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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO 567 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO, DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2003, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 24 DE JULIO DE 2003, NO TRANSGREDE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TODA VEZ QUE EL CONGRESO LOCAL ES COMPETENTE PARA REGULAR EN MATERIA DE EMPRÉSTITOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XXX, DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO 567 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO, DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2003, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 24 DE JULIO DE 2003, POR CONTENER UN ACTO MATERIALMENTE LEGISLATIVO, QUE SE EXTINGUIRÁ DESPUÉS DE SU APLICACIÓN. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO CUARTO DEL DECRETO 567 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO, DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2003, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 24 DE JULIO DE 2003, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO RESPECTO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO 567 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2003 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 24 DE JULIO DE 2003, EN TANTO SE REFIERE A UN ORDENAMIENTO CUYA VIGENCIA ANUAL CONCLUYÓ Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO RESPECTO DEL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA, EN VIRTUD DE SU REFORMA DE 10 DE AGOSTO DE 2004.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2003. · Registro digital (IUS): 19357
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 1065.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2003. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintiuno de noviembre de dos mil cinco.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil tres, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mismo día, Alfonso Vázquez Cuevas, Julen Rentería del Puerto, Cirina Apodaca Quiñónez, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Sergio Penagos García, Galileo Apolo Flores Cruz, Joaquín Guzmán Avilés, Francisco Briceño Cortés, Alejandro Salas Martínez, José Mauricio Fernández Ovando, Rolando E. Andrade Mora, Víctor Molina Dorantes, José Joaquín Vivas Enríquez, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Leticia del Carmen García Perea, Alonso Domínguez Férreas, Claudia Serapio Francisco y José Luis Lobato Campos, en su carácter de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades que a continuación se indican:

"Órganos Legislativo y Ejecutivo que hayan emitido y promulgado la norma general impugnada: I. Autoridad legislativa emisora: la H. LIX Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, cuyo domicilio es Av. Encanto s/n esq. con Av. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador en la ciudad de Xalapa, Ver.-2. Autoridad promulgadora: C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave en calle Enríquez esq. Leandro Valle, zona centro, de Xalapa, Ver."

"Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que fue publicada: El Decreto Número 567 que reformó y adicionó diversas disposiciones del Código Financiero, de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2003, todos los ordenamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los siguientes efectos: Autorizar al gobernador del Estado que en el ejercicio fiscal 2003 que está corriendo y por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación emita, a través de un fideicomiso bursátil constituido en términos del artículo 175 del Código Financiero para el Estado, valores representativos de un pasivo contingente a cargo del Estado Libre y Soberano de Veracruz, Ignacio de la Llave hasta por la cantidad de $500'000,000.00 (quinientos millones de pesos M.N.) para lo que se afectarán en fuente de pago el porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados de la recaudación del impuesto sobre nóminas, con el afán de lograr la oportuna ejecución de las obras públicas que se pretenden realizar con los recursos derivados de la recaudación. b) Adicionar el artículo 1o. de la Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave correspondiente al ejercicio fiscal 2003, para quedar así: Ingresos derivados de la bursatilización de un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre nóminas.-$500'000.000.00.-Total de ingresos más disponibilidades de ejercicios anteriores $37,747'552,439.00.00. c) Reformar los artículos 5o., 12, 16 y 21, y adicionar un segundo párrafo al artículo 19, todos del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave correspondiente al ejercicio fiscal 2003, para quedar como sigue: El gasto total del Gobierno del Estado de Ignacio de la Llave previsto en el presente decreto, importa la cantidad de $37,747'552,439.00.-El gasto de operación previsto para las dependencias del Poder Ejecutivo, importa la cantidad de $22,605'377,836.00 y se distribuyen de la siguiente manera: Secretaría de Salud y Asistencia: $2,699'180,378.00.-Total: $22,605'377,836.00. d) El gasto de capital importa la cantidad de $5,982'798,215.00. Dicho monto incluye la aportación al fideicomiso del impuesto sobre nóminas para la realización de obras de infraestructura, así como la cantidad que se obtenga por la emisión bursátil que el Estado efectúe sobre un porcentaje de la recaudación de dicho impuesto, cuyo importe se destinará exclusivamente para financiar el gasto público en el rubro de obra pública, una vez cubiertos los gastos directos e indirectos y constituidas las reservas correspondientes.-El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, vigilará que a través del fideicomiso emisor que se constituya para la bursatilización de un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre nóminas, se cumpla puntualmente el pago de todas y cada una de las obligaciones financieras asumidas como consecuencia de la emisión de los valores, incluyendo el pago del principal, intereses, reservas y demás gastos inherentes a este proceso.-Infraestructura para el desarrollo: $5,932'198,215.00. Suma gasto de capital $5,932'198,215.00. Total $37,747'552,439.00.

"2. La publicación de dicho Decreto Número 567 en la Gaceta Oficial del Estado Número 147, Tomo CLXIX, páginas 12 a 18, folio 694, julio 24 del año en curso, órganos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo cual inició su vigencia al día siguiente."

SEGUNDO.-La parte actora estimó infringidos los artículos 73, fracciones IV y VIII; 117, fracción VIII, párrafo segundo, 126 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó como antecedentes del acto impugnado, los siguientes:

"Antecedentes.-1. En junio 25 del año en curso el Lic. Miguel Alemán Velasco, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó ante la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz (sic) para reformar y adicionar varios artículos del Código Financiero de dicha entidad federativa; de la Ley de Ingresos y del Decreto del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2003, y para que se le autorizara emitir a través de la Secretaría de Finanzas y de Planeación valores representativos de un pasivo a cargo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.-2. Cumplidos los trámites de rigor y con la celeridad acostumbrada por los Diputados Locales del Partido Revolucionario Institucional cuando se trata de iniciativas del gobernador, fue emitido el dictamen correspondiente, como siempre, obsequiando todas las pretensiones del titular del Poder Ejecutivo de nuestro Estado.-3. En dicho dictamen se estableció que era de aprobarse la reforma de los artículos 105, tercer párrafo, 175, segundo, cuarto y quinto párrafos, 312, primer párrafo, 313, 323, fracción V, 325, 333, 334, primero y segundo párrafos, 339 y 344, primer párrafo; y adicionarse un cuarto y quinto párrafos al artículo 105, un segundo y tercer párrafos a la fracción XIX apartado A del artículo 140 y un título quinto al libro quinto que contiene los artículos 347 y 348, todos del Código Financiero para el Estado de Veracruz.-4. La reforma y adición de los preceptos indicados tiene como objetivo, y así se lee en el artículo primero: a) Permitir que el Ejecutivo del Estado, previa aprobación del Congreso Local, pueda afectar un porcentaje de la recaudación obtenida del impuesto sobre nóminas al pago de obligaciones contraídas para financiar el gasto público en el rubro de obra pública, obligaciones que incluirán, en su caso, todos los gastos directos o indirectos relacionados con los financiamientos respectivos durante la vigencia de los mismos, menos los gastos de estructuración y ejecución de los financiamientos, así como las reservas correspondientes. b) Facultar al Congreso a autorizar la afectación de un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre nóminas al pago de obligaciones contraídas en términos del párrafo anterior, siempre que el plazo de vigencia de la afectación no rebase el periodo de ejercicio constitucional del titular del Ejecutivo Estatal que haya solicitado la autorización para implementar ese mecanismo. c) Disponer en el artículo 312, violando los artículos 73, fracción VIII y 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hasta el numeral 73, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, que el Ejecutivo del Estado pueda celebrar operaciones de endeudamiento mediante la emisión de valores tales como bonos, obligaciones de deuda, certificados bursátiles, pagarés y actos jurídicos análogos a los anteriores para asumir obligaciones directas o contingentes, que se destinen a inversiones públicas productivas o para el desarrollo de acciones encaminadas a la obtención de beneficios sociales.-Observación primera: El texto del citado precepto 312 incumple lo previsto en los artículos 73 y 117 de nuestra Carta Magna y 73 de la Constitución Veracruzana, que categóricamente ordenan que únicamente podrán celebrarse empréstitos para la ejecución de obras públicas productivas, y a pesar de ello los diputados locales priístas, en el Código Financiero de Veracruz, que es una ley secundaria, amplían los casos en los que se pueden contraer deudas a cargo del erario, o lo que es igual, para que las paguen los contribuyentes, agregando a las inversiones públicas productivas, ‘el desarrollo de acciones encaminadas a la obtención de beneficios sociales’. d) Incluir, conforme al artículo 313, en la deuda pública las obligaciones directas o indirectas a cargo del Estado, por sí o por sus entidades paraestatales, derivadas de la celebración de financiamientos, reestructuraciones, adquisición de bienes o contratación de obra, o servicios, cuyo pago se pacte en plazos, así como la emisión de valores, tales como bonos u obligaciones de deuda, certificados bursátiles y pagarés en los que el Estado asuma obligaciones directas o contingentes, y la celebración de actos jurídicos análogos que, previa autorización del Congreso, se generen a cargo del Estado, por sí o por sus entidades, obligaciones que podrán tener como garantía o fuente de pago, o ambas, los ingresos estatales derivados de impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y sus respectivos accesorios, así como las participaciones federales derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. e) Permitir, como consta en el artículo 325, que el Ejecutivo Estatal, con autorización del Congreso, otorgue a los Ayuntamientos el aval del Estado, y pague las obligaciones de deudas contraídas por la emisión de valores, tales como bonos, certificados bursátiles y pagarés, afectando en caso necesario las participaciones derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los ingresos derivados de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y sus respectivos accesorios que corresponda a la entidad. f) Considerar en el artículo 333 títulos de deuda pública los valores, tales como los bonos u obligaciones de deuda, los certificados bursátiles, los pagarés y otros títulos de deuda que se emitan en serie o en masa, y que estén destinados a circular en el mercado de valores en los que el Estado asuma obligaciones directas o contingentes, sujetos, entre otros requisitos y previsiones, según la fracción VI, a destinarse al establecimiento de inversiones públicas productivas; conforme a la fracción VIII, a inscribirse en el Registro de Deuda Pública Estatal, y cuando así proceda, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-Observación segunda.-La redacción de este precepto, que en su fracción VI, ordena que los recursos captados mediante la emisión de títulos de deuda pública, como serían los obtenidos mediante certificados bursátiles a pagarse con la afectación de la recaudación del impuesto sobre nóminas, se destinen al establecimiento de inversiones públicas productivas, es de clara antinomia con el artículo 312 del mismo ordenamiento, que permite que tales recursos también puedan aplicarse al ‘desarrollo de acciones encaminadas a la obtención de beneficios sociales.’, que es un rubro completamente ajeno. Esto independientemente de las violaciones a las Constituciones Federales y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave explicadas en la observación primera.-El artículo segundo del decreto: g) Autorizar al gobernador del Estado para que en el ejercicio fiscal 2003, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, emita a través de un fideicomiso bursátil valores representativos de un pasivo contingente a cargo del Estado de Veracruz hasta por $500'000,000.00, al que se afectarán como fuente de pago, el porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados de la recaudación del impuesto sobre nóminas, para lograr la oportuna ejecución de las obras públicas que se pretenden realizar con los recursos derivados de la recaudación. h) Precisar que las emisiones de valores en cuestión serán colocadas en el mercado de valores por un agente, entre inversionistas mexicanos, a través de la bolsa mexicana de valores; que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, determinará los montos, términos y condiciones para la amortización de los valores, y afectará el porcentaje necesario y suficiente de la recaudación del impuesto sobre nóminas para pagar todas las obligaciones derivadas o relacionadas con la emisión de los valores a que se refiere el decreto, incluyendo todos los gastos directos o indirectos, más los intereses y constitución de reservas, débitos que deberán ser avalados por el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el caso de que los ingresos del impuesto sobre nóminas no sean suficientes para cubrir todas las cantidades derivadas o relacionadas con la emisión de los valores.-A su vez, en los artículos tercero y cuarto del decreto impugnado: i) Adicionar los artículos 1o., 5o., 12, 16 y 21 de la Ley de Ingresos Veracruzana para el ejercicio fiscal 2003 aumentándole $500'000.000.00 que se obtendrán de la bursatilización de un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre nóminas para hacer un total de $37,747'552,439.00, reformar los artículos 5o., 12, 16 y 21 y adicionar un segundo párrafo al artículo 19, todos del Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2003 para indicar que el gasto total de 2003 será de $37,747'552,439.00 de los cuales el gasto de operación para las dependencias del Poder Ejecutivo importará $22,605'377,836.00, distribuidos como estaba previsto, con excepción de la Secretaría de Salud y Asistencia, que aumenta a $2,699'180,378.00, y del rubro infraestructura para el desarrollo, que se incrementa a $5,932'198,215.00, sumando el gasto de capital un total de $5,982'798,215.00.-5. No obstante la flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Constitución Política del Estado de Veracruz; a los errores de fondo y forma que contiene el dictamen de que se trata y haciendo caso omiso de que únicamente servirá para endeudar más a nuestra entidad federativa, a pesar de que todos los diputados locales firmantes nos opusimos y votamos en contra, los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional, una vez más mostraron su falta de compromiso con el pueblo, y votaron en bloque a favor, por lo cual se aprobó de inmediato. Como conclusión diremos que triunfó el mayor número de diputados, no la razón."

TERCERO.-La parte actora formuló los siguientes conceptos de invalidez:

"... Ahora precisamos los agravios, que junto con los antecedentes sirven de fundamento legal para la acción de inconstitucionalidad que estamos ejercitando.-Primero. Por inobservancia de los artículos 73, fracción VIII y 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El primero de estos preceptos, en la fracción ya indicada, establece que: ‘Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29.’ (que son en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto).-A su vez el segundo numeral invocado también en la fracción VIII, pero en el segundo párrafo, dispone que: ‘Los Estados (o entidades federativas, como Veracruz) y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive las que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos.’.-Del análisis de ambos artículos se llega inevitablemente a las siguientes conclusiones: a) Tampoco el Poder Ejecutivo Federal como los Gobiernos de los Estados y los Ayuntamientos tienen expresamente prohibido contraer adeudos cuyo importe no sea destinado a inversiones públicas productivas.-b) Tienen el carácter de inversiones públicas productivas solamente aquellas que directamente generen un aumento en los ingresos públicos, como sería, por ejemplo, que con el importe de un empréstito (o préstamo) el Gobierno del Estado de Veracruz construyera un puente y cobrar determinada cantidad por concepto de peaje a todos los vehículos que transitaran por el mismo.-c) A contrario sensu, si el monto del préstamo se va a aplicar a la Secretaría de Salud y Asistencia, aunque fuera para construir sanatorios, clínicas, etcétera (lo que es incierto, puesto que ni en la iniciativa del gobernador del Estado ni en el dictamen aprobado por los diputados locales del PRI se especifica qué se hará con la porción asignada a la Secretaría de Salud y Asistencia de los $500'000,000.00 que se obtendrían a través de la bursatilización del 2% a la nómina), como esta inversión pública no es productiva ya que no originará ningún aumento en los ingresos estatales, resulta ilícito que se financien con el producto de una obligación o empréstito a cargo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-d) Y lo mismo ocurre con el dinero que supuestamente se dedicará a infraestructura, pues si infraestructura es ‘el conjunto de servicios considerados esenciales en la creación de una economía moderna’, dentro de este concepto caben introducir energía eléctrica a una colonia, pavimentar calles de la misma, construir el drenaje para un asentamiento humano irregular y muchas cosas más, que no pueden considerarse, y desde luego no son inversiones públicas productivas habida cuenta que no generarán incremento en los ingresos públicos. Por añadidura, igual que en la Secretaría de Salud y Asistencia, tampoco se señala (en la iniciativa y en el dictamen aprobado, mucho menos en el decreto que se combate) cuál es la infraestructura que se hará con el numerario obtenido mediante la bursatilización del 2% a la nómina.-Segundo. Por incumplimiento de los artículos 73, fracción IV, párrafo primero; 117, fracción VIII, párrafo segundo; y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El primer numeral enlista las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, y en la fracción y párrafo mencionados, expresa que es una de sus atribuciones.-‘Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir.’.-El segundo precepto citado en el proemio de este agravio, en la parte conducente establece que: ‘Los Estados y Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley, por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente.’.-Finalmente, el tercero de los artículos que sirve de asidero a nuestra inconformidad, contiene una prohibición, que a la letra dice: ‘No podrá hacerse pago alguno que no está comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior.’.-La única interpretación pertinente del estudio de los artículos en cuestión es: a) Los presupuestos de egresos de las entidades federativas se aprueban anualmente, y a mayor precisión en diciembre de cada año.-b) En el presupuesto de Egresos del año 2003 para el Estado de Veracruz debieron incluirse todas las obligaciones y todos los empréstitos que el Poder Ejecutivo Local pretendiera contraer.-c) Como la vigencia de todos los presupuestos de egresos es anual, resulta ilegal modificar el de 2003 en el séptimo mes del año para agregarle adeudos.-d) La Ley de Ingresos también se aprueba en diciembre de cada año, su vigencia es anual y no es lícito alterarla en julio para incorporarle otros ingresos, especialmente tratándose del producto de un empréstito.-e) Lo prevenido en el artículo 126 de nuestra Carta Magna se refiere a que al presupuesto de egresos aprobado en diciembre del año anterior, mediante ley posterior se le pueden hacer cambios para pagar unos adeudos en lugar de otros, jamás para agregarle a medio año nuevos débitos.-Tercero. Por desacato a los artículos 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: De los preceptos invocados en este párrafo, el primero establece que: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’.-En pocas palabras consagra las garantías de audiencia y legalidad.-El segundo dispone que: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’.-Estatuye la garantía de seguridad jurídica, ya que obliga a las autoridades a actuar sólo dentro de su esfera de competencia y hacer únicamente lo que tienen expresamente permitido.-Y el último proclama la supremacía de la Carta Magna cuando indica que: ‘Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados.’.-En ese orden de ideas, toda vez que las reformas y adiciones a diversos artículos del Código Financiero, de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2003, aprobadas por la H. LIX Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y promulgadas por el gobernador constitucional de nuestra entidad federativa en el Decreto 567, son violatorias de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, y no respetan la primacía de la Constitución Federal porque: a) Altera en el séptimo mes del año tanto la Ley de Ingresos como el presupuesto de egresos de 2003, pretendiendo ignorar que la vigencia de ambos ordenamientos es anual.-b) Permiten que el Gobierno del Estado contraiga un adeudo por $500'000,000.00 más accesorios para destinarlos supuestamente a los ramos de Salud e Infraestructura para el Desarrollo, sin que se diga cuáles son.-c) Autorizan que el Gobierno del Estado aplique los repetidos $500'000,000.00 en inversiones públicas que no son productivas.-d) Incurren en antinomia, pues por un lado el artículo 312 del Código Financiero se reformó para permitir que el producto de empréstitos se pueda destinar tanto a inversiones públicas productivas como al desarrollo de acciones encaminadas a la obtención de beneficios sociales, y por el otro se establece en el artículo 333 fracción VI del mismo ordenamiento que lo obtenido a través de deuda pública se aplique exclusivamente a inversiones públicas productivas.-e) Por último, con todo lo aprobado y promulgado, incumplen los artículos 14, 16, 73, fracción VIII, 74, fracción IV, 117 fracción VIII, párrafo segundo, 126 y 133 de la Ley Fundamental de los Estados Unidos Mexicanos."

CUARTO.-En auto de veintisiete de agosto del año dos mil tres, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad hecha valer con el número 19/2003 y turnar los autos al señor Ministro ponente a quien le correspondió actuar como Ministro instructor.

En diverso acuerdo de la misma fecha, el señor Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad hecha valer; ordenó emplazar a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, a efecto de que dentro del plazo de quince días rindieran sus informes respectivos; y, por otra parte, dio vista al procurador general de la República a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera.

En el mismo acuerdo se reconoció el carácter de representantes comunes a los diputados Alfonso Vázquez Cuevas, Sergio Penagos García, Víctor Molina Dorantes y José Luis Lobato Campos y se ordenó requerir al presidente del Congreso Estatal para que, dentro del plazo concedido para rendir el informe solicitado, remitiera a este Alto Tribunal, copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.

QUINTO.-Mediante escrito recibido en la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad el doce de septiembre de dos mil tres, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Veracruz, por conducto del presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente, rindió el informe de mérito en el que argumentó:

a) Que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente respecto a la impugnación del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal de 2003, publicado en la Gaceta Oficial local de 24 de julio del año en cita, toda vez que no posee la característica de ser una norma de carácter general que pueda ser impugnada a través de esta vía;

b) Que el artículo 126 de la Constitución Federal acepta que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no deben ser estrictos e inflexibles, ni imposibles de modificar, pues prevé la posibilidad de que puedan variar al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, lo que implica la factibilidad de modificarlo;

c) Que del texto del numeral constitucional indicado se desprenden dos momentos del ejercicio del gasto público, el primero cuando se aprueban los ingresos y egresos ordinarios y el segundo, la posibilidad de determinar nuevos ingresos públicos mediante ley posterior, y la correspondiente adecuación del presupuesto a las nuevas necesidades;

d) Que si bien la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos tienen una vigencia anual, existe según deriva del contenido del artículo 126 de la Constitución Federal, la posibilidad de reformar o derogar algunas de sus disposiciones, toda vez que al establecer el numeral indicado que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado en ley posterior, se desprende que se pueden modificar las disposiciones jurídicas señaladas;

e) Que los ingresos que el Estado obtenga con motivo de la emisión de valores representativos de un pasivo contingente serán destinados a financiar el gasto público en el rubro de obra pública, es decir, a inversiones públicas productivas, porque las inversiones públicas son, según se desprende del artículo 316 del Código Financiero de Veracruz, aquellas creadas para la ejecución de obras, adquisiciones o manufactura de bienes y prestación de servicios, que produzcan directa o indirectamente un incremento en los ingresos del Estado, o tengan una clara repercusión en beneficio de la sociedad o de la economía local;

f) Que el artículo 73 de la Constitución Local permite el endeudamiento del Estado, siempre que los recursos se utilicen en inversiones públicas productivas, lo que en la especie se cumple toda vez que el artículo 312 del Código Financiero de Veracruz señala que lo obtenido por la emisión de valores será destinado al gasto público, en obra pública, es decir, a realizar inversiones públicas productivas, toda vez que se aumentará el nivel de vida de la población, mediante la satisfacción de sus necesidades básicas;

g) Que la emisión de un pasivo contingente a cargo del Estado de Veracruz es permitida por la Constitución Local toda vez que los recursos que se obtengan se destinarán a inversiones públicas productivas, es decir, a infraestructura para el desarrollo en el ramo de seguridad social, que constituye una inversión pública productiva pues se orienta a la satisfacción de necesidades sociales y al incremento del bienestar de la población veracruzana;

h) Que cualquier obra pública es productiva, pues aunque no genere, directamente, ingresos a los caudales públicos, indirectamente sí los produce, pues al aplicarse a obra pública, traerá consigo riqueza social y, en consecuencia, mayores ingresos vía impuestos, obteniéndose un ahorro considerable al momento de realizar la obra pública, toda vez que si el Gobierno del Estado utiliza recursos derivados de ingresos futuros obtenidos en el presente, se financiará obra pública a precios actuales, con el consecuente ahorro, ya que con la emisión de los valores bursátiles desde ahora, se establece el pago de intereses a un porcentaje menor que el establecido por la banca co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19357-56da8ac4/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-primero-del-decreto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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