ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE INTERPONE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2003. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de octubre de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de noviembre de dos mil tres, Carlos Francisco Tapia Astiazarán, María Mercedes Corral Aguilar, Gildardo Real Ramírez, Juan Miguel Córdova Limón, José Yanes Navarro, Carlos Alberto Navarro Sugich, Luis Gerardo Serrato Castell, Fructuoso Méndez Valenzuela, Pedro Anaya Corona, Héctor Rubén Espino Santana y Juan Bautista Valencia Durazo, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:
"II) Órgano legislativo y ejecutivo que emitió y promulgó las normas generales impugnadas. El órgano legislativo es el Congreso del Estado de Sonora y el ejecutivo lo es el gobernador del Estado de Sonora, así como el secretario de Gobierno del mismo Estado, en términos del artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. III) Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado. Decreto Número 44 que en su artículo único reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora (institución que será identificada como ‘ITSON’), y en su artículo transitorio cuarto impide a su actual rector participar en el proceso de elección de rector para el siguiente periodo, que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 22 de octubre de 2003."
SEGUNDO. Los diputados promoventes señalaron como antecedentes de la norma cuya invalidez solicitan, los que enseguida se transcriben:
"1. El ITSON es un organismo público descentralizado, autónomo, de carácter universitario, con personalidad jurídica y patrimonio propios; que dicta sus propios ordenamientos, organiza su funcionamiento y aplica sus recursos económicos en la forma que estima conveniente y tiene su domicilio en esta ciudad. Este organismo se rige por las disposiciones de la Ley Número 2, expedida por el Congreso del Estado de Sonora el 29 de septiembre de 1976, publicada en el BOES con fecha 2 de octubre del mismo año. 2. La Ley Orgánica del ITSON, desde su expedición en 1976, únicamente había sido reformada en su artículo 5o., mediante decreto de fecha 23 de junio de 1987, publicado en el BOES con fecha 13 de julio de 1987. 3. La Ley Orgánica del ITSON, vigente desde el 2 de octubre de 1976, dispone en su artículo 15. ‘Artículo 15. El rector será representante legal del instituto, presidente del Consejo Directivo y ejecutor de sus acuerdos. Durará en sus funciones cuatro años y podrá ser reelecto.’. 4. Con fecha 14 de octubre de 2003 un diputado del Distrito Electoral XVII, de la actual Legislatura Sonorense, presentó ante el H. Congreso, a petición de quince ex alumnos del ITSON, iniciativa de reformas al artículo 15 de la Ley Orgánica del ITSON, para limitar a un solo periodo la reelección del rector. Lo anterior lo acreditamos con la copia certificada de la petición y de la iniciativa que exhibimos anexas. 5. La iniciativa a que nos referimos en el numeral inmediato anterior, fue turnada a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, misma que, sin haberse reunido nunca para analizar la iniciativa y emitir el dictamen correspondiente, y desde luego, sin haber oído jamás los puntos de vista del ITSON, destinatario de la reforma, con fecha 21 de octubre de 2003, presentó al Pleno en la sesión correspondiente a ese día, su dictamen suscrito por cuatro de los seis diputados que la integran, así como el proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del ITSON. En la misma sesión fue aprobado, con dispensa de trámite de segunda lectura, el decreto y remitido en la misma fecha para su promulgación, refrendo y publicación al C. Gobernador del Estado. Lo anterior lo acreditamos con las copias certificadas del dictamen respectivo, aprobado durante la sesión del H. Congreso del Estado celebrada el 21 de octubre de 2003, que exhibimos anexas. 6. En la edición especial número seis del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora publicada el 22 de octubre de 2003, se publicó el Decreto Número 44 (en adelante el decreto), que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, para quedar redactado en los siguientes términos: ‘Artículo 15. El rector será representante legal del instituto, presidente del Consejo Directivo y ejecutor de sus acuerdos. Durará en sus funciones cuatro años y podrá ser reelecto por un periodo más.’. En el artículo transitorio cuarto de dicho decreto se establece: ‘Artículo cuarto. Si al entrar en vigor el presente decreto, una persona se encuentra desempeñando el cargo de rector después de haberlo ejercido por más de dos periodos, convocará y realizará la elección que corresponda en los términos de la ley dentro de un plazo no mayor de sesenta días naturales, sin que pueda participar en dicho proceso, ni aquel que llegare a ocupar el cargo de rector provisionalmente.’. 7. Como lo acreditamos con la copia certificada de la escritura pública 17,447, volumen 370, de fecha once de mayo de dos mil, pasada ante la fe del licenciado Horacio Olea Encinas, notario público número treinta y uno, en ejercicio en esta ciudad, que contiene la protocolización del acta de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, celebrada el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que exhibimos anexa, el señor Óscar Russo Vogel fue designado rector de dicha institución, por el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 1999 y el 19 de noviembre de 2003. 8. Como lo acreditamos con copia certificada de las actas de las sesiones del Consejo Directivo del ITSON, correspondientes al 30 de noviembre de 1987, 5 de octubre de 1991 y 25 de noviembre de 1995, que igualmente exhibimos anexas, el señor Óscar Russo Vogel ha desempeñado el cargo de rector de la institución por más de dos periodos. 9. Como estimamos que el decreto, concretamente en sus artículos único y transitorio cuarto, es violatorio de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Carta Magna, y por consiguiente lo son su aplicación y todos sus efectos y consecuencias legales, venimos por medio de este escrito a solicitar se declare la inconstitucionalidad de el decreto para todos los efectos a que haya lugar."
TERCERO. Los accionantes esgrimieron los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. El artículo transitorio cuarto del decreto reclamado es violatorio del artículo 13 de la Ley Suprema que consagra la garantía de igualdad consistente en que ‘nadie puede ser juzgado por leyes privativas ...’, por las siguientes razones: Es de explorado derecho que toda disposición legal desde el punto de vista material, es un acto jurídico que crea, modifica, extingue o regula situaciones jurídicas abstractas, es decir, impersonales y generales. De lo anterior se infiere que las características esenciales de la ley son la abstracción, la generalidad y la impersonalidad o indeterminación individual o particular. De esta manera, la ley no puede contraerse a una persona o a un cierto número de personas particularmente consideradas. Una ley que carece de esas características esenciales, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. En efecto, la ley privativa deja de tener los elementos o características materiales de toda ley, sea ésta general o especial, por lo que propiamente no es ley. Una ley privativa crea, modifica, extingue o regula una situación en relación con una sola persona. De esta manera no es abstracta ni general, sino concreta e individual, pues su vigencia está dirigida a una sola persona o a varias determinadas, careciendo, por tanto, de los atributos ya mencionados. La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar el concepto de ley privativa, a que se refiere el artículo 13 constitucional, hace suyos los conceptos doctrinales que se expresaron con anterioridad, como se desprende de las tesis de jurisprudencia que a continuación transcribo y cuya aplicación invoco en este caso concreto: Sexta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen XCIII, página: 40. ‘LEYES PRIVATIVAS. Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación, y se apliquen sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional.’. ‘LEYES PRIVATIVAS, CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE. El artículo 13 de la actual Constitución General de la República establece que «nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales». Este artículo 13 es idéntico al del mismo número de la Constitución de 1857 que prohibió, en iguales términos ser juzgado por leyes privativas y por tribunales especiales. La génesis de esta disposición constitucional mexicana puede encontrarse en el artículo 3o. de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que instituyó, por vez primera, como garantía de la persona humana, que la ley «debe ser la misma para todos». Está fuera de toda discusión que la Constitución de los Estados Unidos de América, del 17 de septiembre de 1787, no incluyó, entre sus cláusulas más importantes, el capítulo relativo a los derechos del hombre. No es sino hasta las enmiendas que sufre posteriormente, cuando se establece como derecho individual público, la igualdad ante la ley, llegando a consignar en su enmienda 14, que «ningún Estado podrá negar, a persona alguna bajo su jurisdicción, la igual protección de las leyes». La Constitución de Apatzingán del 22 de octubre del año de 1814, recoge estos principios de las Constituciones de Francia y de los Estados Unidos de América, y dispuso, así, en su artículo 19, que la ley debe ser igual para todos, principios respetados y conservados, después, tanto en el primer proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, del 25 de agosto de 1842, como en el voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente y en el segundo proyecto de Constitución, del 2 de noviembre de aquel año de 1842, al través de las prescripciones contenidas, respectivamente, en sus artículos 7o., fracción II, 5o., fracción XV y 13, fracciones I y III, que mantienen el derecho fundamental del individuo a la protección concretada en la generalidad de la ley. Sembrada la idea de que todos deben ser iguales ante la ley, o bien, proscrita la aplicación de las leyes privativas, su aceptación en documentos internacionales se imponía. Por ello, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de 1948, con obligatoriedad para todos los países que han suscrito, determinó en su artículo 7o. que «todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin distinción, a igual protección de la ley». La coincidencia no sólo conceptual, sino también terminológica de los artículos 13 de las mexicanas Constituciones de 1857 y 1917, justifica conocer la interpretación, sentido y alcances que se dio a la expresión ley privativa en la primera de esas Leyes Fundamentales, para después orientar la noción de la ley privativa en la doctrina y en la Constitución mencionada en segundo lugar. Vallarta, en sus «Votos», tomo III, páginas 67 a 72, fijó con toda nitidez el concepto de la ley privativa, en estos términos: «... no pueden tenerse como privativas aquellas leyes que se refieren sólo a determinada clase de personas, en razón de las circunstancias especiales en que se encuentran, y por esto nadie califica de privativas a las leyes sobre los menores, los incapacitados, los comerciantes, los quebrados, los militares, etc., y todas las razones que no necesito exponer, que se oponen a que se haga esta calificación de tales leyes, existen para que tampoco se llame privativo al impuesto sobre fabricantes, propietarios, agricultores, mineros, exportadores, etc. Después de esas ejecutorias no es ya lícito venir ante los tribunales a negar la constitucionalidad de un impuesto, únicamente porque él no pesa sobre todos los contribuyentes, sino sólo sobre determinada industria, giro, propiedad, etc; por la sola razón de que no siendo general la ley que lo establece, es privativa y en consecuencia contraria al artículo 13 de la Constitución.». La doctrina de Vallarta es tan convincente, que basta para ello fijar la atención en que expresamente consideró que no puede llamarse ley privativa a las que decretan impuestos sobre fabricantes, propietarios, agricultores, mineros, como tampoco tienen ese carácter las leyes impositivas que estatuyen impuestos, no sobre todos los contribuyentes, sino sólo sobre determinada industria, giro, propiedad. De otra parte Coronado, en su obra Derecho Constitucional Mexicano, página 31, 1887, también hace una interpretación doctrinaria del artículo 13 de la Constitución de 1857, sosteniendo que «La ley, pues, tiene carácter de generalidad; y aun cuando se refiera a persona determinada, como las que habilitan de edad a un menor o declaran electo a un funcionario, no hacen más que reconocer una condición que se relaciona con el orden social, pero entrañan un precepto común, obligatorio para todos. Así también, las leyes que otorgan ciertos beneficios a las mujeres, a los menores, etc., por razones de clara justicia, no quitan a la solemne declaración legislativa su sello de generalidad». Doce años antes de la promulgación de la Constitución de 1917, esto es, en 1905, Gonzalo Espinosa publicó sus Principios de Derecho Constitucional, tomo I, páginas 299 y 302, y sus comentarios al artículo 13 fueron de esta índole: «... de este texto tan claro de la declaración, se pretende concluir que ésta proclama la igualdad material o económica o aun intelectual de los hombres, y así, sujetarlos a una especie de nivelación general establecida por la fuerza, que sería la negación misma de todos los derechos». «Para que se comprenda nuestra idea, haremos presente que las condiciones de todos los seres en la sociedad no son las mismas bastando para comprobar este hecho que no todos están dotados igualmente de inteligencia y voluntad, ni tampoco su desarrollo moral es el mismo; de esto resulta que, para obtener, en lo posible, la igualdad ante la ley, el derecho haya introducido distintas reglas, que sería largo enumerar, ya en lo relativo a la capacidad de las personas para obligarse, ya supliendo el discernimiento, la inexperiencia, la debilidad del sexo o la edad; con la intervención de terceras personas que de algún modo hagan el que se obtenga la igualdad ante la ley». Espinosa, también, da un sentido de ley privativa que se aleja del concepto de lo universal, acercándose a las desigualdades materiales y económicas que exigen tratamientos distintos en las normaciones jurídicas o legales. En la compilación jurisprudencial anterior (1917 a 1954), la actual (1917-1965), la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso su criterio sobre lo que debe entenderse por ley privativa, consignándose en la tesis número 643, visible a páginas 1147 y 1148, lo siguiente: «Es carácter constante de las leyes, que sean de aplicación general y abstracta (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y, se apliquen sin consideración de especie o de persona, a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto que no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad, se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas, protege el ya expresado artículo 13 constitucional». Y la misma Suprema Corte, en precedente a tesis jurisprudencial (sic) que aparece en la página 897 del Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, ha estimado que: «La circunstancia de que un decreto comprenda a un determinado número de individuos, no implica que se le considere privativo, pues para ello se requiere que la disposición se dicte para una o varias personas, a las que se mencione individualmente, pues las leyes relativas a cierta clase de personas, como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes, etc., no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificación establecida». El análisis doctrinario de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conduce necesariamente a estas conclusiones: a) La ley es privativa, si la materia de que trata desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano; b) La ley es también privativa cuando menciona individualmente (nominalmente) a las personas a las que se va aplicar; c) La ley no es privativa cuando se aplica sin consideración de especie o de personas a todos los casos que previene; d) La ley no es privativa cuando comprende a un determinado número de individuos; y e) Las leyes relativas a cierta clase de personas, como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificación establecida.’. Por otra parte, como puede observarse, de los criterios jurisprudenciales transcritos se advierte que la prohibición constitucional de que se aplique o pretenda aplicarse a una persona leyes privativas, se hace extensiva a todos los órdenes jurídicos, es decir, no se contrae al ámbito judicial como parece desprenderse de la interpretación gramatical del artículo 13 constitucional, de tal manera que obliga a todas las autoridades del país y no sólo a las judiciales. Puede decirse que el precepto constitucional en cuestión consagra una garantía de aplicación contra leyes privativas, cuyo sujeto pasivo no es exclusivamente la autoridad judicial cuando mediante una sentencia resuelve un proceso judicial, sino todas las autoridades, por lo que tratándose de disposiciones legislativas autoaplicativas, como es el caso de el decreto, opera perfectamente la prohibición consignada por nuestra Ley Fundamental en la parte inicial del precitado artículo 13. En el caso que nos ocupa, el artículo transitorio cuarto de el decreto es sin duda una ley privativa en los términos de la doctrina y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal Jurisdiccional, porque carece de los atributos de generalidad e impersonalidad propios del acto legislativo, y en cambio, fue dictada por la vía individual, dirigida específicamente a una persona -al actual rector del ITSON- en atención a un caso determinado exclusivamente, de tal manera que, contrario a lo que sucede en el caso de la ley general e impersonal, que no desaparece después de su aplicación a un caso previsto y determinado previamente, la ley privativa que nos ocupa, una vez aplicada desaparecerá, puesto que el propósito concreto, exclusivo para el cual se dictara, se habrá realizado. Veamos. El decreto modifica el artículo 15 de la Ley Orgánica del ITSON para que en lo sucesivo, el rector de la institución sólo pueda ser reelecto por un periodo más. Pero, el artículo transitorio cuarto, al establecer que: si al entrar en vigor el citado decreto, una persona se encuentra desempeñando el cargo de rector después de haberlo ejercido por más de dos periodos, convocará y realizará la elección que corresponda en los términos de ley y dentro de un plazo no mayor de sesenta días naturales, sin que pueda participar en dicho proceso, evidentemente se está refiriendo precisa y únicamente a una persona concreta, aunque no mencione su nombre, por la sencilla razón de que el señor Óscar Russo Vogel es la única persona que desde 1999 se encuentra desempeñando el cargo de rector después de haberlo ejercido por más de dos periodos, como lo acreditamos con las copias certificadas de las actas de las sesiones ordinarias del consejo directivo en que le fue conferido el cargo, lo cual, además, es del conocimiento público en nuestra entidad. En estas condiciones, resulta que las autoridades responsables pretenden, exclusivamente, mediante una ley dirigida por la vía individual a una persona y sólo a esa persona, despojarla del derecho de participar en el proceso de elección de rector para el periodo del 2003 al 2007, que adquirió desde que se le designó para ocupar el cargo por el periodo 1999-2003, en los términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del ITSON, antes de la reforma que nos ocupa; no pudiendo pasar desapercibido el hecho de que el artículo transitorio cuarto del decreto, una vez aplicado al caso concreto, desaparecerá, puesto que el propósito exclusivo para el cual se dictara se habría realizado. Todo lo anterior se hace aún más patente, si se considera que el decreto, que contiene el artículo transitorio cuarto a que nos referimos, se expidió precisamente el 21 de octubre de 2003 y se mandó publicar de manera inusitada en una ‘edición especial’ del Boletín Oficial del Estado del día miércoles 22 del mismo mes y año, es decir, exactamente veintiocho días antes de que finalice el término de cuatro años para el cual el señor Óscar Russo Vogel fue electo en el año de 1999, por lo que habrá de realizarse en los próximos días el proceso de elección que corresponde al siguiente periodo, mismo en el cual el transitorio cuarto de el decreto establece que dicho ciudadano no puede participar. En conclusión, el artículo transitorio cuarto del decreto reclamado es una ley privativa, porque: (i) la materia de que se trata desaparece después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano y (ii) aunque no menciona nombre, se refiere y está destinado individualmente a la persona a la que se va a aplicar, es decir: precisa y exclusivamente a la persona que ‘... se encuentra desempeñando el cargo de rector después de haberlo ejercido por más de dos periodos ...’, es decir, al rector Óscar Russo Vogel. Luego, el transitorio cuarto de el decreto, ni es general, ni es impersonal, características esenciales de toda ley o decreto y por ello es inconstitucional y no puede ser aplicado. No hay duda entonces, que el artículo transitorio cuarto del decreto reclamado, viola el artículo 13 constitucional y debe por eso declararse la inconstitucionalidad del decreto. Segundo. El artículo transitorio cuarto de el decreto es violatorio del artículo 14 de la Ley Suprema que consagra la garantía de irretroactividad de las leyes, al establecer que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es principio general en el campo de aplicación de las leyes, que éstas se aplican sólo para el presente, pero no pueden ser aplicadas para el pasado. La doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales federales ha aceptado la teoría de que las leyes son retroactivas cuando actúan sobre el pasado para modificar los efectos de un derecho ya realizado. Así, resulta que una ley es retroactiva cuando obra sobre el pasado y lesiona derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, es decir, cuando cambia, modifica o suprime derechos adquiridos ya, al amparo de leyes anteriores. Cuando un acto jurídico realizado al amparo de una ley introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de un individuo, a su dominio o a su haber jurídico y el acto efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario, estamos frente a un derecho adquirido que no puede ser modificado, suprimido o de alguna manera afectado por la ley nueva, aunque el derecho de que se trate y su ejercicio puedan prolongarse o diferirse durante cierto tiempo. Al respecto tienen aplicación las tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentadas en diversas épocas, que a continuación se transcriben: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXII, página 444, Quinta Época, ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. El principio de la no retroactividad, significa que el legislador y el Juez no pueden despojar a los individuos de los derechos que se llaman adquiridos; el primero, por expedición, y el segundo, por la aplicación de una ley; no existiendo retroactividad si esta ley, al regir el pasado, no despoja de los citados derechos; así lo establece el artículo 14 constitucional cuando dice: «a ninguna ley se dará efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna». El que alegue la retroactividad, para justificar la violación del artículo 14 constitucional, debe comprobar cuáles son los derechos que adquirió conforme a la ley anterior y de los que fue privado por la aplicación de la ley nueva, y como el amparo administrativo es de estricto derecho, si el quejoso no rinde esa prueba, la Corte no puede suplir la deficiencia de la queja.’. ‘LEYES RETROACTIVAS. Aun cuando sea verdad que una legislatura no puede, en términos absolutos, maniatar a legislaturas posteriores, en su función legislativa, por ser esto propio de su soberanía, razón por la que en cualquier momento pueden derogar las leyes o decretos expedidos con anterioridad, también lo es que éstos sólo pueden tener efecto para el futuro, sin que pueda una legislatura expedir una ley con efectos retroactivos, lesionando derechos adquiridos y excluyendo situaciones jurídicas individuales, creadas al amparo de una anterior.’. ‘RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: ‘Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial.’. ‘La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos.’. ‘Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye.’. ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. Para que pueda decirse que se da efecto retroactivo a una ley, se necesita que se le lesionen derechos adquiridos, por lo que no puede alegar retroactividad quien en ninguna forma justifica la existencia de esos derechos.’. ‘DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.’. ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18525-06dcd63f/accion-de-inconstitucionalidad-cuando-se-interpone-contra-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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