LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. PUEDEN ESTABLECER, EN EJERCICIO DE SU SOBERANÍA, LA FORMA EN QUE SE INTEGRARÁN SUS ÓRGANOS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO, SIN QUE SEA NECESARIO OBSERVAR PARA ELLO EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN MATERIA ELECTORAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2000. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de mayo de dos mil uno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Aarón Urbina Bedolla, Alejandro José Gamiño Palacios, Andrés Mauricio Grajales, Angélica Moya Marín, Anselmo Cedillo Rojas, Benjamín Barrios Landeros, Carlos Galán Domínguez, David Ulises Guzmán Palma, Domingo de Guzmán Vilchis Pichardo, Hesiquio López Trevilla, Francisco Antonio Ruiz López, Francisco Murillo Castro, Gonzalo López Luna, Ignacio Labra Delgadillo, José Suárez Reyes, José Valladares Monroy, Juan Abad de Jesús, Julián Angulo Góngora, Leonardo Bravo Hernández, María Guadalupe Rosas Hernández, María Isabel Maya Pineda, Marco Antonio López Hernández, Mario Enrique del Toro, Porfirio Hernández Reyes, Ricardo García Alavez, Rubén Maximiliano Alexander Rábago, Selma Noemí Montenegro Andrade, Sergio Rosalío Romero Serrano y Silvio Gómez Leyva, en su carácter de diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de octubre de dos mil, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:
"II. Órgano legislativo emisor de las normas impugnadas: LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de México; III. Norma general de inconstitucionalidad y medio de publicación: Reformas a los artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, publicada en la tercera sección de la Gaceta del Gobierno, en su edición correspondiente al martes 12 de septiembre del año en curso; como consecuencia de lo anterior se eligió una Gran Comisión de manera irregular."
SEGUNDO. Los promoventes señalaron que las disposiciones reclamadas violan los artículos 14, primer párrafo, 16, 115, primer párrafo y 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Los promoventes expresaron los siguientes conceptos de invalidez:
"1. El artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece: ‘Artículo 50. Las sesiones serán conducidas por una directiva electa mensualmente, cuyos integrantes velarán por el cumplimiento de las normas contenidas en la ley orgánica correspondiente sobre el debate y votación de los asuntos. En la segunda sesión del primer periodo ordinario del ejercicio de la legislatura y para todo el periodo constitucional, se elegirá un órgano denominado Gran Comisión, cuya integración y funciones serán determinadas por la Ley Orgánica del Poder Legislativo.’. Del texto referido se desprende que al hablar de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se refiere a la ley vigente, esto es, que la integración y funciones de la Gran Comisión serán las previstas en dicha ley. Caso que no ocurrió de esta manera ya que, dejando a un lado la importancia del tema, se abocó primeramente a reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y trasladar la sesión al día 13 de septiembre y en ese momento aprobar la integración de la Gran Comisión, situación a todas luces violatoria del artículo antes descrito por no haberse terminado esta segunda sesión el día 11 de septiembre del año en curso. 2. La democracia como estilo de vida y forma de gobierno implica la división funcional de poderes u órganos que ejerciten el poder del Estado, tanto nacional como estadual. En cuanto a la integración del órgano legislativo, la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal establece la proporcionalidad en la integración del órgano legislativo estadual y, conforme al espíritu de dicha disposición, la proporcionalidad habrá de verse reflejada en la integración de los órganos de gobierno del propio legislativo para dar lugar a la gobernabilidad del mismo, subproducto de la mencionada proporcionalidad. El último párrafo de la fracción segunda del numeral en cita, establece que los diputados a las Legislaturas Locales serán elegidos mediante el doble sistema de mayoría relativa y de representación proporcional, haciendo remisión a la legislación particular. Igualmente en la fracción cuarta ordena que la legislación electoral habrá de garantizar que las elecciones se efectúen mediante el sufragio universal, secreto, libre y directo. En suma, la modificación introducida atenta contra el espíritu de dicha norma e igualmente, por los motivos, conculca el primer párrafo del artículo 115 de nuestra Ley Fundamental. 3. La calidad de diputado se adquiere y perfecciona en el momento en que el sujeto electo rinde la protesta de ley y con ello se surte la condición necesaria para quedar incorporado al estatuto jurídico que corresponde a dicha función. Los suscritos al momento de rendir nuestra protesta asumimos el estatuto jurídico de diputados a la LIV Legislatura de nuestro Congreso Local y con ello el derecho que nos confiere el artículo 50, párrafo segundo, de nuestra Constitución, que a la letra dice: ‘En la segunda sesión del primer periodo ordinario del ejercicio de la legislatura y para todo el periodo constitucional, se elegirá un órgano denominado Gran Comisión, cuya integración y funciones serán determinadas por la Ley Orgánica del Poder Legislativo.’. La norma antes transcrita nos confiere el derecho a elegir a la Gran Comisión para todo el periodo constitucional, que en la especie concluirá el último día de agosto del año 2003. Éste es un derecho adquirido desde el momento en que rendimos la protesta de ley. Mediante la espuria reforma que se combate nos han privado de un derecho adquirido. Como ha quedado dicho, la reforma combatida fue objeto de publicación en la Gaceta del Gobierno el día 12 de septiembre próximo pasado, y el artículo segundo transitorio establece que dicha reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación, o sea, el 13 de septiembre del año en curso. En una adecuada sistemática y técnica jurídica, la reforma no podía iniciar su vigencia en la fecha prevista, sino que su inicio se debió establecer a partir de la debida integración de la LV Legislatura, que comenzará en el primer día del mes de septiembre del año 2003, con objeto de preservar nuestros derechos adquiridos. Nuestros derechos adquiridos se encuentran debidamente protegidos en los términos de los artículos 14 y 16 constitucionales que, genéricamente, reconocen la seguridad jurídica de todos los habitantes de la República mexicana. Concretamente, las normas generales que por el ejercicio de esta acción se combaten, conculcan el primer párrafo del artículo 14 constitucional, que literalmente establece: ‘A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.’. En los términos anteriores, resulta que el estatuto jurídico aplicable a los suscritos constituye nuestra situación jurídica concreta y tenemos el derecho para integrar la Gran Comisión de la legislatura para todo el periodo constitucional, lo cual, insistimos, constituye un verdadero derecho adquirido que no puede ser modificado por una legislación de rango inferior a la de nuestra norma constitucional local. En este sentido, es conveniente recordar las tesis jurisprudencialmente asumidas, por virtud de las cuales se distingue la situación jurídica abstracta de la situación concreta. La situación jurídica abstracta deriva de la ley, en tanto que la concreta, alude al conjunto de derechos y obligaciones -estatuto jurídico- que, tratándose de los derechos, son verdaderos y auténticos derechos adquiridos desde el momento en que asumimos el cargo por virtud de la protesta del mismo. Las normas generales combatidas, en forma violenta, nos han despojado de este derecho que ahora venimos a reclamar en los términos de esta acción de inconstitucionalidad. La reiterada jurisprudencia de la Suprema Corte en materia de derechos adquiridos y de aplicación retroactiva de la ley que nos parece innecesario reproducirla, pues ello constituiría un agravio al conocimiento y talento jurídico de sus Señorías."
CUARTO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de dieciocho de octubre de dos mil, ordenó formar y registrar el expediente correspondiente a la presente acción de inconstitucionalidad, al que correspondió el número 19/2000, y turnar el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón para su trámite y elaboración del proyecto de resolución.
QUINTO. El Ministro instructor, mediante auto de veinte de octubre de dos mil, admitió la demanda, salvo por lo que se refiere a los diputados Carlos Galán Domínguez y Leonardo Bravo Hernández que no firmaron el escrito respectivo, ordenó emplazar a las autoridades responsables para que rindieran su informe y correr traslado al procurador general de la República.
SEXTO. El Congreso del Estado de México, por conducto de su presidente y secretario, al presentar su informe, en síntesis, manifestó que:
a) La presente acción de inconstitucionalidad resulta improcedente porque los diputados promoventes no impugnan una norma general sino la legalidad de la elección de la Gran Comisión de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, lo cual se advierte del análisis integral de los hechos y conceptos de invalidez que se expresaron en la demanda, por lo que con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia debe dictarse el sobreseimiento;
b) La presente acción de inconstitucionalidad resulta improcedente porque los promoventes no plantean la contradicción directa de las disposiciones reclamadas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni siquiera su contravención indirecta, sino que sólo hacen una afirmación de contradicción genérica a los artículos 14, 16, 115, párrafo primero y 116, fracción II, de la Constitución antes referida, lo cual no demuestran, por lo que debe sobreseerse con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia;
c) La presente acción de inconstitucionalidad resulta improcedente porque fue promovida en forma extemporánea, es decir, un día después de que venció el plazo de treinta días naturales; que las disposiciones impugnadas se publicaron en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el doce de septiembre de dos mil, por lo que el plazo referido concluyó el doce de octubre siguiente y la demanda se presentó el día trece de ese mismo mes; que el doce de octubre no debe ser considerado como día inhábil, pese a que no haya laborado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el acuerdo de suspensión de labores no se publicó en algún medio oficial y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no señala expresamente que ese día sea inhábil, de manera que los promoventes debieron presentar su demanda ante el funcionario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores;
d) Los artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México no contravienen ningún precepto de la Constitución Federal, porque en su formación se siguió el procedimiento legislativo correspondiente y porque la Legislatura Local tiene facultades para expedir aquellos ordenamientos necesarios para regular el régimen interior del Estado, conforme lo establece el artículo 61 de la Constitución Local; además de que la Gran Comisión de la Quincuagésima Cuarta Legislatura se eligió en la segunda sesión del primer periodo ordinario de sesiones, tal como lo establece la propia Constitución del Estado de México;
e) Las disposiciones impugnadas no violan los preceptos constitucionales que señalan los promoventes, en particular el artículo 116, fracción II, que establece la forma en que deben integrarse los Poderes Locales, pues en relación con el Poder Legislativo sólo prescribe que debe elegirse conforme a los principios de mayoría relativa y representación proporcional, pero no regula la manera en que debe integrarse la Gran Comisión, respecto de la cual la Constitución Estatal atribuyó dicha facultad a la Legislatura Local correspondiente;
f) La Gran Comisión se eligió en la segunda sesión del primer periodo ordinario de sesiones de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, tal como lo establece el artículo 50 de la Constitución Local, aunque el concepto de invalidez respectivo resulta inatendible porque no se refiere a cuestiones de constitucionalidad de las disposiciones impugnadas;
g) Los artículos 115 y 116, fracciones II y IV, de la Constitución General de la República, han reservado para los Estados la facultad de organizar su Poder Legislativo, y las disposiciones impugnadas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México no violan los principios de mayoría relativa y representación proporcional, los que resultan ajenos a la litis de la presente acción de inconstitucionalidad, que debe limitarse a la forma en que se integra la Gran Comisión; que, por el contrario a lo que sostienen los diputados promoventes, la reforma a los artículos 60, 61, 63 y 64 de la ley orgánica antes mencionada, en que se modifica la votación para elegir a los miembros de la Gran Comisión, que antes se hacía por mayoría absoluta y ahora se hace por mayoría simple, atiende a la nueva integración del órgano legislativo, en que todos los partidos políticos cuentan con representación y facilita la posibilidad de que sus miembros alcancen la votación requerida para integrarse a la Gran Comisión; y
h) Las disposiciones impugnadas no resultan contrarias a los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no afectan derechos adquiridos de los diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, como el derecho a formar parte de la Gran Comisión, ya que los derechos de los legisladores están previstos en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, el cual no fue reformado; y, además, el nuevo quórum de votación para la elección de los miembros de la Gran Comisión no perjudica a los diputados, sino que los beneficia, porque tienen más posibilidades de alcanzar la mayoría simple que ahora se requiere.
SÉPTIMO. El procurador general de la República opinó, en síntesis, que:
a) Resulta parcialmente fundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, porque la presente acción de inconstitucionalidad resulta improcedente respecto de los actos de aplicación de los artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, que se traducen en la elección de la Gran Comisión de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado mencionado, ya que en términos del artículo 105, fracción II, constitucional, en esta vía sólo puede plantearse la contradicción entre normas generales y la Constitución General de la República, pero no de actos y que, por lo mismo, resulta irrelevante el argumento de la parte actora en el que alega que con los actos antes mencionados se afectaron derechos adquiridos de los diputados. En cambio, la misma causal de improcedencia resulta infundada en cuanto se refiere a las disposiciones generales que también se impugnan porque, como se mencionó, éstas sí pueden ser objeto de esta instancia;
b) La causal de improcedencia planteada por la autoridad responsable, en el sentido de que los diputados actores no expresaron la contravención de las disposiciones impugnadas con la Constitución Federal, resulta infundada porque los argumentos que se contienen en la demanda tienen una estrecha relación con una posible violación a diversos preceptos constitucionales; en apoyo de lo anterior se cita, por analogía, la tesis cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.";
c) De conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente, porque los preceptos legales que se impugnan se publicaron en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el doce de septiembre de dos mil y la demanda se presentó el trece de octubre del mismo año, es decir, el día hábil siguiente al doce de octubre, en que venció el plazo de treinta días naturales y en el que se suspendieron labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por acuerdo de su Tribunal Pleno;
d) Los conceptos de invalidez primero y tercero resultan inatendibles porque se refieren a los actos de aplicación de los preceptos legales impugnados, consistentes en la elección de la Gran Comisión del órgano legislativo al que pertenecen los diputados promoventes, y respecto de ellos se opinó que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente, en virtud de que en esta vía sólo se puede plantear la contradicción de normas generales con la Constitución General de la República;
e) El segundo concepto de invalidez resulta inoperante porque, en principio, las disposiciones generales reclamadas se refieren a la forma de elección de la Gran Comisión de la Legislatura del Estado de México y no a la forma de gobierno que deben adoptar las entidades federativas para su régimen interior que regula el artículo 115 de la Constitución Federal y, además, el concepto de invalidez resulta inoperante porque el artículo 116, fracción II, constitucional, se refiere a la proporcionalidad que debe existir entre el número de habitantes de una entidad federativa y el número de integrantes del Poder Legislativo de ella, pero no se refiere a la integración de la Gran Comisión de dicho órgano que, como ya se apuntó, es a lo que se refieren los preceptos legales impugnados.
OCTAVO. El Ministro instructor, una vez recibido el informe de la autoridad responsable, la opinión del procurador general de la República, así como los alegatos de la propia responsable, por encontrarse debidamente integrado el expediente, puso los autos en estado de resolución mediante auto de cinco de diciembre de dos mil.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 68 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, porque los diputados de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México promoventes, plantean la inconstitucionalidad de los artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, por lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
El decreto impugnado se publicó el doce de septiembre de dos mil en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, por lo que el plazo de treinta días naturales para la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad inició el día trece inmediato siguiente y concluyó el doce de octubre de dos mil; no obstante, el día doce de octubre en que concluyó el plazo referido, por ser el trigésimo día natural, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó suspender sus labores mediante acuerdo dictado por el Tribunal Pleno en su sesión privada del día cuatro de ese mismo mes, por lo que la demanda de acción de inconstitucionalidad pudo haberse presentado el día hábil siguiente, es decir, hasta el trece de octubre de dos mil.
La demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente el trece de octubre del dos mil, esto es, el día hábil siguiente al trigésimo día natural, contado a partir del día siguiente a la fecha en que se publicaron las disposiciones legales impugnadas, tal como lo establece el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, citado con anterioridad, por lo que debe considerarse que la demanda fue presentada en forma oportuna.
TERCERO. La parte actora se encuentra legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad, lo cual se analiza por ser una cuestión de orden público.
Los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y 62 de su ley reglamentaria, establecen:
"105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano."
"62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos. ..."
Conforme a los artículos antes transcritos, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por un grupo de diputados integrantes de un órgano legislativo local en contra de normas generales expedidas por éste, deben ser ejercitadas, por lo menos, por un número de legisladores equivalente al treinta y tres por ciento del total de los que componen el órgano que emitió las disposiciones impugnadas, quienes deben firmar el escrito de demanda correspondiente.
Los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, disponen:
"38. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su totalidad cada tres años, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
"Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.
"El o los diputados electos en elecciones extraordinarias concluirán el periodo de la legislatura respectiva."
"39. La Legislatura del Estado se integrará con 45 diputados electos en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y 30 de representación proporcional.
"La base para realizar la demarcación territorial de los 45 distritos electorales será la resultante de dividir la población total del Estado, conforme al último censo general de población, entre el número de los distritos señalados, teniendo también en cuenta para su distribución, los factores geográfico y el socioeconómico. ..."
Los preceptos de la Constitución Local del Estado de México citados anteriormente, establecen que la Legislatura de dicho Estado se integra por setenta y cinco diputados, de los cuales cuarenta y cinco resultan electos por el principio de mayoría relativa y treinta por el principio de representación proporcional.
Los diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México que suscriben la demanda inicial de la presente acción de inconstitucionalidad, sí están legitimados para promoverla porque se trata de un grupo de veintisiete legisladores, los cuales representan, del total de setenta y cinco que conforman la citada legislatura, un treinta y seis por ciento; además de que su calidad de diputados se acredita con la publicación de la integración definitiva de la LIV Legislatura del Estado de México, electa para el periodo constitucional comprendido del cinco de septiembre de dos mil al cuatro de septiembre de dos mil tres, hecha por el Instituto Electoral de ese Estado en la Gaceta del Gobierno el cinco de septiembre de dos mil, la cual consta en el expediente a fojas ochenta y seis y ochenta y siete, y en la cual aparecen los nombres de los diputados promoventes.
CUARTO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estudia las causales de improcedencia que plantean las partes y las que pudiera advertir de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente a las cuestiones de constitucionalidad.
La Legislatura del Estado de México, al rendir su informe, alega que la presente acción de inconstitucionalidad resulta improcedente porque los diputados promoventes no impugnan una norma general, sino la legalidad de la elección de la Gran Comisión de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, lo cual se advierte del análisis integral de los hechos y conceptos de invalidez que se expresaron en la demanda, por lo que con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, debe dictarse el sobreseimiento.
La causal de improcedencia que plantea la autoridad responsable resulta parcialmente fundada porque, según se advierte del escrito de demanda, los diputados promoventes impugnan la aplicación de los artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, que se materializó en la elección de la Gran Comisión de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado mencionado y, en términos del artículo 105, fracción II, constitucional, en esta vía sólo puede plantearse la contradicción entre normas generales y la Constitución General de la República, pero no de actos, como lo constituye, efectivamente, la elección de la Gran Comisión. Al respecto sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES. Del análisis y la interpretación de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que: a) Si las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, entonces sólo son procedentes contra normas de carácter general; b) En el propio precepto se habla sólo de leyes y tratados internacionales entendidos como normas de carácter general. Consecuentemente, las acciones de inconstitucionalidad proceden contra normas de carácter general, pero no contra cualquiera de éstas, sino sólo contra aquellas que tengan el carácter de leyes, o bien, de tratados internacionales. En iguales términos, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, se refiere únicamente a normas generales, leyes y tratados internacionales; por lo tanto, también debe concluirse que prevé la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en contra de esas normas. La intención del Constituyente Permanente, al establecer las acciones de inconstitucionalidad, fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la sentencia que se dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo, en el que la sentencia sólo tiene efectos para las partes. No puede aceptarse su procedencia contra normas diversas, ya que en tales casos, por la propia naturaleza del acto combatido, la sentencia no tiene efectos generales, sino relativos. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1o. de la misma ley y con la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad sólo son procedentes contra normas de carácter general, es decir leyes o tratados, y son improcedentes en contra de actos que no tengan tal carácter." (Tesis de jurisprudencia P./J. 22/99 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, página doscientos cincuenta y siete).
En virtud de que la parte actora impugna mediante la presente acción de inconstitucionalidad la elección de la Gran Comisión de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, acto que no tiene el carácter de norma general, la causal de improcedencia debe estimarse fundada en cuanto a dicho acto y al respecto debe sobreseerse en el procedimiento; sin embargo, la misma causal de improcedencia resulta infundada en cuanto se refiere a las disposiciones generales que también se impugnan porque, como se mencionó, éstas sí pueden ser objeto de esta vía.
Por otra parte, la causal de improcedencia que invoca la autoridad responsable, en el sentido de que la presente acción de inconstitucionalidad resulta improcedente porque los diputados promoventes no precisan una contradicción de las disposiciones reclamadas con la Constitución Pol
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7174-d6aa3a53/legislaturas-de-los-estados-pueden-establecer-en-ejercicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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