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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA LABORAL. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO EL ACTOR MODIFICA SUSTANCIALMENTE SU ESCRITO INICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/97. · Registro digital (IUS): 4692
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, , Pág. 258.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del día veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997 de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción entre tesis que, en asuntos de la materia laboral, sustentaron el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, es decir, asuntos que, por razón de la materia, son de la competencia exclusiva de la Segunda Sala.

SEGUNDO.-La sentencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dice en lo conducente:

"Amparo directo DT. 11245/96 (1132).

"Quejosas: Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama (Institución de Asistencia Privada) y Protectora Nacional de Animales, A.C.

"TERCERO.-El estudio de las anteriores causas de inconformidad conduce a determinar lo siguiente:

"Es infundado el argumento en el que se aduce, como violación al procedimiento, que indebidamente se les tuvo por admitidos los hechos de la reclamación, sin derecho a ofrecer pruebas.

"Ello se considera así, ya que la resolutora, para llegar a tal determinación, se apoyó en que el día y hora señalados inicialmente para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, si bien compareció el licenciado Cuauhtémoc González Rojas, quien se ostentó como apoderado legal de todas y cada una de las emplazadas, exhibiendo dos instrumentos notariales y tres cartas poder, al hacer uso de la palabra únicamente indicó que vista la adición de aclaración (sic) hecha por la parte actora, por conducto de su abogado patrono, solicitaba a la Junta, para mejor desvirtuar las manifestaciones vertidas en dicha acta, se suspendiera la audiencia, señalándose fecha para la continuación de la misma, por lo que al no dar respuesta a la reclamación, no obstante que intervino en la diligencia, la autoridad actuó acertadamente al estimar aquello de lo que ahora se duele, con fundamento en la fracción IV del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la circunstancia de que existiera la aclaración al escrito petitorio, oponiendo sus excepciones y defensas, refiriéndose a todos y cada uno de los acontecimientos aducidos, afirmando o negando éstos, así como expresando los que ignoraba cuando no le fueran propios, pudiendo agregar las explicaciones que considerara convenientes, ya que la suspensión de la audiencia, cuando se ejercitan nuevas acciones al ampliarse la petición, sólo conlleva a que el día y hora que se fije con posterioridad para la continuación de la misma, el contrario pueda hacer valer las excepciones y defensas que mejor convengan únicamente en cuanto a ello, una vez agotada la contestación.

"Por otra parte, respecto a que Avelino Zazueta Valenzuela demandó a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, A.C. y con posterioridad indicó, en la ampliación que formuló (foja 38), que el nombre correcto de la misma era Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., pero que tal manifestación no puede tomarse en cuenta al existir desistimiento de lo anterior y que, por ello, el laudo resulta incongruente, debe decirse que no le asiste razón a esta quejosa, ya que si bien el activo dejó insubsistentes sus adiciones (foja 40), lo cierto es que en la audiencia de ley, llevada a cabo el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, además de haberse asentado lo anterior, al ratificar y reproducir ésta y el escrito inicial, hizo lo propio en cuanto a la precisión del nombre correcto, y aun cuando el seis de diciembre de igual anualidad declinó de lo señalado (sic), insistió posteriormente en precisar cómo se denominaba en forma correcta dicha institución, por lo que no puede estimarse que exista incongruencia en el laudo.

"Por último, es inatendible lo concerniente a que en el fallo combatido debió considerarse la base real sobre la cual tenían que cuantificarse las prestaciones reclamadas, consistentes en prima de antigüedad, vacaciones, premio respectivo y aguinaldo, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del código obrero, atendiendo a que el actor dentro del juicio principal tenía jornadas discontinuas, por lo que el tiempo efectivo que estuvo a disposición del patrón otorgando sus servicios, lo fue de cuatro años y dos meses y no como lo señaló la emitente, pues estas cuestiones que ahora alegan las quejosas no fueron materia de controversia ante la Junta y tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie, sólo debe tomar en cuenta los planteados ante la autoridad jurisdiccional.

"En las relacionadas condiciones, al ser infundados e inatendibles los motivos de inconformidad, se está en el caso de negar a las quejosas el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan, lo que se hace extensivo al acto de ejecución."

TERCERO.-La ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito se sustenta en las siguientes consideraciones:

I. Amparo laboral D-507/89. Quejosos: Transportes Lozada, S.A. de C.V., Miguel Sánchez Moreno y Guillermo Lozada Alfaro.

"QUINTO.-Son fundados los conceptos de violación.

"En efecto, del escrito inicial de demanda se aprecia que Fausto Dionisio González Herrera promovió juicio laboral en contra de Transportes Lozada, S.A. de C.V., Miguel Sánchez Moreno y Guillermo Lozada Alfaro, en su carácter de representante legal y socio, respectivamente, de dicha empresa, reclamándoles el pago de las siguientes prestaciones: indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, vacaciones, prima vacacional, salarios retenidos a partir del mes de julio de mil novecientos ochenta y ocho, diferencias de salario y aguinaldo; estas dos últimas prestaciones respecto del año de mil novecientos ochenta y ocho.

"En la fase de demanda el actor, por conducto de su apoderado, dijo aclarar su escrito inicial en relación al capítulo de prestaciones, reclamando el pago de aguinaldo y diferencia de salarios por todo el tiempo laborado hasta el día en que rescindió su contrato de trabajo por causa imputable al patrón; que como una nueva prestación reclamaba el pago de reparto de utilidades por todo el tiempo que prestó sus servicios; en cuanto a los hechos que refirió como constitutivos de la causal de rescisión de su contrato de trabajo, reiteró que los mismos eran del conocimiento de Guillermo Lozada Alfaro.

"Con base en esos hechos, el apoderado de Miguel Sánchez Moreno y Guillermo Lozada Alfaro solicitó a la Junta suspendiera la etapa de demanda a fin de que estuviera en aptitud de contestar los nuevos hechos esgrimidos por el demandante.

"La responsable no obsequió en forma favorable la petición de los demandados, por estimar que el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo faculta al actor para modificar y precisar los puntos petitorios de su demanda.

"Ahora bien, en la especie se aprecia que el actor, con los hechos que adujo en vía de aclaración, no sólo precisó los que había manifestado en su escrito inicial, como aduce la Junta, sino que expuso nuevos hechos, dado que los hizo consistir en ampliar los periodos para que las prestaciones del aguinaldo y diferencia de salarios se le cubrieran a partir de que ingresó a laborar en la empresa, esto es, desde el primero de junio de mil novecientos ochenta y ocho, como lo había señalado en su escrito inicial, así como para que le pagaran reparto de utilidades desde que empezó a prestar sus servicios, prestación que no fue reclamada en el ocurso de demanda, por lo que tal aclaración implicaba la exposición de nuevos hechos y no sólo la precisión de los que ya había señalado en el escrito inicial.

"Ahora bien, si bien es cierto que cuando el actor ratifica su escrito de demanda o aclara puntos de hechos, únicamente para precisarlos sin cambiar el sentido y alcance de los mismos, el demandado debe proceder a contestarlos, empero, cuando el demandante modifica los hechos que inicialmente relató y las aclaraciones de los hechos son trascendentales, o bien reclama nuevas prestaciones, es evidente que, aplicando el principio de equidad a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, debe suspenderse la audiencia en la fase de demanda y excepciones, para que la parte demandada tenga oportunidad de dar contestación a la demanda inicial y a los nuevos hechos y de preparar las pruebas que a su interés convenga; si bien es cierto que la fracción VII del artículo 878 de la ley invocada provee (sic) la suspensión de la audiencia inicial cuando exista reconvención del demandado, también es cierto que dicha disposición no prohíbe esa suspensión cuando el actor amplía sustancialmente su demanda, caso en el que, con base en el principio de igualdad procesal que impera en materia laboral, procede suspender la audiencia para permitir al demandado que prepare sus excepciones y defensas, así como sus pruebas, tanto de la demanda inicial como respecto de los puntos modificados o ampliados, como en la especie aconteció, pues el actor amplió los periodos de pago de las prestaciones que inicialmente había reclamado, y demandó el amparo (sic) de una nueva prestación, por lo que en la especie, la Junta, en forma ilegal, se abstuvo de suspender la etapa de demanda y contestación de demanda para que los demandados tuvieran oportunidad de contestar tanto la demanda inicial como los nuevos hechos que refirió el actor y preparar las probanzas que a su interés conviniera. El citado criterio ya fue sostenido por este propio Tribunal Colegiado en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 139/89.

"Finalmente, como las referidas consideraciones conducen a estimar que en el caso se actualizó la violación procesal prevista en la fracción VI del artículo 159 de la Ley de Amparo, lo que amerita conceder a los quejosos el amparo solicitado, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación. Sobre este punto es aplicable la jurisprudencia número 106, visible en la página 167 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Parte, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’.

"En las anteriores condiciones, procede conceder el amparo solicitado para que la responsable, dejando insubsistente el laudo reclamado, reponga el procedimiento a partir de la audiencia de demanda y excepciones y, como se lo solicitó la demandada, suspenda dicha audiencia y señale nueva fecha para su celebración, a fin que los demandados Transportes Lozada, S.A. de C.V., Miguel Sánchez Moreno y Guillermo Lozada Alfaro estén en posibilidad legal de contestar la demanda inicial así como los hechos que adujo el actor en vía de ampliación y de ofrecer las probanzas que a su derecho importe, continuando el procedimiento en los términos que la ley indica."

CUARTO.-Previamente a cualquier otra cuestión debe establecerse si existe la contradicción de tesis denunciada.

Para ese efecto, es necesario precisar las características fundamentales que sustentan las ejecutorias dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

1. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito conoció del amparo directo DT-11245/96 (1132), promovido por Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, (Institución de Asistencia Privada) y Protectora de Animales, A.C., contra actos de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y actuario de ésta, consistentes, respectivamente, en el laudo dictado el quince de abril de mil novecientos noventa y seis, dentro del expediente laboral 1180/95, incoado por Avelino Zazueta Valenzuela en contra de las indicadas quejosas y de Irma Elizondo Quezada, así como de su ejecución.

En el expediente laboral al que recayó el laudo reclamado en el juicio de amparo DT-11245/96 (1132), Avelino Zazueta Valenzuela demandó de la parte patronal el pago de las siguientes prestaciones: a) indemnización constitucional por despido; b) salarios caídos; c) prima de antigüedad; d) vacaciones por el último año trabajado y prima relativa por todo el tiempo que laboró; y e) aguinaldo correspondiente a mil novecientos noventa y cuatro y parte proporcional por el año de mil novecientos noventa y cinco.

En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, como se asienta en el resultando segundo de la ejecutoria que se examina (foja 12 vuelta del expediente de contradicción), el actor amplió y aclaró su ocurso inicial haciendo diversas manifestaciones, de las cuales se desistió con posterioridad por convenir a sus intereses, proveyendo la Junta responsable que vista su inexistencia quedaba sin materia la respuesta a éstos y ordenaba la devolución de dicho escrito, motivo por el cual no se haría referencia a ellos, e indicando que el nombre correcto de la demandada era Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., y a continuación se acordó que toda vez que se encontraba presente el apoderado legal de las demandadas y que no dio contestación a la petición, no obstante estar en uso de la palabra, con fundamento en el artículo 878, fracción IV, del código obrero se le tenían por admitidos los acontecimientos sobre los cuales no suscitó controversia.

Dentro de los conceptos de violación alegados por las quejosas, se planteó el relativo a que la Junta responsable incurrió en violaciones de procedimiento que trascendieron al resultado del fallo, pues no obstante que su representante solicitó en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que se suspendiera la etapa procesal tanto por lo que se refería a la demanda inicial como respecto de las aclaraciones realizadas por el actor, la Junta la suspendió únicamente para su continuación posterior, respecto de las aclaraciones y modificaciones, no obstante que la demanda es un todo jurídico que no puede desmembrarse para su contestación. Asimismo, adujo la parte quejosa que la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 58/91, el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos, determinó que la audiencia de demanda y excepciones puede suspenderse cuando el actor modifica sustancialmente su escrito inicial de demanda, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, 873, 875 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, que le impone a la demandada la obligación de contestar la demanda en esa audiencia, por analogía, justicia y equidad procesal, debió diferir la multicitada etapa de demanda y excepciones, tanto respecto de las modificaciones, aclaraciones y adiciones hechas a ésta.

En tal virtud, agregó la parte quejosa, si en la audiencia señalada para la continuación de la etapa de conciliación, demanda y excepciones, no se le permitió contestar la demanda inicial sino únicamente las ampliaciones y aclaraciones de la actora, es claro que se violó en su perjuicio la garantía de audiencia.

En otro aspecto, la quejosa manifestó que el laudo combatido es incongruente porque el actor demandó a la Fundación Haghenbeck, A.C., en su escrito inicial de demanda y que si bien en la audiencia de demanda y excepciones aclaró este escrito inicial, señalando que el nombre correcto de la demandada es Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, Institución de Asistencia Privada, A.C., esta aclaración no debió tomarla en cuenta la responsable ya que el actor se desistió de dichas aclaraciones y adiciones, y debió tener al trabajador como demandando a la asociación civil Fundación Haghenbeck que es distinta y ajena a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, Institución de Asistencia Privada, A.C., por tanto, no debió condenarle al pago de las prestaciones reclamadas.

Finalmente, la parte quejosa estimó que el laudo le causa agravio debido a que la responsable no cuantificó las prestaciones reclamadas sobre bases reales, como son el horario de trabajo y el tiempo que duró la relación de trabajo, llegando por esto a conclusiones erróneas.

En la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado se determinó negar el amparo a la parte quejosa, y en relación con el argumento en que se alegó la violación al procedimiento, a que antes se hizo referencia, se consideró que el mismo resultaba infundado en atención a que la Junta llegó a la decisión de tener por admitidos los hechos de la reclamación y sin derecho de ofrecer pruebas a la demandada, debido a que en el día y hora señalados inicialmente para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, si bien compareció el licenciado Cuauhtémoc González Rojas, quien se ostentó como apoderado legal de todas y cada una de las emplazadas, exhibiendo los instrumentos notariales y tres cartas poder, al hacer uso de la palabra únicamente indicó que vista la adición de aclaración hecha por la parte actora, por conducto de su abogado patrono, solicitaba a la Junta, para mejor desvirtuar las manifestaciones vertidas en dicha acta, se suspendiera la audiencia, señalándose fecha para la continuación de la misma, por lo que al no dar respuesta a la reclamación, no obstante que intervino en la diligencia, la autoridad actuó acertadamente al estimar aquello de lo que ahora se duele, con fundamento en la fracción IV del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo; ya que la circunstancia de que existiera la aclaración en comento, no lo relevaba de dar contestación al escrito petitorio, oponiendo sus excepciones y defensas, refiriéndose a todos y cada uno de los acontecimientos aducidos, afirmando o negando éstos, así como expresando los que ignoraba cuando no le fueran propios, pudiendo agregar las explicaciones que considerara convenientes, ya que la suspensión de la audiencia cuando se ejercitan nuevas acciones, al ampliarse la petición, sólo conlleva a que el día y hora que se fije con posterioridad para la continuación de la misma, el contrario pueda hacer valer las excepciones y defensas que mejor le convengan, únicamente en cuanto a ello, una vez agotada la contestación.

En otro aspecto, el Tribunal Colegiado desestimó el concepto de violación relativo a la incongruencia del laudo reclamado respecto al nombre correcto de las demandadas, pues estimó que si bien es cierto que el actor desistió de la ampliación que formuló para aclarar el nombre de las demandadas, también lo es que en la audiencia de ley llevada a cabo el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el actor precisó el nombre correcto de aquéllas, en lo que también insistió con posterioridad.

Por último, el Tribunal Colegiado desestimó el argumento de la parte quejosa, relativo a que en el fallo combatido debió considerarse la base real sobre la cual tenían que cuantificarse las prestaciones reclamadas, consistentes en prima de antigüedad, vacaciones, premio respectivo y aguinaldo, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del código obrero, que el actor tenía jornadas discontinuas y que el tiempo efectivo que estuvo a su disposición fue de cuatro años y dos meses, toda vez que estos argumentos no fueron materia de controversia ante la Junta y tampoco pueden serlo de la litis constitucional.

La anterior ejecutoria dio origen a la tesis siguiente: "AUDIENCIA LABORAL. SUSPENSIÓN POR INTRODUCCIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS.-La circunstancia de que exista aclaración o ampliación de demanda, no libera a la demandada de dar contestación al escrito inicial, ya que la suspensión de la audiencia con motivo del ejercicio de nuevas acciones, al ampliar la petición, sólo conlleva a que el día y hora que se fije para la continuación de la misma, el contrario haga valer las excepciones y defensas que mejor le convengan, pero únicamente en cuanto a la aludida adición en las pretensiones.".

2. El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito conoció del amparo directo 507/89, promovido por Transportes Lozada, S.A., de C.V., Miguel Sánchez Moreno y Guillermo Lozada Alfaro, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistentes, respectivamente, en el laudo dictado por dicha Junta el quince de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, en el expediente 35/989-2, incoado por Fausto Dionisio González Herrera en contra de las mencionadas quejosas y los actos de ejecución relativos.

En la demanda laboral, el actor solicitó la rescisión de su contrato individual de trabajo por causa imputable al patrón, reclamando de Transportes Lozada, S.A. de C.V., de Miguel Sánchez Moreno y de Guillermo Lozada Alfaro, como representante y socio, respectivamente, de la demandada, así como del responsable de la relación laboral, el pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, veinte días de salario por cada año de servicios prestados, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, diferencias de salarios, así como el pago de salarios retenidos desde el mes de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Como se asienta en el considerando cuarto de la ejecutoria que se examina (fojas 41 a 43 del expediente), en virtud de que ni el actor ni los demandados acudieron a la fase de conciliación, la Junta la tuvo por fracasada (sic).

La empresa demandada y los codemandados físicos Miguel Sánchez Moreno y Guillermo Lozada Alfaro (señalados por el actor como representante legal y socio de la demandada) no produjeron escrito de contestación a la demanda, por lo que se les tuvo por contestada en sentido afirmativo.

En la fase de demanda el actor aclaró su escrito de demanda como sigue: 1. Que la prestación correspondiente al aguinaldo debía cubrírsele por todos los años que estuvo prestando sus servicios y no nada más por el año de mil novecientos ochenta y ocho, como lo reclamó en su escrito inicial. 2. Que en relación con la diferencia de salarios, cuyo pago demandó, debía cubrírsele con base en el salario profesional y no en el mínimo general, por haber desempeñado labores como contador. 3. Que reclamaba el pago de reparto de utilidades por todo el tiempo que estuvo laborando, pues la misma nunca se le cubrió. 4. Finalmente, que todos los hechos que refirió en su escrito de demanda fueron del conocimiento de Guillermo Lozada Alfaro por haber ejercido facultades de supervisión en el propio actor (sic).

Los codemandados físicos, señalados por el actor como representante legal y socio de la empresa demandada, no acudieron personalmente a la etapa de demanda, solicitándole a la Junta, por conducto de su apoderado, que suspendiera la etapa de demanda y contestación de demanda a fin de que estuvieran en aptitud de contestar los hechos aclarados por el actor. La Junta, con apoyo en el artículo 692, fracción I, de la ley de la materia, tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo respecto de los codemandados físicos Miguel Sánchez Moreno y Guillermo Lozada Alfaro por considerar que "no obstante haber comparecido su apoderado no se dio contestación a la demanda". Así también, se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo en contra de la empresa Transportes Lozada, S.A. de C.V., en virtud de no haber producido su escrito de contestación de demanda no obstante estar legalmente emplazada. Finalmente, con base en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, negó al apoderado de los codemandados físicos su petición de suspender la etapa de demanda, por estimar que el actor tiene facultades "para modificar y precisar los puntos petitorios de su demanda".

El actor en el juicio, Fausto Dionisio González Herrera, ofreció las siguientes pruebas: instrumental de actuaciones, confesional, testimonial, inspección judicial, presuncional en su doble aspecto y la documental pública consistente en el aviso de inscripción del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los codemandados físicos Miguel Sánchez Moreno y Guillermo Lozada Alfaro, por conducto de su apoderado, ofrecieron la instrumental de actuaciones, la presuncional, la testimonial y la confesional; las dos últimas pruebas citadas no fueron desahogadas, según se asienta, por causas imputables a los propios oferentes.

En virtud de que la empresa Transportes Lozada, S.A. de C.V. no ofreció prueba alguna de su parte, la Junta declaró que perdió su derecho para ofrecer probanzas.

La Junta del conocimiento, con fecha quince de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, dictó laudo declarando que el actor probó su acción y que los demandados no contestaron la demanda ni opusieron excepciones, condenándolos a pagar indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, siete meses de salarios retenidos y veinte días de salarios por cada año de servicios prestados a la demandada; los absolvió del pago de la prestación consistente en diferencias de salarios y no hizo pronunciamiento alguno en relación con el reparto de utilidades reclamado por el actor.

En la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, este tribunal determinó conceder el amparo a los quejosos en atención a que la Junta responsable incurrió en una violación de procedimiento, al haberse negado a suspender la etapa de demanda y excepciones, pues contrariamente a lo estimado por la responsable, si bien es cierto que el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo faculta al actor a modificar y precisar los puntos petitorios de su demanda y que, en este supuesto, el demandado está obligado a contestarlas, no se da la misma hipótesis cuando los hechos que aduce el actor en vía de aclaración no sólo se refieren al escrito inicial de demanda sino que expone nuevos hechos transcendentales como son la ampliación de los periodos para el pago de la prestación del aguinaldo y diferencia de salarios, así como el pago de reparto de utilidades, que no fue reclamado en el ocurso de demanda, por lo que aplicando el principio de equidad a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo la responsable debió suspender la audiencia en la fase de demanda y excepciones, para que la parte demandada tuviera oportunidad de dar contestación a la demanda inicial y a los nuevos hechos y de preparar las pruebas que a su interés conviniera, ya que la fracción VII del artículo 878 de la ley invocada, no prohíbe la suspensión de esa audiencia cuando el actor amplía sustancialmente su demanda.

De lo anteriormente relatado, se colige que las resoluciones pronunciadas por los mencionados Tribunales Colegiados genéricamente se refieren a un problema de similar naturaleza.

QUINTO.-El análisis de las ejecutorias y la tesis transcrita pone de manifiesto la existencia de la contradicción de criterios denunciada, la cual se produce en razón de que los Tribunales Colegiados que resolvieron los juicios de amparo directo 11245/96 y 507/89, de sus respectivos índices, llegaron a conclusiones jurídicas diferentes al analizar una situación similar ocurrida en procesos laborales.

Lo anterior porque el primero de los Tribunales Colegiados (Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito), sostiene que la circunstancia de que exista aclaración o ampliación de demanda no libera a la demandada de dar contestación al escrito inicial en la audiencia de demanda y excepciones, ya que la suspensión de la audiencia con motivo de nuevas acciones del actor, sólo conlleva a que el día y hora que se fije para la continuación de la audiencia, el contrario haga valer las excepciones y defensas que mejor le convengan, pero únicamente en cuanto a la ampliación o adición de las pretensiones mencionadas.

Por el contrario, el otro Tribunal Colegiado (Tercero del Sexto Circuito), estimó que cuando el demandante, en la audiencia de demanda y excepciones, modifica los hechos que inicialmente planteó en su demanda, las aclaraciones de los hechos son sustanciales, o bien reclama nuevas prestaciones, debe suspenderse la audiencia en la fase de demanda y excepciones para que el demandado tenga oportunidad de preparar sus excepciones, defensas y pruebas, tanto de la demanda inicial, como respecto de los puntos modificados y ampliados.

Ambos Tribunales Colegiados se basan en los mismos supuestos, que son:

1. El actor, en la audiencia de demanda y excepciones, amplió y aclaró su ocurso inicial, lo que motivó que la parte demandada solicitara la suspensión y diferimiento de la audiencia.

2. Las Juntas responsables tuvieron a las demandadas contestando la demanda en sentido afirmativo.

En el juicio laboral relativo al juicio de amparo 11245/96 (1132), la Junta del conocimiento aceptó la petición de diferir la audiencia; sin embargo, al haber desistido el actor de las aclaraciones que formuló y al no haber producido el demandado la contestación al ocurso inicial, no obstante que compareció a la audiencia, la responsable le tuvo por admitidos los hechos alegados por el actor en su demanda.

En el juicio laboral antecedente del juicio de amparo directo 507/89, la Junta responsable negó al apoderado de los codemandados físicos (único que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4692-62cb1f9f/audiencia-laboral-contestacion-de-la-demanda-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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