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Modo: Corpus Pro

MENORES DE EDAD. CUENTAN CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE RESOLUCIONES DICTADAS RESPECTO DE SU GUARDA Y CUSTODIA (ESTUDIO CORRESPONDIENTE ANTERIOR A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES AL JUICIO DE AMPARO DE 6 DE JUNIO DE 2011).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2012. · Registro digital (IUS): 24187
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Pág. 582.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2012. SUSCITADA ENTRE EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 15 DE AGOSTO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ROCÍO BALDERAS FERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, lo que configura el estudio de la presente denuncia de contradicción, pues formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Existencia de la contradicción. En primer término, debe establecerse si, en el caso, efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo, a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL. En esta jurisprudencia se sustenta que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiendo por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una sentencia. Por tanto, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

En tales condiciones, de conformidad con el criterio referido del Pleno de este Alto Tribunal, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Tribunal en Pleno, cuyos rubro y texto son:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. ..."

Establecido lo anterior, es procedente examinar si, en la especie, se da o no la contradicción de criterios, de acuerdo a lo siguiente:

1) El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 21/2006, en el cual, estableció lo siguiente:

"La demandada incidental **********, en nombre y representación de su menor hijo **********, promovió juicio de amparo indirecto, del que tocó conocer a la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien mediante proveído de fecha quince de julio del dos mil cinco admitió a trámite la demanda, y tuvo como quejoso al menor **********, representado por su progenitora ********** y, con fecha veinte de septiembre del mismo año, dictó sentencia en el sentido de negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, resolución que constituye la materia del presente recurso de revisión. En efecto, de las relacionadas constancias de autos se advierte, en primer término, que el incidente de modificación de régimen de visitas y convivencias que dio origen al acto reclamado en el juicio de garantías, materia de la revisión, se deriva de un juicio de guarda y custodia, promovido por **********, padre del menor quejoso, en contra de su cónyuge **********, madre de dicho menor. Ahora bien, en relación con la guarda y custodia de menores, el artículo 416 del Código Civil para el Distrito Federal, a la letra dispone: ... Si de acuerdo con el precepto legal antes transcrito, la guarda y custodia constituye uno de los efectos derivados del ejercicio de la patria potestad que los padres ejercen respecto de sus menores hijos, resulta evidente que la titularidad del derecho a ejercer de esa guarda y custodia corresponde única y exclusivamente a los padres. En efecto, se estima que el interés jurídico no es otra cosa que la titularidad que le corresponde al peticionario de garantías, en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad, por lo que es inconcuso que en los juicios de guarda y custodia de menores la titularidad de los derechos controvertidos corresponde única y exclusivamente a los padres, no a los menores, lo que, a su vez, implica también la exclusividad para los padres respecto del interés jurídico para impugnar, a través del juicio de amparo, los acuerdos y resoluciones que se dicten en dicho procedimiento y afecten el ejercicio de los derechos de los que son titulares. Por tanto, si en el caso a estudio el acto reclamado en el juicio de amparo materia de la revisión es la resolución en la cual la Sala responsable confirmó la sentencia interlocutoria, en la que el Juez de origen resolvió el incidente de modificación parcial del régimen de visitas y convivencias establecido en un juicio de guarda y custodia, promovido por el padre del menor quejoso hoy recurrente, en contra de la madre del menor, es evidente que las cuestiones discutidas y resueltas por la Sala responsable derivan precisamente de la contienda de los progenitores del menor quejoso en lo relativo a la guarda y custodia de éste y su convivencia con su progenitor, por lo que no le causan perjuicio a dicho menor; de ahí que éste carezca de interés jurídico para promover el juicio de garantías. No pasa inadvertido para este tribunal federal el hecho de que la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3, apartados 1, 2 y 3; 9, apartados 1 y 2, y 12, apartados 1 y 2, a la letra dispone: ... Asimismo, los artículos 1o. y 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, en sus artículos 1o. y 5o., inciso b), fracción VI, que textualmente establecen: ... Sin embargo, los referidos ordenamientos legales no constituyen obstáculo al sentido de la presente resolución, toda vez que el concepto ‘interés superior de la niñez’, a que se refieren los mismos, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deberán responder, viéndolo como prioritario, a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de la convención y ordenamiento legales antes citados, lo que, en el caso, sí aconteció, dado que de las constancias de autos se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 416 del Código Civil para el Distrito Federal, precepto legal conforme al cual el Juez de lo Familiar deberá oír al Ministerio Público de su adscripción y resolver lo conducente respecto a la guarda y custodia del menor, así como los términos de su ejercicio, tomando en cuenta el interés superior del menor. En efecto, consta en autos que en el incidente de modificación del régimen de visitas y convivencias inicialmente establecido en el juicio de guarda y custodia de origen, con fecha primero de abril del dos mil cinco, se llevó a cabo la plática del Juez natural con el menor **********, quien manifestó: ... Lo anterior demuestra que, para resolver en el negocio jurídico de origen, la autoridad jurisdiccional atendió al interés superior del menor hijo de las partes, conforme a las diversas disposiciones ... De ahí que ningún derecho propio tenga el menor quejoso para ocurrir en demanda de amparo en contra de las determinaciones adoptadas sobre su guarda y custodia en la contienda que se sigue entre sus padres si, incluso, ya ha sido escuchado en términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que en tales decisiones el Juez resolverá atendiendo a su interés superior, incluso, el Ministerio Público adscrito velará por sus intereses; siendo que el menor no tiene en el caso ningún interés opuesto al de sus padres. Máxime que, atendiendo al contenido de los conceptos de violación, es evidente que lo que se pretende en ellos es impugnar las consideraciones de la autoridad responsable que sólo afectan la esfera jurídica de su progenitora **********."

De lo anterior derivó la siguiente tesis:

"MENORES DE EDAD, CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER POR SÍ MISMOS O POR CONDUCTO DE ALGUNO DE SUS PROGENITORES EN SU REPRESENTACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN JUICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA. De acuerdo con el artículo 416 del Código Civil para el Distrito Federal, la guarda y custodia constituyen parte de los derechos y obligaciones derivados del ejercicio de la patria potestad que los padres ejercen respecto de sus menores hijos, por ello resulta evidente que la titularidad del derecho a ejercer esa guarda y custodia corresponde única y exclusivamente a los padres. Ahora bien, tomando en consideración que el interés jurídico no es otra cosa que la titularidad que le corresponde al peticionario de garantías en relación a los derechos u obligaciones afectados por un acto de autoridad, es inconcuso que en los juicios de guarda y custodia de menores, la titularidad de los derechos controvertidos corresponde única y exclusivamente a los padres no a los menores, lo que a su vez implica también la exclusividad para los padres respecto del interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo los acuerdos y resoluciones que se dicten en dicho procedimiento y afecten el ejercicio de los derechos de los que son titulares. Sin que sea óbice al respecto el ‘interés superior de la niñez’ a que se refieren la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, toda vez que dicho concepto implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deberán responder, viéndolo como prioritario, a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de la convención y ordenamiento legales antes citados; requisitos a los que la autoridad jurisdiccional da cumplimiento escuchando la opinión del o los menores en relación con la controversia planteada por sus progenitores en el juicio, y al agente del Ministerio Público de la adscripción, a fin de allegarse elementos que le permitan resolver conforme a derecho y atendiendo al interés superior del menor o menores implicados en la controversia."(1)

2) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió la revisión principal 365/2011, relacionada con la queja 59/2011, en la cual, expuso lo siguiente:

"Como ya se definió, conforme a los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el interés jurídico, indispensable para ejercer la acción constitucional, consiste en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto de autoridad violatorio de sus garantías individuales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa o daño en sus derechos o intereses; en conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. En el caso, a través del cuarto agravio en análisis, el recurrente pretende poner de manifiesto que los menores de edad carecen de interés para promover el juicio de amparo por conducto de su progenitora, debido a que, a través de la interlocutoria reclamada, se decidió el incidente de cambio de guarda y custodia de uno de ellos, por lo que cualquier aspecto atinente al mismo sólo puede ser controvertido por sus padres. Dichas alegaciones las sustenta en la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 2272 del Tomo XXIV, del mes de agosto de dos mil seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘MENORES DE EDAD, CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER POR SÍ MISMOS O POR CONDUCTO DE ALGUNO DE SUS PROGENITORES EN SU REPRESENTACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS EN JUICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA. ...’. Sin embargo, no se comparte ese criterio, en atención a que, como se dijo, el interés jurídico, de acuerdo con lo previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (aplicable al justiciable, dada la fecha en que inició el juicio de garantías), en el numeral 4o. de la Ley de Amparo se entiende como la titularidad del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y la demostración de que éste produjo una afectación en la esfera jurídica de quien intenta el juicio de garantías. En otras palabras, el interés jurídico es considerado como un derecho subjetivo, el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir esa exigencia. Se cita como orientación de lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en el Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo I, página 1046, cuyo contenido dice: ‘INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.’ (se transcribe). Bajo ese tenor, contra lo sostenido por el ahora recurrente, los menores sí cuentan con interés jurídico para impugnar en amparo la determinación de la Juez responsable, en la que se ventiló lo concerniente a la procedencia del incidente de cambio de guarda y custodia del menor **********, decretándose a favor de su progenitor pues, como se ve, el fondo de la materia a dilucidar atañe a cuestiones inherentes meramente al menor, modificación que fue decretada por la responsable; de ahí que no es factible considerar que sólo tienen interés jurídico para acudir al juicio de garantías exclusivamente los padres en pugna, sino que es necesario verificar, atendiendo al fondo del asunto, aspectos que, si bien tienen, relación a los derechos u obligaciones derivados del ejercicio de la patria potestad, en términos del artículo 578 del Código Civil del Estado de Jalisco; finalmente, pueden deducirse aspectos que generen un perjuicio personal y directo respecto del menor. Aunado a que, en el caso, las dos menores de edad también tienen interés jurídico, con independencia de que el conflicto sobre la custodia sólo hubiese versado respecto de su hermano, en primer término, porque en la resolución reclamada se hizo una consideración expresa, con relación a la pensión alimenticia que su progenitor debe seguir otorgándoles a ellas dos y, por otro, porque, finalmente, el cambio de custodia de su hermano las priva de la convivencia cotidiana con él; aspecto que, incide en su esfera jurídica, pues conforme a sus circunstancias particulares durante toda su vida su familia ha estado conformada, además de por sus padres, por un hermano, el cual, dado lo acontecido, actualmente vive con su progenitor; de ahí que, se insiste, ese aspecto también les genera un interés jurídico para comparecer al juicio de garantías."

Derivado de lo establecido en las ejecutorias transcritas, se puede advertir que:

Por un lado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de un recurso de revisión en amparo indirecto, promovido en contra de una resolución emitida en un incidente de modificación de régimen de visitas y convivencias, que derivó de un juicio de guarda y custodia. En dicho caso, la madre del menor promovió el juicio de amparo en representación de su hijo.

Derivado de lo anterior, el órgano colegiado en cuestión definió al interés jurídico como "la titularidad del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y la demostración de que éste produjo una afectación en la esfera jurídica de quien intenta el juicio de garantías".

Asimismo, analizó el contenido del artículo 416 del Código Civil para el Distrito Federal (vigente con anterioridad a la reforma de 2 de febrero de 2007), para determinar si los menores de edad cuentan con interés jurídico para acudir al juicio de amparo en contra de las resoluciones de guarda y custodia, precepto que, en la parte relativa, dispone lo siguiente:

"Artículo 416. En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

"En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial."

Derivado de lo anterior, el órgano colegiado en cuestión sostuvo que los menores de edad carecen de interés jurídico para promover, por sí mismos o por conducto de alguno de sus representantes, un juicio de amparo respecto de resoluciones dictadas en juicios de guarda y custodia, ya que ésta, al ser un efecto de la patria potestad sobre los menores, corresponde exclusivamente a los padres y, por tanto, son los únicos que cuentan con interés jurídico para impugnar, a través del juicio de amparo, los acuerdos o resoluciones que se dicten dentro de estos procedimientos y, por tanto, las resoluciones no le causan perjuicio al menor.

Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito conoció de un recurso de revisión relativo a un juicio de amparo indirecto, en el que el acto reclamado consistió en una resolución dictada en una sentencia interlocutoria derivada de un incidente de guarda y custodia. Asimismo, se debe precisar que en ese asunto también fue la madre la que promovió el juicio de amparo en representación de su hijo; sin embargo, en dicho caso, el Juez que conoció del amparo indirecto señaló que ante el conflicto de intereses que tenía el menor con la madre, el mismo debe ser representado en juicio por una persona diversa.

Se debe precisar que el referido órgano colegiado analizó el contenido del artículo 578 del Código Civil del Estado de Jalisco, para determinar si los menores de edad cuentan con interés jurídico para acudir al juicio de amparo en contra de las resoluciones de guarda y custodia, precepto que, en la parte relativa, dispone lo siguiente:

"Artículo 578. Se entiende por patria potestad la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente tienen, por una parte el padre y la madre, y por otra, los hijos menores no emancipados, cuyo objeto es la custodia de la persona y los bienes de esos menores, entendida ésta en función del amparo de los hijos."

En consecuencia, el órgano colegiado determinó que los menores de edad sí cuentan con interés jurídico para impugnar en amparo las resoluciones emitidas en juicios de guarda y custodia, pues en el fondo de la materia a dilucidar dichos procedimientos atañen a cuestiones inherentes meramente al menor, toda vez que, en esos casos, pueden deducirse aspectos que le generen un perjuicio personal y directo

En efecto, dicho perjuicio se tradujo en la privación de la convivencia cotidiana con uno de sus hermanos, lo cual incide en su esfera jurídica.

En estos términos, se reitera que sí existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, toda vez que analizan un mismo punto de derecho, relativo al interés jurídico con que cuentan los menores para impugnar en amparo las resoluciones emanadas de un juicio de guarda y custodia, sosteniendo criterios contradictorios.

Es necesario precisar que el estudio que realizaron los dos Tribunales Colegiados corresponde a la normatividad del juicio de amparo antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, que influye sobre el interés necesario para acudir al amparo. Por esa razón, el análisis que deba darse se circunscribirá al régimen normativo constitucional de antes de dicha reforma.

Por tanto, el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios consiste en determinar si los menores cuentan con interés jurídico para promover amparo en contra de las resoluciones dictadas en juicios de guarda y custodia.

CUARTO. Cuestión previa. La presente contradicción se resolverá con el fin de unificar criterios, sin que pase inadvertido para esta Primera Sala que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito analizó el artículo 416 del Código Civil vigente en el año dos mil seis, el cual sufrió una reforma el día dos de febrero de dos mil siete, en el que se adicionaron elementos con respecto a la patria potestad, entre los que destacan el derecho a la convivencia y el interés superior del menor.

Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia emitida por esta Primera Sala, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción."(2)

QUINTO. Estudio de fondo. De acuerdo con la perspectiva anterior y para estar en aptitud de resolver la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario hacer referencia a las figuras de: la guarda y custodia, derechos y obligaciones derivados de la misma, los derechos de convivencia, la titularidad de los mismos, así como los elementos del derecho subjetivo, interés jurídico y de la legitimación necesaria para acudir al juicio de amparo.

Se debe precisar que los artículos analizados por los Tribunales Colegiados en conflicto se encuentran dentro de las disposiciones relativas a la patria potestad, en las que se regula la figura de guarda y custodia.(3)

En primer lugar, debe señalarse que, por regla general, la patria potestad, así como la guarda y custodia de los hijos,(4) la ejercen ambos padres; no obstante, hay algunas situaciones particulares en las que dicho ejercicio se fracciona o divide, tal como sucede en caso de un divorcio.

En caso de la separación de los que ejercen la patria potestad y la guarda y custodia, la legislación prevé algunas consecuencias respecto del ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de dicha figura, tal como se desprende de los numerales del Código Civil para el Distrito Federal (vigente con anterioridad a la reforma de dos de febrero de dos mil siete) y del Código Civil del Estado de Jalisco, que a continuación se transcriben:

Ver numerales

De la lectura de los dispositivos transcritos se infiere que la guarda y custodia constituyen una facultad implícita de la patria potestad que los padres ejercen en forma conjunta, como arriba se precisó, pero en caso de su separación una se desliga de la otra: los hijos deben quedar físicamente con uno de los padres, sin perjuicio de convivir con el otro y de que ambos sigan ejerciendo la patria potestad.

En ese orden de ideas, la guarda del menor implica, esencialmente, su posesión, habitación, vigilancia, protección y su cuidado, que constituye una de las prerrogativas de la patria potestad,(5) velando siempre por el interés superior del menor.

Sin duda alguna, la guarda y cuidado de los hijos es uno de los temas más relevantes de la decisión judici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24187-98d11675/menores-de-edad-cuentan-con-interes-juridico-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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