúl Valenzuela Colomo, Abelardo Valenzuela Holguín, José Alfredo Vázquez Fernández y Arturo Zubía Fernández, quienes se ostentaron como diputados de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:

"II. Órgano legislativo que emitió las normas generales que se impugnan: H. Congreso del Estado de Chihuahua, quien puede ser notificado a través de su presidente u oficial mayor, quienes, conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ostentan la representación de ese cuerpo colegiado, en las instalaciones que albergan en el segundo piso del Palacio de Gobierno del Estado, sito en la calle Aldama, número 901, de la colonia Centro de la ciudad de Chihuahua. III. Órgano ejecutivo que promulgó las normas impugnadas: el gobernador del Estado de Chihuahua, CP. Patricio Martínez García, quien puede ser notificado en las instalaciones que ocupa el primer piso del Palacio de Gobierno del Estado, situado en calle Aldama, número 901, de la colonia Centro, de la ciudad de Chihuahua. IV. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado. Decreto Número 595/03 del sexto periodo extraordinario correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, y publicado el 5 de abril del año en curso en el ejemplar número 28 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, mismo que se adjunta al presente escrito y en donde se adiciona un segundo párrafo en la fracción VII del artículo 69 del Código Municipal, a efecto de que la Policía Municipal, respecto de la colaboración que lleve a cabo en asuntos migratorios, los extranjeros que hayan sido detenidos y asegurados y que deban salir del país, no podrán ser alojados en las cárceles públicas de los Municipios, sino que se pondrán a disposición de las autoridades migratorias correspondientes."

SEGUNDO. Los promoventes señalaron como antecedentes los siguientes:

"Primero. El artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua señala lo siguiente: ‘El Congreso se integrará con representantes del pueblo de Chihuahua, electos como diputados en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. El Congreso se compondrá por treinta y tres diputados de los cuales veintidós serán electos en distritos electorales uninominales, según el principio de mayoría relativa y once, por el principio de representación proporcional. Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional, tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. ...’. Bajo este tenor y con la finalidad de dar cumplimiento al inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscriben representamos el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, como lo acreditamos con el decreto correspondiente que se anexa al presente documento. Segundo. El 30 de enero del año en curso la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua aprobó el Decreto 595/03 del VI periodo extraordinario de sesiones, este decreto fue publicado el pasado sábado 5 de abril en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el cual se anexa. De un análisis del contenido del decreto, encontramos lo siguiente: El decreto que nos ocupa adiciona con un párrafo la fracción VII del artículo 69 del Código Municipal vigente para establecer que la -Policía Municipal-, ‘respecto de la colaboración que lleve a cabo en asuntos migratorios, los extranjeros que hayan sido detenidos y asegurados y que deban salir del país, no podrán ser alojados en las cárceles públicas de los Municipios, sino que se pondrán a disposición de las autoridades migratorias correspondientes’. De manera muy concreta y atendiendo a que el contenido del dictamen que dio origen al decreto es demasiado simple nos permitimos transcribir prácticamente lo que sustenta el decreto que hoy se impugna ... ‘Que el Estado de Chihuahua es el segundo territorio de la frontera norte que es utilizado por los extranjeros para internarse de manera ilegal en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a reportes del Instituto Nacional de Migración (INM), destacando que tan sólo en el año 2000 se detuvieron en nuestra entidad a 3,779 inmigrantes ilegales cifra que se vio incrementada de buena manera en el subsiguiente año. Asimismo, se señala que los elementos de las distintas direcciones de seguridad pública y comandancias de policía de los diversos Municipios de Chihuahua, juegan un papel muy importante, pues gracias a su infraestructura técnica y humana, a la capacidad de abarcar gran parte de las zonas geográficas y al permanente contacto con la comunidad, son quienes detectan en primera instancia la presencia de extranjeros ilegales en sus comunidades, recluyendo a estos inmigrantes en las áreas destinadas a compurgar sanciones administrativas. Sin embargo, la incomunicación de que son objeto estos inmigrantes ilegales, no obedece a ningún capricho de las autoridades municipales, pues así es solicitado por las autoridades de migración quienes, con fundamento en el artículo 73 de la Ley General de Población y al no contar con un lugar adecuado para concentrar a estos extranjeros, a menudo solicitan la colaboración de las autoridades municipales para emplear los separos de sus direcciones de seguridad pública o comandancias municipales. En efecto, el citado numeral dispone: «Las autoridades que por la ley tengan a su mando fuerzas públicas federales, locales o municipales, prestarán su colaboración a las autoridades de migración cuando éstas lo soliciten para hacer cumplir las disposiciones de esta ley.». Al igual que el Ejecutivo Estatal coincidimos en que se ha hecho una excesiva interpretación de éste y de otros numerales de la citada ley, pues no obstante que no han cumplido con ciertos requisitos exigidos por la Ley General de Población, los inmigrantes ilegales no han cometido delito o falta a las normatividades municipales que los constriña a permanecer en la cárcel. Cabe agregar que a la detención e incomunicación que se hace de estos extranjeros sigue en ocasiones una larga estancia en estos separos policiacos pues al ser la repatriación un trámite muy costoso, en muchas ocasiones las autoridades del ramo esperan a un grupo considerable de inmigrantes para proceder a ella, atentando contra la dignidad de éstos, aun cuando este hecho ocurra por insuficiencia presupuestal y no por el deseo de mantener a estos infortunados viajeros como verdaderos delincuentes. Es por estos argumentos que estimamos saludable y positiva la iniciativa en estudio, pues si exigimos el mejor trato y las mejores garantías a las autoridades norteamericanas para con nuestros conacionales cuando han sido sorprendidos en su travesía al cruzar ilegalmente la frontera, lo justo es que asumamos la misma condición con los inmigrantes detenidos en México y particularmente en nuestro Estado.’. De lo anterior se llega a la siguiente conclusión:-La Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, al aprobar el dictamen que dio origen al Decreto 595/03 del VI periodo extraordinario de sesiones y que fue publicado el pasado sábado 5 de abril en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, simple y sencillamente prohíbe a la Policía Municipal del Estado de Chihuahua alojar en las cárceles públicas de los Municipios a los extranjeros que hayan sido detenidos y asegurados y que deban salir del país, con lo cual impide a la Policía Municipal cumplir con disposiciones federales consistentes en colaborar con las autoridades migratorias. Disposiciones jurídicas aplicables:-Ley General de Población. ‘Artículo 73. Las autoridades que por ley tengan a su mando fuerzas públicas federales, locales o municipales, prestarán su colaboración a las autoridades de migración cuando éstas lo soliciten, para hacer cumplir las disposiciones de esta ley.’. ‘Artículo 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la República que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como a aquellos que deben ser expulsados.’. ‘Artículo 94. Las autoridades de la Federación, de los Estados y de los Municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población.’. Reglamento de la Ley General de Población. ‘Artículo 94. La secretaría podrá establecer o habilitar, en los lugares que considere adecuados, estaciones migratorias para la estancia provisional de los extranjeros y extranjeras carentes de algún requisito migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación, o para alojar, como medida de aseguramiento, a los extranjeros y extranjeras que deban ser expulsados. En aquellos lugares en que la secretaría no tenga establecidas estaciones migratorias, se considerarán habilitados locales de detención preventiva para el aseguramiento de los extranjeros que deban ser expulsados. En ningún caso podrá habilitarse para este fin a los centros de reclusión para sentenciados. Cuando las autoridades sanitarias determinen la internación de extranjeros o extranjeras en estaciones sanitarias, la secretaría podrá establecer la vigilancia que juzgue adecuada, si los extranjeros de que se trate no tuvieren autorizada su internación al país.’. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.’. ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.’. ‘Artículo 115. ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.’. ‘Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’."

TERCERO. Los diputados promoventes de la acción señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:

"Primer concepto de invalidez. Supremacía constitucional. En un régimen constitucional como el nuestro, donde impera el llamado principio de supremacía constitucional, todos los actos de los órganos que detentan el poder público tienen que ajustarse al contenido del Texto Supremo, al no hacerlo así, incurren en desvío de poder. Eso es exactamente lo que acontece con la reforma que aprobó el Congreso del Estado de Chihuahua y que hoy se somete a su elevada consideración para verificar si se ajusta al texto constitucional que nos rige. En efecto, una Legislatura Local carece de atribuciones para emitir una ley que impida a los Ayuntamientos que son los que tienen a su cargo fuerza pública a través de las dependencias de seguridad pública municipal, colaborar con las autoridades migratorias del país a través de alojar provisionalmente en las cárceles municipales a los extranjeros que hayan sido detenidos por dichas autoridades migratorias, en ejercicio de sus atribuciones, ya que de conformidad con el artículo 73 del multicitado texto constitucional las atribuciones para legislar en materia de migración e inmigración corresponden al Congreso de la Unión y la forma en que llevó a cabo tal atribución fue a través de la Ley General de Población, y esta ley establece claramente la colaboración de las autoridades municipales que deban prestar a las autoridades migratorias, no es insuficiente reproducir de nueva cuenta el artículo 73 de la Ley General de Población. ‘Artículo 73. Las autoridades que por ley tengan a su mando fuerzas públicas federales, locales o municipales, prestarán su colaboración a las autoridades de migración cuando éstas lo soliciten, para hacer cumplir las disposiciones de esta ley.’. La reforma que se impugna también pasa por alto que cuando se establece en el Texto Constitucional el concepto de supremacía, éste se refiere a toda la Unión, es decir, considerada ésta en su acepción original norteamericana, de tal suerte que las entidades federativas se unieron para formar una sola nación y, por tanto, al celebrar tal pacto renunciaron a sus potestades originales y se sometieron al mandato constitucional, es decir, abdicaron de sus atribuciones en aras de formar la unión, sometiéndose, en consecuencia, a las atribuciones expresas y limitadas que la Constitución de la Unión les señalara. Una norma como la que se impugna pasa por alto este sentido histórico y legal de nuestra patria, ya que el Congreso de Chihuahua únicamente puede legislar en aquellos asuntos limitados por las atribuciones que la Constitución le otorga y no como lo pretende con la reforma que se impugna, en que está pasando por alto la supremacía del Texto Constitucional y las leyes que de ella emanan como lo es la Ley General de Población. Cabe resaltar que del dictamen que hoy se impugna se reconoce la legalidad de las autoridades migratorias al solicitar el auxilio de la fuerza pública para cumplir con las disposiciones de la Ley General de Población, es decir, se reconoce que es una práctica legal conforme al artículo 94 de la ley en comento, en donde se encuentra debidamente fundada la habilitación de estaciones migratorias en locales de detención preventiva (cárceles de seguridad pública municipal) para el aseguramiento de extranjeros por parte de las autoridades de migración. Es decir, la facultad de habilitar dichas cárceles para dichos efectos, es propia y exclusiva de las autoridades migratorias por disposición del Congreso de la Unión, así lo dispone la ley que aplica y de la cual es su obligación vigilar su aplicación y debido cumplimiento. En suma, ninguna ley estatal, ni siquiera ninguna Constitución Local, están por encima de la Constitución Federal y más aún tampoco están por encima de la Ley General de Población aprobada por el Congreso de la Unión, que también conforme a dicho precepto constitucional es considerada como Ley Suprema, por tanto, violenta de manera directa el numeral 133 de nuestra Ley Fundamental Federal que a la letra dice: ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. Segundo concepto de invalidez. Régimen de facultades expresas. Existe una clara división de competencias entre la Federación y las entidades federativas: todo aquello que no esté expresamente atribuido a la Federación es competencia de las entidades federativas, principio recogido por el artículo 124 que comentamos a continuación. La Constitución General anuncia lo que los Poderes de la Unión pueden hacer y todo lo demás es competencia de las entidades federativas. En el caso que nos ocupa, el decreto que se combate violenta de manera directa el artículo 124 de la Constitución Federal, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73, de la Norma Suprema, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión el legislar en la materia que nos ocupa, que lo es la migración e inmigración de personas y el contenido de la norma aprobada por el Congreso del Estado de Chihuahua y cuya constitucionalidad pedimos se constate a través de la presente acción, versa sobre personas extranjeras detenidas por autoridades de migración luego entonces, su contenido trata de una materia reservada al Congreso de la Unión, por lo que el Congreso del Estado de Chihuahua está invadiendo la órbita de competencias y atribuciones que son exclusivas del Poder Legislativo de la Federación. Tercer concepto de invalidez. Invasión a la esfera municipal. La pasada reforma constitucional al artículo 115, conlleva entre otras cosas, dos aspectos fundamentales que interesan en la presente acción: La restricción para legislar por parte de las Legislaturas Estatales, en el ámbito municipal, que trae aparejado el fortalecimiento de la facultad cuasi legislativa de los Ayuntamientos, por otro lado, se reconoce a los Ayuntamientos de manera exclusiva la prestación y función de los servicios públicos que se mencionan en la fracción III del artículo 115 constitucional, es decir, ya no es mediante concurso con los Estados. Ahora bien, visto lo anterior, es importante comentar que la ‘Policía Municipal Preventiva’ es un servicio público que los Municipios tendrán a su cargo, según dispone el inciso h) de la fracción III del artículo 115 constitucional, entonces pues, el decreto que se impugna, al prohibir a la Policía Municipal del Estado de Chihuahua alojar en las cárceles públicas de los Municipios a los extranjeros que hayan sido detenidos y asegurados y que deban salir del país, sin lugar a dudas vulnera el espíritu del Constituyente Permanente plasmado en el numeral citado. Ahora bien, suponiendo sin conceder que las Legislaturas de los Estados pudiesen en determinado momento legislar en materia de seguridad municipal preventiva, de igual manera el decreto que se objeta también trastoca lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II, en lo relativo a que el objeto de las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas será establecer ‘bases generales de la administración pública municipal’ y, obviamente, la reforma que se impugna está lejos de ser una base general para los Ayuntamientos, al contrario, se convierte en una clara imposición en una de sus materias exclusivas, es decir, el legislador local fue más para allá de lo que la Norma Fundamental permite, en este contexto se violentan las disposiciones jurídicas anteriormente aludidas."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son 11, 73, 115, 124 y 133.

QUINTO. Mediante proveído de catorce de mayo de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 13/2003 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

Por auto de la fecha señalada el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a las autoridades que emitieron y promulgaron la norma impugnada, para que rindieran su respectivo informe, así como al procurador general de la República para que formulara su pedimento.

SEXTO. El Congreso y el gobernador del Estado de Chihuahua, al producir sus informes manifestaron, en forma coincidente, lo siguiente:

1. Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia en virtud de que la norma combatida deriva de actos consentidos, consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del Decreto 850/95 XVIII PE. el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, que contiene el Código Municipal vigente, en el que se contiene el primer párrafo del actual artículo 69 en el que se legisló sobre la ayuda que prestarán y han prestado los cuerpos de seguridad pública municipales a las autoridades federales y estatales; de lo que se advierte que el Legislativo Estatal ya ha establecido lo relativo a la coadyuvancia que deben tener los elementos de seguridad pública municipal con la Federación, sin que en su oportunidad se haya impugnado tal acto, por lo que debe sobreseerse el procedimiento que nos ocupa por derivar la ley impugnada de una norma general consentida.

Que, además, con el precepto combatido el Legislativo Estatal emitió normas de observancia general respecto del destino y funcionamiento de las cárceles públicas, por lo que los conceptos de invalidez relativos a la invasión de esferas hacia los Municipios son improcedentes por derivar de actos consentidos.

2. Que también debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad debido a que los argumentos vertidos en el primer concepto de invalidez no se sustentan en una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún precepto secundario que desarrolle un mandato constitucional, sino que únicamente se basa en el inconstitucional artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Población, sin que dicho artículo desarrolle alguna disposición suprema.

3. Que es inexacto que en el decreto impugnado se establezca una prohibición para que los Ayuntamientos colaboren con las autoridades migratorias, toda vez que no les impide colaborar con éstas, sino que únicamente se está regulando el uso de las cárceles municipales y reiterando que la actuación de las autoridades municipales debe realizarse únicamente dentro de su ámbito de competencia, al establecer que se deben poner a los extranjeros a disposición de las autoridades migratorias.

Que lo anterior es así ya que con la reforma citada se buscó, a la luz de la Constitución y demás leyes federales, la erradicación de una práctica abusiva efectuada durante años por la Secretaría de Gobernación hacia los Municipios por lo que hace a los extranjeros que se internan ilegalmente en el país que deben ser expulsados, cuando no hayan cometido ninguna falta administrativa municipal que amerite la pena corporal consistente en la privación de la libertad en las cárceles municipales.

Que es falso que la legislatura con el decreto impugnado esté legislando sobre una materia exclusiva de la Federación, ya que su contenido no comprende la regulación sobre los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución dentro del territorio nacional, específicamente no versa sobre cuestiones de migración, inmigración o internación ilegal en el país, sino que únicamente establece dentro de los lineamientos de seguridad pública regulados en el artículo 69 del Código Municipal, una prohibición respecto al destino de las cárceles municipales, facultad y materia legislativa establecidas para las legislaturas respecto al Municipio en el artículo 115 constitucional, por lo que no puede llegarse al extremo de considerar que esta autoridad invadió la materia establecida a favor del legislador federal en la fracción XVI del artículo 73 constitucional.

Que la naturaleza de la materia en la reforma efectuada es exclusivamente sobre materia municipal, traducida ésta en el destino de las cárceles municipales, las cuales deben utilizarse para sancionar las faltas municipales y no para cuidar personas que no han infringido norma alguna del bando de policía y buen gobierno o del propio Código Municipal, incluso, los Municipios carecen de facultades para aplicar la legislación federal tratándose de extranjeros, toda vez que ello compete a la Secretaría de Gobernación y a la Policía Federal Preventiva, según se desprende de los artículos 2o. y 17 de la Ley General de Población y, específicamente, carece de facultades para sancionar y recluir en las cárceles municipales a las personas extranjeras que deban salir del país.

Que, además, la privación de la libertad de los extranjeros que deben salir del país es una situación prohibida por el artículo 18 constitucional, en razón de que dicha disposición establece claramente que puede haber lugar a prisión preventiva por delito que merezca pena corporal, lo que evidencia que es el propio artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Población el que resulta inconstitucional por lo que se refiere a la habilitación de las cárceles municipales para el aseguramiento de extranjeros que deben ser expulsados del país, ya que ello no constituye infracción o delito que merezca pena corporal en las cárceles públicas municipales.

Que la privación de la libertad de los extranjeros que deben salir del país en cárceles municipales es una situación que en sí es inconstitucional, de conformidad con los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Federal, ya que de facto se está privando de su libertad a personas por una autoridad que no es competente (lo que vulnera los primeros dos artículos citados) y se les detiene en lugares destinados a la compurgación de sanciones conforme a la legislación municipal, hipótesis prohibida por el mencionado artículo 18 de la Constitución Federal.

Que también es inconstitucional la habilitación de las cárceles públicas para el aseguramiento de extranjeros establecida en el artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Población debido a que va más allá de la facultad reglamentaria del Ejecutivo establecida en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal, al exceder lo dispuesto por la Ley General de Población, toda vez que ésta únicamente dispone que las autoridades municipales que tengan a su cargo la fuerza pública deberán colaborar con las autoridades migratorias, pero de ninguna manera señala que pueden habilitarse las cárceles municipales para depositar extranjeros que deban ser expulsados, ya que es obligación de la Secretaría de Gobernación establecer estaciones migratorias en las que se aseguren a los extranjeros que deban ser expulsados del país.

Que, por otra parte, es falso que sea facultad de las autoridades migratorias la habilitación de las cárceles públicas para el aseguramiento de los extranjeros que deban de ser expulsados del país por disposición del Congreso de la Unión, ya que el artículo en donde se pretende fundar tal facultad no se encuentra establecido en una ley emanada del Congreso Federal, sino que se encuentra en el Reglamento de la Ley General de Población que fue expedido por el Ejecutivo Federal, disposición que va más allá de las facultades expedidas por el Congreso Federal en la Ley General de Población, de ahí que el Ejecutivo Federal al proveer en la esfera administrativa para su exacta observancia, se excedió en sus facultades reglamentarias en materia de cárceles municipales (exclusiva de las legislaturas y de los Ayuntamientos), aplicándoles cargas económicas a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18288-09e5b3d5/servicios-publicos-municipales-el-articulo-69-fraccion-vii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.