PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO LABORAL, NO PUEDE TENER ESE CARÁCTER EL ACTOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO.-Es conveniente a continuación, determinar si existe la contradicción denunciada entre los criterios señalados.
Con ese objeto es necesario realizar las siguientes precisiones:
El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, emitió la ejecutoria relativa al juicio de amparo número RT. 471/97, promovido por Patricia Fuentes Rangel, que aparece a fojas 11 a 23 del expediente y que, en la parte que a este estudio interesa, dice:
"SEGUNDO.-No se transcribirán los agravios, pues este tribunal no se ocupará de ellos, toda vez que advierte oficiosamente en términos del artículo 73 in fine, de la Ley de Amparo, una causal de improcedencia del juicio de garantías, desde sus comienzos.-El artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: ‘Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley ...’.-Armonizando esta norma jurídica con los numerales 741 a 743 del código obrero, se obtienen dos hipótesis, clara y cartesianamente diferentes: a) La falta de citación o la citación defectuosa, del actor en ambos casos; b) La falta de citación o la citación defectuosa, del demandado, también en sendos supuestos. Cabe precisar que esta segunda hipótesis se refiere específicamente al emplazamiento, el cual únicamente puede darse respecto del demandado.-El artículo 741 del código laboral se refiere a todas las notificaciones personales, ordenando que éstas se hagan en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe otro diferente y las que así se realicen surtirán plenamente sus efectos; el artículo 742, fracción I, de ese ordenamiento nítidamente distingue el emplazamiento del primer proveído que se dicte en el juicio, y las fracciones I a V del numeral 743 de la propia ley se refieren a las formalidades que han de observarse, sin distinción de partes, en tratándose de la primera notificación personal, y la fracción VII, por su contenido, se refiere concretamente al emplazamiento.-Precisado lo anterior, resulta que, por cuanto a la hipótesis de falta de emplazamiento del demandado, necesariamente le entraña un absoluto desconocimiento del juicio que en su contra se sigue, lo que apareja la consecuencia de que, pese a ser demandado en el juicio natural y acudir a la vía constitucional, la falta de emplazamiento lo equipara a un tercero extraño al juicio natural. Diverso es el supuesto de la hipótesis relativa al emplazamiento defectuoso, pues éste no le impide el conocimiento del juicio, ya que, de no ser así, se trataría de la falta de emplazamiento.-Ahora, si el demandado se entera, bien de la falta de emplazamiento, ora de sus defectos, antes de la emisión del laudo, debe consumir, previa y necesariamente, el incidente de nulidad de actuaciones, que contempla el artículo 762, fracción I, de la ley laboral, en relación con los del 741 a 743 y 752 del mismo ordenamiento jurídico y, si la resolución le es adversa, combatirla en amparo directo, conforme al artículo 159, fracción V, de la ley reglamentaria del juicio de garantías.-Las anteriores hipótesis, referidas al demandado, no son actualizables en tratándose del actor.-En efecto es éste quien inicia, por sí o por conducto de apoderado, la contienda y quien quebranta la quietud del demandado, el que se encuentra en la total ignorancia de la actividad del actor; mas éste, precisamente por su actividad, aun por medio de representante, no puede ignorar de manera alguna la existencia del juicio.-De lo aquí expuesto, se sigue que existen dos clases de tercero extraño al juicio: uno, que es totalmente ajeno a la relación sustancial y la relación procesal, pero cuya esfera jurídica puede verse eventualmente afectada con alguno o algunos actos de ese juicio, al que es ajeno; y otro, equiparable a ese tercero extraño, que lo es el demandado, cuando no es emplazado al juicio o lo es en forma defectuosa; así y todo, ninguna de estas hipótesis de tercero es aplicable al actor, porque éste tiene conocimiento del juicio, dado que es él mismo quien lo inicia.-En estas condiciones, es inadmisible considerar que la quejosa, uno de los actores en el juicio natural, sea tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, 159, fracción I, de la propia Ley de Amparo y, por ello, se está en el caso de modificar el fallo recurrido, para sobreseer en su totalidad el juicio, en términos del numeral 91, fracción III, de la propia ley, por distinto motivo.-TERCERO.-Ahora, como también se reclama el laudo, en este aspecto procede la vía constitucional directa, sin que obste a esta consideración lo estimado por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Primer Circuito, en su acuerdo de cuatro de abril último (foja 2 del cuaderno de amparo), por lo precedentemente resuelto. Por lo tanto, este tribunal se aboca al conocimiento del juicio en la vía directa, únicamente en lo que al laudo se refiere.-Lo anterior, sin necesidad de dar, en lo relativo al laudo reclamado, el trámite del amparo directo, por resultar ocioso, ya que ello no permitiría una mayor amplitud de defensa a las partes, según se deduce de la jurisprudencia número 52, emitida por la entonces Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en las páginas 33 y 34 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que es aplicable en la especie, en lo que interesa, y cuyo texto es como sigue: ‘AMPARO FALLADO POR UN JUEZ DE DISTRITO Y QUE DEBIÓ TRAMITARSE DIRECTAMENTE ANTE LA SUPREMA CORTE.-De acuerdo con el artículo 94 de la Ley de Amparo, cuando una de las Salas de la Suprema Corte conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo, del cual debió conocer en única instancia, conforme al artículo 44, de la propia ley, por no haber dado cumplimiento oportunamente el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido de él, a lo dispuesto por el artículo 49, dicha Sala declarará insubsistente la sentencia recurrida, remitiendo los autos al presidente de la Corte para que provea lo que corresponda; pero cuando en el caso previsto por esa disposición legal, la Sala respectiva de la Suprema Corte, encuentre que existen en autos los elementos indispensables para conocer en única instancia, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, del acto reclamado, carece de objeto ordenar una nueva tramitación, en la forma de amparo directo, que no podría permitir a las partes una mayor amplitud de defensa, y en tales condiciones, la propia Sala puede desde luego abocarse al conocimiento del negocio.’.-CUARTO.-La quejosa propuso este: ‘concepto de violación. Único. La responsable viola en perjuicio de nuestra representada los preceptos constitucionales 14 y 16 en relación con los artículos 741, 742 fracción I y 743 de la Ley Federal del Trabajo, así como la jurisprudencia y las ejecutorias señaladas como obligatorias para la responsable, en virtud de la supuesta notificación del auto de radicación de la demanda, que cita para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, para el día 17 de febrero de 1995, realizada por el C. Actuario de la adscripción de la responsable, con fecha 19 de enero de 1995, ya que aparece que la practicó sin dar cumplimiento con las formalidades establecidas por los artículos invocados de la Ley Federal del Trabajo, que son esenciales para que tenga validez la diligencia de notificación que la H. Junta responsable al dictar su resolución omite analizar si se cumplieron con las formalidades establecidas para el inicio del procedimiento, como es precisamente su obligación, como lo establece el artículo 743 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, ya que como es de verse de la razón del C. Actuario adscrito que se transcribe, se practica la notificación en un domicilio diverso en donde dice que lo identificó y lo notifica del acuerdo de radicación, al estar interviniendo en otra actuación diversa a la ordenada en el juicio materia de este juicio de garantías, como consta de la transcripción que se hace: (Se transcribe).-Toda vez que en su razón manifiesta el C. Actuario que se cercioró que era el lugar para la colonia, aclara que se realizó en el domicilio de Trans-Carga Internacional, S.A. de C.V., sito en Norte 196 número 694, de la colonia Pensador Mexicano, que es el domicilio precisamente de la demandada en el presente juicio, a mayor abundamiento asienta el actuario que la notificación se la hace toda vez que la diligencia de inspección de fecha 19 de enero de 1995 a las 13:30 horas donde compareció el licenciado José Luis Sánchez Flores lo identificó como apoderado de los actores en el expediente 45/95 y agrega otro número 48/95, haciendo constar que se da por notificado, pero no señala como era su obligación cómo acreditó su identificación que en todo caso tenía que ser mediante credencial, y tampoco consta de la propia razón que pone el C. Actuario la firma del que dice que notificó, y aún más hace constar que dicha persona firma al margen para efectos de constancia y enterado, y del análisis que se haga de la razón del C. Actuario no consta firma alguna al margen por lo que dicha notificación está afectada de nulidad y consecuentemente todo lo actuado en el presente juicio.-Tampoco consta una descripción del apoderado que dice el C. Actuario que notificó, constando de esta actuación correspondiente a la razón del C. Actuario que la notificación la practica en un domicilio diverso al señalado por la actora para oír notificaciones, como consta del escrito inicial de demanda, el C. Actuario también deja de manifestar cuáles fueron sus elementos bastantes de convicción para hacer la notificación y esto es en virtud de los artículos 741, 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo.-De lo anteriormente enunciado se desprende que el citado C. Actuario adscrito, no tomó en cuenta lo previsto en los artículos 741 y 742 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: (Se transcriben).-Siendo el domicilio señalado en autos por parte de los actores para oír notificaciones el marcado con el número 4409 de la avenida Tláhuac, colonia Lomas Estrella, en México, Distrito Federal, lugar al que tenía que haberse dirigido el C. Actuario para practicar la notificación del primer proveído que radica la demanda y señala fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, constituyéndose en otro domicilio diverso como consta de la propia razón puesta por el C. Actuario, es evidente que el C. Actuario no se presentó al domicilio señalado para practicar la notificación y tampoco identificó en los términos de ley a las personas con quien entendió la diligencia ni tampoco establece de qué medios se valió para identificar al apoderado de la actora, como tampoco aparece firma alguna del que dice que fue notificado como lo señala en su razón.-Atento a lo anterior debe aplicarse y se invoca la siguiente ejecutoria: (Se transcribe).-De lo ya advertido se desprende que el C. Actuario realizó en un lugar diferente al señalado en autos la notificación del acuerdo inicial de radicación que cita para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, además de que claramente se aprecia que no se cercioró efectivamente por los medios bastantes de convicción, que el domicilio en que practicó la notificación correspondiera al señalado en autos por la actora, sino que practica dicha notificación en el domicilio de la demandada como consta de la razón del C. Actuario y de la propia demanda en que se señalan los domicilios tanto de la actora para oír notificaciones así como el domicilio de la demandada para su emplazamiento.-Ahora bien, en cuanto a la supuesta notificación del auto inicial del procedimiento realizado por el ya citado actuario y por la razón asentada en autos, se desprende igualmente que no dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo el cual me permito transcribir como sigue: (Se transcribe).-También es violatorio de las garantías individuales de nuestra representada, el hecho de que el C. Actuario multicitado haya entendido una diligencia en un domicilio diferente al señalado en autos para notificar la radicar la notificación (sic) del acuerdo inicial del procedimiento laboral, mediante identificación que no señala por qué medio la realizó y precisamente en el domicilio de la demanda y también sin abocarse a hacer una media filiación de la supuesta persona con quien dice realizó la notificación.-Por las razones ya enunciadas la responsable omite hacer una inadecuada observancia y valoración de la razón de notificación del auto inicial a los actores puesta por el C. Actuario, que no fue hecha conforme a las formalidades de la Ley Federal del Trabajo, y sin tomar en cuenta los artículos y ejecutorias ya transcritas con anterioridad, toda vez que la H. Junta señalada como responsable toma por realizada la notificación de radicación al juicio, trayendo como consecuencia el hecho que en la audiencia de fecha 17 de febrero de 1995, se acordara que a la suscrita se le tuviera por inconforme de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento de pruebas, se le tuviera sin comparecer con las consecuencias inherentes, como son inconforme de toda regla conciliatoria, privándome de la garantía de audiencia y del derecho de ofrecer pruebas.-Lógicamente lo ya enunciado trae como consecuencia el hecho de que la misma responsable emita un laudo con fecha 23 de septiembre de 1996 cuyos puntos resolutivos se han transcrito.-En consecuencia, fehacientemente se desprende que no se constituyó el C. Actuario en el domicilio señalado en autos sino en uno diferente, además de que no tomó en cuenta las formalidades que para este caso claramente establece la Ley Federal del Trabajo.-Considerando lo anteriormente narrado es pertinente que se le conceda a la suscrita el amparo y ordene a la responsable que reponga el procedimiento y deje sin efecto todas las actuaciones desde el 19 de enero de 1995, hasta el laudo emitido en fecha 23 de septiembre de 1996, declarando que la Justicia de la Unión ampara y protege a la suscrita ...’ (fojas 25 a 29 del expediente de amparo).-QUINTO.-Como se ve, los conceptos de violación no concretan argumento lógico-jurídico alguno contra el laudo reclamado.-Cabe señalar, destacadamente, que, en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, es dable en el juicio de garantías directo reclamar las violaciones procesales que trascienden al resultado del fallo, entre las que pudiera encontrarse la que se reclama, consistente en la defectuosa citación a la audiencia de ley; sin embargo, para que sean reclamables las violaciones procesales, es presupuesto que se agoten los medios de defensa que, en su contra, establece la ley que rige el procedimiento.-En el caso, la ahora quejosa pudo y debió interponer el incidente de nulidad previsto en los artículos 752, 762, fracción I, y siguientes, de la Ley Federal del Trabajo, que no intentó, teniendo la carga procesal de vigilar el juicio que inició.-De tal manera, resultan inatendibles los conceptos violatorios que denuncian el indebido ‘emplazamiento’ de la quejosa (indebida citación a la audiencia de ley), y como este tribunal no advierte, en suplencia de la queja, que dicho laudo sea inconstitucional, se impone negar el amparo, en la vía directa.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.-Se modifica el fallo a revisión.-SEGUNDO.-En la vía indirecta, se sobresee en el juicio de garantías, promovido por Patricia Fuente Rangel contra los actos de la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de su presidente y actuario, que se precisan en el resultando I de esta resolución, en la inteligencia de que dicho sobreseimiento es también respecto del laudo reclamado, pero únicamente en cuanto resulta consecuencia del defectuoso emplazamiento reclamado.-TERCERO.-En la vía directa, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Patricia Fuentes Rangel, en contra del acto que se reclamó de la propia Junta responsable, consistente en el laudo dictado en el juicio laboral número 45/93, así como su ejecución, que se imputa al presidente y actuario de dicha Junta.-Notifíquese, con testimonio de esta sentencia, devuélvanse los autos al juzgado de su origen, para su conocimiento; y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el toca de revisión número R-652/93 relativo al juicio de amparo número 1448/93, promovido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la parte que nos interesa, sostuvo lo siguiente:
"CONSIDERANDO: PRIMERO.-La parte considerativa de la sentencia recurrida expresa: ‘SEGUNDO.-Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso aduce fundamentalmente como conceptos de violación los siguientes: a) Que existe violación en su perjuicio del artículo 743, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, en razón a que la primera notificación del juicio no se llevó a cabo con las formalidades previstas en dicho numeral, toda vez que no se le dejó citatorio previo a la notificación.-b) Que se viola el artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción II, que dice: «Se harán personalmente las notificaciones siguientes: ... El auto de radicación del juicio, que dicte la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado.».-El concepto de violación aducido en el inciso a) de esta resolución, resulta sustancialmente fundado, pero no por las razones que precisa y trata de relacionar con el inciso b) señalado; empero, el encontrarnos en la hipótesis de la fracción IV, del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, se obliga a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, ya que el acto reclamado emana de un juicio en materia laboral y, además, el quejoso resulta ser el trabajador.-En efecto, el acto reclamado se hace consistir, en el primer caso, en la ilegal notificación del auto de admisión de la demanda laboral que promovió el mismo quejoso, realizada el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y dos (y no quince de junio del mismo mes y año como lo precisa el quejoso, quien por ilegibilidad del sello estampado, se confundió, pero que en razón de los argumentos esgrimidos y del análisis de las constancia de autos, se advierte en forma clara que quiso referirse a ese acto, el cual inclusive, lo impugna por la informalidad de su desahogo), el cual aparece en el reverso del auto de diez de junio del año próximo pasado, en el que se admitió la demanda; es decir, estimando la naturaleza jurídica del auto notificado, es de advertirse que se trata del primer proveído dictado en el juicio, lo que hace por ese solo hecho, que la notificación del mismo sea en forma personal, considerando que el artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo dispone: «Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo.». De lo anterior, es claro que el actuario debió de notificar al aquí quejoso no sólo en el domicilio señalado en los autos de donde emana el acto reclamado, sino que debió de seguir las formalidades que señala el artículo 743 de la ley en cita, por lo que al no haber observado tales extremos (dejar citatorio previo al quejoso en caso de no encontrarlo, como se advierte del sello de la notificación impugnada), lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí peticionario de garantías, para que tenga la oportunidad procesal de comparecer a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en defensa de sus derechos, dejándose, por ende, sin efectos todo lo actuado a partir de la ilegal notificación. Sirve de apoyo a lo sostenido la tesis que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 1969-1987, Tomo XII, NEG-PER, página 3929, bajo el rubro «NOTIFICACIONES. FORMA EN QUE DEBE CITARSE A LAS PARTES EN UN JUICIO PARA CUMPLIR OBLIGACIONES PROCESALES, O BIEN DEFENDERSE.».’.-SEGUNDO.-La recurrente por conducto de sus apoderados, expresa como agravios lo siguiente: ‘1. Hecho que constituye el agravio.-La sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, el día veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, específicamente en su único punto resolutivo que a la letra dice: «ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Cázares Ramos en contra de los actos de las autoridades responsables señaladas al inicio de esta resolución.».-2. Disposiciones legales violadas. Lo son los artículos 14 y 16 constitucionales, así como 73 fracción XIII y 74 fracción III, de la Ley de Amparo.-3. Concepto de agravio. Como se desprende de las constancias de autos, el C. Miguel Ángel Cázares Ramos, solicitó ante el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el amparo y protección de la Justicia de la Unión reclamando entre otros conceptos, el que no se le había notificado el señalamiento de una audiencia en el domicilio que al efecto había precisado; como consecuencia de lo anterior, el Honorable Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, dictó resolución precisando que el conocimiento del juicio de garantías correspondía a un Juez de Distrito, toda vez que se impugnaba la falta de emplazamiento, cuestión totalmente errónea, que tal vez pasó desapercibida al Tribunal Colegiado por la forma de plantear el asunto.-De la lectura de la demanda de garantías antes aludida, aparece que el C. Miguel Ángel Cázares Ramos, es el actor en el juicio laboral marcado con el número D-5/22/92, de los que se tramitan en la Junta Especial Número Cinco de las que integran la de Conciliación y Arbitraje en el Estado y por lo mismo fue él quien presentó la demanda de trabajo, de donde no es esa persona a quien debía emplazarse, sino a la parte demandada que en el caso lo fue la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como corolario del explicable error, el Juez de Distrito examinó el acto reclamado como si se tratara de «falta de emplazamiento», y no simplemente de una notificación, aun cuando ésta fuera la primera, pues la distinción entre ambos actos es fundamental para la procedencia del juicio de garantías, ya que, si quien reclama es el demandado por falta de emplazamiento, en este caso la Ley de Amparo en el artículo 114, lo equipara a tercero extraño, porque no tiene conocimiento de que se hubiera acudido ante alguna autoridad en defensa de sus derechos, toda vez que el emplazamiento tiene como efecto llamar a juicio a alguien, previniéndolo que ante determinada autoridad se le ha demandado el cumplimiento de ciertas prestaciones; pero si se reclama la primera notificación y no el emplazamiento, y quien acude lo es el actor, no puede ser considerado ajeno al juicio, porque fue precisamente él quien acudió ante las autoridades para llamar a juicio a otra persona, lo que significa que para acudir al juicio de garantías debe de agotar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, tal como lo establece el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo.-En tales condiciones el a quo de manera indebida analizó el acto reclamado y no decretó el sobreseimiento del juicio de garantías, como lo establece el artículo 74 fracción III de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues resulta increíble que un trabajador que acude al tribunal laboral reclamando el pago de diversas prestaciones de contenido económico, por estimar que existió despido injustificado y además reclama reinstalación, hasta después de un año manifiesta que no tuvo conocimiento de si se admitió o no su demanda, máxime que para acudir a juicio laboral se asesoró de licenciados en derecho, María de Jesús Tello Sánchez, Juana Arenas Martínez y Alfredo Zepeda Arrieta, a quienes autorizó para recibir notificaciones y si estas personas no se interesaron en el asunto, es cuestión de responsabilidad profesional, pero la propia Ley Federal del Trabajo, protege al trabajador para esos casos y determina que si no acude a la primera audiencia se reproducirá su escrito de demanda y continuará el juicio, lo que así aconteció y tuvo conocimiento de ello, porque en el domicilio señalado para recibir notificaciones se le hicieron saber los demás acuerdos y tuvo conocimiento de ellos porque no los impugnó por ningún medio y desde la segunda notificación tuvo conocimiento de la prosecución del juicio y pudo hacer valer el medio de defensa que la ley le concede, o sea el incidente de nulidad, y al no haber agotado ese medio de defensa no se cumplió con el referido principio de definitividad; y al no estimar el Juez de Distrito configurada la causal de improcedencia antes mencionada viola lo establecido en los citados artículos 73 fracción XIII y 74 fracción III, de la Ley de Amparo, lo que motiva que debe revocarse la sentencia requerida y decretar el sobreseimiento del juicio constitucional.-Agravio. 1. Hecho que constituye el agravio. La sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, el día veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, específicamente en su único punto resolutivo que a la letra dice: ‘ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Cázares Ramos, en contra de los actos de las autoridades responsables señaladas al inicio de esta resolución.’.-2. Disposiciones legales violadas. Artículo 76 de la Ley de Amparo, 742, 743 de la Ley Federal del Trabajo, fracciones II, dejando de observar lo dispuesto en los artículos 739 párrafo I, 741 y 764 de la ley antes referida.-3. Concepto de violación. Suponiendo que este honorable tribunal considere que no se encuentra configurada la causal de improcedencia que hemos invocado, el Juez de Distrito viola lo dispuesto por los artículos 739 párrafo primero, 741 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que examinó de manera indebida el acto reclamado, al no considerar que notificación y emplazamiento son dos actos procesales totalmente distintos, pues tratándose del primero, es el acto mediante el cual con las formalidades legales preestablecidas se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesada en su conocimiento y por emplazamiento el acto procesal destinado a hacer saber al demandado la existencia de la demanda y la posibilidad legal que tiene de contestarla, surtiendo ésta plenamente sus efectos en términos del artículo 741 de la Ley Federal del Trabajo. Y en tal sentido al haber notificado personalmente el C. Actuario el primer proveído en el domicilio señalado por el actor en su escrito de demanda, ésta se realizó en términos del artículo 739 párrafo I y 741 de la Ley Federal del Trabajo, surtiendo plenamente sus efectos, ya que si bien existe la obligación de la autoridad responsable de que el primer proveído se notifique de manera personal, también es bien cierto que las partes, como en el caso del actor en su primer escrito, es decir, en la demanda inicial señaló domicilio para recibir toda clase de notificaciones habiendo citado el despacho seiscientos seis, de la casa número quinientos dos de la calle Dos Sur de esta ciudad, y en el caso de que faltara algún requisito a esa primera notificación, la misma quedó convalidada porque se le notificaron personalmente las subsecuentes audiencias, como son la de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y las de desahogo de las pruebas emitidas y esas notificaciones no fueron impugnadas ni recurridas, tal como lo establece el artículo 764 de la ya citada Ley Federal del Trabajo.-En tal sentido al notificar el actuario los subsecuentes acuerdos, sin haberse reclamado ni aun al haberse solicitado el amparo y protección de la Justicia Federal, la notificación supuestamente mal realizada surte todos sus efectos legales, y al no estimarlo así el Juez de Distrito, violó las disposiciones legales invocadas, motivo por el que debe revocarse la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.’.-TERCERO.-Son infundados los agravios propuestos.-Es inexacto que en la sentencia materia del recurso se hayan violado las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como se sostiene, en virtud de que los Jueces de Distrito al actuar como órganos de control constitucional no pueden incurrir en ese defecto, atento a la jurisprudencia de este tribunal que enseguida se transcribe y a cuyos razonamientos se hace remisión expresa a fin de evitar repeticiones que necesariamente llevarían a la misma conclusión.-Dicha jurisprudencia es la número 16 que aparece publicada a fojas 804, de la Tercera Parte, Volumen II, del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, al terminar el año de mil novecientos ochenta y nueve que dice: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. NO PUEDEN SER VIOLATORIAS DE GARANTÍAS.-Las sentencias que pronuncian los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5669-642dd983/persona-extrana-al-juicio-laboral-no-puede-tener · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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