TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER POR SÍ MISMO EL MENOR DE EDAD, QUE PRESENTÓ LA DEMANDA O RECONVINO EN EL JUICIO NATURAL, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, Y DURANTE EL TRÁMITE ADQUIERE LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 255/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 10 DE OCTUBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: ALEJANDRO GARCÍA NÚÑEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
I. Las consideraciones del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el treinta de mayo de dos mil doce, el amparo en revisión civil 109/2012, derivaron de los siguientes antecedentes:
1. Mediante juicio ordinario civil reivindicatorio, se inició acción en contra del padre y la madre del quejoso, que era menor de edad, respecto de un bien inmueble detallado en el escrito inicial de demanda, a fin de que se emitiera declaración judicial en favor de la actora, respecto al dominio sobre dicho inmueble, su desocupación y entrega, así como el pago de gastos y costas generados en el juicio.
Los demandados dieron contestación a la demanda instaurada en su contra y, por su parte, el demandado reconvino a la actora, por su propio derecho y, además, en su carácter de padre, en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos, respecto a la prescripción positiva del inmueble en pugna.
2. En auto de ocho de febrero de dos mil ocho, el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil admitió la demanda que, en vía de reconvención, presentó el padre del quejoso, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, por lo que ordenó el emplazamiento de la demandada actora principal; la cual, a su vez, dio contestación a la reconvención.
3. Cabe señalar que el quejoso adquirió la mayor edad el doce de agosto de dos mil nueve, esto es, durante el trámite del juicio natural.
4. En junio de dos mil diez se dictó sentencia, en cuyos puntos resolutivos se declaró que había procedido la vía sumaria civil, y que el reo reconvencionista y los menores no probaron la acción de usucapión por ellos ejercida, por ende, se absolvió a la actora reconvenida de las respectivas prestaciones que le fueron reclamadas.
5. Inconformes con dicha resolución, el padre y la madre del quejoso, por conducto de su procurador judicial, interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto en octubre de dos mil diez por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el sentido de confirmar el fallo recurrido.
6. El seis de septiembre de dos mil once, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, en el cual el Juez de Distrito resolvió que el impetrante de garantías no acreditó ser tercero extraño a juicio por equiparación en el juicio natural y, por tanto, se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73, en relación con el diverso 21, ambos de la Ley de Amparo.
Es así, pues el quejoso, al comparecer por conducto de su padre al juicio natural, lo hizo representado y en forma indivisible con todas las facultades y atribuciones que la propia ley le consagra como parte del juicio y, al contestar la demanda y entablando la respectiva reconvención en contra de la actora, se advertía que tuvo conocimiento pleno de los actos reclamados en el juicio natural; en ese sentido, si la reconvención aludida se hizo el ocho de febrero de dos mil ocho y la demanda de garantías se presentó hasta el seis de septiembre de dos mil ocho, era indudable que dejó de transcurrir con exceso el término que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo.
7. Posteriormente, el quejoso interpuso recurso de revisión, alegando que, en el caso, el Juez de Distrito no debió decretar el sobreseimiento, sino entrar al estudio de los conceptos de violación, en donde alegó que no fue señalado como demandado en el juicio de origen y, en consecuencia, tampoco fue llamado al mismo, a efecto de defender la propiedad del inmueble materia del lanzamiento; refirió que el hecho de haber comparecido a juicio por conducto de su padre no es determinante para considerar que se hizo sabedor de la existencia del mismo y que su demanda de amparo es extemporánea, ya que era menor de edad cuando fue representado por su progenitor en ese juicio.
Que, contrario a la opinión del Juez Federal, cuando su papá compareció al juicio de donde derivan los actos reclamados, contestando la demanda entablada en su contra, lo hizo a título personal y no en representación del ahora quejoso, que, inclusive, las peticiones que le hace al Juez Civil responsable son de carácter personal, que indebidamente el Juez natural tuvo por admitida la reconvención que su papá hizo en el juicio, porque el hoy quejoso nunca fue demandado, y que si durante el juicio adquirió la mayoría de edad, entonces el Juez responsable debió ordenar su notificación personal para hacerle del conocimiento el estado que guardaba el juicio.
8. Correspondió conocer de la revisión al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, el que, mediante ejecutoria de treinta de mayo de dos mil doce, pronunciada en el amparo en revisión 109/2012, revocó la sentencia recurrida, concedió el amparo solicitado y ordenó denunciar la contradicción de tesis respectiva.
La parte considerativa de la ejecutoria de referencia es la que se transcribe a continuación:
"En efecto, asiste la razón al quejoso cuando alega que en los autos del juicio reivindicatorio, expediente número 941/2006, instaurado por **********, en contra de ********** y **********, tiene el carácter de tercero extraño por equiparación, en virtud que si bien intervino como actor reconvencional en el juicio de origen, tal intervención no fue por su propio derecho, pues por ser menor de edad, su representación fue por conducto de su padre, pero alcanzada la mayoría de edad era necesario que se le llamara a juicio en lo personal para dilucidar sus derechos en cualquier etapa del mismo.
"Lo anterior se afirma en atención a las siguientes consideraciones:
"De las copias certificadas que obran en autos del juicio de origen, ‘reivindicatorio’, expediente 941/2006, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, promovido por **********, en contra de ********** y **********, que por ser documentales públicas adquieren valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que:
"Por escritos presentados el veinticuatro de agosto de dos mil seis y veintinueve de junio de dos siete (fojas 70 a 78 y de la 104 a 121 idem), los aludidos demandados dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que estimaron pertinentes y, por su parte, el demandado **********, por su propio derecho y, además, en su carácter de padre en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos ********** y **********, ambos de apellidos **********, promovió reconvención ejercitando la acción de prescripción positiva respecto del bien motivo de la controversia.
"Para acreditar la representación del menor, el demandado ********** exhibió al juicio copia certificada del acta de nacimiento número **********, elaborada ante la directora del Registro Civil del Estado (foja 124), en la que aparece que el hoy quejoso ********** nació el doce de agosto de mil novecientos noventa y uno.
"Por escrito de veintisiete de mayo de dos mil ocho, ********** dio contestación a la reconvención y, seguido el juicio en todos sus trámites legales, el veinticuatro de junio de dos mil diez el Juez Quinto del Ramo Civil responsable dictó la sentencia correspondiente, en cuyos puntos resolutivos se declaró que había procedido la vía sumaria civil, y que el reo reconvencionista ********** y los menores ********** y **********, ambos de apellidos **********, no probaron la acción de usucapión por ellos ejercida, esto es, no se les reconoce haber adquirido la propiedad del inmueble y, por ende, se absolvió a la actora reconvenida de las respectivas prestaciones que le fueron reclamadas, declarándose que la actora ********** es legítima propietaria del bien inmueble en disputa, y se condenó a ********** y ********** a desocupar y entregar a ********** dicho inmueble, con sus frutos y accesiones, concediéndoseles un plazo de cinco días contados a partir del siguiente de aquel en que quedara firme el fallo (fojas 405 a 415 del tomo de pruebas referido).
"Inconforme con dicha resolución, ********** y **********, por conducto de su procurador judicial, interpusieron recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, bajo el toca civil número 568/2010, la que, el veinte de octubre de dos mil diez, pronunció el fallo respectivo confirmando en sus términos la sentencia de primer grado.
"Asimismo, aparece que, por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil once, dictado en etapa de ejecución de sentencia, el Juez responsable decretó en el juicio de origen el lanzamiento y desocupación del inmueble en controversia, en contra de los demandados ********** y **********.
"Por otra parte, el quejoso, en su demanda de amparo y bajo protesta de decir verdad, manifestó desconocer el contenido del juicio natural de origen, en los siguientes términos: (se transcribe).
"De todo lo anterior se desprende que tiene razón el quejoso cuando aduce que le resulta el carácter de persona extraña al juicio de origen, ya que no aparece que, al haber cumplido la mayoría de edad, hubiese sido incorporado a dicho juicio, pues con la constancia del registro civil respectiva se demuestra que antes de que se dictara la sentencia de primera instancia el impetrante ya tenía dieciocho años de edad, por lo que, como más adelante se verá, debió haber sido llamado personalmente al juicio, a efecto de ejercer su defensa en relación al bien inmueble que defiende, pues en atención a la naturaleza de la representación legal que surge del ejercicio de la patria potestad y del evento que por antonomasia se acaba -mayoría de edad-, sí se actualiza la necesidad de que se ordene la notificación personal del actor reconvencionista que durante el trámite del juicio alcanza la mayoría de edad, porque ante dicha circunstancia, por una parte, se vuelve necesario que se entere directamente del contencioso, a fin de que, ante el nuevo estatus jurídico adquirido, se encuentre en aptitud de ejercer sus derechos que de otra forma quedarían inauditos y, por otra, porque los padres que lo representaban, ante la cesación de la patria potestad, carecen ya de representación y, consecuentemente, de la debida personalidad para actuar en nombre de su hijo.
"En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.
"Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 195, registro número 917729, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/90, publicada en al Apéndice 2000, Tomo VI, Común, jurisprudencia SCJN, página 158, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.’ (se transcribe)
"Así como en la jurisprudencia P./J. 7/98, registro «IUS» número 196932, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, que señala: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.’ (se transcribe)
"En ese contexto, existen dos supuestos de persona extraña a juicio, y son:
"a) La persona extraña en estricto sentido, entendiéndose como tal aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; y,
"b) La persona extraña por equiparación, la cual es aquella que, no obstante formar parte de la controversia, no fue llamada a juicio, al no haber sido legalmente emplazada para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno a tal procedimiento.
"Además, con relación a la persona extraña por equiparación, debe decirse que no necesariamente es la parte demandada que no haya sido debidamente emplazada al juicio, sino también puede ser aquella persona que, pese a haber figurado como parte formal y material en el juicio, no tuvo oportunidad posteriormente de intervenir en él, como ocurre en el caso concreto, puesto que si bien el quejoso figura como parte material y formal en el juicio de origen, ello obedece a que, al haber sido menor de edad, su progenitor promovió reconvención en su representación; sin embargo, no aparece de constancias de autos que el quejoso haya tenido intervención alguna en el juicio una vez que alcanzó la mayoría de edad a los dieciocho años y, con ello, plena capacidad de ejercicio para disponer sobre su persona y sus bienes, conforme a lo dispuesto por los artículos 647 y 648 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, artículos que disponen:
"‘Artículo 647. La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos.’
"‘Artículo 648. El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes.’
"Por lo que si bien, en sentido estricto, el quejoso figuró en un inicio como parte formal en el juicio de origen, ello fue en virtud de que su progenitor promovió reconvención a favor de sus menores hijos, entre ellos, el ahora quejoso; posteriormente, una vez que esa representación cesó automáticamente, al haber adquirido el impetrante la mayoría de edad, no existe constancia alguna de que haya intervenido por su propio derecho en el referido juicio; consecuentemente, tampoco en el incidente de ejecución de sentencia de que emanan los actos reclamados, por lo que, al ser parte actora reconvencionista en el referido juicio y aducir no haber sido legalmente emplazado, ni habérsele dado oportunidad de intervenir en el mismo, le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación a éste, dadas las particularidades del caso específico.
"Además, debe decirse que la sustitución plena del representado encuentra su justificación en la necesidad de proteger los intereses del menor o incapaz, quien podría perjudicarse a sí mismo si, por su inmadurez o su inexperiencia en las relaciones sociales, tuviera libertad y poder decisorio sobre su persona y sus bienes. En la medida en que esa necesidad de protección y defensa subsista estará justificada la representación legal, así como los restantes deberes asistenciales que normalmente incumben al representante legal. Dicho en sentido negativo que, en principio, caerá por su base la sustitución inherente a la representación legal cuando los menores o incapaces obtengan o recuperen la madurez o experiencia que se precisa para el correspondiente acto o negocio jurídico.
"En efecto, en relación con esa representación legal, los artículos 415, 426 y 428 del Código Civil para el Estado de Sinaloa disponen lo siguiente:
"‘Artículo 415. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.
"‘A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el Juez de lo Familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.’
"‘Artículo 426. Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella, y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de este código.’
"‘Artículo 428. La persona que ejerza la patria potestad representará también a los hijos en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no es con el consentimiento expreso de su consorte, y con la autorización judicial cuando la ley lo requiera expresamente.’
"De los cuales se contempla que la representación de los hijos menores de edad recae en quienes ejerzan la patria potestad -en primer término, se ubican los padres-, figura jurídica que nos conduce a entender con mayor claridad que la actuación representativa se dirige en beneficio de los infantes.
"Así es, la representación legal no es una institución autónoma, sino que es un instrumento o medio de una función superior de mayor alcance, la patria potestad; no se trata de un poder aislado, sino de una facultad integrada en un conjunto de prerrogativas y deberes más amplio, con los que, además, guarda una estrecha conexión.
"La representación es un medio que completado con los demás poderes permite alcanzar el objetivo último de hacer viable y digno el desarrollo progresivo del menor; es una de las fórmulas para alcanzar esos fines que siempre deberán tutelar el interés superior del niño, no sólo por lo apuntado en la norma secundaria, sino por disponerse como garantía en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adoptarse como obligación internacional al suscribirse la Convención sobre los Derechos del Niño y cumplimentarse legislativamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
"Así es, el apuntado arábigo constitucional consagra:
"‘Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
"‘Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
"‘Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
"‘Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
"‘Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
"‘Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"‘Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
"‘El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.’ (lo subrayado es autoría de este tribunal)
"Por su parte, el artículo 3o., puntos 1, 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, disponen sobre el interés superior de los menores:
"‘1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
"‘2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
"‘3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.’
"Finalmente y de manera reiterada en la legislación secundaria, los arábigos 3o. y 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes apuntan sobre el mismo tópico del interés superior de los menores lo que sigue:
"‘Artículo 3o. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.
"‘Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:
"‘A. El del interés superior de la infancia.
"‘B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
"‘C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.
"‘D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.
"‘E. El de tener una vida libre de violencia.
"‘F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.
"‘G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.’
"‘Artículo 4o. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
"‘Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
"‘La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’
"Precisada la naturaleza y fines de la representación legal, así como evidenciada su vinculación al grupo de poderes que, en su conjunto, forman la institución de la patria potestad, es fácil colegir, como ya se anticipó, que la forma de culminar la representación legal sobre los menores de edad radica en la desaparición de la condición misma que procura su protección a nivel de orden público, es decir, cuando se adquiere la madurez o experiencia, que según el artículo 647 del Código Civil para esta entidad federativa, antes transcrito, es con la mayoría de edad que arriba a los dieciocho años cumplidos. Así lo reconoce textualmente el arábigo 444, fracción III, de esa legislación que dispone: ‘La patria potestad se acaba: ... III. Por la mayoría de edad del hijo.’
"En base a todo lo anterior, es dable sentar las siguientes premisas: 1. La representación legal surge sin la intervención volitiva del menor de edad, sino por la expresa disposición de la ley; 2. La representación legal, dada la vinculación que guarda con el cúmulo de poderes que otorga la patria potestad, obra en beneficio del interés superior del menor y siempre debe procurar el sano desarrollo en todos los ámbitos de su vida, física, mental y, en su caso, económica, empero, no se limita a la época de minoridad, sino que sus efectos serán determinantes para que, llegado el momento en que se alcance la mayoría de edad, el infante se encuentre en plena aptitud de ejercer sus derechos y obligaciones; 3. La patria potestad se acaba con la mayoría de edad y, por ende, cesa automáticamente toda representación que con base en aquélla se hubiere ejercido; y, 4. La patria potestad en que se integra la representación legal es una cuestión de orden público, por lo que, en todo caso, con independencia del desempeño de quienes la ejerzan, toda autoridad debe salvaguardar el interés superior del menor, incluso, cuando por su reciente mayoría de edad es necesario que ejerza los derechos y obligaciones que se adquirieron o ejercieron por quienes ostentaban su representación, pues pensar de otro modo, en ciertos aspectos, haría nugatoria, impráctica o sin beneficio alguno toda la tutela y salvaguarda que se procuró durante la minoría de edad.
"Luego, si durante un juicio se adquiere la mayoría de edad, al terminar la representación legal de los padres, y en base al orden público que procuró el sano desarrollo del menor, desde luego que dicha tutela estatal debe continuar para que los derechos y obligaciones que frente al contencioso le son entregados por ficción legal, el reciente ciudadano los pueda ejercer y haga valer directamente, entonces, es inconcuso que la autoridad judicial debe ordenar que se le notifique personalmente del estado que guarda el juicio, a fin de que pueda continuarlo.
"No hacerlo así actualiza que se menoscaben todos aquellos beneficios que se pudieron haber obtenido durante la protección ejercida hasta antes de sus dieciocho años, cuando, por el contrario, el sano desarrollo que con la misma se procuró se encuentra vinculado a que goce y defienda esas prerrogativas que se hubieran logrado en el ámbito económico o, en la medida de lo posible, recuperar las que se hubieran perdido, aun y cuando en el Código de Procedimientos Civiles del Estado no existe disposición que indique la necesidad de que el reciente mayor de edad sea notificado en los términos apuntados, pues la norma de derecho común determina la naturaleza de la patria potestad y de la representación legal, da la solución para entender que en el supuesto en que el menor y reciente mayor de edad figure como parte en un juicio, la tutela estadual de los derechos de menores se prolonga hasta poco después de que alcanza su reconocimiento de capacidad jurídica, pues, al quedar sin representación en el juicio, queda indefenso y en evidente riesgo de perder las prerrogativas que se hubieran obtenido durante la minoría de edad.
"Al respecto, surte aplicación la tesis que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, página 408, número de registro IUS: 282049, de rubro y texto:
"‘MENORES. Cuando en un juicio intervengan menores, el tribunal debe vigilar el momento en que alcancen la mayor edad, para que cese la representación de quien por ellos intervenga en el juicio, y se dé a dichos menores la intervención que legalmente les corresponda; pues si las diligencias se siguen entendiendo con quien ya no tiene la representación legal de los incapaces son nulas, de pleno derecho, todas las actuaciones que con él se entiendan.’
"Luego, si el quejoso se incorporó al juicio natural, por conducto de **********, como su representante en ejercicio de la patria potestad, por considerársele en esa fecha menor de edad, entonces si con posterioridad aquella persona carecía de legitimación para representarlo, porque su representación cesó en forma automática cuando cumplió la mayoría de edad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, debió ser llamado a juicio de manera personal, por lo que, al no haberse hecho así se actualiza una violación esencial que dejó sin defensa al quejoso y que infringió en su perjuicio la garantía establecida en el numeral 14 constitucional; de ahí que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de que el Juez natural responsable ordene su notificación personal en el juicio reivindicatorio, expediente número 941/2006, para hacerle saber el estado que guarda el procedimiento, restituyéndolo así en el pleno goce de la garantía individual violada y, hecho lo anterior, prosiga con la secuela procesal como en derecho corresponda.
"Al caso tiene aplicación la tesis IV.1o.C.85 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24306-941ae398/tercero-extrano-por-equiparacion-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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