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Modo: Corpus Pro

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL INCUMPLIMIENTO DE FORMALISMOS POR PARTE DE UN GRUPO MINORITARIO DE UNA COMISIÓN LEGISLATIVA NO TRASCIENDE A LA VALIDEZ DE LA NORMA, SI ÉSTA FUE APROBADA POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA. ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA LIBERTAD DE TRÁNSITO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRISIÓN VITALICIA. LA ACUMULACIÓN MATERIAL DE PENAS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EQUIVALE A UNA PENA DE TAL NATURALEZA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO DE 2003). PRISIÓN VITALICIA. NO ES UNA PENA INUSITADA Y TRASCENDENTAL, POR LO QUE NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PRISIÓN VITALICIA. SE EQUIPARA A ÉSTA LA PENA DE PRISIÓN CUYA DURACIÓN REBASE OSTENSIBLEMENTE EL TIEMPO DE VIDA DEL SER HUMANO.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2003. · Registro digital (IUS): 19537
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 813.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2003. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de septiembre de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Luján Peña, Héctor Elías Barraza Chávez, Abelardo Valenzuela Holguín, Octavio Perea Lerma, Óscar González Luna, Juan Antonio González Villaseñor, Pedro Martínez Chairez, Elsy Paz Quintana, Luis Raúl Valenzuela Colomo, José Alfredo Vázquez Fernández y Arturo Zubía Fernández, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"Órgano legislativo que emitió las normas generales que se impugnan: H. Congreso del Estado de Chihuahua, quien puede ser notificado a través de su presidente u oficial mayor quienes, conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ostentan la representación de ese cuerpo colegiado, en las instalaciones que albergan en el segundo piso del Palacio de Gobierno del Estado, sito en la Calle Aldama, número 901, de la colonia Centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Órgano ejecutivo que promulgó las normas impugnadas: El gobernador del Estado de Chihuahua, CP. Patricio Martínez García, quien puede ser notificado en las instalaciones que ocupa el primer piso del Palacio de Gobierno del Estado, situado en Calle Aldama, número 901, de la colonia Centro, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado: Decreto Número 790/03, del IX P.E., correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, y publicado el 27 de agosto del año en curso, en el ejemplar Número 69 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, mismo que se adjunta al presente escrito y mediante el cual se modifican los artículos 27, 33, 67 y 74, último párrafo del artículo 213, último párrafo del artículo 194 ter, se adiciona un segundo párrafo al artículo 191, se adicionan los artículos 195 bis y 211 ter, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, así como modifica los artículos 145 bis, 194, último párrafo del artículo 262 y 400, fracción IV, se adicionan tres párrafos al artículo 120, se adiciona el artículo 291 bis, se adiciona un párrafo al artículo 365 y se adiciona un párrafo al artículo 560, todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua."

SEGUNDO. Los promoventes expusieron como antecedentes:

"Primero. El artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua señala lo siguiente: ‘El Congreso se integrará con representantes del pueblo de Chihuahua, electos como diputados en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.’. El Congreso se compondrá por treinta y tres diputados, de los cuales veintidós serán electos en distritos electorales uninominales, según el principio de mayoría relativa, y once, por el principio de representación proporcional. Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. Bajo este tenor y con la finalidad de dar cumplimiento al inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscriben, representamos el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, como lo acreditamos con el decreto correspondiente que se anexa al presente documento. Segundo. El martes 26 de agosto del año en curso, la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, aprobó el Decreto 790/03, este decreto fue publicado el día siguiente, miércoles 27 de agosto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el cual se anexa. De un análisis del contenido del decreto, encontramos lo siguiente: Adiciona con un párrafo el artículo 27, a fin de establecer que tratándose de homicidio doloso en perjuicio de mujeres y menores de edad o del delito de secuestro, deberá imponerse la pena que corresponda a cada delito cometido, aun cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión, que es de 60 años, establecida en el primer párrafo del mismo numeral. En el artículo 67 se fija la regla general para que cuando exista concurso real de delitos, se imponga la pena prevista para cada uno de los delitos cometidos. El artículo 64 se reforma para prohibir la libertad preparatoria al sentenciado por los siguientes delitos: el encubrimiento por favorecimiento, delito en materia de inhumaciones y exhumaciones y homicidio, sancionado por los artículos 194 ter, entre otros. El 194 ter se adiciona para penalizar el homicidio con treinta a sesenta años de prisión y el 195 bis se crea para penalizar de manera particular el homicidio, tratándose de víctima de sexo femenino con una pena de treinta a sesenta años de prisión. El Código de Procedimientos Penales se reforma para crear en el artículo ciento veintidós bis, la institución conocida como arraigo, asimismo, se adiciona el artículo trescientos sesenta y cinco a fin de establecer que tratándose de sentencias condenatorias e irrevocables, las medidas de prisión impuestas en cada una de ellas, se computarán de manera sucesiva."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes son los siguientes:

"Primer concepto de invalidez. En ejercicio de la potestad que le confieren los artículos 68, fracción II y 93, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el 30 de julio del año en curso, el C. CP. Patricio Martínez García, titular del Ejecutivo Estatal, presentó la iniciativa origen del decreto mencionado con antelación. Dicha iniciativa fue formalmente turnada el día 6 de agosto de 2003, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es importante destacar que la exposición de motivos no expone ni justifica jurídicamente las reformas que pretende, tan sólo muestra un discurso de carácter social. Por otro lado, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua establece que: ‘Artículo 45. Las Comisiones de Dictamen Legislativo y de Vigilancia de la Contaduría General se constituyen con carácter definitivo y funcionarán durante toda la legislatura; se denominan ordinarias y se integrarán a más tardar en la sexta sesión posterior a la de instalación del Congreso, con un máximo de cinco miembros y un mínimo de tres. Su mesa directiva se integrará por un presidente y un secretario, quienes junto con los demás miembros de cada comisión, serán designados por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Parlamentaria.’. Es el caso que al pretender dictaminar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en su momento contaba con sólo dos integrantes, ya que el cargo como vocal de la misma lo ostentaba la entonces diputada local con licencia, Martha Laguette Lardizabal, sin que el Pleno haya designado la sustitución del cargo en la comisión. De esta manera, además de vulnerar el requisito mínimo de tres integrantes establecido en el artículo 45 para las comisiones legislativas la Comisión de Justicia carecía de vocal y el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso establece: ‘Artículo 46. Los trabajos de las comisiones serán coordinados por su directiva. Necesitarán para funcionar de la presencia de la mayoría de sus miembros. La convocatoria a reuniones se hará siempre para horas que no coincidan con la sección del Congreso, debiendo entregarse aquélla en días y horas hábiles, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la fijada para la reunión. En la convocatoria se enlistarán detalladamente los proyectos de dictamen y asuntos a tratar. Los acuerdos que se tomen en relación con los proyectos de dictamen que habrán de discutirse al interior de la comisión y no contempladas en la convocatoria, carecerán de validez alguna, al igual que si no se notificó al grupo parlamentario al que pertenezca el diputado ausente, cuando se esté en el supuesto previsto en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 51 de esta ley. Los acuerdos tomados en relación con asuntos diversos a los proyectos de dictamen en listados, tendrán plena validez. Cuando las reuniones de la comisión versen sobre asuntos que no puedan desahogarse en un solo día, la comisión acordará el día y hora en que habrán de continuar los trabajos sin necesidad de un nuevo citatorio. Sus dictámenes se acordarán por mayoría de votos y sus presidentes tendrán, además del ordinario, voto de calidad. Las ausencias temporales de su presidente serán cubiertas por el secretario.’. En este caso no hubo convocatoria para los trabajos de la comisión como lo exige el mismo artículo 46. Al respecto, el artículo 51, fracción I, señala: ‘Artículo 51. Son atribuciones de los presidentes de las comisiones: I. Citar, conjuntamente con el secretario, a reuniones de las comisiones y vigilar el cumplimiento del programa de trabajo interno que se haya aprobado. Ante la ausencia del secretario, el presidente podrá convocar a reunión de la comisión con la firma de la mayoría de los integrantes, además deberá informar al grupo parlamentario al que pertenezcan el o los diputados ausentes, integrantes de la comisión, para que por su conducto sean notificados o bien, designen al diputado que habrá de participar exclusivamente en dicha sesión. El representante designado por el grupo parlamentario respectivo, deberá acreditar tal carácter mediante el documento que para tal efecto signe el coordinador o subcoordinador del grupo parlamentario correspondiente; el representante tendrá voz y voto para participar en la reunión. En cualquier caso, la convocatoria deberá reunir los requisitos que exige el artículo 46 de esta ley.’. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, es importante comentar que el dictamen que se somete a consideración de la asamblea, carece de legalidad, ya que el documento se presentó con una sola firma, como se demuestra en la copia anexa del mismo, es decir, la comisión jamás tuvo el quórum, para sesionar y mucho menos la votación mínima requerida por nuestra ley orgánica. Por otro lado, en torno a la iniciativa, recibimos una gran cantidad de llamadas y visitas de los diversos sectores de la sociedad, deseosos de conocer y participar en el análisis de la misma, aun cuando el artículo 52 de la ley orgánica establece que cuando diversos sectores de la sociedad manifiesten su inquietud para opinar en torno a una iniciativa, la comisión valorará sobre la necesidad de someterla a consulta. Esto, en la comisión, no se valoró y mucho menos se concedió la oportunidad a la participación ciudadana. Representantes del sector social, inclusive agrario, del gremio de la abogacía, así como del Poder Judicial del Estado, reclamaron tiempo suficiente para hacer un análisis minucioso de la iniciativa, otros ni siquiera conocían el proyecto de dictamen, por lo que les fue prácticamente imposible conocer a fondo la multicitada reforma. De esta manera, se hizo manifiesta la necesidad de sostener reuniones posteriores para el análisis profundo. Inclusive el mismo artículo 46 de la ley orgánica del Congreso señala que: ‘Cuando las reuniones de la comisión versen sobre asuntos que no puedan desahogarse en un solo día, la comisión acordará el día y hora en que habrán de continuar los trabajos.’, sin embargo, esto no se realizó. En otras palabras, no se atendió el procedimiento que marca la legislación para dictaminar la iniciativa. Este procedimiento legislativo que concluyó con el decreto que hoy se impugna, viola indirectamente el primer párrafo del artículo 41 de la Constitución Federal, que establece: ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.’. Además el artículo 116 establece que: ‘El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.’. En efecto, si las Constituciones de los Estados son un medio junto con la Constitución Federal para que el pueblo ejerza su soberanía a través de los órganos creados por ellas y si de conformidad con el artículo 28 de la Constitución de Chihuahua, que a la letra dice: ‘Artículo 28. El ejercicio del poder público se limita a las facultades expresamente consignadas en esta Constitución, la Federal y las leyes que se expidan de conformidad con las mismas.’, nos encontramos pues, que en este caso el procedimiento legislativo que culminó con el decreto que hoy se impugna, constituye una violación formal relevante a la Norma Fundamental, por lo siguiente: Como se dijo, esta violación procedimental es de tal carácter que trasciende a la creación de la norma misma, ya que de conformidad con el primer párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, los acuerdos que tomen las comisiones en relación con los proyectos de dictamen que habrán de discutirse al interior de la comisión y no contempladas en la convocatoria a reuniones, carecerán de validez alguna. Por lo que en el caso que nos ocupa, si la Comisión Dictaminadora no sesionó y mucho menos llevó a cabo la convocatoria para sesionar, tiene que concluirse forzosamente que el pretendido dictamen que aparece suscrito únicamente por el presidente de la comisión, carece por completo de validez, ya que no se convocó a reunión de la comisión, y el acuerdo se tomó de forma unilateral por el presidente de la misma. En este orden de ideas, y siendo las comisiones de dictamen un órgano de trabajo interno del Congreso, estaba obligada en términos del artículo 28 citado, a llevar a cabo su actuación en los términos estrictamente fijados por los numerales 45, 46 y 51 de dicha ley orgánica. Y al no hacerlo así, es decir, al pasar por alto el artículo 28 constitucional local, transgrede a su vez el primer párrafo del artículo 41 de la Carta Suprema, que eleva a rango constitucional el respeto a las Constitucionales Estatales. A mayor abundamiento, diremos que a contrario sensu de los argumentos vertidos por ese Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 25/2001, podemos decir que cuando se trate de violaciones relevantes al proceso legislativo, entonces sí procede la revisión por ese tribunal, en el sentido de que se afectó el procedimiento que afecte el contenido mismo de la norma, es decir, su creación, por lo que si en el caso que nos ocupa no se cumplió con el trámite formal de la convocatoria, mucho menos se dictaminó o acordó un asunto convocado en la misma, por lo que en aras de lo mencionado deviene en una transgresión fundamental, lo que provoca su invalidez, por disposición expresa del artículo 46 multicitado. Conviene señalar que, en este caso, ni la aprobación por el Pleno ni la posterior publicación de la norma convalidan su invalidez, ya que el propio texto legal es el que impone la sanción de nulidad y no se deja al arbitrio de un tercero sino que fue el propio legislador el que impuso esta sanción de nulidad. Ese Alto Tribunal ha sostenido que cuando se trate de afectaciones como la falta de quórum o que se vote sin el número exigido de votos, son hipótesis en que es posible que se combata la invalidez de una norma porque estas violaciones afectan el contenido mismo de la norma, es decir, que la norma es inválida porque sencillamente nunca se creó, nunca nació, esto es cierto, pero la pregunta será que cuando se den estas hipótesis, cuál va a ser el argumento para combatirla a través de la acción de inconstitucionalidad, que exige que se violente un precepto de la Constitución Federal y la regulación del trabajo interno de las Legislaturas Estatales no aparece en la Carta Suprema. Creemos que no hay duda de la invalidez de una norma que se apruebe con la falta de quórum o sin el número de votos exigidos por la ley, pero la cuestión es con qué fundamento conocería la Corte para declarar esta invalidez, a nuestro juicio la respuesta lo es el precitado artículo 41, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, que establecen las garantías de legalidad y seguridad jurídicas. En efecto, a través de estas garantías se obliga a todo ente de gobierno a que ciña su actuación a las atribuciones y con las limitaciones fijadas por la ley. Esto es lo que da certeza a los gobernados. Si en el caso planteado, la Comisión Dictaminadora no ciñó su actuación a la ley haciendo la convocatoria respectiva y si por acordar un dictamen y presentarlo al Pleno sin este requisito la ley secundaria castiga esta actuación con la invalidez de los acuerdos, resulta que esta actuación no es susceptible de convalidarse a través de la aprobación del Pleno, ya que este ente también encuentra acotadas sus atribuciones, concretamente la ya señalada de resolver los dictámenes que le presenten las comisiones. En este caso, al percatarse de las violaciones al procedimiento legislativo, llevadas a cabo por el presidente de la comisión, debió devolver el dictamen a la propia comisión para que subsanara tales omisiones, al no hacerlo resulta que su actuación también es nula, ya que partió de un dictamen que no existía, que no había sido creado, aunque físicamente tuviera existencia, ya que para los efectos legales todavía no existía por disposición expresa de la ley, al no haberse convocado a sesión de la comisión y que además la convocatoria contemplara el asunto presentado al Pleno. En síntesis, el Pleno no podía votar algo inexistente, es decir, la nada jurídica, como lo es el dictamen presentado por la comisión, ya que el acuerdo de su presentación es nulo y, por tanto, inexistente por no haberse seguido el procedimiento mencionado. Segundo concepto de invalidez. En esencia, la reforma que se combate establece el que tratándose de los delitos de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de menores de edad o del delito de secuestro, deberá imponerse pena por cada delito cometido, aun cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión, que lo es de 60 años. Esto es lo que dice el segundo párrafo del artículo 27 del Código Penal del decreto que se impugna. Por otra parte, el artículo 365 del Código de Procedimientos Penales, establece que las medidas de prisión impuestas en cada sentencia irrevocable se computarán de manera sucesiva. Estos dispositivos, a juicio de los suscritos, son notoriamente contrarios del Texto Constitucional, en sus numerales 18, 22 y 133. Queremos destacar que por la situación particular que prevalece en nuestra entidad, respecto al homicidio de mujeres, la sociedad toda reclama un aumento de las penas contra los homicidios, incluso, los suscritos compartimos esta postura. Sin embargo, a fin de que no resulte contraproducente creemos que el aumento de penas debe hacerse respetando el marco constitucional que nos rige, precisamente para que en un futuro estos delincuentes no puedan aprovecharse de posibles vicios de constitucionalidad y puedan obtener su libertad a través de los medios de defensa que la ley prevé. En este tenor, resulta indispensable que ese elevado tribunal analice la posible contradicción del decreto que hoy se impugna con nuestra Ley Fundamental, todo ello, en aras de privilegiar la seguridad jurídica de las propias víctimas del delito y además lograr el respeto a nuestro Estado de derecho. Por ello, la parte toral de la reforma cuya validez pedimos se constate, consiste en que de acuerdo al contenido del artículo 27, la pena de prisión puede rebasar los sesenta o más años de prisión, si tomamos en cuenta la penalidad para cada delito (homicidio de 30 a 60 años, secuestro de 20 a 40, si el Juez aplicara la pena máxima para cada uno de estos delitos en caso de caso (sic) de concurso real, la pena sería de cien años con independencia de aplicar otras penas por otros delitos que se hayan cometido). Si esto es o no acorde a nuestro régimen constitucional es lo que ese Alto Tribunal debe revisar. Conviene tener presente que de acuerdo a las convenciones internacionales, de las cuales nuestro país es parte, las penas privativas de la libertad sólo pueden tener como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados (artículo 6o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en Costa Rica, en 1969). En nuestro país, derivado de este tratado internacional, las penas de prisión que fije el legislador, no deben rebasar el espíritu de la convención mencionada. Lo mismo podemos decir respecto al artículo 22 (sic). Si de acuerdo a lo narrado, el contenido de la reforma permite, primero, el que se aplique una pena de prisión aun cuando se exceda del término máximo de 60 años, esto es, en los casos ya mencionados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27, el legislador autoriza al Juez para que aplique una pena de prisión que, teóricamente, puede ser mayor de cien años, y si tomamos en cuenta, en segundo lugar, que de acuerdo al artículo 365 del Código de Procedimientos Penales, contenido en el decreto que se impugna, en tratándose de sentencias condenatorias irrevocables, las medidas de prisión impuestas en cada una de ellas, se computarán de manera sucesiva, y el artículo 74 del decreto que prohíbe otorgar beneficios preliberacionales, tenemos que concluir que la reforma, al menos teóricamente, permite que a una persona se le sentencia a más tiempo o por periodos de tiempo que rebasan el límite natural de la vida humana, con penas de 100 o más años, de tal forma que será imposible que la cumpla en vida. Si esta aprobación es o no violatoria de la Constitución, es tarea que pedimos lleve a cabo ese tribunal. Este criterio se ve reforzado con los argumentos vertidos por ese elevado tribunal, al crear la tesis P./J. 125/2001, al pronunciarse sobre la prisión vitalicia. Insistimos, los suscritos compartimos la inquietud de la sociedad chihuahuense, por buscar mecanismos para frenar la delincuencia, específicamente los homicidios de mujeres, un medio para lograrlo puede ser el aumento de penas, sin embargo, estos aumentos de penas deben llevarse a cabo respetando nuestro régimen constitucional, pues de no hacerse así, se corre el riesgo de lograr el efecto contrario al pretendido, es decir, el que los acusados puedan sustraerse a la acción de la justicia, utilizando los medios de defensa que la Constitución otorga a los particulares para defenderse de los actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución. Esa es la razón de nuestra pretensión. Por ello, acudimos ante ese tribunal para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma que nos ocupa, a fin de que, en su caso, se evite este posible problema. Tercer concepto de invalidez. El decreto que se impugna, crea el artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales. La razón de ello fue incorporar a nuestra legislación la institución conocida como arraigo. Fuera de toda diatriba doctrinal sobre el arraigo en materia civil o penal, tenemos que puntualizar que esta institución se incorpora mañosamente, es decir, haciendo valer una jurisprudencia que ya había sido superada, por la contradicción de tesis respectiva. Efectivamente, la jurisprudencia que bajo el rubro de: ‘ARRAIGO, ORDEN DE. NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.’, fue el fundamento del dictaminador para argumentar que esta institución no es violatoria de la Constitución y, por tanto, se podía incorporar a nuestra ley. El argumento es falaz, ya que como se sabe, esta tesis fue superada por la contradicción de tesis de 1999, que establece que el arraigo sí afecta la libertad personal. Ver: ‘ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.’. Lo grave del caso es que el decreto que se combate, pasó por alto esta jurisprudencia, introduciendo esta figura del arraigo en su artículo 122 bis. Esta reforma es notoriamente violatoria del artículo 16 de la Constitución Federal, la cual, con meridiana claridad, establece los casos e hipótesis en que un particular puede ser privado de su libertad personal, como lo es la orden de aprehensión, en caso de delito flagrante y en caso urgente, pero en ningún caso permite el arraigo. Por ello, sin más trámite, ese Alto Tribunal deberá decretar, como se solicita, la invalidez de las normas impugnadas."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son 14, 16, 18, 22, 41 y 133.

QUINTO. Mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, al que le correspondió el número 20/2003 y, por razón de turno, designó al Ministro Humberto Román Palacios para que actuara como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Por auto de primero de octubre de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes; de igual forma, se ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara su pedimento.

SEXTO. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, al rendir su informe respectivo, coincidieron al manifestar, en síntesis:

1. Que el argumento vertido por los accionantes en el sentido de que se cometieron vicios en el procedimiento legislativo que dio origen a la ley cuestionada, es infundado, toda vez que, por una parte, la comisión legislativa a quien correspondió dictaminar la iniciativa de ley, sí sesionó con el quórum legalmente requerido y aprobó el dictamen respectivo con el voto de la mayoría de sus integrantes; y, por otro lado, de haber existido alguna violación en esa etapa del procedimiento, no incide directamente para la validez de la norma, dado que dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua y promulgado por el Poder Ejecutivo Estatal, con lo que se convalidaría la supuesta irregularidad que pudiera haber existido. Al respecto, se invoca la tesis jurisprudencial del Pleno de este Alto Tribunal, publicada con el rubro: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."

2. Que la reforma legal cuya invalidez se solicita, no es violatoria de los artículos 18, 22, 41 y 133 de la Constitución Federal, toda vez que al establecerse la posibilidad de que se impongan penas privativas de la libertad superior a los sesenta años, que es el tope máximo que establece la propia norma general, no constituye una pena inusitada, trascendental o excesiva, ya que no es inhumana, cruel, infamante y su fin corresponde precisamente a los objetivos determinados en el artículo 18 constitucional, que se traduce en reformar al delincuente, que la pena sea ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa.

Que lo anterior es así, ya que el aplicar penas por la totalidad de los tipos delictivos actualizados durante la comisión de los hechos, hasta por el máximo previsto en la propia norma, como se establecía con anterioridad a la reforma legal, provocaba que no se cumpliera con uno de los fines de la pena, que es lograr el orden social a través de la intimidación a los integrantes de la sociedad a cometer delitos por la amenaza latente de la pena, la cual debe ser proporcional a la gravedad y a la cantidad de delitos que se cometan; además, se cumple con la readaptación social del delincuente, debido a que el reo guarda los beneficios establecidos en el artículo 565 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, consistentes en la remisión parcial de la pena en atención a la buena conducta del sentenciado, que demuestre su readaptación y preparación para reingresar a la sociedad como ciudadano útil, y trabaje y participe en actividades educativas, culturales y deportivas, por lo que si el condenado aplicándosele las reformas legales cuya invalidez se solicita, demuestra los extremos requeridos en el citado precepto legal, tendrá derecho a la remisión parcial de la pena e, inclusive, puede llegar a purgar únicamente la mitad del tiempo a que fue condenado, al gozar del citado beneficio, el cual consiste en la remisión de la pena de uno a dos días de prisión por cada día de trabajo, dependiendo de la labor que realice.

Que los beneficios referidos no se aplican tratándose de una pena de cadena perpetua, a la que pretende equipararla la parte accionante. Lo anterior, con independencia de que los preceptos legales cuestionados no establecen una sanción exorbitante ni desproporcionada al permitir la acumulación, ya que no obligan al juzgador a aplicar el máximo señalado para cada pena y es a éste a quien también corresponde determinar cuándo se actualizan los supuestos de concursos de delitos previstos en las disposiciones legales cuestionadas.

Que además, los artículos 18 y 22 de la Constitución Federal, se refieren a la imposición de penas para cada delito, pero no al caso de que una persona sea condenada en diversos juicios

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19537-7fe2b3cf/congreso-del-estado-de-chihuahua-el-incumplimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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