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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. PARA QUE SUS REFORMAS Y ADICIONES FORMEN PARTE DE ELLA, ES NECESARIO QUE LA APROBACIÓN POR LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD CONSTE DE MANERA FEHACIENTE, Y NO INFERIRSE.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2003. · Registro digital (IUS): 17952
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, , Pág. 419.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2003. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de febrero de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintiuno de noviembre de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Carlos Francisco Tapia Astiazarán, María Mercedes Corral Aguilar, Angélica María Payán Corona, Gildardo Real Ramírez, Juan Miguel Córdova Limón, José Yanes Navarro, Carlos Alberto Navarro Sugich, Luis Gerardo Serrato Castell, Fructuoso Méndez Valenzuela, Pedro Anaya Corona, Héctor Rubén Espino Santana y Juan Bautista Valencia Durazo, ostentándose como diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sonora, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:

"Órgano legislativo y ejecutivo que emitió y promulgó las normas generales impugnadas. El órgano legislativo es el Congreso del Estado de Sonora y los Ayuntamientos de los Municipios de (1) Huachinera, (2) Bacadéhuachi, (3) Fronteras, (4) Oquitoa, (5) Rosario, (6) Carbó, (7) Álamos, (8) Bavispe, (9) Sahuaripa, (10) Quiriego, (11) Moctezuma, (12) Banámichi, (13) Arivechi, (14) Benito Juárez, (15) Opodepe, (16) Nácori Chico, (17) Tepache, (18) Benjamín Hill, (19) Ímuris, (20) Huatabampo, (21) Cumpas, (22) Etchojoa, (23) Puerto Peñasco, (24) Sáric, (25) Átil, (26) Bacanora, (27) San Javier, (28) Ures, (29) Nogales, (30) Navojoa, (31) San Ignacio Río Muerto, (32) Altar, (33) Cajeme, (34) San Pedro de la Cueva, (35) Mazatán, (36) Ónavas, (37) Agua Prieta y (38) Bacoachi, constituidos en el Constituyente Permanente Local, el Ejecutivo lo es el gobernador del Estado de Sonora, así como el secretario de Gobierno del mismo Estado, en términos del artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. III. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado: La Ley 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, que fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en fecha 23 de octubre de 2003."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes son los siguientes:

"I. Violaciones al principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos durante el procedimiento de aprobación de la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. La publicación y consecuentemente la entrada en vigor de la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora contraviene lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna Federal, los cuales establecen el principio de legalidad en la actuación de las autoridades por las siguientes razones: El artículo 163 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece la siguiente disposición respecto a las reformas y adiciones a ese mismo ordenamiento: ‘Artículo 163. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido acordadas por las dos terceras partes de los miembros de un Congreso y aprobadas por la mayoría del número total de los Ayuntamientos del Estado.’. Esto es, conforme al principio de rigidez constitucional reconocido por la Carta Magna Local del Estado de Sonora, para que ésta pueda ser reformada o adicionada es necesario un órgano y un procedimiento especial, en este caso, el órgano lo integran tanto el Congreso como los Ayuntamientos del Estado, órgano reconocido por la doctrina como el Poder Revisor de la Constitución, y el procedimiento especial exige para dichas reformas o adiciones constitucionales su aprobación por las dos terceras partes de los miembros del Congreso (a diferencia de la aprobación por mayoría simple que ordinariamente es requerida para las reformas legales) y la aprobación por la mayoría del número total de los Ayuntamientos del Estado. Conforme a la división territorial, política y administrativa del Estado, éste se integra por 72 Municipios, encabezados cada uno por sus correspondientes órganos de gobierno municipales o Ayuntamientos. Por tanto, los 72 Ayuntamientos del Estado de Sonora corresponden a los siguientes Municipios:

"1. Aconchi 2. Agua Prieta

"3. Álamos 4. Altar

"5. Arivechi 6. Arizpe

"7. Átil 8. Bacadéhuachi

"9. Bacanora 10. Bacerac

"11. Bacoachi 12. Bácum

"13. Banámichi 14. Baviácora

"15. Bavispe 16. Benito Juárez

"17. Benjamín Hill 18. Caborca

"19. Cajeme 20. Cananea

"21. Carbó 22. Cucurpe

"23. Cumpas 24. Divisaderos

"25. Empalme 26. Etchojoa

"27. Fronteras 28. Granados

"29. Guaymas 30. Hermosillo

"31. Huachineras 32. Huásabas

"33. Huatabampo 34. Huépac

"35. Ímuris 36. La Colorada

"37. Magdalena de Kino 38. Mazatán

"39. Moctezuma 40. Naco

"41. Nácori Chico 42. Nacozari de García

"43. Navojoa 44. Nogales

"45. Ónovas 46. Opodepe

"47. Oquitoa 48. Pitiquito

"49. Plutarco Elías Calles 50. Puerto Peñasco

"51. Quiriego 52. Rayón

"53. Rosario 54. Sahuaripa

"55. San Felipe de Jesús 56. San Ignacio Río Muerto

"57. San Javier 58. San Luis Río Colorado

"59. San Miguel de Horcasitas 60. San Pedro de la Cueva

"61. Santa Ana 62. Santa Cruz

"63. Sáric 64. Soyapa

"65. Suaqui Grande 66. Tepache

"67. Trincheras 68. Tubutama

"69. Ures 70. Villa Hidalgo

"71. Villa Pesqueira 72. Yécora

"Esto es, conforme al precepto constitucional antes invocado, para que una reforma o adición a la Constitución Política Local pueda ser considerada como válidamente aprobada, y consecuentemente para que pueda entrar en vigor, requiere ser aprobada primeramente por dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso Local, y posteriormente por al menos 37 (treinta y siete) de los 72 Ayuntamientos existentes en el Estado de Sonora, pues tal cantidad representa mínimamente la mayoría del total de los Ayuntamientos en esta entidad federativa. En fecha 18 de junio de 2002, el Congreso del Estado de Sonora aprobó la Ley Número 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Conforme al procedimiento de reformas y adiciones constitucionales locales establecido en el citado artículo 163 de la Constitución Política Local, el Congreso del Estado de Sonora remitió a los setenta y dos Ayuntamientos de la entidad la referida Ley 151, para su consideración y aprobación, en su caso. En atención a tal solicitud, algunos Ayuntamientos del Estado remitieron al Congreso Local la documentación oficial donde acreditaban su resolución sobre la petición formulada por el Poder Legislativo Estatal, para efectos del cómputo señalado en el precepto constitucional antes invocado. La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora, mediante acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2003, hizo constar y ordenó publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, que la antes referida Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, fue aprobada por 38 (treinta y ocho) Ayuntamientos del Estado de Sonora, por lo cual dicha ley a su parecer cumple con el requisito de aprobación por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado exigidos por el artículo 163 de la Carta Magna Local para su publicación y entrada en vigor. Por lo cual, mediante oficio número 2974/03 de la misma fecha, la Diputación Permanente remitió al gobernador del Estado la citada ley para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Empero, mediante oficio número 03.01-147/03, de fecha 29 de septiembre de 2003, el C. Gobernador del Estado formuló observaciones y devolvió al Poder Legislativo Local la citada Ley 151 señalando las razones por las cuales consideraba que la misma no debía ser publicada en los términos propuestos, mismo oficio que posteriormente, mediante oficio número 03.01-269/03 de fecha 29 de septiembre de este mismo año, revocó y dejó sin efectos, manifestando su entera y expresa conformidad para que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el Poder Legislativo del Estado de Sonora remita directamente la ley de referencia para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, cuando así lo considere. Posteriormente, mediante oficio de fecha 21 de octubre del 2003, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora, remitió directamente al director general de Documentación y Archivo para su publicación inmediata en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley Número 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, lo anterior en cumplimiento del acuerdo tomado por la Diputación Permanente facultada en el artículo primero transitorio de la Ley Número 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. Misma información esta última, que fue manifestada directamente mediante oficio número 334-I/03 con fecha 28 de octubre de 2003, por el presidente del H. Congreso del Estado de Sonora. Como consecuencia, según consta en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha jueves 23 de octubre de 2003, número 33, sección I, tomo CLXXII, se publicó la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, e igualmente se hace constar que los 38 (treinta y ocho) Ayuntamientos que supuestamente aprobaron la multicitada Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, fueron los siguientes: (1) Huachinera, (2) Bacadéhuachi, (3) Fronteras, (4) Oquitoa, (5) Rosario, (6) Carbó, (7) Álamos, (8) Bavispe, (9) Sahuaripa, (10) Quiriego, (11) Moctezuma, (12) Banámichi, (13) Arivechi, (14) Benito Juárez, (15) Opodepe, (16) Nácori Chico, (17) Tepache, (18) Benjamín Hill, (19) Ímuris, (20) Huatabampo, (21) Cumpas, (22) Etchojoa, (23) Puerto Peñasco, (24) Sáric, (25) Átil, (26) Bacanora, (27) San Javier, (28) Ures, (29) Nogales, (30) Navojoa, (31) San Ignacio Río Muerto, (32) Altar, (33) Cajeme, (34) San Pedro de la Cueva, (35) Mazatán, (36) Ónavas, (37) Agua Prieta y (38) Bacoachi, esto mediante oficio número 319-I/03, de fecha 21 de octubre de 2003, suscrito por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el cual fue publicado en el citado Boletín Oficial. No obstante lo anterior, tal y como consta en la copia certificada del expediente de archivo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, tomo 151, que contiene la Ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, emitida con fecha 18 de noviembre de 2003, supuestamente mediante oficio número 2974/03 de fecha 15 de septiembre de 2003, dirigido al C. Gobernador Constitucional del Estado, el presidente y el secretario de la Diputación Permanente hacen constar que en esa fecha (15 de septiembre) se había recibido contestación de 41 (cuarenta y uno) Ayuntamientos, para aprobación de la Ley Número 151, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, esto es, existe una diferencia de 3 (tres) Ayuntamientos entre el número que supuestamente había aprobado al 15 de septiembre de 2003 la citada Ley 151, según se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 23 de octubre del año en curso, y el número total de Ayuntamientos que también supuestamente había aprobado la Ley 151 para esa misma fecha, según consta en la copia certificada del expediente de archivo antes referido, de fecha 18 de noviembre del año en curso. Y por otro lado, más sustentable resulta la afirmación de que fueron 38 (treinta y ocho) y no 41 (cuarenta y uno) los Ayuntamientos que al día 15 de septiembre de 2003 (fecha en que la Diputación Permanente tomó el acuerdo donde ordena la publicación de la multicitada Ley 151) habían aprobado las reformas constitucionales materia de la presente acción, si tomamos en cuenta que por oficio número 344-I/03, de fecha 28 de octubre del 2003, el presidente del H. Congreso del Estado de Sonora hace constar que para ordenar la publicación de la Ley 151, ‘... no era necesario que la Mesa Directiva del Congreso del Estado, de nueva cuenta, realizará el cómputo respectivo (de Ayuntamientos que aprobaron la Ley 151 antes citada), en virtud de que el supuesto normativo previsto en el artículo transitorio en cita fue colmado por la Diputación Permanente’ (mediante acuerdo de fecha 15 de septiembre de ese mismo año, al cual hicimos referencia en párrafos anteriores). Hasta aquí la citada reforma y adición a la Constitución Local de Sonora, aparentemente cumplió con lo establecido por el artículo 163 de ese ordenamiento supremo, pues no sólo fue aprobada por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, sino que además, fueron 38 (y no 41, como lo sostenemos en este escrito) de un total de 72 los Ayuntamientos que supuestamente también aprobaron esta reforma, esto es, la mayoría de los Ayuntamientos del Estado supuestamente la aprobaron. Empero, es conveniente analizar las circunstancias y constancias en las cuales los referidos 38 (y no 41) Ayuntamientos supuestamente aprobaron las reformas y adiciones a la Constitución Política Local contenidas en la Ley 151. Veamos, de un análisis efectuado a los oficios y actas de Cabildo remitidas al Congreso del Estado de Sonora para ser consideradas para efectos del cómputo de Ayuntamientos que aprueban la Ley 151 que reforma y adiciona la Constitución Local, encontramos las siguientes observaciones (mismos oficios y actas de Cabildo de los cuales se anexa copia certificada al presente escrito): 1. Ayuntamiento de Arivechi, Sonora. En el Acta de Cabildo Número 31, de sesión extraordinaria de fecha 24 de junio de 2002, consta que el secretario de ese Ayuntamiento dio a conocer la Ley 151 que reforma la Constitución Local al Ayuntamiento para que se enteraran y así estuvieran en condiciones de poder emitir la resolución que mejor estimen conveniente. Sin embargo, después de esa circunstancia asentada en el acta, no consta en ninguna parte de ese mismo documento que el Ayuntamiento efectivamente aprobó tal ley que contiene reformas y adiciones constitucionales locales. Por tal razón, es válido considerar que al no existir documento oficial alguno donde conste fehacientemente que este Ayuntamiento, efectivamente y conforme al procedimiento legalmente establecido aprobó en sesión de Cabildo la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, este acto no puede ser considerado como legalmente válido y como consecuencia no puede ser tomado en consideración dentro del cómputo de Ayuntamientos que el artículo 163 de la Constitución del Estado exige para la aprobación de reformas y adiciones constitucionales locales. 2. Ayuntamiento de Altar, Sonora. En el acta de Cabildo Número 33, de sesión extraordinaria de fecha 12 de junio del año 2002 , se indica que el C. Presidente municipal de ese Ayuntamiento presentó las reformas a la Ley Electoral enviadas por el Congreso del Estado, lo cual se aprobó por unanimidad, según consta al final de ese mismo párrafo. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se puede desprender o interpretar que lo que el Ayuntamiento de Altar, Sonora, aprobó por unanimidad se trata de la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, pues dicha ley, además de contemplar aspectos relativos a la materia electoral, contempla otros, tal y como se ha señalado en este escrito. Como consecuencia, la supuesta aprobación del H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, tampoco puede ser válidamente considerada como una aprobación fehaciente de las reformas y adiciones constitucionales contenidas en la Ley 151, para efectos del cómputo que exige para tal efecto el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 3. Ayuntamiento de Bavispe, Sonora. En el acta de Cabildo de sesión extraordinaria celebrada en fecha 27 de junio de 2002, se indica que ese Ayuntamiento aprobó un acuerdo que textualmente índica: ‘Después de analizar y discutir el documento que contiene la Ley Número 151 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia electoral’, hasta ahí el acuerdo. De tal manera que del texto del acta de Cabildo de ese Ayuntamiento tampoco se puede desprender legalmente ni interpretar válidamente que dicho Ayuntamiento efectivamente aprobó las reformas y adiciones a la Constitución Política Local de Sonora. Por tal razón, es válido considerar que al no existir documento oficial alguno donde conste fehacientemente que este Ayuntamiento efectivamente y conforme al procedimiento legalmente establecido aprobó en sesión de Cabildo la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, este acto no puede ser considerado como legalmente válido y como consecuencia no puede ser tomado en consideración dentro del cómputo de Ayuntamientos que el artículo 163 de la Constitución del Estado exige para la aprobación de reformas o adiciones constitucionales locales. 4. Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora. En el Acta de Cabildo Número 29, de reunión extraordinaria, celebrada en fecha 25 de junio del año 2002, consta que dicho Ayuntamiento aprobó por mayoría calificada reformas y adiciones a la Ley Electoral del Estado de Sonora, de lo cual se deriva que tampoco puede desprenderse legalmente, ni interpretarse válidamente que dicha aprobación se puede entender como la aprobación a las reformas y adiciones constitucionales locales, las cuales, como se puede apreciar de la lectura de las mismas, no únicamente contiene preceptos relativos a las elecciones, sino además sobre otras materias distintas a la electoral, como lo es la participación ciudadana. Por tal razón, es válido considerar que al no existir documento oficial alguno donde conste fehacientemente que este Ayuntamiento efectivamente y conforme al procedimiento legalmente establecido aprobó en sesión de Cabildo la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, este acto no puede ser considerado como legalmente válido y como consecuencia no puede ser tomado en consideración dentro del cómputo de Ayuntamientos que el artículo 163 de la Constitución del Estado exige para la aprobación de reformas o adiciones constitucionales locales. 5. Ayuntamiento de Bacadéhuachi, Sonora. En el Acta de Cabildo Número 35, de sesión extraordinaria celebrada en fecha 25 de junio de 2003, sólo consta que el presidente municipal sometió a la consideración de ese Cabildo para su análisis y aprobación, las multicitadas reformas y adiciones a la Constitución Local, empero no se señala cuál fue la resolución que el Ayuntamiento dictó a las mismas, ni siquiera si se dictó alguna resolución a éstas. Por tal razón, es válido considerar que al no existir documento oficial alguno donde conste fehacientemente que este Ayuntamiento efectivamente y conforme al procedimiento legalmente establecido aprobó en sesión de Cabildo la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, este acto no puede ser considerado como legalmente válido y como consecuencia no puede ser tomado en consideración dentro del cómputo de Ayuntamientos que el artículo 163 de la Constitución del Estado exige para la aprobación de reformas o adiciones constitucionales locales. 6. Ayuntamiento de Carbó, Sonora. En el Acta de Cabildo Número 27, de sesión extraordinaria celebrada en fecha 26 de junio de 2003, sólo consta que el presidente Municipal tomó la palabra y presentó para su discusión y aprobación la Ley que reforma la Constitución Local en materia electoral, sin embargo, tampoco en esta acta se señala cuál fue la resolución que el Ayuntamiento dictó a tal propuesta. Por tal razón, es válido considerar que al no existir documento oficial alguno donde conste fehacientemente que este Ayuntamiento efectivamente y conforme al procedimiento legalmente establecido aprobó en sesión de Cabildo la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, este acto no puede ser considerado como legalmente válido y como consecuencia no puede ser tomado en consideración dentro del cómputo de Ayuntamientos que el artículo 163 de la Constitución del Estado exige para la aprobación de reformas o adiciones constitucionales locales. 7. Ayuntamiento de Quiriego, Sonora. No se anexa acta de Cabildo, sólo un oficio de fecha 28 de junio de 2003, suscrito por el presidente municipal y secretario de ese Ayuntamiento, donde supuestamente se acredita que en reunión de Cabildo No. 39, el Ayuntamiento de ese Municipio aprobó las reformas al Código Electoral para que éstas puedan ser aplicadas al proceso electoral del 2003. Sin embargo, en el documento antes citado no se hace ninguna referencia al hecho de si ese Ayuntamiento aprobó o no la Ley 151 que contiene reformas y adiciones a la Constitución Estatal, las cuales no son únicamente en materia electoral, como lo hemos señalado anteriormente. Por tal razón, es válido considerar que al no existir documento oficial alguno donde conste fehacientemente que este Ayuntamiento efectivamente y conforme al procedimiento legalmente establecido aprobó en sesión de Cabildo la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, este acto no puede ser considerado como legalmente válido y como consecuencia no puede ser tomado en consideración dentro del cómputo de Ayuntamientos que el artículo 163 de la Constitución del Estado exige para la aprobación de reformas o adiciones constitucionales locales. 8. Ayuntamiento de Rosario, Sonora. En el acta de Cabildo de sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio de 2002, en relación con la reforma constitucional en materia electoral, sólo consta que ese Ayuntamiento acordó por unanimidad otorgarle la total autorización a su diputado por ese distrito, C. Francisco Contreras Vergara, para que en su representación apruebe, si así lo decide, las reformas a los artículos constitucionales. De lo anterior bajo ninguna circunstancia puede desprenderse o siquiera interpretarse que ese Ayuntamiento aprobó, conforme al procedimiento legal establecido, la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por tanto, no puede ser considerado dentro del cómputo de Ayuntamientos que aprobaron ese ordenamiento de reformas y adiciones constitucionales. Como consecuencia de lo anterior, al ser los oficios y actas de Cabildo enviadas al Congreso del Estado de Sonora a los que hacemos referencia anteriormente, inválidos para el efecto de ser computados dentro del grupo de Ayuntamientos que aprobaron la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el número de Ayuntamientos que aprobaron esta ley no puede ser 38 (treinta y ocho), como erróneamente sostuvo en su momento la Diputación Permanente del Congreso del Estado y como consta en el antes citado Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 23 de octubre del 2003, sino que en realidad son únicamente 30 (treinta) los Ayuntamientos que efectivamente habían aprobado la Ley 151 antes referida, al momento en el cual la Diputación Permanente ordenó su publicación. Sin perjuicio de lo anterior, suponiendo sin conceder que en realidad hubieran sido 41 (cuarenta y uno) los Ayuntamientos que supuestamente habían aprobado la multicitada Ley 151, que aparentemente consta en las copias certificadas que se anexan a este escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad, el hecho es que aun así, si restamos a esos 41 Ayuntamientos los 8 Ayuntamientos de los cuales no se puede desprender fehacientemente que aprobaron tales reformas, daría como resultado que incluso en este caso sólo 33, de los 72 Ayuntamientos que existen en el Estado de Sonora, habían aprobado las reformas y adiciones constitucionales al momento en que ésta fue remitida para su publicación. Como consecuencia, la determinación que efectuó el Congreso del Estado de Sonora, en el sentido de ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y posteriormente la promulgación y publicación de este mismo ordenamiento por parte del Poder Ejecutivo, resulta ilegal y violatorio del artículo 163 de la Ley Suprema Local, pues como lo hemos expresado anteriormente, el proceso de determinación del número de Ayuntamientos que aprobaron tales reformas y adiciones constitucionales, consideró como válidas las resoluciones de los Ayuntamientos de Arivechi, Altar, Bavispe, Benjamín Hill, Bacadéhuachi, Carbó, Quiriego y Rosario, cuando la realidad es que, tal y como lo hemos demostrado, de los actos celebrados por estos Ayuntamientos no se puede desprender válida ni jurídicamente que los mismos hubieren aprobado la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Por tal razón, el hecho de que el Congreso del Estado de Sonora, a través de la Diputación Permanente del mismo y posteriormente por ratificación tácita de la Mesa Directiva de éste, hubiera considerado aprobada y como consecuencia ordenara su publicación en el Boletín Oficial, resulta contrario a lo dispuesto por el citado artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora, y como consecuencia violatorio del principio de legalidad expresado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Violaciones al principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el procedimiento de promulgación y publicación de la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Sin perjuicio de las anteriores irregularidades que resultan contrarias a las disposiciones constitucionales federales, encontramos que la promulgación y publicación de la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, también presenta violaciones legales que contravienen el principio de legalidad dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna Federal. En efecto, el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sonora, establece lo siguiente: ‘Artículo 79. Son facultades y obligaciones del gobernador: I. Promulgar sin demora las leyes y decretos, y los acuerdos en su caso; ejecutarlos y hacer que se ejecuten; y formar en la parte administrativa y de conformidad con las disposiciones de la ley, los reglamentos necesarios para la exacta observancia de los mismos.’. Por su parte el artículo 82 del mismo ordenamiento supremo local señala lo siguiente: ‘Artículo 82. Todas las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y órdenes que suscriba el gobernador deberán en todo caso ser autorizados con la firma del secretario de Gobierno y comunicados por éste. Los documentos que el gobernador suscriba en ejercicio de sus funciones constitucionales, así como los despachos que expida, deberán ir refrendados por el secretario de Gobierno y sin este requisito no surtirán efectos legales.’. De lo anterior se puede derivar que corresponde ineludible y exclusivamente al gobernador del Estado de Sonora promulgar sin demora las leyes que le remita el Poder Legislativo Local, empero, dicha promulgación deberá estar autorizada con la firma del secretario de Gobierno, pues de lo contrario, sin este requisito, en los términos del apenas citado artículo 82 de la Constitución Política Local, no surtirá efectos legales. Así, resulta válido afirmar que, en el caso que nos contrae, si la Ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, al momento de ser enviada para su publicación al gobernador del Estado, ésta no es suscrita por el propio titular del Poder Ejecutivo y refrendada, es decir autorizada, con la firma del secretario de Gobierno del mismo Poder Ejecutivo, dicho ordenamiento no puede surtir efectos legales. En el caso que nos contrae, el hecho es que el propio Ejecutivo del Estado, mediante oficio número 03.01-269/03 dirigido al presidente del H. Congreso del Estado de Sonora, manifestó su conformidad para que el Poder Legislativo remita directamente la Ley 151 antes referida, para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, mismo documento que consta anexo a la presente demanda, dentro de la copia certificada del expediente del archivo del Congreso del Estado de la citada Ley 151, fechado el 18 de junio de 2003. En atención a lo anterior, el Congreso del Estado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17952-003e3197/accion-de-inconstitucionalidad-estudio-innecesario-de-conceptos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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