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Modo: Corpus Pro

LITIS ABIERTA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGULADO POR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. · Registro digital (IUS): 27537
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-12-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo II, Pág. 1451.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 28 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERARDO DÁVILA GAONA Y LUIS MANUEL VERA SOSA. DISIDENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: GERARDO DÁVILA GAONA. SECRETARIA: ANGÉLICA DEL CARMEN ORTUÑO SUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados que integran el Vigésimo Séptimo Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Es pertinente reproducir la parte conducente de las resoluciones que emitieron los Órganos Colegiados de Circuito contendientes, al resolver los juicios de amparo directo 391/2016 y 387/2016 de sus índices, que generaron la contradicción de tesis denunciada:

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

"3. Estudio de fondo. ...

"Ahora, en el segundo concepto de violación el quejoso aduce de forma esencial que la sentencia reclamada es indebida, al sobreseer en el juicio de nulidad por lo que se refiere al acto impugnado consistente en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil catorce emitida por el contralor municipal del Ayuntamiento de José María Morelos, Estado de Quintana Roo, dentro del procedimiento administrativo disciplinario **********, así como el acto consistente en el registro e inscripción en el Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados, a cargo de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, de la inhabilitación determinada en la resolución precisada.

"El quejoso aduce que se encontraba en posibilidad de combatir vía alteración de la litis los motivos y fundamentos de la resolución recurrida, con la única limitante de demostrar que el recurso de revocación resultara procedente lo que ocurrió en la especie, e invocó por analogía el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la jurisprudencia de rubro: ‘LITIS ABIERTA EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO OPERA CUANDO EL RECURSO HECHO VALER EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA FUE DESECHADO Y NO SE DEMUESTRA LA ILEGALIDAD DE SU PRONUNCIAMIENTO.’

"Es fundado el anterior concepto de violación, conforme a su causa de pedir conforme a las siguientes consideraciones:

"Se toma en consideración que el ahora quejoso se refiere a la vía de alteración de la litis, invocando en realidad el principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo en el Estado de Quintana Roo, pues su argumento pretende que la Sala responsable se pronuncie respecto a la resolución recurrida en sede administrativa, respecto de la cual se sobreseyó en el juicio contencioso, por estimarla extemporánea.

"Al respecto, se toma en consideración que este tribunal se ha pronunciado en el amparo directo número ********** respecto al principio de litis abierta en el procedimiento contencioso administrativo en el Estado de Quintana Roo, considerando que dicho principio debe ser atendido, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

"Así pues, ya que este tribunal realizó una interpretación conforme en sentido amplio de los artículos 1, 2, 3, 6, 12, fracción IX, 19, 81, 83, 96, 110, 114, 193, 194, 195 y 197 de dicho ordenamiento, para ser interpretados conforme al derecho humano de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se concluyó que el actor tiene derecho a proponer cuestiones relacionadas con violaciones ocurridas en el procedimiento de origen, además de las cuestiones de legalidad en la resolución del recurso en sede administrativa.

"Para claridad se invocan los razonamientos expresados por este tribunal, al resolver el amparo directo **********, los cuales son del tenor literal siguiente:

"‘... Esta serie de disposiciones, examinadas e interpretadas con sentido integrador, ponen de manifiesto que el juicio contencioso administrativo regulado por la Ley de Justicia Administrativa del Estado, no es de litis cerrada, como lo asegura la autoridad responsable, ya que permiten, en conjunto, que se hagan valer en la demanda cuestiones relacionadas no sólo con la legalidad de los actos o resoluciones impugnados, sino también con violaciones procedimentales que afecten las defensas del particular y tópicos relativos a arbitrariedad, desproporción, desigualdad, desvío de poder u otra causa similar, así como con violaciones a las disposiciones aplicables, por no haberse aplicado las debidas, en cuanto al fondo del asunto; requiriendo en consecuencia, que esos mismos hechos sean parte de la contestación e integrantes de la controversia a resolver por la Sala Constitucional y Administrativa, más, cuando ésta es reconocida como órgano de control de legalidad, autónomo en sus fallos e independiente de cualquier autoridad administrativa y con plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones, las que pueden determinar nulo o no, un acto administrativo y, en su caso, disponer los efectos de la nulidad y la forma de cumplimiento.

"‘Precisado lo anterior, conviene destacar, que acorde con los dispositivos invocados de la Ley de Justicia Administrativa, el actor o promovente del juicio contencioso administrativo local tiene derecho a invocar en su demanda de nulidad, cuestiones relacionadas no sólo con la legalidad de la resolución que puso fin al recurso de revocación intentado, sino con las violaciones que ocurrieron en el procedimiento disciplinario de origen al imponerse las sanciones, puesto que no existe prohibición en la legislación referida al respecto, ni una razón que justifique privar de esa oportunidad de defensa, ya que inclusive, la normatividad examinada permite que se ofrezcan pruebas para acreditar ilegalidades y mejorar la defensa.

"‘Por consiguiente, cabe señalar, que la falta de precisión expresa en la ley acerca de que el actor puede introducir al juicio de nulidad cuestiones relacionadas con transgresiones en el procedimiento de origen, además de cuestionar la legalidad de la resolución del recurso, no es causa para negar esa oportunidad al gobernado, ya que, ejerciendo el control ex oficio de constitucionalidad, que se traduce en la interpretación de los dispositivos 1, 2, 3, 6, 12, fracción IX, 19, 81, 83, 96, 110, 114, 193, 194, 195 y 197 de la Ley de Justicia Administrativa Local, conforme al derecho humano de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tribunal concluye, que el accionante del juicio de nulidad tiene derecho a proponer cuestiones distintas a las abordadas en la resolución o acto impugnado, para demostrar su ilegalidad, aun cuando la ley no sea expresa en ese sentido.

"‘Así es, el acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 constitucional involucra la existencia de un recurso efectivo para que los gobernados puedan defender sus derechos y obtener una resolución completa, imparcial y expedita por parte de tribunales competentes; y en el caso, si bien los dispositivos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, previamente mencionados, son omisos en exponer expresamente las cuestiones que pueden hacer valer los actores que pretendan la nulidad de un acto administrativo; el silencio de la ley en cuanto al aspecto indicado, nunca puede perjudicar al gobernado, pues debe acudirse al principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 del Pacto Federal, como una directriz que se coloca por encima de todas las leyes y autoridades, quienes deben ajustar los actos que realizan en ejercicio de sus atribuciones, a los preceptos constitucionales; por consecuencia, de adoptar el criterio de la autoridad, en el sentido de que el actor sólo puede impugnar en juicio de nulidad, el contenido de la resolución que recae al recurso de revocación, sin que pueda introducir violaciones del procedimiento de origen, se haría nugatorio el derecho humano de acceso a la justicia previsto en el numeral 17 constitucional, pues no se resolvería en forma completa y eficaz la pretensión del accionante y se le dejaría sin defensa, y en ese contexto, el deficiente desarrollo normativo por parte del legislador secundario al omitir la expresión exacta de las cuestiones que pueden o deben hacerse valer en el juicio de nulidad, no puede traer como resultado hacer nugatorio un derecho trascendental como el que se indica.

"‘En esa tesitura, debe entenderse que el actor tiene derecho a proponer cuestiones relacionadas con violaciones ocurridas en el procedimiento de origen, además de las cuestiones de legalidad en la resolución del recurso, a efecto de tener un debido acceso a la justicia como lo dispone el artículo 17 constitucional. Y al no razonarlo así la Sala responsable, pese a estar obligada a proteger los derechos humanos del peticionario de acuerdo al artículo 1o. del Pacto Federal, resulta incuestionable que transgredió también el debido proceso y el principio de legalidad a que se refieren los diversos numerales 14 y 16 constitucionales, dado que no resolvió todas las cuestiones sometidas a su potestad, declarándolas inoperantes, cuando lo correcto era dar una interpretación conforme a la Ley de Justicia Administrativa del Estado, para salvaguardar el acceso a la justicia y resolver con plenitud y eficacia los argumentos propuestos, dirigidos a lograr la nulidad del acto sancionador.

"‘Al comprobarse la indebida interpretación de la normatividad local por parte de la responsable, por no respetar el principio pro homine y restringir un derecho, debe concederse al quejoso el amparo solicitado, ya que se vulneró en su perjuicio, por falta de aplicación, el derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, ya que la Sala responsable, bajo una óptica errónea, dejó de examinar las cuestiones propuestas ante su potestad, relacionadas con transgresiones al procedimiento de origen.

"‘Se hace aclaración que al haber efectuado este tribunal la interpretación de los dispositivos que integran la Ley de Justicia Administrativa, de conformidad con el numeral 17 constitucional, se hizo la publicación del proyecto de esta sentencia, en términos del numeral 73 de la Ley de Amparo, sin alegato de parte al respecto.’

"El anterior criterio dio lugar a la tesis identificable con el número XXVII.1o.3 A (10a.), que lleva por rubro y texto el siguiente (sic):

"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGULADO POR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO ES DE LITIS CERRADA. De los dispositivos de dicho ordenamiento que regulan el juicio contencioso administrativo ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, promovido contra las resoluciones definitivas de la administración pública local, de sus Municipios o de sus organismos descentralizados, interpretados conforme al derecho humano de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que ese juicio no es de litis cerrada y, por ello, el actor tiene derecho a introducir cuestiones relacionadas con transgresiones al procedimiento de origen y no sólo las violaciones hechas valer contra la resolución que decide el recurso de revocación en sede administrativa; sin que sea causa para negar esa oportunidad, la falta de disposición expresa en la ley respecto a los argumentos que pueden hacerse valer cuando se intenta la nulidad de un acto administrativo, ya que el silencio de la norma en cuanto al aspecto indicado, no puede perjudicar al gobernado.’(1)

"Tomando en consideración lo anterior, se estima que el concepto de violación expuesto por el quejoso es fundado conforme a su causa de pedir, porque es criterio de este tribunal que si bien la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Quintana Roo, no prevé expresamente el principio de litis abierta, como ocurre a nivel federal, en términos del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(2) de una interpretación integradora de los artículos 1, 2, 3, 6, 12, fracción IX, 19, 81, 83, 96, 110, 114, 193, 194, 195 y 197 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Quintana Roo, conforme al derecho humano de acceso a la Justicia previsto en el artículo 17 constitucional, el actor tiene derecho a proponer cuestiones relacionadas con violaciones ocurridas en el procedimiento de origen, además de las cuestiones de legalidad en la resolución del recurso en sede administrativa.

"Por tanto, en el caso, el ahora quejoso podía controvertir además del acuerdo por el que se omitió dar trámite al recurso de revocación (acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil catorce), la resolución recurrida en sede administrativa (resolución de veintinueve de octubre de dos mil catorce), pudiendo incluso hacer valer cuestiones que no hubiera expuesto en dicha instancia, aplicando para ello, el principio de litis abierta, máxime que esta institución tiene como sustento evitar el reenvío, esto es, evitar que la autoridad administrativa de respuesta al recurso en sede administrativa, cuando lo determinado por ella, puede ser nuevamente controvertido ante la Sala responsable, razón por la cual el reenvío sólo ocasiona un retraso en la impartición de justicia.

"En este sentido, es indebido que el Magistrado responsable estime que la procedencia de la demanda de nulidad, en cuanto a la temporalidad se rige de forma autónoma en relación a los actos impugnados consistentes en la resolución administrativa de veintinueve de octubre de dos mil catorce, así como el registro e inscripción en el Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados (acto impugnado como consecuencia del anterior), ya que no puede estimarse consentida una resolución que fue impugnada oportunamente a través del recurso de revocación (como correctamente lo advirtió el Magistrado responsable en la sentencia reclamada), y la consecuencia de dicho recurso corresponde al diverso proveído que tuvo como efecto dejar de dar trámite a la instancia administrativa.

"Además, se toma en cuenta que en la sentencia reclamada el Magistrado responsable se pronunció ya respecto a la nulidad del proveído de veintinueve de octubre de dos mil catorce (lo que no es materia de controversia en este amparo), por estimar que era indebido el trámite que el contralor municipal dio al recurso de revocación interpuesto, razón por la cual, al estimarse ilegal dicha resolución correspondía al Magistrado responsable, si contaba con elementos para ello, continuar con el estudio de los argumentos expuestos en el recurso de revocación, así como de aquellos incorporados en la demanda de nulidad respecto a la resolución recurrida en sede administrativa. ..."

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito

"... ii. Respecto al acto consistente en el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil catorce (que declaró la responsabilidad administrativa del actor ahora quejoso y que fue recurrido en revocación) cabe indicar que la Sala responsable no se encontraba constreñida abordar el análisis de su legalidad, por las siguientes razones:

"Respecto a dicho acto, la sentencia reclamada sobreseyó en el juicio de nulidad al ser impugnado en forma extemporánea, toda vez que el mismo se notificó al actor el treinta de octubre de dos mil catorce, en tanto que, la demanda se presentó hasta el siete de enero de dos mil quince, es decir, luego de transcurrir en exceso el plazo de quince días para hacerlo, determinación que no fue controvertida por el quejoso en su demanda de amparo.

"No obstante, el quejoso alega que dicho acuerdo (de veintinueve de octubre de dos mil catorce, recurrido en revocación) debió analizarlo la Sala responsable bajo el argumento de ‘vía alteración de litis’, el cual hace consistir en la obligación de la juzgadora de estudiarlo por ser el acto recurrido en revocación cuyo estudio evitó la autoridad demandada.

"Tal apreciación es improcedente porque no encuentra sustento en alguna disposición contenida en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que es la norma aplicable por establecer las reglas a observar en la substanciación del juicio contencioso administrativo.

"En efecto, la figura jurídica que pretende implementar el peticionario de amparo -consistente en que al impugnarse en el juicio de nulidad la resolución que desecha (u omite tramitar) un recurso, también podrá combatirse la resolución recurrida, quedando obligada la Sala a pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de esta última- no encuentra apoyo en alguna disposición de la ley de la materia, por lo que carece de sustento legal.

"Es importante destacar que si bien en el fuero federal existe la figura jurídica conocida como ‘litis abierta’ (a la cual al parecer pretende acogerse el quejoso con la connotación de ‘vía alteración de litis’) -que consiste en que al impugnarse la resolución que resuelve un recurso administrativo también se entenderá combatida la recurrida, teniendo el juzgador la obligación de pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de ésta-, lo cierto es que dicha figura se encuentra expresamente prevista y regulada en el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo(3) razón por la cual resulta aplicable para el juicio contencioso administrativo federal.

"Al respecto, el tercer párrafo del citado precepto legal establece que en caso de que la resolución a un recurso administrativo lo deseche por improcedente, si la Sala Regional competente determina la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución recurrida, pudiendo incluso el demandante formular conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

"Tal posibilidad no se encuentra prevista en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo para el juicio contencioso administrativo regulado por dicha ley, por lo que no es viable la aplicación de esa figura, consistente en que cuando la juzgadora determine la procedencia del recurso administrativo inicialmente desechado (o no tramitado) por la demandada, dicha juzgadora deberá abordar el estudio de la resolución recurrida.

"Se insiste, tal proceder no se encuentra establecido en la legislación de la materia, por lo que cuando la Sala del conocimiento determine la procedencia del recurso de revocación desechado (o no tramitado, como en el caso) inicialmente por la autoridad demandada, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada (que desechó u omitió tramitar el recurso) para el efecto de que el medio de defensa sea admitido, tramitado y resuelto por la demandada.

"Por ello, no resulta aplicable al caso, por analogía y contrario sensu, la jurisprudencia 2a./J. 27/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro ‘LITIS ABIERTA EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO OPERA CUANDO EL RECURSO HECHO VALER EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA FUE DESECHADO Y NO SE DEMUESTRA LA ILEGALIDAD DE SU PRONUNCIAMIENTO.’,(4) toda vez que la actualización de sus supuestos deriva del análisis de una legislación no aplicable al caso, como lo es el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación (ya derogado), cuyos supuestos recogió la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 1o.

"Esta determinación no contraviene el derecho de audiencia o defensa del quejoso, pues lo cierto es que no quedará inaudito, ya que en atención a la sentencia reclamada, la autoridad demandada en el juicio de nulidad deberá analizar y resolver el recurso de revocación que en su momento interpuso el ahora peticionario de amparo, pudiendo hacer valer los medios de defensa procedentes en caso de que la resolución que se dicte no le favorezca. ..."

CUARTO.-Verificación de la existencia de la contradicción de tesis.

Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, así como los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, que regulan, entre otros, la jurisprudencia generada, en virtud de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, al señalar lo siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción de tesis.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción de tesis; ..."

"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción de tesis se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."

"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

"I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus Salas;

"II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente Circuito; y

"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente.

"Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los Magistrados que los integran.

"La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias."

Como se advierte, los preceptos transcritos se refieren, entre otros, a aquellos casos en que se sustenten tesis o criterios discrepantes entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, correspondiendo su fijación al Pleno de Circuito correspondiente; sin que la resolución que decida la contradicción de tesis afecte las situaciones jurídicas concretas que dieron lugar a los criterios contendientes.

Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha flexibilizado los criterios para estimar la existencia de la contradicción de tesis, abandonando el criterio visible en la jurisprudencia P./J. 26/2001, y determinó en la tesis P. XLVII/2009, que debe preferirse la decisión que conduzca a otorgar certidumbre a las decisiones judiciales, a fin de resolver el fondo del problema, realizando todas las aclaraciones que resulten pertinentes.

Este último criterio fue reiterado en la jurisprudencia del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable con el número P./J. 72/2010, en el que se indicó que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas.

Así, posteriormente en la tesis P. V/2011, se reiteró que puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimientos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate, precisamente, del mismo problema jurídico.

Las tesis y jurisprudencias invocadas son del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción de tesis sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(5)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Ju

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27537-f3fc5648/litis-abierta-este-principio-es-aplicable-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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