PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. EL JUICIO RESPECTIVO ES DE LITIS ABIERTA EN OBSERVANCIA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 13/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 12 DE ABRIL DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, CON EL VOTO EN CONTRA DEL MAGISTRADO ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS, RESPECTO A LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN. UNANIMIDAD DE VOTOS EN CUANTO AL CRITERIO JURÍDICO. PONENTE: MAGISTRADO ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS. SECRETARIA: ALEJANDRA FLORES RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia
9. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, y 227, de la Ley de Amparo, y 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por tribunales colegiados en materia civil pertenecientes al Cuarto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte.
SEGUNDO.—Legitimación
10. La denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse formulado por el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que conoció del juicio de amparo directo **********, que dio origen a uno de los criterios contendientes.
TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados
I. Posición del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo **********:
11. Dicho Tribunal conoció de la sentencia de segunda instancia dictada en un juicio ordinario de pérdida de la patria potestad, que declaró actualizados los supuestos de pérdida previstos en las fracciones III y VII del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, relativos al abandono de los deberes de quien ejerce la patria potestad y al incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos declarada en sentencia firme, por más de noventa días, sin causa justificada.
12. Al respecto, concedió la protección constitucional porque consideró incorrecta la forma en que la autoridad responsable computó el plazo de noventa días de impago de alimentos a que se refiere la fracción VII de la norma citada, ya que el mismo no debía contarse a partir de que se emitió la sentencia condenatoria, sino a partir de que ese fallo tuviera la calidad de "sentencia firme", supuesto normativo que exigía que hubiera causado firmeza legal en los términos previstos en los artículos 407, 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. Tampoco se actualizaba la diversa causal contemplada en la fracción III del artículo 444 del mismo ordenamiento, dado que, al igual que la anterior hipótesis, el tiempo imputado como de incumplimiento del deber de convivir con la menor se configuraba después de iniciado el juicio.
13. Precisó que para ejercer la acción de pérdida de la patria potestad era requisito imprescindible que al momento de plantear la causal invocada, como causa de pedir, se hubiera verificado en la realidad fáctica, de modo que los hechos narrados en la demanda fueran los que actualizaran la hipótesis normativa, porque sólo de esa manera podría establecerse la litis en el debate jurisdiccional.
14. Razonó también que la contestación de la demanda necesariamente se dirigiría a admitir o negar los hechos materia de la contienda y respecto de los que existiera contradicción; y las partes ofrecerían pruebas que valoraría el juzgador para emitir la sentencia que resolviera la controversia, sin que pudiera considerarse ese tipo de juicio como de litis abierta, con la posibilidad de que la causal invocada se actualizara durante la tramitación, porque lejos de constituir una garantía en interés del menor, produciría una transgresión a los derechos de la parte reo, inclusive a los del menor, ya que desnaturalizaría el fin del proceso con la consiguiente vulneración del debido proceso legal y de las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que eran los hechos narrados en la demanda, acontecidos previamente al ejercicio de la acción, los que daban sustento a la causa de pedir.
15. Apuntó que considerar lo contrario, esto es, calificarlo como de litis abierta, conduciría a que cada hecho acontecido durante la tramitación del juicio tuviera que ser contestado y probado, llegando a presentarse procedimientos interminables que no podrían cerrar cada una de sus etapas ante la serie de acontecimientos relevantes que pudieran verificarse.
16. Especificó que si bien, en los asuntos en los que estaban implicados menores, el juzgador contaba con la facultad para flexibilizar los principios y reglas procesales de manera excepcional y con el propósito de garantizar el interés superior de los menores, existían postulados o normas procesales que no podían soslayarse como eran los plazos y términos, la regulación de diferentes tipos de juicios o vías y los presupuestos para obtener una resolución favorable.
17. También precisó que no era aplicable la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 16/2011(1) para estimar de litis abierta el caso de pérdida de la patria potestad, ya que se refería a juicios de alimentos en los que se acreditó el embarazo de la madre acreedora y existía presunción del nacimiento del menor antes del dictado de la sentencia definitiva.
18. Además, señaló que si de lo que se trataba era de ponderar el interés superior del menor, éste no necesariamente apuntaba a que debía tenerse por acreditada una causa de pérdida de la patria potestad, considerando al juicio como de litis abierta, pues no siempre implicaba un beneficio para el menor.
19. Las razones medulares motivo de la concesión, son las siguientes:
"96. Caso concreto.
"97. En el caso, la Sala declaró infundado el agravio planteado por el quejoso, relacionado con la temporalidad para el ejercicio de la acción de la pérdida de la patria potestad, con fundamento en la fracción VII del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que según el disidente entre el momento en que causó ejecutoria la sentencia de alimentos y el día en que se presentó la demanda en el juicio de origen, solamente habían trascurrido sesenta y cuatro días.
"98. Lo anterior porque desde la óptica de la autoridad responsable, en el caso de una pensión fijada mediante la sentencia en un juicio de alimentos, la obligación nace justamente a partir del dictado y notificación de esa sentencia con independencia de que esa decisión quede firme, una vez vencido el plazo para inconformarse con ella, pues cumplido lo anterior los efectos se retrotraen al momento en que fue emitida.
"99. En ese sentido, según la Sala, es verdad que el doce de abril de dos mil dieciocho en que la actora presentó la demanda sobre pérdida de la patria potestad, no habían transcurrido noventa días naturales desde que se dictó dicha sentencia, pues solamente habían pasado ochenta y tres días.
"100. En ese tenor, arrojó la carga probatoria al demandado para demostrar el cumplimiento de su obligación o la ausencia de causa justificada.
"101. Sobre este tema, la autoridad responsable, respecto de la temporalidad de la causal hecha valer con apoyo en que al presentarse la demanda sobre pérdida de la patria potestad no había transcurrido los noventa días a que se refiere la fracción VII del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, estimó que dicho término debía interpretarse en función de la naturaleza de los alimentos y al interés superior de las niñas y al principio de economía procesal (pronta y expedita).
"102. En ese tenor, la autoridad responsable estimó que atento lo previsto por el artículo 952 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en los asuntos como el juicio natural el órgano jurisdiccional está obligado a suplir la deficiencia de la queja, así como velar por el interés superior de menores o incapacitados, de manera que no opera el principio dispositivo sino el inquisitivo porque el juzgador puede intervenir de oficio y suplir los principios jurídicos y las normas legales aplicables, incluso juzgar con perspectiva de infancia.
"103. La Sala, también consideró que al ser el juicio natural de tipo inquisitivo y de litis abierta la causa de pérdida de la patria potestad, deben ser analizadas con exhaustividad y alineadas con el interés superior de las niñas para definir el alcance y gravedad de las acciones y omisiones paternas imputadas y así, poder atribuir las consecuencias negativas correspondientes.
"104. Sobre este tema, debe precisarse que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, al resolver el amparo directo 22/2016, entre otras, emitió las siguientes consideraciones.
"‘De tal manera, se tiene que el principio del interés superior del niño se constituye como un criterio de interpretación mediante el que se puede examinar cualquier disposición normativa, tanto las que regulan o impactan en un derecho sustantivo de los menores, como las que reglamentan el procedimiento jurisdiccional en el que se vean inmiscuidos.
"‘Lo anterior resulta relevante dado que frecuentemente la toma de decisiones por parte de los juzgadores comporta, como en el caso, la interpretación y aplicación de normas procesales, lo cual puede incidir en perjuicio de los menores. De ahí que el principio del interés superior también irradie sus efectos al derecho adjetivo, puesto que su observancia se exige en todo tipo de decisión judicial, ya sea de fondo o procesal.
"‘Consecuentemente, en todo procedimiento jurisdiccional en el que se encuentre involucrado uno o varios menores, el juzgador tiene facultades tuitivas, de manera que excepcionalmente y dependiendo de cada caso concreto puede flexibilizar principios y normas procesales con el objeto de hacerlos compatibles con los intereses y derechos del niño.
"‘Ello no quiere decir que los postulados o normas procesales puedan soslayarse sin más. Estas disposiciones (como son los plazos y términos, la regulación de diferentes tipos de juicios o vías, o los presupuestos que deben satisfacerse para obtener una resolución de fondo) son emitidas por el legislador para dar cauce a las controversias jurisdiccionales, y su finalidad es justamente garantizar que la impartición de justicia sea eficaz. Por tanto, no pueden ser consideradas como meros obstáculos o trabas innecesarias.(2)
"‘De tal suerte, la excepcionalidad de la facultad para flexibilizar disposiciones procesales no supone que el juzgador pueda excluir cualquier norma o presupuesto procesal por el solo hecho de que uno o varios menores participan en el juicio sometido a su potestad. Por el contrario, se trata de una herramienta que opera únicamente cuando se estime que tales disposiciones repercuten o pueden repercutir en los derechos de los menores de edad de manera desproporcional.
"‘Esta Suprema Corte ya ha resuelto asuntos en los que participaron menores de edad a través de los que, tomando en cuenta sus características y circunstancias especiales, de manera excepcional se flexibilizaron y compatibilizaron ciertos principios y normas procesales con el propósito de garantizar los derechos de los niños involucrados.
"‘Por ejemplo, en el caso de la carga de la prueba, este Alto Tribunal consideró(3) que si bien es uno de los aspectos procesales en los que mayor cuidado debe observar el juzgador, en tratándose de procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior del niño, así como para practicar las diligencias que considere oportunas y conducentes a fin de conocer la verdad respecto de los derechos controvertidos.
"‘En cuanto a la suplencia de la queja deficiente, se sostuvo(4) que dicha figura opera invariablemente si está de por medio la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que sea obstáculo la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, interpongan los recursos correspondientes, puesto que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a los menores no corresponde exclusivamente a los padres, sino también a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del niño.
"‘En relación a la legitimación ad procesum, se precisó(5) que, por regla general, el juicio de amparo en favor de los menores debe promoverse por quien ostente su legítima representación; sin embargo, la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y adolescentes justifica que en ciertos casos el juicio de amparo pueda ser promovido por otras personas en nombre y representación de aquéllos, especialmente en los que los intereses del niño son diferentes o se contraponen con los de sus representantes legales, porque de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al menor.
"‘Por otro lado, estimó (6) que la caducidad de la instancia es improcedente respecto de juicios en los que se involucren derechos de menores de edad, ya que el interés superior del niño constriñe a que el Estado en todos sus niveles y poderes, en el ámbito de sus respectivas competencias, pondere este derecho subjetivo frente a personas con capacidad plena.
"‘Respecto a la cosa juzgada, señaló(7) que no opera en un segundo juicio de reconocimiento de paternidad si el demandado la opone bajo el argumento de que ya fue absuelto en un primer juicio, pero ello deriva de que en éste se omitió desahogar la prueba pericial en genética, la cual resulta ser la idónea para el esclarecimiento de la verdad, puesto que tal figura jurídica presupone que en el juicio del que surge se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que no puede considerarse satisfecho si, en desacato al interés superior del niño, se omitió ordenar el desahogo, ampliación o perfeccionamiento de esa prueba.
"‘Por lo que hace a la conexidad o acumulación de procesos, consideró(8) que si del análisis de las constancias de un juicio en el que se discute directa o indirectamente la patria potestad de un menor se advierte que existe otro u otros que pueden tener trascendencia con lo que va a resolverse en el juicio de referencia, porque en esos procedimientos también se discute directa o indirectamente sobre tal situación, el juzgador, a efecto de salvaguardar el interés superior del niño, está constreñido a ordenar su acumulación al más antiguo para que sean resueltos en una sola sentencia, aun si no se hizo valer la excepción relativa.
"‘Finalmente, tratándose de conflictos sobre la competencia para conocer de asuntos que involucren a menores de edad, indicó(9) que para dirimirlos primeramente se debe atender a las reglas procesales aplicables, y sólo si la aplicación de tales reglas vulnera el interés superior del niño, pueden ser modificadas.
"‘Este criterio es de especial relevancia, ya que la posibilidad que prevé para modificar las disposiciones procesales que fincan competencia a los órganos jurisdiccionales, la sujeta a que su aplicación vulnere el interés superior del niño, lo que se deberá justificar en cada caso concreto en atención a sus circunstancias especiales. Tan es así, que en los asuntos(10) que dieron origen a dicho criterio no se modificaron las reglas de competencia, en razón de que no existieron elementos que lo justificaran y, por ende, la aplicación de tales reglas no vulneraba el interés superior de los menores involucrados, sin embargo, reconocimos que pueden darse casos en que sea necesario implementar esa medida.
"‘Como se asentó, la facultad de flexibilización de principios y normas procesales es y debe ser excepcional, lo que se pone de manifiesto a través de los casos descritos, los cuales por sus circunstancias especiales llevaron a esta Suprema Corte a compatibilizar determinadas disposiciones y postulados procesales con el propósito de garantizar el interés superior de los menores que involucraban tales asuntos.
"‘También se puede apreciar que, en concordancia con el criterio del Comité sobre los Derechos de Niño en el sentido de que el contenido del interés superior del niño «debe determinarse caso por caso» y «ajustarse y definirse de forma individual, con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales»,(11) el análisis sobre cómo opera el interés superior del menor con las reglas procesales, sólo puede establecerse caso por caso.
"‘Por tanto, en los asuntos en los que estén implicados menores de edad, el juzgador podrá ejercer esta facultad siempre y cuando advierta que, en atención a las circunstancias especiales que rodean al menor o menores involucrados, la aplicación de determinado principio o norma procesal conlleva la afectación de sus derechos u obstaculiza su ejercicio pleno. En el entendido de que esas circunstancias especiales serán las que deberán justificar la flexibilización de la regla procesal a efecto de que sea compatible con el interés superior del niño.
"‘Además, el juzgador al flexibilizar el principio o disposición procesal de que se trate, debe cerciorarse que no represente una carga indebida, excesiva o desproporcionada para el propio órgano jurisdiccional o terceros.
"‘Sólo en los casos en que se actualicen las directrices en mención, se considerará debidamente aplicado el interés superior del niño, así como justificado y ponderado el porqué de la necesidad de compatibilizar los postulados y disposiciones procesales con dicho principio.’
"105. Atento a lo anterior, en relación con el interés superior del niño es factible flexibilizar ciertos principios procesales, sin embargo, existen postulados o normas procesales que no pueden soslayarse, como son los plazos y términos, la regulación de diferentes tipos de juicios o vías, o los presupuestos que deben satisfacerse para obtener una resolución de fondo, ya que son emitidos por el legislador para dar cauce a las controversias jurisdiccionales, y su finalidad es justamente garantizar que la impartición de justicia sea eficaz. Por tanto, no pueden ser consideradas como meros obstáculos o trabas innecesarias.
"106. Así, la excepcionalidad de la facultad para flexibilizar disposiciones procesales no supone que el juzgador pueda excluir cualquier norma o presupuesto procesal por el solo hecho de que uno o varios menores participan en el juicio sometido a su potestad. Por el contrario, se trata de una herramienta que opera únicamente cuando se estime que tales disposiciones repercuten o pueden repercutir en los derechos de los menores de edad de manera desproporcional.
"107. Concepto de violación sobre el elemento ‘sentencia firme’.
"108. Precisado lo anterior, el quejoso plantea como primer concepto de violación fundamentalmente que, contrario a lo decidido por la autoridad responsable, no se demostraron los elementos de la acción de pérdida de la patria potestad con base en la fracción VII del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, como son:
"a) La existencia de una sentencia firme relativa a la obligación alimentaria; b) Un incumplimiento parcial o total de la sentencia relacionada con la obligación en comento; c) Que la omisión o desacato se prolongara por más de noventa días; d) La ausencia de causa justificada. "109. En relación con el primer requisito agrega, que si-bien obran las copias certificadas del expediente número 669/2017 que hizo agregar la magistrada responsable mediante la reposición del procedimiento, sin embargo, el juez que conoció de ese juicio no realizó la declaración correspondiente de que la sentencia emitida por él había causado firmeza, en tanto que en relación con el tercero, tampoco se demostró porque es inexacto que la omisión de cumplir con la obligación alimentaria se prolongara por más de noventa días; que la sentencia que decretó el pago de alimentos el diecinueve de enero de dos mil dieciocho causó firmeza el doce de febrero de dos mil dieciocho, en tanto que, la actora firmó su escrito de demanda sobre pérdida de la patria potestad el once de abril de dos mil dieciocho y fue radicada el diecisiete de abril del año citado.
"110. Es fundado el punto de queja.
"111. Supuesto normativo.
"112. En el caso, es de destacar que la fracción VII del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, instituye como causa de pérdida de la patria potestad, el incumplimiento parcial o total de la sentencia firme relativa a la obligación alimentaria por más de noventa días sin causa justificada.
"113. Sentencia firme.
"114. Para que se actualice el supuesto normativo de ‘sentencia firme’ se necesita la existencia de una sentencia que haya causado firmeza legal, o lo que es lo mismo, que haya causado ejecutoria en términos de lo previsto por los artículos 407, 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, cuyo tenor es el siguiente:
"‘Artículo 407. Hay cosa juzgada cuando la resolución ha causado ejecutoria.’
"‘Artículo 408. Causan ejecutoria las resoluciones:
"‘I. Cuando fueren expresamente consentidas por las partes;
"‘II. Cuando la ley no concede recurso alguno contra ellas;
"‘III. Cuando transcurren los términos para interponerlo, sin que las partes hagan uso de este derecho;
"‘IV. Cuando hubieren sido recurridas y no se continuare el recurso en el término legal;
"‘V. Las pronunciadas en segunda instancia;
"‘VI. Las que recaigan en juicios tramitados ante los jueces menores.
"‘VII. Las que dirimen o resuelven una competencia.’
"‘Artículo 409. No será necesario hacer declaración alguna para que las resoluciones causen ejecutoria en los términos del artículo anterior.’
"115. Al respecto, es pertinente hacer una cronología de los hechos ocurridos en el juicio de alimentos.
Ver hechos
"116. De acuerdo con lo anterior, para que se considerara procedente la acción de pérdida de la patria potestad, era necesario que apareciera demostrado que transcurrieron los noventa días a que hace referencia la fracción VII del artículo 444 del Código Civil para el Estado Nuevo León, previamente a su ejercicio, esto es, la actora debió ejercer la acción a partir del tres de mayo de dos mil dieciocho, sin embargo, lo que aparece demostrado es que la planteó el doce de abril de dos mil dieciocho.
"117. Efectivamente, si la sentencia dictada en el juicio de alimentos tramitado bajo el expediente 669/2016 del índice del Juez Séptimo del Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, que decretó en contra del quejoso la condena al pago de alimentos, le fue notificada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho.
"118. El plazo para ser impugnada mediante recurso de apelación transcurrió del veintidós de enero de dos mil dieciocho al uno de febrero de dos mil dieciocho.
"119. Ante la omisión de ser impugnada, causó ejecutoria el dos de febrero de dos mil dieciocho; de ahí que el doce de abril en que se presentó la demanda del juicio sobre pérdida de la patria potestad, habían transcurrido sólo sesenta y nueve días.
"120. De acuerdo con lo anterior, es claro que el ejercicio de la acción sobre pérdida de la patria potestad planteada por la madre de las niñas, se presentó antes de que transcurriera el plazo de noventa días a que se refiere el artículo 444 fracción VII del Código Civil para el Estado de Nuevo León.
"121. Es decir, al ejercer la acción de pérdida de la patria potestad, no se había verificado en la realidad fáctica, la hipótesis normativa de la fracción VII del artículo 444 del Código Civil, necesaria para ejercer la acción.
"122. Esto es, desde que se ejerció la acción, ésta era improcedente.
"123. Por consiguiente, la Sala de apelación, si bien es cierto invocó el interés superior de las niñas para obrar en la forma en que lo hizo, también lo es que, como se indicó, cualquier decisión judicial respecto del ejercicio de la patria potestad debe valorar siempre el beneficio del menor como interés prevalente, de modo que el juzgador antes de condenar a su pérdida, debió tomar en cuenta que el ejercicio de la patria potestad comprende un conjunto de facultades y deberes de ámbito personal y patrimonial, enunciados legalmente en abstracto, pero cuya adecuada aplicación exige su ejercicio siempre de acuerdo con el bienestar del menor.
"124. En ese sentido, el precepto en comento prevé para el ejercicio de la acción de pérdida de la patria potestad, un presupuesto de fondo o condición, no se trata de una cuestión meramente procesal que tenga que flexibilizarse; además, dada la trascendencia de la acción deducida, para declararla fundada, es necesario contar con bases sólidas y firmes para la impartición de justicia de modo eficaz de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"125. Tanto más porque está en juego una institución del estado civil cuya pérdida por el padre incumplido sin justificación, respecto de una sentencia firme al pago de los alimentos a los que hubiera sido condenado, puede repercutir en los derechos de las menores y en su desarrollo.
"126. En este caso, se estima que no es correcta la forma en que la Sala computó el plazo que establece la causal de pérdida de la patria potestad por impago de alimentos en comento, porque no debió tomar en cuenta desde el momento en que se emitió la sentencia en el juicio oral de alimentos que fue el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dado que aún no se cumplía con el elemento normativo que establece ‘sentencia firme’.
"127. Además, tampoco se advierte de la resolución reclamada que en ésta se hubiera hecho un esfuerzo de control de constitucionalidad difuso para dejar de aplicar esa porción normativa de ‘sentencia firme’, a más de que este tribunal no considera que existan vicios de inconstitucionalidad del texto normativo aplicado.
"128. En abono a lo anterior, debe partirse de dos puntos fundamentales, la causa de pérdida de la patria potestad de trato es la que está prevista en la fracción VII, del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León que establece que la patria potestad se pierde por ‘incumplimiento parcial o total de la sentencia firme’, entonces el requisito de la ley es que sea una ‘sentencia firme’, sin embargo, la magistrada responsable hace un esfuerzo argumentativo para poder eludir dicho requisito, el cual se estima no resulta jurídico; y además, omitió hacer análisis del último elemento de la acción para determinar si existía causa justificada o no del incumplimiento.
"129. En ese contexto, debe decirse que para ejercer una acción como la pérdida de la patria potestad basada en alguna de las causales previstas en el artículo 444 del Código Civil del Estado, antes de instar al órgano jurisdiccional, ésta debió haberse verificado en la realidad fáctica para que ésta prosperara y culminara con una sentencia favorable porque el debate jurídico debe constreñirse a los hechos que se narren en el escrito de demanda y no a hechos futuros e inciertos, ya que la contestación y defensas y excepciones que se hayan de oponer necesariamente serán en función de esos hechos acontecidos antes del ejercicio de la acción, porque es la verificación de ellos en la realidad fáctica, lo que da origen a la pretensión en que se funda; y nunca pudieran ser hechos futuros que no se hubieran verificado.
"130. En otro aspecto, el requisito de la existencia de sentencia firme para el ejercicio de la acción de pérdida de la patria potestad, no puede ser interpretado de la manera como lo hizo la autoridad responsable, porque se tendrían que transgredir los principios que rigen el proceso para poder llegar a esa conclusión, además si se trata de ponderar el interés superior del menor, éste no necesariamente apunta a que deba tenerse por acreditada una causa para perder la patria potestad el demandado, tampoco se puede buscar siempre como beneficio para el menor la pérdida de patria potestad, antes bien, se tendría que ver una cuestión diferente que verdaderamente le beneficie, pues lo que las constancias dejan ver es que no es exacto que el padre haya incumplido, al menos en la parte legal con un período como se menciona en la sentencia reclamada, y menos aún que el ‘incumplimiento’ de que se trata hubiere sido ‘sin causa justificada’.
"131. Litis abierta.
"132. La Sala responsable consideró que el juicio de pérdida de la patria potestad es un juicio de litis abierta y para llegar a esa conclusión se apoyó en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el rubro: ‘ALIMENTOS A FAVOR DE UN MENOR NACIDO DESPUÉS DE PRESENTADA LA DEMANDA, PERO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA. PROCEDE SU ANÁLISIS AUN CUANDO NO SE HAYAN SOLICITADO, POR EXISTIR LITIS ABIERTA.’
"133. Ahora bien, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta registro digital 162434, tomo XXXIII, abril de 2011, página 68, de título y subtítulo: ‘ALIMENTOS A FAVOR DE UN MENOR NACIDO DESPUÉS DE PRESENTADA LA DEMANDA, PERO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA. PROCEDE SU ANÁLISIS AUN CUANDO NO SE HAYAN SOLICITADO, POR EXISTIR LITIS ABIERTA.’, en la que se apoyó la responsable para estimar de litis abierta el caso de la pérdida de la patria pote
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31476-fa31aabf/perdida-de-la-patria-potestad-por-incumplimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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