JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].
CONTRADICCIÓN DE TESIS 528/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 13 DE MARZO DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diversos circuitos en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.
Lo anterior, con apoyo además, en la tesis P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO. Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región.
TERCERO. Criterios contendientes. Los principales antecedentes y las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores, son los siguientes:
I. Amparo directo **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región (en auxilio de las funciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito).
1. El asunto deriva del juicio contencioso administrativo **********, en el que la parte quejosa demandó la nulidad del oficio **********, de veinticuatro de marzo de dos mil ocho, por el que la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia del Servicio de Administración Tributaria, le determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, accesorios y reparto de utilidades correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil dos y dos mil tres.
La Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la validez del oficio reclamado. En lo que interesa, desestimó el concepto de invalidez enderezado a desvirtuar las inconsistencias advertidas por la autoridad demandada en el estudio de precios de transferencia que exhibió la actora en el procedimiento de fiscalización, puesto que únicamente adujo que la autoridad debió aplicar "el factor de ajuste relativo a la intensidad de gastos"; sin embargo, no demostró que durante el procedimiento de fiscalización hubiese alegado tal cuestión, y menos aún que hubiese aportado algún elemento de prueba para acreditar que de aplicarse tal ajuste, se determinaría que sus utilidades se encuentran dentro del rango de las empresas independientes que seleccionó para elaborar su estudio de precios de transferencia.
2. Inconforme con la resolución dictada en el juicio de nulidad, la actora promovió juicio de amparo directo en su contra. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento declaró fundado el concepto de violación enderezado a demostrar que la Sala responsable indebidamente omitió analizar los medios de prueba que ofreció en el juicio de nulidad para acreditar que la autoridad demandada debió aplicar "el factor de ajuste relativo a la intensidad de gastos", al analizar el estudio de precios de transferencia que ofreció en el procedimiento administrativo de origen. Las consideraciones que dan sustento a tal determinación, en la parte que interesa, son las siguientes:
"Deviene esencialmente fundado el concepto de violación, en virtud que, como lo aduce la parte quejosa, la Sala Fiscal transgrede el principio de congruencia y exhaustividad previsto en el artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, porque no estudió las pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad por la impetrante de garantías, ya que si a la quejosa se le determinó un crédito fiscal por considerar que la contribuyente no demostró que las operaciones realizadas con su parte relacionada se efectuaron a valores de mercado y las deducciones efectuadas por este concepto se hubieran realizado a los precios utilizados por partes independientes en operaciones comparables, porque se consideró que no aplicó correctamente el método de precio de reventa, al considerar empresas independientes que no le son comparables y al realizar el ajuste de cuentas por pagar que es improcedente, por lo que la litis en el juicio consiste en verificar si la inconforme llevó a cabo o no sus operaciones con partes relacionadas considerando precios, tomando en consideración el método utilizado por la contribuyente y, en el caso, la quejosa en la demanda de nulidad ofreció diversas probanzas tendentes a demostrar la aplicación del ajuste de intensidad de gastos que la autoridad demandada fue omisa en aplicar, es inconcuso que la Sala Fiscal atendiendo al principio de litis abierta que rige en el juicio que nos ocupa las debió analizar.
"En primer lugar, se señala que uno de los principios que rige el dictado de las sentencias es el de congruencia, el cual se encuentra consagrado en el artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, de cuya interpretación se ha distinguido la congruencia externa, que consiste en la conformidad entre lo pedido y lo resuelto, y la congruencia interna, considerada como la coherencia entre las afirmaciones y resoluciones contenidas a lo largo de una sentencia.
"Sobre la interpretación jurídica del citado precepto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en diversos precedentes que la litis abierta en el juicio contencioso administrativo se integra con el acto impugnado, los conceptos de anulación del actor, la contestación a la demanda y las pruebas que ofrezcan las partes.
"En tal virtud, en dicho numeral se instituye el principio de congruencia externa que significa la exhaustividad en el dictado de la sentencia de nulidad por parte de las Salas relativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al cual deben decidir la controversia sometida a su conocimiento, tomando en consideración la pretensión del actor contenida en la demanda promovida, así como aquellos argumentos de las demandadas encaminados directamente a destruirla, ya que si bien tal dispositivo no establece de manera clara la obligación del juzgador de examinar la defensa de las demandadas, ni los preceptos del Alto Tribunal del País definen qué aspectos de la contestación serán abordados, no debe perderse de vista que en el juicio de nulidad, los órganos estatales actúan como una parte, con la misma igualdad con la que se desarrollan las demás dentro del juicio, no como autoridad dentro de un plano de supra a subordinación con los actores particulares; consecuentemente, para salvaguardar el equilibrio procesal entre ellos, las Salas deben estudiar, por regla general, todos los argumentos expresados en la demanda y en su contestación, salvo que exista imposibilidad jurídica para abordar su análisis.
"Desde esa óptica, se arriba a la convicción de que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están obligadas a pronunciarse sobre todos los planteamientos expuestos en la demanda sometida a su conocimiento, así como aquellos de la demandada encaminados directamente a destruir el derecho invocado por su contraparte, inclusive, a valorar los medios de prueba que ofrezcan en el juicio con el objeto de demostrar sus respectivas aseveraciones.
"El criterio anterior se encuentra abrigado en la jurisprudencia consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y cinco, página setecientos setenta y dos, que dice: ‘SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.’ (se transcribe).
"Ahora, respecto del principio de litis abierta, es necesario realizar las siguientes reflexiones:
"La tutela de los derechos y los intereses jurídicos de los administrados puede cumplirse, con relativa eficacia, a través del establecimiento de diversos mecanismos legales que, por instancia de parte interesada, hagan que la administración lleve a cabo un examen del actuar ejecutivo que le sea impugnado.
"Así, resulta posible que todo gobernado pueda obtener solución pronta y satisfactoria a sus reclamos en la sede propia de la autoridad quien dictó el acto que le agravie, sin tener entonces que recurrir a la vía jurisdiccional.
"La inconformidad que todo particular puede elevar ante la autoridad que expresamente disponga la ley, pero sin salir del ámbito de la administración activa, recibe el nombre genérico de recurso administrativo.
"Por recursos administrativos se han de entender entonces aquellos medios de defensa establecidos en la ley, para obtener que la administración pública, en sede propia, revise de nueva cuenta un acto y lo confirme, modifique o revoque.
"Dicho procedimiento cumple con una doble finalidad porque, por un lado, da lugar al ejercicio de la función de autocontrol de la propia administración pública al someter, a un nuevo examen, las actuaciones de sus órganos integrantes, surgiendo así la posibilidad de que, advertido un error o vicio determinado, éste sea corregido, regulando así sus determinaciones hasta hacerlas coincidir con el marco legal de su competencia o, en su caso, revocándolas totalmente; por el otro, otorga, como se indicó, un mecanismo defensivo a los particulares, menos formalista y más expedito, a fin de hacer valer sus excepciones y defensas frente a la propia administración responsable del acto, frente a su superior o frente a otro órgano competente para ese caso, evitando así una posible y futura controversia de índole jurisdiccional.
"Lo que se aprecia del contenido de las disposiciones existentes en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo artículo 1o. previene su aplicación a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada y de los organismos descentralizados de la administración paraestatal, respecto a sus actos de autoridad.
"En efecto, el título sexto del citado ordenamiento legal, relativo al recurso administrativo de revisión, regula en detalle la procedencia y características de tal medio de defensa, y su artículo 92 refrenda en plenitud su naturaleza jurídica, al prever que la autoridad, sin rigorismos, debe atender el medio de defensa corrigiendo los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados, examinando en conjunto los agravios y demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.
"En lo que interesa, el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo refiere: (se transcribe).
"Así, el precepto transcrito plasmó el denominado principio de litis abierta, conforme al cual, la parte actora puede impugnar:
"Tanto la resolución recaída a un procedimiento administrativo,
"Como la dictada en el recurso que contra aquella haga valer.
"Y podrá hacerlo a través de argumentos y pruebas que no se hayan expuesto en el recurso administrativo respectivo o que incluso reiteren lo propuesto en él para combatir la resolución de origen en la parte que continúe afectándola, o bien, mediante argumentos que controviertan directamente la resolución recaída al recurso mismo.
"Lo anterior, en virtud del cambio de situación jurídica que tiene la autoridad pues, primero, funge como emisora del acto, luego como Juez y parte, al resolver el recurso en sede administrativa, y después como demandada en el juicio.
"Estas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 69/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe).
"Por consiguiente, la posibilidad de alegar y probar nuevamente, pero ahora ante la sede material y formalmente jurisdiccional, se justifica en tanto que la autoridad emisora del acto originalmente cuestionado o del recaído al recurso, actúa simplemente en función de un mecanismo de control, al practicar la revisión de su propio proceder, manteniendo siempre su carácter decisorio, sin que ello configure propiamente una contienda jurídica entre partes.
"Por tal motivo, es que esa instancia no limita la prerrogativa constitucional que asiste al gobernado de someter al criterio de un órgano jurisdiccional el actuar que, como resultado de la inconformidad planteada, le perjudique y aquel que le haya afectado originalmente, con la posibilidad no sólo de expresar nuevos argumentos contra éste, sino también de aportar pruebas para justificar su dicho, pues se parte del supuesto de que el recurso administrativo, como fórmula ágil de procurar regularidad en ese ámbito, no cancela ni limita prerrogativa alguna al gobernado para hacer valer cualquier defensa en la instancia contenciosa a la que por ley tiene derecho, pues es claro el artículo 17 de nuestra Ley Suprema, al establecer que: ‘... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales’.
"Sostener lo contrario, acorde a lo resuelto por la superioridad, atentaría contra las normas especiales expresas que regulan el juicio contencioso fiscal y contra el derecho que tiene todo gobernado de probar los hechos constitutivos de su acción en el procedimiento jurisdiccional en materia fiscal, es decir, el derecho del demandante para que el juzgador o el tribunal administrativo admita las pruebas que se ofrezcan y sean pertinentes e idóneas para acreditar los hechos en que sus argumentos de impugnación se funden, así como de que dichas pruebas se desahoguen y sean valoradas conforme a derecho.
"...
"De lo anterior se advierte que, la Sala responsable concluyó que la inconforme no desvirtuó la legalidad de la resolución impugnada, en virtud «de» que no acreditó que sus operaciones con terceros se realizaron a precios de mercado, pues no demostró que aplicó el ajuste de intensidad de gastos durante el procedimiento de fiscalización, y tampoco durante el juicio de nulidad.
"Sin embargo, como lo aduce la quejosa, para arribar a la anterior determinación, la Sala Fiscal omitió analizar las diversas probanzas aportadas por la impetrante de garantías en el juicio de nulidad, entre las que destacan los estudios de precios de transferencia de los ejercicios fiscales dos mil dos y dos mil tres, en las que se encuentra la descripción de métodos y ajustes utilizados por la parte quejosa, así como la prueba pericial, con los cuales la inconforme refiere que se demuestra que las operaciones realizadas con su parte relacionada se efectuaron a valores de mercado y las deducciones efectuadas por este concepto se hubieran realizado a los precios utilizados por partes independientes en operaciones comparables, porque aplicó correctamente el método de precio de reventa al aplicar el ajuste de intensidad de gastos.
"Ello, pues de la lectura a la sentencia controvertida se advierte que la responsable no realiza pronunciamiento expreso respecto de esos medios convictivos, pues sólo refirió que lo manifestado por los especialistas corrobora la circunstancia que la quejosa no ofreció probanzas a demostrar la aplicación del ajuste de intensidad de gastos al método de precio de reventa en el procedimiento ante la autoridad fiscal, y que el método correcto para calcular los precios de transferencia en el caso de **********, es el método de precios de reventa, sin analizar si es verdad como lo aduce la quejosa con las pruebas ofrecidas, especialmente, la pericial acredita que la demandada fue omisa en aplicar el ajuste de intensidad de gastos al método de precio de reventa utilizado para analizar la legalidad de los precios de mercado.
"Pues, como se explicó anteriormente en este fallo, atendiendo el principio de litis abierta que rige en el juicio de nulidad, la Sala Fiscal se encuentra obligada a analizar la totalidad de pruebas que fueron acompañadas al escrito de demanda, porque sobre dicha cuestión el citado principio es absoluto y faculta al accionante para aducir argumentos novedosos sobre la parte que no satisfizo su interés, por lo que, si con las pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad, la parte inconforme pretende demostrar la legalidad de la resolución impugnada, se obliga a la responsable desde luego, a estudiar los citados medios probatorios, porque las Salas del citado tribunal fiscal se encuentran obligadas a pronunciarse respecto de los nuevos argumentos defensivos expuestos por el actor y las pruebas que ofrezca, aun cuando no hubieran sido aportados en el procedimiento previo.
"En esas condiciones, la Sala infringió el principio de exhaustividad y congruencia previsto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que con las pruebas aportadas al juicio de nulidad, la quejosa intenta demostrar la aplicación del ajuste de intensidad de gastos, así como corroborar que sus operaciones se hicieron a precios de mercado y, por ende, la impetrante de garantías pretende desvirtuar las inconsistencias detectadas por la autoridad fiscal en relación con el método utilizado, pero ante la omisión de la Sala Fiscal de su estudio, la pretensión de la impetrante de garantías de acreditar su dicho con los medios probatorios correspondientes no fue satisfecha.
"Consecuentemente, al resultar fundado el anterior concepto de violación, lo procedente es otorgar la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Sala responsable siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, deje insubsistente la sentencia reclamada, y emita otra en la que analice las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda."
II. Recurso de revisión fiscal **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
1. El recurso tiene su origen en el juicio contencioso administrativo **********, en el que se demandó la nulidad de los oficios de catorce de mayo y treinta de julio de dos mil siete, emitidos por la Administración Local Jurídica de Reynosa, Tamaulipas, dictados dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, en el que se le fincó un crédito fiscal a la actora por la omisión del pago del impuesto general de importación y derechos de trámite aduanero.
La Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la invalidez de los oficios impugnados, toda vez que la actora demostró que rectificó y subsanó las irregularidades advertidas por la autoridad demandada en el pedimento de importación y en el certificado de origen de las mercancías de que se trata, sin que obste la circunstancia de que no hubiese acreditado tales aspectos dentro del procedimiento aduanero de origen, ya que de ello no deriva la preclusión de su derecho para hacerlo.
2. Inconforme con la anterior determinación, la autoridad demandada promovió recurso de revisión fiscal en su contra. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento declaró fundado el argumento que esgrimió para demostrar que al declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, la Sala responsable indebidamente tomó en cuenta pruebas que la actora exhibió extemporáneamente en el procedimiento aduanero de origen. Las consideraciones esenciales que dan sustento a tal conclusión, son las siguientes:
"SEXTO. Calificación de los agravios y solución del problema jurídico. Es fundado el primer argumento que expone la recurrente en su escrito de revisión, en razón de lo que se (sic) enseguida se expone:
"Concretamente, la recurrente en un primer argumento expresa que no contradice lo que determinó la a quo en el sentido de que los particulares pueden presentar tanto el pedimento de rectificación, como el certificado de origen de las mercancías que se importaron al juicio de nulidad, sino que los particulares tienen la obligación de tramitarlos dentro de las temporalidades que se establecen por las autoridades, y precisa que la actora no cumplió con las formalidades que en el aspecto de la temporalidad señala la regla 2.12.2., inciso B), numeral 1, de la Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior en el (sic) aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y pretende hacerlo un mes después de la resolución determinante, tal rectificación es improcedente.
"Pues bien, dicha regla de comercio exterior 2.12.2., establece: (se transcribe).
"De la transcripción anterior, se advierte que cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, ejercicio de facultades de comprobación o del dictamen de la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de la Administración General de Aduanas, les sea determinada una clasificación arancelaria diferente a la que el agente o apoderado aduanal declaró en el pedimento, el importador tendrá un plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la notificación del acta que al efecto se levante, es decir, el escrito o acta de irregularidades para subsanar la irregularidad exhibiendo los documentos rectificados.
"Asimismo, se advierte que transcurrido el plazo de quince días sin que se presente la rectificación, en los términos a que se refiere dicho numeral, la autoridad aduanera procederá a determinar las contribuciones omitidas, es decir, deberá resolver el procedimiento emitiendo la liquidación respectiva.
"También se desprende que en el procedimiento administrativo en materia aduanera, la autoridad administrativa se encuentra obligada a aplicar el contenido de la regla indicada, esto es, a conceder a la importadora el plazo de quince días que establece la regla 2.12.2., a fin de que presente tanto el pedimento de importación rectificado y el certificado de origen debidamente requisitado y hacerlo del conocimiento al particular a través de la legal notificación y, por su parte, el interesado deberá sujetarse a los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, así como a las consecuencias jurídicas de no atender las cargas procedimentales en los mismos.
"Es necesario precisar que la multicitada regla 2.12.2., es una disposición de carácter adjetivo que aplica en el procedimiento administrativo en materia aduanera, y que contiene una regla de prueba específica, concretamente un beneficio a favor del administrado que opera únicamente tratándose de irregularidades en la documentación presentada por el importador de la mercancía, el cual puede o no ejercer dicho beneficio en su favor; además, es necesario precisar que, por disposición expresa del artículo 153 de la Ley Aduanera, el procedimiento administrativo aduanero se resuelve atendiendo a lo asentado por la autoridad administrativa en el acta de inicio del procedimiento administrativo y las pruebas aportadas por el interesado dentro del término de los diez días que se le otorgan para tal efecto, por lo que si el pedimento de importación rectificado y el certificado de origen subsanado no se presentan o si se hace dicha presentación de manera extemporánea, la autoridad administrativa no se encuentra vinculada a pronunciarse al respecto, es decir, legítimamente puede no considerar las mismas para efecto de emitir su determinación, pues legalmente se encuentra obligada sólo a atender el acta de irregularidades y las pruebas y argumentos de la parte interesada, conforme a la jurisprudencia 120/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la página 566, Tomo XXVI, agosto de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.(2)
"Ahora bien, en el caso particular, dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera se le concedió a la parte interesada el término de quince días para que presentara pedimento de importación rectificado, así como el certificado de origen debidamente requisitado, a fin de cumplir con lo que dispone la regla 2.12.2., inciso B), numeral 1, de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior en aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mediante la determinación contenida en el oficio **********, del veintidós de enero de dos mil siete, misma que se notificó a la parte interesada mediante citatorio del quince de febrero de dos mil ocho, y acta de notificación del dieciséis de febrero del mismo año, sin que se advierta de autos que la actora los haya presentado dentro del plazo legal para ello, por lo que es correcto el proceder de la autoridad aduanera, pues legítimamente no consideró esas documentales, ya que las mismas no se ofrecieron en el procedimiento de origen dentro del término legal para ello, por lo que no estaba obligada a considerar al momento de que se emite la liquidación.
"Y contra ello, no se opone lo expuesto por la Sala Fiscal para declarar la nulidad del acto impugnado, bajo el argumento de que en el juicio de anulación se pueden atender pruebas y argumentos no expuestos en el recurso administrativo previo, y que ello le permite a la actora aportar argumentos novedosos, así como pruebas a fin de sustentar lo que arguye, entre ellos, el pedimento de importación y el certificado rectificado; pues eso implicaría dar a la regla interpretada un alcance superior al del procedimiento administrativo en materia aduanera, extendiendo dicho beneficio al juicio contencioso fiscal, lo que se estima no tiene cabida ni siquiera conforme a lo enunciado por la Sala Fiscal.
"Al respecto, es de importancia citar el texto del artículo el artículo (sic) 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(3) así como lo que dispone la jurisprudencia 69/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la página 223 del Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.(4)
"Tanto del dispositivo legal en cita, como de la referida jurisprudencia se advierte que la parte actora en el juicio de anulación puede combatir tanto la resolución recaída a un procedimiento administrativo, como la dictada en el recurso que contra la misma haga valer, y podrá hacerlo a través de argumentos y pruebas que reiteren lo propuesto en dicho recurso para combatir nuevamente la resolución de origen, o bien, mediante argumentos que combatan directamente la resolución recaída al recurso mismo, todo esto en virtud del cambio de situación jurídica que tiene la autoridad administrativa que emite el acto y que luego resuelve el recurso pues, primero, funge como emisora, luego como Juez y parte, y después como parte demandada en el juicio de nulidad.
"Sin embargo, debe precisarse que el principio de litis abierta no significa una nueva oportunidad probatoria para demostrar situaciones respecto de las cuales la ley establece expresamente dentro del procedimiento administrativo respectivo el momento procesal, las pruebas y la forma en que deben quedar probadas o subsanadas ciertas cuestiones dentro del mencionado procedimiento de origen, de tal forma que el actor no podrá con base en el supuesto de litis abierta, pretender que se analicen por la Sala Fiscal pruebas que no hayan sido aportadas en el momento procesal señalado por la ley cuando en ésta se regula tanto su ofrecimiento, como su preparación y desahogo, así como el plazo para proponerlas dentro del propio procedimiento administrativo pues, de considerar lo anterior, de otra manera implicaría dar al principio de litis abierta un alcance jurídico que no le corresponde ni encuentra justificación alguna en los motivos que el legislador dejó plasmados en el artículo invocado con antelación.
"En cambio, debe decirse que, en la especie, la a quo debió limitarse a determinar si la autoridad administrativa y la parte interesada en el procedimiento administrativo en materia aduanera cumplieron con sus obligaciones procedimentales, o sea, si la autoridad concedió el plazo de quince días a que se refiere la indicada regla 2.12.2., así como que lo haya hecho del conocimiento de la importadora a través de la legal notificación, que la particular haya exhibido los documentos correspondientes, y que los mismos se hayan presentado dentro del plazo concedido para tal efecto, o si era legítima la omisión de la demandada para valorar dicha prueba, pero de ninguna manera debía adentrarse en la apreciación para calificar la legalidad de la liquidación, por las razones expuestas.
"En tales condiciones, lo que se impone es declarar fundado el recurso de revisión fiscal pues, como la inconforme lo señala, la a quo no estaba en aptitud de juzgar la legalidad de la liquidación impugnada, con base en pruebas aportadas en el juicio de nulidad, pero que no se aportaron oportunamente en el procedimiento administrativo de origen, pues la regla que permite subsanar esa irregularidad en aqu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24493-6ea37a71/juicio-contencioso-administrativo-el-principio-de-litis-abierta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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