I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019). III. DERECHO A LA IDENTIDAD Y AL REGISTRO INMEDIATO DE NACIMIENTO. SU TUTELA EN EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. IV. GRATUIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL Y DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO. INVALIDEZ DEL COBRO DE DERECHOS POR REGISTRO EXTEMPORÁNEO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019). V. MULTAS. SON EXCESIVAS AQUELLAS CUYA REGULACIÓN IMPIDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU IMPOSICIÓN CONSIDERAR LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR, LA REINCIDENCIA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO A FIN DE INDIVIDUALIZAR SU CUANTÍA. VI. MULTAS FIJAS. CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A SU PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL CUANDO LAS CONDICIONES O SUPUESTOS DE HECHO RELACIONADOS CON LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN RESULTEN DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE APRECIACIÓN. VII. MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICÍA Y TRÁNSITO, ASÍ COMO AL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y PRESTACIÓN. VALIDEZ DE LAS QUE SE PREVÉN POR UN MONTO FIJO DADO QUE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE COMETEN LAS INFRACCIONES RESPECTIVAS NO PERMITEN A LA AUTORIDAD GRADUAR LOS ELEMENTOS PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN (ARTÍCULO 48, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019). VIII. MULTAS FIJAS. CUANDO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN A SU INVALIDEZ SU PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL SE CONSTITUYE POR LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. IX. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL. LAS PREVISTAS EN UN MONTO FIJO SON INCONSTITUCIONALES, AUN CUANDO SU IMPOSICIÓN PUEDA ESTAR PRECEDIDA DE UNA VISITA O VERIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES COMPETENTES A FIN DE CONSTATAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN [INVALIDEZ DE LAS FRACCIONES II Y VI, SALVO SUS INCISOS T) Y Z), DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. X. MULTAS POR INFRACCIONES EN MATERIA DE ECOLOGÍA. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS QUE PREVEAN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL [ARTÍCULO 48, FRACCIÓN VI, INCISOS T) Y Z), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN XIII Y 48, FRACCIONES II Y VI, SALVO SUS INCISOS T) Y Z), DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA QUE NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS DECLARADAS INVÁLIDAS, LO ANTERIOR, TOMANDO EN CUENTA QUE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ RECAE SOBRE DISPOSICIONES GENERALES DE VIGENCIA ANUAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN XIII Y 48, FRACCIONES II Y VI, SALVO SUS INCISOS T) Y Z), DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE DICIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de diciembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 32/2019, en la que se impugnan los artículos 26, fracción XIII y 48, fracciones I, II, V y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexquitic de Carmona, del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicada en el Periódico Oficial "El Plan de San Luis", mediante Decreto 0075 de cinco de enero de dos mil diecinueve.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de los referidos preceptos.
2. La accionante señaló que las normas impugnadas violaban los artículos: 1o., 4o., párrafo octavo, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"), segundo transitorio del Decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Federal, publicado el diecisiete de junio de dos mil catorce; 1o., 18 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el artículo 29 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
3. Conceptos de invalidez. Al respecto, se plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:
• Primer concepto de invalidez. El artículo impugnado al prever un cobro por el registro extemporáneo de nacimiento, viola el derecho a la identidad y a la gratuidad del registro previsto en el artículo 4o. de la Constitución Federal.
El derecho a la identidad postula que toda persona desde el momento de su nacimiento debe acceder a una identidad, entendida como un conjunto de rasgos propios de un individuo o que lo caracterizan frente a los demás, y que le dan consciencia de sí mismo; por tanto, se relaciona con otros derechos fundamentales como el nombre, nacionalidad, filiación o personalidad jurídica.
Del párrafo octavo del artículo 4o. constitucional, se desprenden cuatro postulados fundamentales en relación con la protección de los derechos humanos:
I. Toda persona tiene derecho a la identidad.
II. Toda persona tiene derecho a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento.
III. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos.
IV. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento.
Así, el acto registral del nacimiento, por sí mismo, constituye un reconocimiento de existencia de otros derechos como son el nombre, la nacionalidad, la filiación, la personalidad jurídica y a su vez facilita la participación social de niños y niñas. Por tanto, es un presupuesto formal para el desarrollo y la inclusión en la vida económica, política y cultural, así como para el pleno acceso a otros derechos esenciales como son la protección de la salud, educación, trabajo digno y socialmente útil, o derechos de carácter político, puesto que las actas de nacimiento son documentos públicos que se necesitan para el desarrollo de aspectos vitales desde el primer momento de vida de un individuo y hasta su edad adulta.
De ahí que, si por cualquier circunstancia se inhibe, impide, limita u obstaculiza el acceso al registro gratuito del nacimiento de una persona, se transgrede su derecho a la identidad.
Son tres las características esenciales del derecho a la identidad:
I. Universalidad: Se asegura a toda persona el acceso al registro de su nacimiento en territorio nacional, independientemente de su raza, sexo, condición económica, procedencia o cualquier otra circunstancia.
II. Gratuidad: Se elimina el cobro de cualquier tarifa oficial o extraoficial por servicios de registro de nacimiento o emisión del acta respectiva, sin importar si el registro se hace de manera oportuna o tardía.
III. Oportunidad: Se pretende lograr que el registro se realice inmediatamente después del nacimiento.
En el caso que nos ocupa, importa la gratuidad porque contribuye a la universalidad y la oportunidad del registro de nacimiento, al ser un elemento que puede disolver barreras económicas que muchas veces lo obstaculizan, si se tiene en cuenta que las personas, en especial, las niñas y los niños que no son registrados, no cuentan con un acta y, por ello, carecen de identidad legal, lo que limita sus posibilidades de acceder a otros derechos indispensables para su supervivencia y desarrollo; de ahí que la falta de registro y acta de nacimiento pueda constituir un factor de exclusión y discriminación para las personas.
El registro de nacimiento es un derecho humano reconocido por los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme a los cuales el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre; asimismo, los Estados Parte, se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares.
Sin embargo, el cobro por el registro de nacimiento extemporáneo, puede afectar en mayor medida a las niñas y niños que pertenecen a la población más marginada, niños indígenas; migrantes o hijos de migrantes que viven en áreas rurales, zonas remotas o fronterizas, entre otros, porque las razones para no efectuar el registro universal, gratuito y oportuno de un nacimiento son diversas a nivel legal, geográfico, económico, administrativo y/o cultural.
Así, la obligación de garantizar por parte del Estado, conforme a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, esto es, supone el establecimiento de elementos mínimos que se debe proveer a cualquier persona de forma inmediata y sin que medien contraargumentaciones fácticas de imposibilidad sobre la escasez de recurso o elementos semejantes.
Que en relación con la jurisprudencia derivada del sistema universal sobre el tema del registro de nacimiento como parte del derecho de identidad, en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos, emitido al tenor del párrafo cuarto del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el caso Mónaco Vs Argentina, relativo a la adopción irregular, se concluyó que la demora en establecer legalmente el verdadero nombre de la peticionaria y en emitir documentos de identidad constituyó una violación del párrafo 2 del artículo 24 del pacto, que tienen por objeto fomentar el reconocimiento de la personalidad legal de los niños.
Un presupuesto jurídico formal para materializar el derecho a la identidad es inscribir el nacimiento en los registros públicos del estado civil y, en este sentido, asentar públicamente el reconocimiento del nombre, la nacionalidad y la filiación de la persona. De esta forma, el registro civil universal del nacimiento es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos relacionados con el derecho a la identidad.
Por tal razón, el Poder Reformador de la Constitución dispuso, en el artículo segundo transitorio del Decreto que reforma el artículo 4o. constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil catorce que, a partir de su entrada en vigor, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrían seis meses para establecer en sus códigos hacendarios o financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta respectiva.
En consecuencia de lo anterior, el marco constitucional mexicano brindará una protección más amplia al derecho a la identidad, garantizando que dicho derecho se materialice en favor de los ciudadanos sin costo alguno, es decir, sin que la erogación de recursos para costear el trámite signifique un obstáculo al ejercicio de tal derecho. En ese sentido, nuestro Texto Constitucional sí reconoce la gratuidad en el registro de nacimiento como una garantía que el Estado otorga para hacer efectivo dicho derecho.
Sin embargo, la disposición impugnada establece un cobro por el registro extemporáneo de nacimiento, por la cantidad de $110.00, debiendo precisar que conforme al artículo 145 de la Ley del Registro Civil de esa entidad federativa dispone que será considerado registro extemporáneo de nacimiento el realizado después del término de ciento ochenta días.
Con lo anterior, el legislador perdió de vista la finalidad de la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil catorce, al artículo 4o. ya que, al establecer el cobro por registro extemporáneo de nacimiento, desnaturaliza los fines constitucionales, en perjuicio del interés superior de las niñas, los niños y adolescentes; es decir, al introducir un pago por el ejercicio del derecho a la identidad, tiene como consecuencia desincentivar a las personas a que deben acudir a realizar el registro referido.
Es así, que la norma se constituye como un obstáculo real para tener acceso a la identidad y sus derechos conexos, perdiendo de vista que el registro gratuito del nacimiento es una obligación constitucional del Estado. Por tanto, la tarifa establecida en cantidad de $110.00 por el registro extemporáneo de nacimiento carece de justificación constitucional y se traduce en un obstáculo que impide la realización efectiva de la obligación de garantía que la Constitución y los tratados internacionales imponen al Estado en materia de identidad.
La constitucionalidad de las tarifas por registro ordinario extemporáneo ha sido analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 3/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016 y 36/2016, falladas los días veintidós y veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, así como en las diversas 4/2017, 6/2017, 9/2017, 10/2017 y 11/2017, resueltas el tres de agosto, treinta y uno de octubre y trece de noviembre, todas en dos mil diecisiete, y las similares 4/2018, 7/2018 y 26/2018, resueltas el tres de diciembre de dos mil dieciocho; en las que se declaró la invalidez de las normas que establecían un cobro por el registro de nacimiento o se limitaba la gratuidad del mismo a cierta temporalidad.
En las sentencias de tales asuntos, se determinó que la imposición de un cobro por el registro extemporáneo, representa una transgresión al derecho a la identidad y aunque el fin perseguido con la imposición de la tarifa por el registro extemporáneo puede perseguir un fin legítimo (incentivar a los padres a declarar el nacimiento de sus hijos de manera inmediata al nacimiento), implica un cobro a los padres que lo hagan fuera del plazo establecido, con la consecuencia de desincentivarlos a que acudan a hacer el registro correspondiente.
En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que resultan inconstitucionales todos aquellos cobros que atenten contra la gratuidad del registro de nacimiento, como son: fijar una vigencia o fecha de expiración para su validez oficial, o requerir que la misma tenga un límite de antigüedad para poder realizar trámites, ya que lo anterior obligaría a las personas a expedir a su costa otra copia certificada, anulando la intencionalidad que subyace en la reforma constitucional.
La norma impugnada también soslaya la obligación estatal de garantizar el derecho a la identidad, porque el Estado no da cumplimiento al Texto Constitucional y desconoce el derecho a la gratuidad imponiendo barreras legales para consecución de ese derecho de las personas, como es el cobro decretado en las normas legales que se combaten.
• Segundo concepto de invalidez. El artículo 48, fracciones I, II, V y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal del año 2019, establece multas fijas como sanción a diversas infracciones, lo que se traduce en una pena desproporcionada, absoluta e inflexible, que no atiende a la gravedad de la falta cometida y al daño causado, por lo que no permite un margen de apreciación para que la autoridad pueda individualizarla y, por tanto, vulnera los derechos a la seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad, así como la prohibición de multas excesivas, previstos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Federal.
Señala que el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, se encuentran reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales y se erigen como ejes rectores de funcionalidad del Estado democrático mexicano, ya que dotan al gobernado de herramientas a las que tiene acceso para estar en posibilidad de oponerse frente a la actuación del Estado y así defender sus derechos.
Así, todo el actuar del Estado se encuentra constreñido por el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica en aras de garantizar a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Luego, resulta lógico afirmar que uno de los medios a través del cual el Estado hace efectiva dicha garantía, es mediante la facultad de legislar, estableciendo la normatividad sobre la que se rige la vida en sociedad; facultad que se encuentra limitada por diversos lineamientos que deben ser observados para asegurar la constitucionalidad y convencionalidad de las normas.
Ahora bien, el artículo 22 constitucional, consagra el principio de proporcionalidad en las sanciones, en tanto prohíbe las multas excesivas, erigiéndose como una prohibición de injerencia desproporcional del Estado, al momento de establecer las sanciones, las cuales deben ajustarse al grado de afectación al bien jurídico tutelado. Principio que opera tanto para el legislador, al momento de crear las normas, como para el operador jurídico al momento de su aplicación e incluso en el momento de su ejecución.
El alcance del precepto, no se limita a las sanciones exclusivamente penales, sino que se refiere a la multa excesiva en términos generales, las cuales se pueden decretar tanto en infracciones penales como en otras ramas del derecho.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los principios aplicables en materia penal también resultan aplicables en materia de derecho administrativo sancionador, en virtud de que el crecimiento en los ámbitos de utilización del poder de policía, entre ellos la creación y aplicación de sanciones, por parte de la administración pública, exige la creación de una esfera de protección de los derechos fundamentales.
Lo anterior, ya que las sanciones administrativas guardan una similitud fundamental con las sanciones penales, pues como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. Que dicha pena sea impuesta en un caso por un tribunal y en otro por la autoridad administrativa, constituye una diferencia jurídico-material entre los dos tipos de normas sancionadoras.
Ello, en virtud de que la materia administrativa alcanza planos cada vez más amplios, pues la vida social es dinámica, el desarrollo científico y tecnológico revoluciona a las relaciones sociales, y sin duda exige un acreditamiento de la actuación estatal, en específico, de la administración pública y la regulación del poder de policía por parte del legislador para encauzar con éxito las relaciones sociales.
En ese orden, el Tribunal Pleno ha sustentado el criterio de que en la interpretación constitucional de los principios aplicables al derecho administrativo sancionador puede válidamente acudirse a los principios sustantivos que rigen la materia penal, dada la similitud y unidad de la potestad punitiva del Estado, debido a que la aplicación de sanciones, tanto en el plano administrativo como en el penal, constituyen reacciones frente a lo antijurídico; es decir, en uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una sanción.
Es así, que conforme al artículo 22 de la Constitución Federal, una sanción no debe ser genérica, absoluta y aplicable a la generalidad, sino que, por el contrario, atendiendo a cada caso en particular, con base en el daño al bien jurídico tutelado, los operadores jurídicos deben tener la facultad de individualizarlas.
En oposición a ello, el legislador local al expedir la ley impugnada, impuso en su artículo 48, diversos supuestos de infracción relacionados con policía y tránsito; rastro municipal; ecología y actividades comerciales e industriales, estableciendo multas fijas como sanción a las diversas infracciones, por lo que resultan una pena desproporcionada, absoluta e inflexible, que no atiende a la gravedad de la falta cometida y el daño causado, por lo que no permite un margen de apreciación para que la autoridad pueda individualizarla y por tanto, se estiman vulnerados el derecho a la seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad, así como la prohibición de multas excesivas.
En efecto, las multas previstas en las fracciones I, II, V y VI, del artículo 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, constituyen sanciones desproporcionadas, excesivas, invariables e inflexibles, toda vez que no establecen límites mínimos y máximos para su aplicación, lo que acarrea como consecuencia que, los operadores jurídicos se encuentren imposibilitados para individualizarla, tomando en cuenta factores como el daño al bien jurídico tutelado, el grado de responsabilidad y la capacidad económica del sujeto sancionado, entre otros.
Precisa que si bien el legislador tiene libertad de configuración para elegir los bienes jurídicos que piensa tutelar, las conductas prohibidas y sus sanciones, de acuerdo a las necesidades sociales, dicha libertad no es absoluta, pues encuentra su límite en la observancia y no contravención de los principios y derechos consagrados en la Constitución Federal, dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica; los cuales no fueron respetados por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Conforme al artículo 22 constitucional, se prohíben las multas excesivas. Así, tanto las sanciones penales como las de carácter administrativo, deben ser individualizadas tomando en consideración la responsabilidad y la capacidad económica de la persona sancionada.
Por tanto, para que una multa resulte proporcional, es necesario valorar el momento de imponerla, la gravedad de la lesión, en razón del perjuicio que le ocasionó al Estado, el grado de responsabilidad o la intención de la persona al realizar la conducta que dio origen a la sanción, la reincidencia, así como la situación económica en que se encuentra el infractor, es decir, cuando el operador jurídico tiene la posibilidad de particularizarla a cada infractor en concreto.
En este orden, para que una multa no resulte violatoria de los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal, la autoridad sancionadora debe tener la facultad de poder individualizarla de acuerdo con: a) la correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor; y b) la sanción pecuniaria debe tomar en cuenta la gravedad de la falta cometida.
Así, no resulta suficiente que el legislador establezca solamente alguno de los elementos señalados, ya que no se le estaría dando a la persona infractora la oportunidad de demostrar si tuvo o no intención en causar el daño al incurrir en la conducta prohibida, su menor o mayor capacidad económica y su grado de responsabilidad.
Es imprescindible que la autoridad al momento de imponer la sanción pecuniaria esté en la posibilidad de individualizarla tomando en cuenta todos esos elementos, por lo cual, si el Poder Legislativo no le señala en la norma un mínimo y un máximo para la multa, se estaría ocasionando la imposición de una multa excesiva, al resultar fija e inflexible. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido las tesis jurisprudenciales P./J. 9/95 y P./J. 10/95.
Sin embargo, las normas impugnadas se estiman inconstitucionales al no permitir que el aplicador de la norma tome en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, para que esté en proporción con el daño causado; imponiendo sanciones fijas e invariables, aplicables a todos los casos y por tanto resultan excesivas, lo que da lugar a que se puedan considerar como una pena inusitada, por no señalar un mínimo y un máximo para su aplicación.
Se reitera que una obligación inherente al legislador es el establecimiento de sanciones graduables que permitan a la autoridad operadora tomar en cuenta los supuestos señalados, es decir que, no es factible el establecimiento de multas absolutas e invariables que imposibiliten la graduación de las mismas. De lo contrario, el operador jurídico se encontrará imposibilitado para valorar la conducta prohibida tomando en consideración su gravedad, el daño causado y la capacidad económica del infractor, y de esta manera estar en aptitud de imponer una sanción que se estime justa.
Atento a lo expuesto, se afirma lo siguiente:
1. Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito.
2. Una multa es excesiva cuando se propasa, va más delante de lo lícito y lo razonable.
3. Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.
4. Para que una multa no sea contraria a la Norma Suprema, debe determinarse su monto o cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho.
5. La garantía de prohibición de multas excesivas, contenida en el artículo 22 constitucional se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador.
6. La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases para la autoridad administrativa a individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley.
Por tanto, por el solo hecho de que los artículos impugnados prevean una cantidad fija como monto de las multas, resultan desproporcionales para unos, pues el pago de las cantidades implica el detrimento económico desmedido, al no proporcionar a la autoridad un parámetro entre un mínimo y un máximo que permita, con base en la situación económica del infractor, individualizar la sanción pecuniaria.
Asimismo, las multas impugnadas no permiten que la autoridad operadora pueda individualizar la sanción de manera adecuada, es decir, que pueda realizar una ponderación con base en el principio de proporcionalidad, tomando en consideración diversos factores, vulnerando así el principio consagrado en el artículo 22 constitucional.
Por su parte, el principio de legalidad señala que el legislador debe actuar de forma medida y no excesiva, al momento de regular las conductas no permitidas para las personas, pues tiene prohibido actuar de forma arbitraria y en exceso del poder, razón por la cual debe respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad al momento de configurar las normas sancionatorias, con la finalidad de que la aplicación de las mismas no resulte infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad de la persona.
En este sentido, el principio de legalidad y seguridad jurídica se constituyen en garantía para las personas de que las leyes estén redactadas de forma clara y suficientemente determinadas, en las que se precise la conducta prohibida y la consecuencia jurídica por su actuación en dicho sentido, a fin de que la sanción se aplique con estricta objetividad y justicia; y no se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, por el desconocimiento de la duración mínima y máxima de la sanción.
Así, las penas fijas que establecen los preceptos impugnados, contravienen lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que aun cuando señala la consecuencia jurídica de la conducta prohibida, la norma no precisa el monto mínimo o máximo de la sanción pecuniaria al establecer multas fijas, lo que no otorga certeza jurídica a quien se les apliquen éstas, pues no permite que la autoridad impositora la individualice de manera graduada a la gravedad de la conducta, tomando en cuenta el grado del daño causado y la capacidad económica de la persona.
La imprecisión de la disposición al no señalar expresamente un límite mínimo y máximo de las multas, ocasiona que los destinatarios de la norma se encuentren en la incertidumbre de conocer si la autoridad tendrá en cuenta todos los elementos para una correcta y adecuada imposición de las mismas, en virtud de que se constriñe a la autoridad sancionadora a imponer siempre un solo monto de multa, sin importar el grado de responsabilidad en que se incurrió, y tomando en consideración todos los factores necesarios para su adecuada imposición, es decir que, al señalar la norma que a todas las personas que actualicen los supuestos jurídicos se les aplicará invariable e inflexiblemente la sanción especificada, se impide el ejercicio de la facultad prudente del arbitrio para individualizar y cuantificar el monto de las multas.
Por lo anterior, el legislador debió establecer en las normas impugnadas una sanción pecuniaria con un límite mínimo y máximo, que permita individualizarlas, para que exista proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de las mismas y la gravedad del daño.
Es indudable que el legislador ordinario está constreñido a lo que señala la Norma Suprema, por lo que, al formular la cuantía de las sanciones pecuniarias, debe atender a los diversos principios constitucionales, como la proporcionalidad y la razonabilidad.
En virtud de que la norma no señala las bases suficientes para que la autoridad aplicadora pueda tener los elementos para su individualización, lo que no permite establecer su quántum en relación con la responsabilidad de la persona, resulta evidente que la sanción es excesiva. El grado de responsabilidad es un elemento central para la medición de la sanción y un parámetro de su limitación, pues nadie puede ser castigado más duramente de lo que le es reprochable.
Si se toman en cuenta esa multiplicidad de factores que deben estar presentes al momento de que la autoridad administrativa deba determinar el quántum de la multa a imponer, resulta claro que, mediante un sistema de imposición de sanciones fijas, no se permite la individualización de las mismas, toda vez que cualquiera que sea la conducta y las circunstancias del hecho, la magnitud de la multa será siempre, para todos los casos, de manera invariable, la misma, cerrando la posibilidad de justificarla de manera adecuada, en relación con las circunstancias en que se produjo la conducta y la capacidad económica de la persona.
Luego entonces, es claro que al establecer el legislador del Estado de San Luis Potosí multas fijas, no permite la individualización de las mismas, en virtud de que no importan las circunstancias del hecho, la sanción pecuniaria será siempre la misma, lo que la hace excesiva y desproporcional, y por tanto inconstitucional, pues al ser una sanción inflexible, genera que no pueda existir razonabilidad y proporción suficiente entre su imposición y su gravedad, al no permitir que se consideren los elementos para su individualización.
Por las razones expuestas, los artículos impugnados que imponen multas fijas se traducen en sanciones absolutas, excesivas e inflexibles, al no establecer un monto mínimo y uno máximo que permita graduarlas en relación a la afectación del bien jurídico tutelado, tomando en consideración la responsabilidad de la persona, las circunstancias del caso y su capacidad económica resultando violatorias del derecho a la seguridad jurídica, a los principios de legalidad y de proporcionalidad, así como a la prohibición de multas excesivas, resultando por tanto inconstitucionales.
Cuestiones relativas a los efectos. Solicita que de ser tildadas de inconstitucionales las disposiciones normativas impugnadas, también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas, por cuestión de efectos. Asimismo, solicita que en los efectos de la sentencia relativa se precisen efectos vinculatorios hacia el futuro al órgano legislativo del Estado de San Luis Potosí para que se abstenga de legislar en el mismo sentido.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad, registrándola bajo el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30013-cabaaef5/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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