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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. FECHA A PARTIR DE LA QUE DEBE PAGARSE, EN CASO DE QUE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, SE HAYA PROMOVIDO JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/97. · Registro digital (IUS): 5871
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, , Pág. 159.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Es conveniente a continuación, determinar si existe la contradicción denunciada entre los criterios señalados.

Con ese objeto es necesario realizar las siguientes precisiones:

El Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, emitió la ejecutoria, que aparece a fojas 2 a 10 del expediente y, que a la letra dice:

"PRIMERO.-Este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 fracciones III y V, de la Constitución General de la República; 158 de la Ley de Amparo y 37 fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclama un laudo dictado por una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe rendido por la Junta responsable y con el expediente laboral número 938/95 que remitió para justificarlo.-TERCERO.-El quejoso expresó los siguientes conceptos de violación: ‘El laudo que se combate es violatorio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales por una inexacta aplicación de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.’. La resolución impugnada es notoriamente infundada, pues la responsable de manera indebida pretende establecer en su II considerando ‘... con derecho al pago que tenga como base el promedio de las últimas 52 semanas de cotización y corren a partir de la fecha del presente laudo ...’, careciendo dicho razonamiento de fundamento legal, pues el mismo Tribunal Superior ha emitido en relación a este punto su criterio de que la fecha de pago de las pensiones por incapacidad parcial permanente debe ser a partir de la fecha en que queden determinados y reconocidos por la Junta del conocimiento los padecimientos que producen dicha incapacidad y la cual es el 8 de abril de 1996, fecha en la que se emitió el primer laudo, que si bien es cierto fue materia de interposición de demanda de garantías, también es bien cierto que respecto a ese punto la ejecutoria dictada en el mismo dejó intocada esa cuestión, pues ni siquiera fue materia de estudio el hecho del reconocimiento de la incapacidad de cuenta valuada en un 20%, consecuentemente la fecha correcta para el pago de la multicitada incapacidad parcial permanente es a partir del 8 de abril de 1996; encontrando apoyo lo anteriormente manifestado en el criterio sustentado por el H. Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo que a la letra dice: ‘PENSIÓN POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO PROFESIONAL, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.-Si bien es cierto que el capítulo tercero, sección primera de la Ley del Seguro Social, que regula lo concerniente a los riesgos de trabajo, no señala en forma expresa a partir de qué momento debe cubrirse la pensión por incapacidad parcial o total, de la interpretación armónica de los artículos 51, 65 y 68 del citado ordenamiento, se puede concluir, válidamente, que la misma debe pagarse desde la fecha en que se determina el grado de incapacidad y esto acontece cuando el consejo técnico emite su resolución, en el caso de que el trabajador hubiere optado por recurrir ante él inconformándose con la calificación del riesgo hecho por el instituto o bien cuando la autoridad laboral competente dicte el laudo respectivo, en el supuesto que el asegurado hubiere ejercitado la acción correspondiente, pues del contenido de los numerales 51, 65 y 68 citados, se colige que tal beneficio debe otorgarse cuando se declara la incapacidad, ya sea parcial o total permanente, y esto se da cuando se emita la resolución que así lo determina.’.-En este orden de ideas es procedente que esta H. Autoridad suprema conceda el amparo a esta parte quejosa para el efecto de que la responsable considere lo manifestado por la misma, en virtud de encontrarse conforme a derecho y no apartarse de los lineamientos establecidos por esta máxima autoridad. Con base en los anteriores razonamientos jurídicos que se hacen valer, me permito solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para mi representado en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, asimismo solicito sean declarados procedentes los conceptos de violación que se hacen valer en el cuerpo de la presente demanda de garantías, solicitando de esta H. Superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 bis y 79 de la Ley de Amparo en vigor, supla la deficiencia de la queja en todo aquello que favorezca y beneficie a los intereses de mi mandante por ser ésta la parte obrera.-CUARTO.-Es infundado el anterior concepto de violación.-En efecto, de la lectura del laudo combatido se desprende que la Junta resolvió correctamente al determinar como fecha a partir de la cual debía otorgarse el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente a que condenó al instituto demandado, la del laudo reclamado, o sea a partir del quince de octubre de mil novecientos noventa y seis, pues si bien es cierto que en el anterior laudo dictado con fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y seis quedó determinado el padecimiento que produjo tal incapacidad, ese fallo no quedó firme en virtud de que habiendo promovido ambas partes demanda de amparo en su contra, se concedió al quejoso (ahora también quejoso) el amparo solicitado ‘para el efecto de que la Junta lo deje insubsistente y en su lugar dicte uno nuevo, en el cual siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria se pronuncie sobre la reclamación consistente en que la pensión ...’.-‘... no puede ser inferior al 90% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal y zona conurbada al momento que quede firme en laudo que se dicte en el presente juicio ...’.-En esas condiciones, y advirtiéndose de la transcripción anterior que se ordenó dejar insubsistente el laudo de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y seis, no adquirió firmeza y por ende, no es lógico considerar que fuera a partir de ese laudo que debiera empezar a correr el pago de la pensión ya mencionada, sino como lo determinó la Junta responsable a partir de la fecha del laudo que ahora se combate.-En las condiciones apuntadas, no siendo el laudo combatido violatorio de garantías en perjuicio del quejoso, lo que procede es negar el amparo solicitado.-Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 184, 188 y 189 de la Ley de Amparo es de resolverse y se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis López Rojas, contra el acto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje consistente en el laudo de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y seis, dictado en el expediente laboral número 938/95, seguido por el propio quejoso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social.-Notifíquese ..."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 12681/96, promovido por Felipe Huerta González, en la parte que nos interesa, sostuvo lo siguiente:

"PRIMERO.-El acto reclamado es cierto, según el informe justificado y el expediente laboral remitidos por la responsable.-SEGUNDO.-Contra el laudo que se combate el quejoso expresó los siguientes conceptos de violación: ‘La autoridad responsable, al dictar el laudo que se combate, no dio cumplimiento con el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que dictó un laudo totalmente incongruente, no claro, ni preciso, además violó también en mi perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que absuelve a la tercera perjudicada IMSS a la prestación que reclama del seguro de invalidez en los términos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, y tomando en cuenta la ejecutoria que dictó el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo para que analizara y resolviera respecto al seguro de invalidez, la responsable gozando de su libertad jurisdiccional, en forma inmediata absolvió al codemandado IMSS a quitarme la prestación del seguro de invalidez, al señalar de que es inoperante dicha prestación no obstante de que tomando en cuenta el análisis y valoración de la pericial médica del actor a fojas 122 a 125 de los autos, favorece la asignación del seguro de invalidez en virtud de que en sus conclusiones médico-legales indica que el suscrito quejoso reúne los requisitos y se configura el estado de invalidez tomando en cuenta las enfermedades generales que padezco, dicho proceder de la autoridad responsable no se apega en cumplimiento con la ejecutoria que dictó este Alto Tribunal de fecha 11 de julio de 1996 en la que ordena de que dicha responsable analice la asignación del seguro de invalidez tomando en cuenta el estudio de las periciales médicas y es precisamente la pericial médica del actor suscrito quejoso que favorece a mis intereses y como consecuencia se le debe de ordenar a la responsable la asignación del seguro y pensión de invalidez en los términos de los artículos 128, 167, 168 y 132 en virtud de que el seguro de invalidez como lo señala el artículo 132 debe de proceder desde la fecha en que fue reclamada es decir a partir de la fecha de la presentación de la demanda.’.-El segundo concepto de violación consiste en que la autoridad responsable en el laudo que se combate ordena que me asigne el seguro de riesgo de trabajo parcial y permanente valuado en un 27% a partir de este laudo que se combate, siendo lo correcto que dicha pensión debe de asignarse a partir de la fecha en que se dictó el primer laudo de fecha 6 de marzo de 1976 (sic) fecha en que fue determinada dicha condena en contra del codemandado IMSS.-Tesis de jurisprudencia.-‘PENSIÓN POR INVALIDEZ. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE PAGARLA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.’.-(Se transcribe).-‘LAUDOS, DEBEN ANALIZARSE TODAS LAS PRETENSIONES ADUCIDAS EN EL JUICIO A FIN DE SER CONGRUENTES.’.-TERCERO.-El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente: Se alega que la Junta responsable infringió el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque dictó un laudo incongruente, ya que absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social ‘del seguro de invalidez’ reclamado, sin tomar en cuenta la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, quien concedió el amparo para el efecto de que se analizara y resolviera respecto de dicha prestación con base en el estudio de las pruebas periciales rendidas en el juicio; que tampoco se tomó en cuenta que el dictamen del perito del ahora quejoso que aparece a fojas de la 122 a la 125 del expediente laboral le es favorable, ya que en sus conclusiones médico-legales indica que aquél reúne los requisitos necesarios para que se configure el estado de invalidez, fundándose en las enfermedades que padece; que el proceder de la autoridad responsable no se apega al cumplimiento de la referida ejecutoria; que por todo lo anterior debe concluirse que procede la asignación de la pensión correspondiente a partir de la fecha de la presentación de la demanda, en términos del artículo 132 de la Ley del Seguro Social.-El anterior concepto de violación es por una parte infundado y por la otra improcedente. Lo primero, porque de la lectura de la parte considerativa del laudo reclamado, se desprende que la autoridad responsable ni siquiera se ocupó de la pensión de invalidez reclamada al Instituto Mexicano del Seguro Social, por cuya razón es inexacta la afirmación de que en relación a dicha pensión se decretó la absolución respectiva.-Lo segundo, porque en relación tanto del estudio del dictamen del perito del ahora quejoso, como del pago de la pensión de invalidez, son aspectos que ya fueron materia de las ejecutorias dictadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el once de julio de mil novecientos noventa seis, con motivo de los amparos interpuestos por el ahora también quejoso y el instituto demandado, en las que se concedió el amparo, entre otros efectos, para que la Junta responsable se abocara al estudio sobre la procedencia o no del pago de la pensión de invalidez reclamada al Seguro Social, así como para que analizara en forma pormenorizada los tres dictámenes periciales allegados al juicio, en relación con el restante material probatorio.--En las condiciones señaladas, si el peticionario de garantías considera que no se dio cumplimiento con lo anterior, es decir que existe una irregularidad en el cumplimiento de la referida ejecutoria, su inconformidad debió canalizarla a través de otros medios de impugnación previstos en la Ley de Amparo y no por medio de este juicio constitucional.-Al particular resulta aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, consultable en la página 411 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de septiembre de 1994, cuyo texto es como sigue: ‘QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO.-Conforme al artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo, el recurso de queja es procedente contra actos de las autoridades responsables, en los casos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que haya concedido la protección federal. En la interpretación de este precepto, cabe precisar que existe defecto de ejecución siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida. Por el contrario hay exceso de ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecuta u ordena otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia.’.-En cambio, le asiste razón al peticionario de garantías por cuanto argumenta que en el laudo reclamado indebidamente se ordenó que el pago de la pensión por incapacidad reclamada, deberá ser a partir de la fecha en que se dictó dicho laudo (nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis), sin tomar en cuenta que el citado pago debe ser a partir del día seis de marzo de mil novecientos noventa y seis, fecha en que dictó el primer laudo y en el cual ya se había decretado la referida condena.-A la conclusión que antecede se llega, teniendo en cuenta que de las constancias que aparecen en el expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se obtiene que el citado día seis de marzo de mil novecientos noventa y seis la Junta responsable dictó un primer laudo (fojas 158 a 170) en el que condenó al pago de la pensión por incapacidad parcial permanente reclamada y por tal motivo si en el segundo laudo reiteró tal condena, es evidente que el pago respectivo debe ser a partir de dicha fecha, porque en ella fue cuando se determinó el grado de incapacidad al demandante, atento el criterio jurisprudencial de la anterior Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13 de la Gaceta Número 62 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de 1993, bajo el rubro: ‘PENSIÓN POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO PROFESIONAL, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.-Si bien es cierto que el capítulo tercero, sección primera de la Ley del Seguro Social, que regula lo concerniente a los riesgos de trabajo, no señala en forma expresa a partir de qué momento debe cubrirse la pensión por incapacidad parcial o total, de la interpretación armónica de los artículos 51, 65 y 68 del citado ordenamiento, se puede concluir, válidamente, que la misma debe pagarse desde la fecha en que se determina el grado de incapacidad y esto acontece cuando el consejo técnico emite su resolución, en el caso de que el trabajador hubiera optado por recurrir ante él inconformándose con la calificación del riesgo hecho por el instituto, o bien, cuando la autoridad laboral competente dicte el laudo respectivo, en el supuesto que el asegurado hubiera ejercitado la acción correspondiente, pues del contenido de los numerales 51, 65 y 68 citado, se colige que tal beneficio debe otorgarse cuando se «declara la incapacidad, ya sea parcial o total permanente», y esto se da cuando se emita la resolución que así lo determina.’.-En consecuencia, procede conceder el amparo para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro, en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, considere que el pago de la pensión por incapacidad de que se hizo mérito, deberá ser a partir del seis de marzo de mil novecientos noventa y seis, fecha en la que se dictó el primer laudo, sin perjuicio de reiterar los aspectos que no son materia de esta concesión.-Por todo lo antes considerado y fundado, se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Felipe Huerta González, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado el nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el expediente número 798/93, relativo al juicio laboral seguido por el quejoso en contra de Ferrocarriles Nacionales de México y otro.-El amparo se concede para el efecto precisado en la parte final del considerando tercero de esta ejecutoria.-Notifíquese ..."

Realizadas las anteriores transcripciones y también con el propósito de dilucidar si existe o no oposición entre los criterios jurídicos sustentados por los tribunales mencionados, resulta conveniente determinar qué requisitos o presupuestos esenciales deben concurrir para que se actualice la figura de la contradicción de tesis.

Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado en la jurisprudencia 178, publicado en la página 120, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917 a 1995, que es del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Pues bien, para establecer si, en la especie, los tribunales contendientes partieron del análisis de los mismos elementos y abordaron una cuestión jurídica esencialmente igual, la que resolvieron a través de razonamientos o interpretaciones jurídicas diferentes, resulta pertinente conocer los antecedentes de cada uno de los juicios laborales que dieron origen a los amparos cuyas resoluciones hoy se confrontan.

Así, tenemos que, del análisis de la ejecutoria pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito, el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, en el DT 1606/97, derivan los siguientes antecedentes:

1) Por escrito presentado el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, José Luis López Rojas, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, las siguientes prestaciones:

a) El reconocimiento que haga a favor de nuestro poderdante de que se encuentra con bronquitis química; padecimiento clasificado como del orden profesional por tener relación de causa-efecto con su ambiente de trabajo mismo que le produce una incapacidad parcial permanente, valuada en un 20% de disminución de su capacidad orgánico-funcional total, con fundamento en los artículos 473, 475, 476 y, fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social.-b) El otorgamiento y pago a la parte actora de la pensión por incapacidad parcial permanente, valuada en un 20% de la total orgánico-funcional, o la que resulte durante la tramitación del presente juicio y le sea más favorable, a partir del veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que le fue dictaminado al actor por el perito médico de la Dirección General de Medicina y Seguridad en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el padecimiento que presenta, ante la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de dictaminárselos y de entregarle documento alguno que le valuara el padecimiento que presenta, tan es así que tuvo que acudir a dicha Dirección General de Medicina y Seguridad a que se le practicaran los exámenes médicos a que se refiere el artículo 57 de la Ley del Seguro Social, dictamen que se acompaña a la presente demanda como anexo uno y, para su cálculo deberá tomarse en cuenta el último salario diario integrado de $172.96 que fue el último que percibió al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en la categoría y empresas mencionadas, a partir de la fecha antes indicada y hasta aquella otra en que queda firme el laudo que se dicte en el presente juicio. Debiendo tomarse en cuenta el monto de la pensión que correspondería por incapacidad total permanente la cual será siempre superior a la que le correspondería por invalidez, misma que a su vez no puede ser inferior al 90% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal y zona conurbada al momento en que quede firme el laudo que se dicta en el presente juicio, lo anterior con fundamento en los artículos 17, 18, 82 y 84 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 32, 65 fracción III, 66, 165, 84 y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social y las jurisprudencias firmes y aplicables al presente asunto bajo el rubro de: ‘SEGURO SOCIAL. PENSIÓN POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO, PAGO DE. PROCEDE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DETERMINE SU GRADO.’, y ‘SEGURO SOCIAL. EL SALARIO QUE PARA EL PAGO DE PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE RIESGOS DE TRABAJO, SE ESTABLECE CON LOS AUMENTOS HABIDOS HASTA EN TANTO SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD Y SE RIGE POR LA LEY DEL.’.-c) El otorgamiento y pago a la parte actora de todos y cada uno de los incrementos que por cualquier causa o monto se hayan generado y se generen en la cuantía de las pensiones por incapacidad parcial permanente, a partir de la fecha en que surja la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de otorgar y pagar dicha pensión y hasta que le sean asignados los incrementos mencionados debiéndose observar lo establecido en el artículo 75 de la Ley del Seguro Social.-d) El otorgamiento y pago a la parte actora de la cantidad que resulte a su favor, por concepto de aguinaldo, consistente en el importe de quince días de pensión por cada año o fracción que se generen, a partir de la fecha en que surja la obligación del instituto demandado de otorgar y pagar la pensión reclamada.-e) El otorgamiento a la parte actora de las prestaciones en especie que establecen a su favor los artículos 63 y 62 de la Ley del Seguro Social."

2. Seguido el procedimiento, la Junta responsable dictó un primer laudo con fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y seis, cuyos puntos resolutivos fueron:

"PRIMERO.-La parte actora acreditó en parte su acción y la demandada justificó en parte sus excepciones y defensas.-SEGUNDO.-Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar y otorgarle al actor una indemnización global por incapacidad parcial permanente valuada en un 20% de la total orgánica-funcional en la forma fijada en el considerando tercero del presente fallo.-Asimismo se condena al otorgamiento y pago de todos los incrementos que se hayan generado y que se generen a las cuantías, asimismo al otorgamiento de las prestaciones en especie y se absuelve del pago del aguinaldo en los términos antes mencionados. Ábrase incidente de liquidación."

3. Inconformes con esta resolución, tanto la parte actora como la demandada, promovieron demandas de amparo, de las que conoció el propio Tribunal Colegiado Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, las cuales fueron resueltas, el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en el sentido de negar el amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social y concediendo el amparo a José Luis López Rojas para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo y en su lugar dicte uno nuevo, en el cual siguiendo los lineamientos de esa ejecutoria se pronuncie sobre la reclamación consistente en que la pensión "... no puede ser inferior al 90% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal y zona conurbada al momento que quede firme el laudo que se dicte en el presente juicio ...".

4. En cumplimiento de esa ejecutoria, la Junta responsable dictó el quince de octubre de mil novecientos noventa y seis, un nuevo laudo en el que resolvió lo siguiente:

"PRIMERO.-La parte actora acreditó en parte su acción, y la demandada justificó en parte sus excepciones y defensas.-SEGUNDO.-Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar y otorgarle al actor una indemnización global de la pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 20% total de la total orgánica-funcional, misma que no puede ser inferior al 90% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal y zona conurbada al momento que quede firme el laudo que se dicte en el presente juicio, lo anterior en términos del considerando que antecede.-Asimismo se condena al otorgamiento y pago de todos los incrementos que se hayan generado y que se generen a las cuantías y por ende el otorgamiento de las prestaciones en especie y se absuelve del pago de aguinaldo en los términos que han quedado precisados. Ábrase incidente de liquidación.-TERCERO.-Gírese atento oficio al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, anexándole copia certificada del presente laudo."

5. Inconforme con esta resolución, el actor promovió nuevamente juicio de amparo, del cual tocó conocer también al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que por resolución de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, resolvió negar el amparo al quejoso.

6. El Tribunal Colegiado de mérito, para arribar a esta conclusión, estimó que la Junta responsable resolvió correctamente que la fecha a partir de la cual debía otorgarse el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente a que condenó al instituto demandado, era la del laudo reclamado, es decir a partir del quince de octubre de mil novecientos noventa y seis, ya que si bien es cierto que en el anterior laudo de ocho de abril de ese mismo año quedó determinado el padecimiento que produjo tal incapacidad, dicho fallo no había quedado firme, en virtud de que ambas partes habían interpuesto demanda de amparo, el cual, incluso, había sido otorgado a José Luis López Rojas.

Concluyó entonces, el órgano colegiado que como se ordenó dejar insubsistente el laudo de ocho de abril de mil novecientos noventa y seis, no adquirió firmeza y, por ende, no era lógico considerar que fuera a partir de ese laudo que debiera empezar a correr el pago de la pensión ya mencionada, sino que, como lo determinó la Junta responsable, debía ser a partir de la fecha del laudo reclamado en el amparo de mérito.

Por su parte, de las copias remitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, en las que se contiene la resolución que con fecha dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete, emitió dicho órgano al resolver el DT 12681/92, se desprenden los siguientes antecedentes:

1. Felipe Huerta González, por conducto de su apoderado, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Ferrocarriles Nacionales de México, el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones:

"De Ferrocarriles Nacionales de México: ‘a) La jubilación del actor en términos de la cláusula 382 fracción III del contrato colectivo de trabajo vigente. Pactado entre el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la R.M. y empresa patronal, a partir del 29 de septiembre de 1992 hasta aquella fecha en que cumpla la demandada con dicha prestación. Por riesgo de trabajo.-b) El pago de la pensión jubilatoria mensual en la suma de N$958.00 a partir del día 29 de septiembre de 1992 que asciende hasta la presente 10 meses que dan N$9,580.00 (nueve mil quinientos ochenta nuevos pesos 00/100 M.N.), más las que se sigan venciendo hasta el total cumplimiento de la presente prestación, para la cual se ordena abrir incidente de liquidación en su oportunidad con aumentos respectivos.-En términos del convenio de fecha 30 de septiembre de 1992, en vigor el 1o. de octubre de 1992 en su cláusula 386. Pactado entre el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la R.M. y la empresa demandada.-c) El pago de la ayuda de renta y canasta básica en términos de las cláusulas 267-1 y 267-2 en cantidades de N$23.00 y N$105.00 por cada mes calendario vencido a partir del día 29 de septiembre de 1992 y hasta aquella fecha en que cumpla la demandada.’.-Del Instituto Mexicano del Seguro Social, y las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5871-0b652421/pension-por-incapacidad-parcial-permanente-fecha-a-partir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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