SEGURO DE RETIRO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN PLANTEADA POR EL TRABAJADOR, EN CONTRA DEL PATRÓN, RESPECTO DEL PAGO DE LAS CUOTAS RELATIVAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, se transcriben a continuación.
Al resolver el amparo directo 707/95, promovido por Antonio de Santiago Jaramillo, se sostuvo:
"CUARTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violación planteados, como se verá enseguida.-En autos consta que ante la Junta, el actor reclamó de los demandados, entre otras cosas, el pago de indemnización constitucional y salarios caídos en virtud de que, según su dicho, fue despedido injustificadamente del empleo que venía desempeñando en labores diversas, con un salario de trescientos nuevos pesos semanales y un horario de las ocho a las diecinueve horas, de lunes a domingo, por lo que también exigió el pago de tres horas extras diarias y media de descanso (foja uno). A la audiencia de ley no comparecieron los demandados, así que se les tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas.-En el laudo reclamado, la Junta considera que a virtud de la incomparecencia de los demandados, las acciones deducidas son procedentes, con excepción de las relativas al pago de las utilidades, tiempo extra, media hora de descanso y diferencias salariales, así como las atinentes al pago de cotizaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y de aportaciones al seguro de ahorro para el retiro.-Con base en lo apuntado, debe decirse en principio, que la Junta procedió con atingencia al absolver del pago de utilidades, por cuanto que en los autos del juicio laboral no existe constancia de que se haya efectuado el procedimiento encaminado a establecer la cantidad líquida y específica que corresponde al trabajador, ni obra dato alguno en cuanto a la existencia del monto relativo al concepto de utilidades, y como ello constituye requisito indispensable para la procedencia del pago de reparto de utilidades, es claro que al no encontrarse satisfecho, la improcedencia del reclamo es la inevitable consecuencia, como correctamente lo decidió la Junta, ya que se ajustó al contenido de la tesis de jurisprudencia sostenida por este Tribunal Colegiado, visible en la página 57 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 78, de junio de 1994, del tenor siguiente: ‘UTILIDADES, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE.-El capítulo VII, del título tercero de la Ley Federal del Trabajo, particularmente los artículos 121 y 125, establecen determinados lineamientos que han de observarse previamente al pago de utilidades, y si en el juicio laboral no existe constancia de que se haya efectuado el procedimiento encaminado a establecer la cantidad líquida o específica que corresponde al trabajador, ni obra dato alguno en cuanto a la existencia del monto reclamado en concepto de utilidades, la improcedencia de la acción es la irremediable consecuencia, pues no existen elementos para pronunciar condena a cargo del patrón.’.-Lo propio es pertinente considerar en cuanto al pago de diferencias de salario, porque no debe perderse de vista que la acción deducida se sustentó en el hecho de que, según el actor, los demandados le ofrecieron incrementar su salario en un cincuenta por ciento a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, lo que no cumplieron. Sin embargo, con independencia de las razones esgrimidas por la Junta, cabe considerar que la acción deducida es improcedente, porque si en la especie no se exigió el cumplimiento de la promesa que según se asevera, la demandada efectuó en cuanto al incremento del salario, es evidente, que no existen diferencias para cubrir, de modo que tampoco en este aspecto asiste razón al quejoso.-En lo referente a las obligaciones de enterar cuotas obrero-patronales y del seguro de ahorro para el retiro (que fue la acción deducida, y no la relativa a la entrega de las constancias respectivas, como incorrectamente se señala en los conceptos de violación), cabe estimar que la Junta estuvo en lo correcto al resolver en el sentido en que lo hizo, porque de acuerdo con lo previsto por los artículos 45, 46, 183-A y 268 de la Ley del Seguro Social, dichas obligaciones tienen el carácter de fiscales, además de que el cobro y ejecución de los créditos no cubiertos se rige conforme a las normas relativas del Código Fiscal de la Federación, según lo precisa el diverso artículo 1o. y 271 de la misma ley, por lo que si a través del juicio laboral se pretende el cumplimiento de las obligaciones, es concluyente que la Junta procedió con atingencia al declararse incompetente para resolver sobre dicha pretensión, pues no es el procedimiento laboral mediante el cual puede exigirse el cumplimiento de aquellas obligaciones, sino que es a través del procedimiento fiscal que debe ubicarse el mecanismo legal para obtener el cumplimiento de las mismas, como lo sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el diverso juicio de amparo directo número 286/95, en sesión plenaria del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco."
Al resolver el amparo directo 286/95, promovido por Julio Cerda Pérez, se determinó:
"CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación planteados, como se verá a continuación.-En autos consta que ante la Junta, Julio Pérez Cerda promovió demanda en contra de la empresa denominada Ruta 202, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamando al efecto: ‘a) Que (la empresa) entere las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que respecta al régimen obligatorio por el periodo comprendido del veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro y, en consecuencia; b) Que se emita pronunciamiento jurisdiccional que obligue a la demandada a reinscribirme en la calidad de asegurado, inclusive, pagándose multas, recargos, sanciones, capitales constitutivos, cualesquiera otra cantidad que derive de la omisión de tenerme registrado como trabajador; c) Que entere o cubra a la institución bancaria correspondiente el porcentaje que corresponda a título de aportación al sistema de ahorro para el retiro (Sar) por el mismo periodo, considerando para todas las prestaciones un salario de cincuenta y cinco pesos con cincuenta centavos diarios.’.-En la determinación reclamada, la Junta estimó ‘en la especie no se surten los supuestos previstos en los artículos 870 a 891 y 892 a 899 de la Ley Federal del Trabajo, que tratan sobre el procedimiento ordinario y especial, especialmente los capítulos XVII y XVIII de dicho ordenamiento laboral, por lo que es el caso de ordenar el archivo del expediente en que se actúa, dejando a salvo los derechos del accionante respecto a tal reclamación a fin de que los ejercite en su momento oportuno y ante la autoridad correspondiente (foja cuatro).’.-Ahora bien, cabe estimar, que aunque es cierto que no se motiva adecuadamente la decisión adoptada, ya que no se precisan los supuestos que, según la Junta, no se surten, es correcta la resolución que desecha la demanda planteada.-En efecto, respecto de la obligación de efectuar enteros de cuotas obrero-patronales y del seguro de retiro, los artículos 45, 46, 183-A, 267 y 268 de la Ley del Seguro Social, previenen los siguientes: ‘Artículo 45. El pago de las cuotas obrero-patronales será por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año. Los patrones y demás sujetos obligados, efectuarán enteros, provisionales a cuenta de las cuotas bimestrales a más tardar el día diecisiete de cada uno de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año. El entero provisional de que se trate, será el equivalente al cincuenta por ciento del monto de las cuotas obero-patronales correspondientes al bimestre inmediato anterior. Respecto de las cuotas relativas al seguro de retiro, no se tendrán que efectuar enteros provisionales.’.-‘Artículo 46. Cuando no se enteren las cuotas, los enteros provisionales o los capitales constitutivos dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, el patrón cubrirá a partir de la fecha en que los créditos se hicieren exigibles, los recargos moratorios correspondientes en los términos del Código Fiscal de la Federación, sin perjuicio de las sanciones que procedan.’.-‘Artículo 183-A. Los patrones están obligados a enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el importe de las cuotas correspondientes al ramo de retiro, mediante la constitución de depósitos de dinero en favor de cada trabajador, en la forma y términos señalados en el presente capítulo.’.-‘Artículo 267. El pago de las cuotas, los recargos y los capitales constitutivos, tienen el carácter de fiscal.’.-‘Artículo 268. Para los efectos del artículo anterior, el instituto tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, con facultades para determinar los créditos y las bases para su liquidación, así como para fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos de conformidad con la presente ley y sus disposiciones reglamentarias.’.-De lo apuntado se sigue que las obligaciones de enterar cuotas obrero-patronales y del seguro de retiro, tienen el carácter de fiscales, y que el cobro y ejecución de los créditos se rige conforme a las normas relativas del Código Fiscal de la Federación, según lo precisa el diverso artículo 271 de la Ley del Seguro Social. Luego, como a través de la demanda laboral se pretende el cumplimiento de esas obligaciones, es concluyente que la Junta estuvo en lo correcto al desechar dicha demanda, porque conforme a lo apuntado, no es el procedimiento laboral mediante el cual puede exigirse el cumplimiento de aquellas obligaciones, sino que es a través del procedimiento fiscal que debe ubicarse el mecanismo legal para obtener el cumplimiento de las referidas obligaciones; sin que valga en contrario que éstas se hubieran adquirido durante la existencia de la relación laboral con el demandado, pues ello no desvirtúa que se trató de situaciones que deben dilucidarse en los términos de la ley tributaria.-Por último, cabe estimar que el hecho de haberse reclamado también la reinscripción del actor, en calidad de asegurado, no obsta a lo apuntado, porque al margen de que ello se exige como consecuencia del cumplimiento de la obligación de enterar cuotas obrero-patronales, lo que ya se ha dicho resulta improcedente reclamar en la vía laboral; no debe perderse de vista que de acuerdo con lo previsto por el diverso artículo 21 de la Ley del Seguro Social, el trabajador tiene el derecho de solicitar al instituto la inscripción relativa, lo que significa que en el caso de este otro reclamo, existe igualmente un procedimiento distinto al laboral para exigir la inscripción comentada.-Por ello, procede negar al quejoso el amparo solicitado."
Al resolver el amparo directo 559/95, promovido por Mario Leal Alanís, a través de su apoderado jurídico Jorge Balderas Solís, se sostuvo:
"... Respecto de las aportaciones al Sistema del Ahorro para el Retiro (Sar), que debió efectuar la parte patronal en favor del trabajador quejoso, si bien la Junta resolutora no emitió pronunciamiento alguno, tal omisión no impone conceder el amparo solicitado, pues a nada conduciría si se toma en cuenta que tampoco compete a las Juntas de Arbitraje resolver sobre el particular, en tanto para la reclamación de las mismas debe seguirse el procedimiento a que se refiere el artículo 183-G de la Ley del Seguro Social, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. ..."
Al resolver el amparo directo 636/95, promovido por Silvano Palomo Castillo, a través de su apoderado jurídico Fidel Arellano Solís, se determinó:
"CUARTO.-El concepto de violación que se hace valer es parcialmente fundado, aunque supliendo su deficiencia en la parte que lo amerita.-En primer lugar, debe aclararse que el laudo reclamado es acorde a derecho en cuanto deja a salvo los derechos de los quejosos para reclamar el pago de las aportaciones que la parte patronal demandada debió haber efectuado al Sistema del Ahorro para el Retiro (Sar), toda vez que no corresponde a las Juntas de Arbitraje resolver sobre esta materia, pues para la reclamación de las mismas debe seguirse el procedimiento a que se refiere el artículo 183-G de la Ley del Seguro Social, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. ..."
CUARTO.-Por otro lado, a continuación se transcriben las consideraciones que en relación con la materia de esta contradicción fueron sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Al resolver el amparo directo 4289/93, promovido por Pablo Chávez Chávez, se determinó:
"Ahora bien en suplencia de la queja se observa que en el laudo combatido la autoridad determinó en lo conducente: ‘... por lo que respecta al reclamo del dos por ciento del Sistema de Ahorro para el Retiro, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer ante la autoridad correspondiente, por ser esta Junta incompetente para conocer de tal concepto.’.-Es incorrecta la conclusión a la que arribó la autoridad laboral, ya que el reclamo del pago del dos por ciento del salario por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro a partir de que éste entró en vigor, es una prestación derivada de la relación laboral y, existe la obligación de la responsable de resolver al respecto. El anterior criterio fue sostenido por este Tribunal Colegiado al resolver en sesión del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres el amparo directo número DT. 3489/93, del que derivó la siguiente tesis: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S.A.R.). LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES INSTITUIDAS PARA EL.-Los artículos 183-A y 183-C, de la Ley del Seguro Social establecen la obligación de los patrones de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el importe de las cuotas correspondientes al ramo de retiro, a través de la constitución de depósitos de dinero en favor de cada trabajador y mediante la entrega de los recursos relativos en instituciones de crédito, para su abono en la subcuenta del seguro de retiro de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los trabajadores. Por su parte, el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo estatuye la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, con la excepción prevista en el diverso numeral 600, fracción IV y según el dispositivo 621 de la ley en consulta, por exclusión, corresponderá a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, dirimir aquellas controversias de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje al dictar el laudo respectivo, poseen facultades para determinar si proceden o no las acciones deducidas que mantengan una vinculación estrecha con el Sistema de Ahorro para el Retiro, una vez acreditado en juicio el presupuesto que da origen a la obligación patronal descrita, es decir, la existencia del nexo de trabajo y tomando en consideración el material probatorio allegado al sumario, deberán resolver, en definitiva, lo que en derecho corresponda.’."
Al resolver el amparo directo 3489/93, promovido por Yolanda Mendoza Delgado, se sostuvo:
"Por otra parte, en cumplimiento al imperativo previsto por el artículo 76 bis, fracción IV de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado, en suplencia de la queja deficiente, observa que la Junta responsable injustificadamente declaró su incompetencia para resolver acerca de la prestación marcada con el inciso e) del escrito de demanda consistente en ‘la entrega de la documentación para reclamar el pago ante la institución de crédito en donde se haya depositado el fondo de ahorro para el retiro (S.A.R.)’ y dejó a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía y forma que estimara pertinentes (foja 53); en atención a que de acuerdo con el artículo 183-C de la Ley del Seguro Social: ‘Los patrones estarán obligados a cubrir las cuotas establecidas en este capítulo, mediante la entrega de los recursos correspondientes en instituciones de crédito, para su abono en la subcuenta del Seguro Social de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los trabajadores.’ ..., de lo cual se infiere que esa obligación patronal deriva de la existencia de una relación de trabajo y conforme al artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, resolver los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos con motivo de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, con la salvedad a que alude el artículo 600, fracción IV de la misma ley y a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, según el diverso numeral 621 del ordenamiento en consulta, les corresponde resolver los conflictos de trabajo que no sean de la atribución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por consiguiente, no existe razón legal para que la Junta resolutora haya decretado su incompetencia para resolver acerca de la prestación de mérito."
Al resolver el amparo directo 5879/95, promovido por José Ramos Rodríguez, se sostuvo:
"Es fundado el concepto de violación que hace valer el quejoso en el inciso 6, aunque para ello se tenga que suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de la parte trabajadora la que promueve el juicio de garantías.-El quejoso reclamó con el número 5, del capítulo de prestaciones de su demanda laboral, el reconocimiento, declaración y pago de la obligación que tienen los demandados con la disposición legal denominada Sistemas de Ahorro para el Retiro ‘Sar’.-La Junta en el laudo reclamado, consideró procedente dejar a salvo los derechos del actor, con relación a la reclamación con el ‘Sar’ para que los ejercitara como correspondiera.-La determinación de la responsable es incorrecta, porque las Juntas de Conciliación y Arbitraje son competentes para conocer de las reclamaciones relacionadas con el pago de las cuotas patronales al Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.), como así lo ha sustentado este Tribunal Colegiado, en la tesis número 13/93, aplicable por analogía, que a la letra dice: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S.A.R.). LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES INSTITUIDAS PARA EL.’... (se transcribe)."
Al resolver el amparo directo 8959/95, promovido por Georgina Castillo Ponce, se determinó:
"Cosa distinta ocurre en lo que toca a las reclamaciones respecto del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) y Sar (Sistema de Ahorro para el Retiro), en virtud de que este mismo Tribunal Colegiado sostiene que las Juntas de Conciliación y Arbitraje sí tienen competencia para zanjar esas cuestiones.-Así se desprende de los criterios emitidos al resolver los amparo directos DT-3489/94, promovido por Yolanda Mendoza Delgado, DT-4289/93, en que fue quejoso Pablo Chávez Chávez, y 5879/95, de José Ramos Rodríguez, de donde surgió la tesis número 13/93, que dice: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S.A.R.). LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES INSTITUIDAS PARA EL.’ ... (se transcribe).-Asimismo, por analogía, lo considerado en la ejecutoria pronunciada en el amparo directo DT-7599/93, promovido por Raúl Marcelino López Arroyo, que dio origen a la tesis número 38/93, que a la letra se transcribe: ‘INFONAVIT. LA JUNTA DEBE CONDENAR AL PATRÓN A INFORMAR SOBRE EL MONTO DE LAS APORTACIONES AL, CUANDO SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN EXIGIDA.-Si en un juicio se demanda del patrón la información sobre el monto de las aportaciones hechas en favor del trabajador ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Junta debe establecer la condena correspondiente por tratarse de una obligación legal prevista en los artículos 34, de la ley reglamentaria de ese instituto y 132, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, y no dejar a salvo los derechos del actor para que lo exija en la vía y forma que estime pertinente; en razón de que esa determinación crearía incertidumbre respecto al cumplimiento de ese deber, ante la presunción de que aquél se negó a proporcionarla fuera de juicio y ocasionaría que el trabajador agotara medidas innecesarias para obtenerla si ya formó parte de la controversia laboral.’.-En las relacionadas circunstancias, al dejar a salvo los derechos de la actora en lo que atañe a las susodichas reclamaciones y no resolver sobre las mismas, a pesar de tener competencia legal para ello, la Junta responsable violó el principio de congruencia estatuido en el numeral 842 de la Ley Federal del Trabajo."
Al resolver el amparo directo 10839/95, promovido por Hortensia Barrón López, se determinó:
"Siguiendo este mismo orden de ideas, cabe destacar que fue indebido, que en el laudo impugnado la autoridad laboral, en lo conducente a los conceptos reclamados relativos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Sistema de Ahorro para el Retiro, estableciera dejar a salvo los derechos de la actora para hacerlos valer en la vía y forma correspondientes; ya que con tal determinación la Junta no resolvió si procedían o no dichos reclamos, y si bien, esto no lo alega la quejosa, amerita que se aborde en suplencia de los conceptos de violación, puesto que aun ante la ausencia de los mismos, aquélla opera.-Tiene aplicación al anterior criterio, la jurisprudencia 39/95 aprobada en sesión pública por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, y que a la letra dice: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.-La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: «SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.», establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones.’.-Con el soporte que proporciona lo anterior y, advirtiéndose que la Junta no analizó si en la especie se satisfizo o no los presupuestos legales y en su caso declararlos o no procedentes y, por ende, no se pronunció en relación a las prestaciones reclamadas, consistentes en el pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, al Sistema de Ahorro para el Retiro, tal circunstancia se traduce en conculcatoria de garantías.-Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 4a./J. 7/93, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de Federación, número 62, febrero de 1993, página 15 que contiene lo siguiente: ‘INFONAVIT. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN CONSISTENTE EN LA FALTA DE PAGO DE APORTACIONES AL.-Si el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación patronal de efectuar aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de conformidad con el artículo 152 de dicho ordenamiento legal, éstos tienen derecho de acudir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a ejercitar las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de obligaciones como la anterior, es incuestionable que esas autoridades del trabajo, en un juicio laboral, son competentes para conocer y resolver lo procedente respecto a ese tipo de prestaciones, por disposición expresa del precepto últimamente citado; esto es, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al pronunciar el laudo respectivo, tienen facultades para decidir si proceden o no tales acciones -con base en las pruebas aportadas al juicio y una vez examinado el presupuesto que origina esa obligación patronal, como es la existencia de la relación laboral-, y en caso de que así sea, como del invocado artículo 136 y del 143 y 144 de la misma legislación se desprende la forma de calcular esas aportaciones, también están facultadas para determinar en cantidad líquida el monto de las que se omitió pagar, y para condenar al patrón incumplido a que entregue esa cantidad de dinero al aludido instituto, ya que es el organismo encargado de administrar los recursos que se obtengan de las repetidas aportaciones.’.-Por otra parte, también es aplicable en este asunto, la tesis 13/93 de este tribunal, reiterada en los juicios de amparo siguientes: DT.-3489/93; DT.-4289/93; DT.-5879/95 y, DT.-8959/95; del tenor siguiente: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S.A.R.). LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES INSTITUIDAS PARA EL.’ ... (se transcribe)."
Las consideraciones vertidas en las anteriores ejecutorias dieron lugar a la siguiente tesis jurisprudencial:
"SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S.A.R.). LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES INSTITUIDAS PARA EL.-Los artículos 183-A y 183-C, de la Ley del Seguro Social establecen la obligación de los patrones de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el importe de las cuotas correspondientes al ramo de retiro, a través de la constitución de depósitos de dinero en favor de cada trabajador y mediante la entrega de los recursos relativos en instituciones de crédito, para su abono en la subcuenta del seguro de retiro de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los trabajadores. Por su parte, el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo estatuye la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, con la excepción prevista en el diverso numeral 600, fracción IV y según el dispositivo 621 de la ley en consulta, por exclusión, corresponderá a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, dirimir aquellas controversias de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje al dictar el laudo respectivo, poseen facultades para determinar si proceden o no las acciones deducidas que mantengan una vinculación estrecha con el Sistema de Ahorro para el Retiro, una vez acreditado en juicio el presupuesto que da origen a la obligación patronal descrita, es decir, la existencia del nexo de trabajo y tomando en consideración el material probatorio allegado al sumario, deberán resolver, en definitiva, lo que en derecho corresponda."
QUINTO.-El análisis de las ejecutorias transcritas revela la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Con el fin de corroborar lo anterior, es pertinente precisar el supuesto esencial que conforma el marco fáctico dentro del cual se emitieron las referidas resoluciones opositoras.
Al respecto destaca que los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus criterios en juicios de amparo directo, en los cuales la parte trabajadora planteó conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de laudos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5658-04ae60eb/seguro-de-retiro-las-juntas-de-conciliacion-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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