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Modo: Corpus Pro

CATASTRO. EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ADICIONADO POR DECRETO NÚMERO 244, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2000. · Registro digital (IUS): 7039
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, , Pág. 472.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2000. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de febrero de dos mil uno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el doce de enero de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomasa Rivera Juárez, María Elena Chapa Hernández, Ricardo Salinas Cantú, Luis Carlos Treviño Berchelman, Eliud Támez Gómez, Ovidio Ángel Rodríguez Suárez, Mario Jesús Peña Garza, Enrique Núñez Vela, Arturo B. de la Garza Tijerina, Manuel Peña Doria, César Lucio Coronado Hinojosa, Jaime Rodríguez Calderón, Leopoldo González González y Óscar J. Adame Garza, ostentándose como diputados locales integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, promovieron acción de inconstitucionalidad, demandando la invalidez del Decreto Número "244", el cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Catastro, expedido el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, emitido por el Congreso del Estado de Nuevo León y promulgado por el gobernador constitucional de dicha entidad.

SEGUNDO.-La parte actora estima que la norma cuya invalidez demanda, es violatoria de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política Federal.

TERCERO.-En la demanda se señalan como antecedentes del caso, en síntesis, los siguientes:

Que el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en sesión ordinaria del Congreso del Estado de Nuevo León, se presentó dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del Catastro, siendo aprobadas por la mayoría simple de sus integrantes, es decir, la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión (artículo 141, inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Local), constituyéndose así el decreto impugnado, el cual fue promulgado por el gobernador del Estado, publicándose en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre del año indicado.

CUARTO.-En la demanda se señaló como primer concepto de invalidez en lo medular:

a) Que los preceptos 7o., 9o., 11, 19, 20, 23 bis, 25 y 26 que contiene el Decreto "244" que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León, son violatorios del principio de legalidad que consagra la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal y, por consecuencia, de los numerales 14 y 16 de la citada Norma Suprema, pues aun cuando la fracción IV del numeral 31 citado, establece como obligación de los gobernados la contribución para los gastos públicos, dispone que debe ser de la manera proporcional y equitativa que señalen las leyes.

b) Que el principio de legalidad que consagra el precepto aludido, se hace consistir en que la carga tributaria esté establecida en una ley emanada del Legislativo y que sus elementos estén consignados de manera expresa en ésta, no dando lugar a alguna arbitrariedad por las autoridades exactoras para el cobro de impuestos imprevisibles, a fin de que el sujeto pasivo pueda en todo momento conocer la forma cierta de su contribución.

c) Que de la interpretación armónica de los preceptos cuya invalidez se demanda, se advierte que el Congreso del Estado delegó a favor de la Dirección de Catastro, dependiente del Poder Ejecutivo de la entidad, la facultad de formular proyectos de bases generales por unidades tipo, los que serán revisados y aprobados por las Juntas Municipales Catastrales y posteriormente revisadas por una Junta Central Catastral, constituyendo lo anterior una delegación inconstitucional de facultades, impidiendo a los contribuyentes conocer en forma cierta y segura la forma de pago del impuesto predial.

d) Que el artículo 19, cuya invalidez se demanda, no consigna la época o circunstancias en que puedan ser objeto de revisión las bases generales de valores por unidades tipo, dejando al arbitrio de la autoridad administrativa tal determinación, y al señalar el dispositivo indicado que dichas bases podrán ser objeto de revisión parcial o total cuando las circunstancias económicas o la inflación lo justifiquen, se deja en estado de indefensión a los contribuyentes al no indicar la ley, qué debe entenderse por circunstancias económicas, o cuáles son los factores determinantes para motivar la revisión o, los casos de justificación de una circunstancia económica o inflacionaria que dé lugar para proceder a la revisión.

e) Que al efectuarse la delegación de facultades por el Congreso del Estado a las autoridades administrativas para la determinación del valor catastral base del impuesto predial, permitiendo que se formulen los avalúos en la forma y términos que se precisen mediante disposición reglamentaria, se violentan los numerales 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución, pues dicha Norma Suprema atribuye al citado Congreso la facultad de crear impuestos.

f) Que "atribución" y "facultad" no son sinónimos, pues el primero contiene la idea de deber y los deberes que importan el cumplimiento de una función propia no son delegables, excepto cuando la Carta Suprema confiere expresamente esa facultad, que una delegación sólo es válida, cuando el ejercicio de la atribución no es privativo o exclusivo de la autoridad que lo delega; que ni el Poder Ejecutivo ni ningún otro pueden ejercer competencias que les están constitucionalmente vedadas.

g) La parte accionante citó en apoyo a los anteriores conceptos las tesis de los rubros: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.", "IMPUESTO PREDIAL. SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE FACULTAN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A ACTUALIZAR, POR MEDIO DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES, LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)." e "IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 66, REFORMADO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVIENE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES, ES INCONSTITUCIONAL.".

h) Sostiene la parte accionante, que los artículos 7o., 9o., 23, 25 y 26 de la Ley del Catastro, cuya invalidez se demanda, contravienen lo dispuesto por la Norma Suprema, al implicar delegación inconstitucional de atribuciones del Congreso hacia una dependencia del Ejecutivo, pues renuncia a la facultad legislativa que consignan a su favor los preceptos 31, fracción IV constitucional y "63 fracción I" (sic) de la Constitución Estatal.

i) En apoyo a la anterior consideración, la parte accionante citó las jurisprudencias de los rubros: "FACULTADES EXTRAORDINARIAS. SON INCONSTITUCIONALES LAS CONCEDIDAS AL GOBERNADOR DE UN ESTADO, FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR LA CONSTITUCIÓN (LEY NÚM. 6 DE PLANIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE)." y "DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LEGISLAR. COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO.".

j) Aduce también la accionante, que aunque la Ley del Catastro fije requisitos al Ejecutivo para determinar la base del impuesto predial, el legislador debe ser quien la apruebe, sin que ello quiera decir que éste deba ser quien determine el valor catastral o base gravable del impuesto, ya que al legislador no le corresponde aplicar la ley tributaria, sino sólo aprobar los elementos esenciales del tributo, a fin de que el Ejecutivo no pueda obtener el impuesto que más le plazca, por lo que al delegarse la base gravable del impuesto predial se vulnera el "principio de reserva de ley" y "legalidad".

En el segundo de los conceptos de invalidez, esencialmente se sustenta:

a) Que los artículos 7o., 9o., 11, 19, 20, 23 bis, 25 y 26 del decreto que motiva esta acción de inconstitucionalidad, contravienen las garantías de legalidad que consagran los artículos 31, fracción IV, 14 y 16 de la Constitución Federal, pues el primero de los numerales constitucionales citados en la fracción indicada, contempla la obligación de contribuir a los gastos públicos mediante el cobro de impuestos determinados en ley, lo cual implica que los elementos de toda contribución se encuentren establecidos mediante acto formal y materialmente legislativo, según el criterio sustentado por esta Suprema Corte, bajo el rubro: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.".

b) Que el análisis armónico de los artículos 2o. del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, 1o. y 26 de la Ley del Catastro, 1o., 21 bis, 21 bis-2 y 21 bis-7 de la Ley de Hacienda para los Municipios de dicha entidad, permite advertir: a) Que son leyes fiscales en el Estado, la de Hacienda para los Municipios y la de Catastro; b) Que la citada Ley de Hacienda en su "capítulo I bis" establece como gravamen a cargo de los contribuyentes neoleoneses el "impuesto predial"; c) Que la valuación catastral de los predios (determinación de la base gravable del impuesto predial), se practicará en la forma y términos que señala la Ley del Catastro, lo que aparenta cumplir con el principio de legalidad tributaria, al encontrarse supuestamente determinada en dicha ley la base del impuesto predial, pero de la lectura de los artículos 7o., 9o., 11, 19, 23 bis, 25 y 26, cuya invalidez se demanda, se desprende que la determinación de la base gravable del impuesto predial no emana de un acto formal legislativo, al delegarse tal atribución a las "Juntas Municipales Catastrales", a la "Dirección de Catastro" y a la "Junta Central Catastral".

c) Que al otorgarse en los preceptos cuya invalidez se demanda, a la autoridad administrativa, una atribución que por ley corresponde al Congreso del Estado (determinación de la base gravable del impuesto predial), se hace evidente la inconstitucionalidad de dichos numerales, ya que un elemento esencial de la contribución no se encuentra establecido en un acto formal y material legislativo, quedando por consecuencia indebido margen para la arbitrariedad de la autoridad exactora para el cobro de impuestos imprevisibles.

En el tercero de los conceptos de invalidez, medularmente se argumenta:

a) Que los preceptos cuya invalidez se demanda, y particularmente el 11 de los mismos, son violatorios del principio de seguridad jurídica que consagra el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, al otorgar a la Dirección de Catastro ámbito competencial indefinido, toda vez que el citado precepto constitucional establece la garantía de seguridad jurídica que condiciona los actos de molestia inherentes a las relaciones entre gobernantes y gobernados, y tal garantía implica el conjunto de facultades que la ley reserva a determinado órgano del Estado, por lo que si el acto de molestia emana de autoridad que al dictarlo o ejecutarlo se excede en sus facultades, se violenta la misma.

b) Que el contenido del artículo 11 del decreto que motiva la acción de inconstitucionalidad, viola la garantía de seguridad jurídica establecida en el citado artículo 16 constitucional, al no determinar en forma cierta, precisa, expresa y limitada, la competencia (suma de atribuciones) que se pretende otorgar a la Dirección de Catastro, no obstante que esta Suprema Corte de Justicia emitió jurisprudencias en las cuales determina la esfera competencial de los órganos de autoridad, de los rubros: "AUTORIDADES.-Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.", "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", citando la accionante también la tesis de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DEBEN ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY.".

En el cuarto de los conceptos de invalidez, en síntesis sostiene la parte accionante:

a) Que los preceptos cuya invalidez se demanda, en particular el vigésimo segundo transitorio, resulta violatorio del principio de legalidad que consagra la fracción IV del artículo 31 constitucional, en cuanto establece el incremento en las bases generales de valores por unidades tipo, y en los valores catastrales de los predios ubicados en el Estado, ya que contraviene las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad que consagra el precepto constitucional citado en la fracción indicada, al prever la aplicación del incremento citado hasta en un trece por ciento.

b) Que lo anterior se realiza sin consignar en la ley base alguna para poder precisar en qué casos se aplicará el monto mínimo, medio o máximo del rango porcentual indicado, dejando al arbitrio de la autoridad administrativa la determinación de los elementos fundamentales (base gravable) del impuesto predial, sin definir los elementos y supuestos de la obligación tributaria, es decir, los hechos imponibles, sujetos pasivos, objeto, base y cantidad de la prestación, de tal modo que a la autoridad exactora no le quede ningún margen de discrecionalidad en cuanto a su determinación, sino que su función se constriña a aplicar a los casos concretos las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas por el Poder Legislativo.

c) Que la ilegalidad del citado artículo vigésimo segundo transitorio, se hace evidente al expresar éste en su parte final: "... En ningún caso los valores catastrales podrán rebasar el valor actual real de los inmuebles ...", ya que la determinación del valor actual real de los bienes inmuebles ubicados en el Estado es atribución del Ejecutivo, a través de la Dirección de Catastro, según lo dispuesto por el artículo 29 de la ley correspondiente, por lo que con el precepto combatido se deja en manos de la autoridad administrativa la determinación discrecional del valor catastral de los referidos bienes y, por ende, tal dispositivo viola la garantía de legalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

d) En lo relativo, la parte accionante citó las jurisprudencias de los siguientes rubros: "IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 66, REFORMADO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVIENE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES, ES INCONSTITUCIONAL." y "PREDIAL. EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 1981 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO CITADO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

En el quinto de sus conceptos de invalidez, la accionante refiere de manera toral:

a) Que el artículo vigésimo segundo transitorio del Decreto "244" que motiva esta acción de inconstitucionalidad, contraviene las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque el incremento determinado en éste, mediante una fórmula porcentual fija, no revela la capacidad contributiva de los propietarios de inmuebles, puesto que se aparta del valor real de sus propiedades, contrariándose el principio de proporcionalidad; que al establecerse la posibilidad de que el impuesto predial se determine conforme a valores apartados del valor real, se viola el principio de equidad, puesto que no se precisa en la ley, procedimiento alguno que sirva para fijar los criterios de valuación de cada predio.

b) Que la aplicación de un porcentaje fijo de incremento para todos los inmuebles ubicados en el Estado resulta arbitrario, ya que cada lote de terreno y propiedad tienen distinto valor por sus dimensiones, cercanía a las avenidas, orientación, ubicación y otros factores, por lo que el procedimiento para la determinación de la base gravable del impuesto predial que se consigna en el precepto de mérito, da lugar a que quien tiene un inmueble de valor real elevado, pague menos que el que tiene un inmueble de valor inferior; que se infringe el principio de legalidad al otorgarse a la autoridad administrativa y no al Congreso del Estado, la determinación de la base gravable de dicha contribución.

c) En apoyo a sus consideraciones anteriores, la parte accionante citó las jurisprudencias de los rubros: "PREDIAL. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1983, EN CUANTO VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN." e "IMPUESTO PREDIAL. SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE FACULTAN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A ACTUALIZAR, POR MEDIO DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES, LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).".

En el sexto de sus conceptos de invalidez, la parte accionante sólo reitera, en esencia, lo argumentado en el cuarto y quinto de éstos, sintetizados con antelación, citando en apoyo de sus consideraciones las jurisprudencias de los rubros: "IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 66, REFORMADO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVIENE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES, ES INCONSTITUCIONAL." e "IMPUESTO PREDIAL, EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR EL DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1980, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CUANTO AL SISTEMA DE VALUACIÓN DE PREDIOS QUE ESTABLECE PARA LOS EFECTOS DEL.".

QUINTO.-Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, a fin de que instruyese el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Por auto de dieciocho de enero de dos mil, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a los órganos demandados para que rindieran sus respectivos informes.

SEXTO.-Por escrito de dieciséis de febrero del año dos mil, el presidente, el primer y segundo secretarios de la mesa directiva por el periodo extraordinario de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, rindieron informe en el que, en lo conducente, precisaron:

a) En relación con el primer concepto de invalidez, que es cierta la emisión del decreto cuya invalidez, se demanda, aprobado en sesión de la legislatura el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, misma en la que participaron en la discusión y aprobación los accionantes, quienes estuvieron de acuerdo; que es inexacto que en el citado decreto se delegue a la autoridad administrativa la facultad de determinar a capricho la base gravable del impuesto predial; que los artículos 7o., 8o., 19, 20, 23 bis, 25 y 26 de la Ley del Catastro, no liberan en forma alguna la determinación de las bases generales de valores por unidades tipo, ni los valores catastrales de los inmuebles, ya que el artículo 20 prohíbe a la autoridad administrativa la modificación de tales valores, salvo el caso en que el Congreso Local determine un porcentaje modificatorio aplicable.

b) Que el diverso 19 del ordenamiento invocado, si bien pudiera entenderse que permite la revisión de valores catastrales en cualquier momento, éste forma parte integral de un mecanismo tendiente a proporcionar legalidad a la actuación de la autoridad administrativa, pues al establecer la revisión de las bases generales de valores unitarios, obliga a que su nueva determinación o modificación sea notificada al particular, a fin de que éste se encuentre en facultad de impugnar tal determinación de conformidad con los artículos 26 y 30 bis de la Ley del Catastro para que la autoridad compruebe que su modificación es justificada legalmente; en lo referente al artículo vigésimo segundo transitorio impugnado, su vigencia sólo corresponde al año dos mil y sólo procede el incremento establecido en éste si la autoridad administrativa comprueba una justificación económica, por lo que en ningún momento se faculta a la autoridad administrativa para que modifique valores catastrales de los predios, sino exclusivamente para que realice el trabajo de campo que la Ley del Catastro y su reglamento estipulan para realizar los proyectos relativos.

c) Que el decreto impugnado no constituye ninguna norma tributaria y para que se considere como tal, es necesario que en ésta queden definidos, sujeto, objeto o hecho imponible, tasa o tarifa, que al no contener tales supuestos el decreto impugnado, resulta infundado que pueda ser violatorio del artículo 31, fracción IV, constitucional; que las bases generales de valores por unidades tipo y los valores catastrales de los predios, sirven de base para el impuesto predial y su valuación debe ser practicada en la forma y términos que señale la Ley de Hacienda y la Ley del Catastro, atendiendo al objeto de dicho impuesto y a quienes son sujetos del mismo; que para que pudiera considerarse una norma tributaria en contradicción a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad debería relacionarse con la obligación conducente de los contribuyentes.

d) Que el pago de los tributos que proporciona la riqueza gravada se puede conseguir mediante la utilización de tasas progresivas pero también con tasas fijas que atiendan a la capacidad contributiva; esta Suprema Corte, al respecto, sustentó el criterio del rubro: "IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 21 BIS-8, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESE ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."; que no existe ninguna violación al principio de legalidad por virtud de que la Ley de Hacienda prevé el impuesto predial y remite para su valuación a la Ley del Catastro, la cual establece el mecanismo y procedimiento correspondiente para ello, ya que se contempla en función de las normas que establecen los elementos esenciales y no de aquellas que señalan las formalidades para determinar la base gravable.

e) Que el artículo 21 de la Ley del Catastro, contempla que las bases generales no deben exceder del valor comercial del bien y es en el reglamento de la ley donde queda establecido el procedimiento para formular los avalúos; que los accionantes no acreditan sus conceptos de invalidez, además de que no es en los preceptos que contiene el decreto impugnado en donde quedan establecidos los elementos y supuestos de la obligación tributaria relativa al impuesto predial, no existe contradicción entre éstos y los artículos de la Constitución Federal; que en ninguna parte de los preceptos impugnados se contiene facultad alguna para que la autoridad administrativa en forma arbitraria haga la aplicación conducente del impuesto; que en el caso, tienen aplicación los criterios de este Alto Tribunal de los rubros: "CATASTRO. LOS ARTÍCULOS 30 Y 55 DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO EL 18 DE SU REGLAMENTO, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." e "IMPUESTO PREDIAL.".

f) Que el contenido de los preceptos cuya invalidez se demanda se ajusta a las prescripciones constitucionales, máxime si se atiende a que se determinó que éste no deberá rebasar el valor real de los inmuebles y los particulares tienen oportunidad de defensa; que las tesis a que alude la parte accionante, referentes al Distrito Federal, son inaplicables en el caso y ya fueron superadas.

En relación con el segundo concepto de invalidez:

a) Que el incremento en las bases generales de valores por unidades tipo y valores catastrales de los predios en términos de lo previsto por el artículo 20 de la Ley del Catastro, quedó precisado en el vigésimo segundo transitorio del decreto impugnado y tal no representa ninguna contribución ni establece impuesto alguno, por lo que no es contradictorio a lo previsto por el diverso 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

b) Que los elementos esenciales del impuesto predial están definidos en la Ley de Hacienda para los Municipios, por lo que al no impugnarse los preceptos relativos de dicho ordenamiento, de los cuales surge la obligación tributaria, devienen infundados los conceptos de violación aducidos en el correlativo que se contesta; que para la aplicación de la Ley de Ingresos de Hacienda, Catastro y su reglamento, las autoridades municipales actúan de acuerdo con las facultades que les otorga la ley; que los accionantes no muestran la inconstitucionalidad del decreto impugnado ni cómo se deja al arbitrio de la autoridad administrativa, como argumentan, la determinación de los elementos fundamentales del impuesto predial, pues los preceptos impugnados no impiden que los sujetos pasivos del impuesto conozcan en forma cierta el importe a pagar por la contribución; que los accionantes no advierten la diferencia entre las normas tributarias y aquellas que prevén variables sin afectar el impuesto.

En relación con el tercer concepto de invalidez:

a) Que el artículo 1o. de la Ley del Catastro establece que ésta es para realizar el control y valorización de los inmuebles ubicados en el Estado y los diversos 4o. al 9o. delimitan a las autoridades administrativas que intervienen en el proceso, así como sus facultades; que de lo anterior deviene infundado que el artículo 11 impugnado resulte inconstitucional, pues atendiendo a lo dispuesto en el diverso 9o., se aprecia que las facultades de la Dirección de Catastro se encuentran limitadas por la ley.

En relación con el cuarto concepto de invalidez se precisa:

a) Que el mismo es infundado, pues en principio se omite hacer una relación lógico-jurídica en relación con la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda donde se establece el objeto del impuesto y demás conceptos inherentes; que este Alto Tribunal, al respecto, emitió la jurisprudencia de la voz: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI SÓLO SE IMPUGNÓ UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOYÁNDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATIÓ.".

b) Que no se violan los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal con el acto impugnado, porque dicho precepto no prohíbe la instauración de la tasa proporcional del impuesto predial; que en ningún momento se verá afectada la capacidad contributiva de quienes deban pagar el impuesto y no existe violación al principio general de legalidad ni violación al artículo 14 de la Constitución Federal; que en el caso, los caracteres necesarios del impuesto, forma, contenido y alcance, están consignados en la Ley de Ingresos, de Hacienda para los Municipios, del Catastro y su reglamento, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos impredecibles.

En relación con el quinto concepto de invalidez señaló:

Que el decreto impugnado no viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que es infundado que no se precise en la ley el procedimiento para fijar los criterios de valuación en cada predio; que en el caso, no hay infracción aun cuando se otorguen facultades a la autoridad administrativa para la determinación de la base gravable, por lo que son inaplicables las diversas tesis que cita la accionante relativas al Distrito Federal.

En relación al sexto concepto de invalidez aduce:

Que el mismo es infundado, pues en éste no se hace una relación lógico-jurídica en función de la Ley de Ingresos, además de que el mismo resulta confuso al ser reiterativo con lo argumentado en los anteriores.

Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León manifestó:

a) Que son infundados el primer y segundo conceptos de invalidez que aducen los accionantes, por virtud de que de la interpretación armónica de la Ley del Catastro y su reglamento, se desprende que el legislador sí establece con precisión los elementos para determinar la base gravable del impuesto predial, de modo que no se deja a la autoridad administrativa esa determinación.

b) Que los artículos que se impugnan así como los diversos del 12 al 21 del Reglamento de la Ley del Catastro establecen, en esencia, los lineamientos para determinar dicha base, presumiéndose los conceptos y dando los pasos que deben darse e incluso prevé un recurso para el contribuyente que no esté de acuerdo con la valuación; que si bien los preceptos impugnados establecen que las autoridades administrativas determinarán lo ahí especificado, ello no será a su arbitrio sino a través del procedimiento que marca la ley y su reglamento; que es prácticamente imposible que el gobernador establezca una sola forma para determinar el impuesto relativo; que los criterios que deben prevalecer al resolver el presente asunto son los emitidos por este Alto Tribunal, bajo los rubros de: "CATASTRO. LOS ARTÍCULOS 30 Y 55 DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO EL 18 DE SU REGLAMENTO, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." y "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.".

c) Que resulta infundado el argumento de los accionantes referente a la violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que la circunstancia de que el legislador no estableciera una época cierta para la revisión de las bases, fue atendiendo a las características económicas cambiantes del país; que el decreto impugnado no es violatorio del principio de legalidad, siendo aplicable al caso, la tesis de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTÉ OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY.".

En relación con el tercer concepto de invalidez:

Que el mismo resulta infundado, ya que lo dispuesto por el artículo 11 impugnado no debe entenderse como un otorgamiento de atribuciones ilimitadas a la elección de catastro del Estado, considerando que de la ley relativa se desprenden cuá

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7039-4b469a95/catastro-el-articulo-vigesimo-segundo-transitorio-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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