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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/98. · Registro digital (IUS): 6451
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, , Pág. 263.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 67/98, interpuesto por el apoderado legal de la Federación Mexicana de Basquetbol en contra de la resolución de veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, son las siguientes:

"QUINTO. Los anteriores agravios resultan infundados en una parte y fundados en otra. De las constancias de autos, se aprecia que el presidente de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 174 de la Ley de Amparo, negó a Federación Mexicana de Basquetbol, A.C., la suspensión provisional de la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral número 331/96, seguido por Roberto González Narozny, en contra de la recurrente, por el importe de seis meses de salario ($29,999.70) para garantizar la subsistencia del trabajador, mientras se sustancia el juicio de amparo directo promovido por la federación; en otro aspecto concedió la medida cautelar solicitada por el resto de la condena ($321,399.09), con el requisito de fianza que fijó en la cantidad de $350,325.00, para garantizar los posibles daños y perjuicios al actor en caso de que el demandado no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. En el primer agravio se alega que la resolución recurrida fue dictada por el presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en contravención al artículo 174 de la Ley de Amparo, ya que al efecto correspondía resolver sobre la suspensión solicitada a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y no a su presidente. La anterior inconformidad es infundada, porque de lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la suspensión del acto reclamado en juicio de amparo directo queda a juicio del presidente de la Junta respectiva, esto es que corresponde al presidente y no a la Junta resolver sobre la suspensión solicitada, así como la forma en que habrá de concederse, en su caso, y de la garantía que deba satisfacer la parte promovente, pues de acuerdo a lo que establece el artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, corresponde a los presidentes de ellas, a quienes toca dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. En parte del segundo agravio alega la recurrente que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación, porque la autoridad responsable al negar la suspensión provisional por la cantidad de $29,999.70, para garantizar la subsistencia del trabajador, no señala de dónde obtuvo la cantidad de $333.33 como el salario diario del trabajador. El agravio en estudio es infundado, porque contrariamente a lo afirmado por la recurrente, de la lectura de la resolución recurrida se advierte que la autoridad responsable sí apoyó y fundó su determinación, ya que transcribió los puntos resolutivos del laudo dictado en el juicio laboral número 331/96 y en el segundo de ellos como parte de la condena el pago de salarios caídos a razón de $333.33 pesos diarios; luego es evidente que la responsable al negar la suspensión para garantizar la subsistencia del trabajador por 90 días de salario, le resultó la cantidad de $29,999.70, tomó en consideración el salario diario fijado en el laudo reclamado en amparo directo respecto del cual se solicitó la suspensión. Es fundado el agravio en el que se alega que la resolución recurrida es ilegal porque la responsable determinó que la quejosa debe otorgar garantía por la cantidad de $350,325.00, para que surta efectos la suspensión otorgada, cuantificándola con el total de la condena, más los intereses legales, sin que exista fundamento legal para ello. En efecto, es ilegal el proceder de la responsable, porque al fijar la garantía, lo hizo en contravención a lo dispuesto en los artículos 174 y 173 de la Ley de Amparo, ya que la fijó cuantificando el monto total de la condena, más los intereses legales, lo cual es incorrecto. Los artículos 174 y 173 de la Ley de Amparo establecen: ‘Artículo 174. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.’. ‘Artículo 173. Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero. En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128. ...’. De lo antes transcrito, se pone de manifiesto que la caución para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le puedan ocasionar al trabajador perjudicado con la medida suspensional, consisten solamente en los intereses legales que pudiera generar la cantidad que constituye el crédito laboral, por el lapso probable para la resolución del juicio de amparo, que se considera puede ser como máximo de seis meses. De lo que se colige que como lo alega la recurrente, es desproporcionado y excesivo el monto de la garantía que la responsable le impuso a la quejosa, por $350,325.00 (trescientos cincuenta mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), para que surtiera efectos la medida suspensional otorgada, proceder con el que se le impide acceder a hacer efectiva tal medida. Por lo tanto, la responsable debe fijar la garantía para que surta efectos la medida cautelar, tomando en consideración sólo los intereses legales, por el tiempo probable de la resolución del juicio de amparo, por el excedente del resto de la condena que quedó de descontar la subsistencia del trabajador y no considerando el monto total de la condena, más los intereses legales como indebidamente lo hizo."

CUARTO. Por otra parte, las consideraciones que en relación con la materia de esta resolución fueron sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 31/73, interpuesto por el apoderado legal de la compañía Universal de Industrias, S.A., en contra del acuerdo dictado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, el veintisiete de abril de mil novecientos setenta y tres, son del siguiente tenor:

"CONSIDERANDO: PRIMERO. La existencia de la resolución recurrida se acredita con el informe rendido por la Junta de que se trata, mismo que en lo conducente dice: ‘... CONSIDERANDO. PRIMERO. El suscrito presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, es competente para resolver el presente incidente de suspensión de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. En el punto tercero resolutivo, dictado en el expediente D-302/967, textualmente dice: «TERCERO. Consecuentemente se condena a la demandada al pago de la cantidad de siete mil quinientos pesos cero centavos, que importa la indemnización constitucional por separación injustificada, más los salarios caídos desde la fecha de la separación a razón de dos mil quinientos pesos mensuales; asimismo debe pagársele el importe de mil doscientos cincuenta pesos, cero centavos, que importa una semana de salario retenido; asimismo debe pagársele al demandante la cantidad de ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos, por concepto de gastos médico-quirúrgicos que originó el accidente de trabajo, más el de veintisiete mil trescientos setenta y cinco pesos cero centavos que importa la indemnización de su brazo.». TERCERO. Para resolver este incidente debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 174 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá o negará siempre que se haya asegurado previamente la subsistencia de los trabajadores por todo el tiempo que dure en resolverse el juicio de amparo respectivo; la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que el juicio de amparo no puede tardar en resolverse más de seis meses, por lo tanto es incuestionable que debe negarse la suspensión por la cantidad equivalente al importe de seis meses de salario y concederse por el excedente de este importe por el caso que nos ocupa, tomando como base el salario que percibía el actor José Luis Rojas Gamboa; los seis meses de salario importan la cantidad de quince mil pesos cero centavos, cantidad por la cual debe negarse la suspensión y concederse por el excedente, o sea la cantidad de doscientos mil ochocientos veinticinco pesos, mediante fianza que el quejoso deberá otorgar por igual suma ...’. SEGUNDO. Los agravios expuestos por el recurrente son los siguientes: (se transcriben). TERCERO. Los agravios son infundados, como se demuestra enseguida. Es verdad que la autoridad responsable, a cuyo cargo está resolver acerca de la suspensión del acto reclamado que solicite la parte quejosa, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, siempre que se trate del juicio de garantías uniinstancial, al acordar ese punto actuaba en auxilio de la Justicia Federal, por lo que en la especie debió haberse observado lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, adicionado por decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de catorce de marzo del año en curso, respecto a que los sábados y domingos son días inhábiles; por cuyo motivo la notificación de la interlocutoria materia de la queja, practicada el veintiocho de abril último que fue precisamente sábado, debe estimarse nula. Sin embargo, lo anterior no causa agravio a la hoy recurrente puesto que su escrito de queja lo presentó en término y de todas formas se ostentó sabedora de la resolución impugnada, no siendo exacto lo que sostiene en el sentido de que se le restringió el plazo que para interponer el recurso de queja señala el artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de todas maneras contó con los cinco días hábiles que señala la ley para tal efecto. Por otra parte, no es exacto que la Junta responsable haya omitido acordar el escrito de la agraviada en el cual solicitó que se pidiera información a la Universidad de San Luis Potosí, con el fin de demostrar que el actor en el juicio laboral presta sus servicios en dicha institución y definir el salario que percibe, pues a fojas 19 de autos puede verse un proveído en el cual se niega lo solicitado por la quejosa, estimando la Junta que no se promovió conforme a derecho, además de que la petición que formuló debe gestionarla la propia interesada. Tal acuerdo causó estado por no haber sido impugnado en términos de ley. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece que: ‘Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.’. Ese precepto ha sido interpretado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que: ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión de los laudos que se recurren en amparo directo, y la Cuarta Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que la suspensión en materia de trabajo, es improcedente hasta por el importe de seis meses de salarios, por ser éste el término considerado como necesario para la tramitación del juicio de garantías.’ (tesis número 176, consultable en la página 166 de la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que contiene los fallos de 1917-1965). Siendo así, es correcto el proceder de la Junta responsable, al negar a la quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, hasta por el importe de seis meses de salario del trabajador y conceder dicha medida por el exceso de ese importe, mediante fianza equivalente a la cantidad de doscientos mil ochocientos veinticinco pesos, cero centavos, tomando como base las prestaciones a que fue condenado. Si bien el artículo 173 de la mencionada Ley de Amparo, aplicable a la materia laboral por disposición expresa del diverso 174 de la misma, dispone que la caución a cargo de la agraviada debe ser bastante para responder de los daños y perjuicios que pueden irrogarse a tercero con la suspensión, debe entenderse que la fianza tiene por objeto garantizar el monto íntegro de la condena, pues dentro del concepto de daño debe comprenderse la suerte principal, toda vez que lo contrario sería inequitativo y haría ilusoria o nugatoria la condena correspondiente en caso de que se llegase a negar el amparo a la agraviada."

Las consideraciones vertidas en la anterior ejecutoria dieron lugar al siguiente criterio aislado:

"GARANTÍA, MONTO DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO DIRECTO LABORAL. Es correcto el proceder de una Junta de Conciliación y Arbitraje señalada como autoridad responsable en su amparo directo, promovido por la parte patronal contra el laudo indicado por aquélla, al negar a la quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, por el importe de seis meses de salario del trabajador y conceder dicha medida por el exceso de ese monto, mediante fianza en cuya fijación tomó como base las prestaciones a que fue condenada la quejosa, pues si bien el artículo 173 de la Ley de Amparo, aplicable a la materia laboral por disposición expresa del diverso 174 de la misma, dispone que la caución a cargo de la agraviada debe ser bastante para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse a tercero con la suspensión, debe entenderse que la fianza tiene por objeto garantizar el monto íntegro de la condena, ya que dentro del concepto de daño debe comprenderse la suerte principal, toda vez que lo contrario sería inequitativo y haría ilusoria o nugatoria la condena correspondiente en caso de que se llegase a negar el amparo a la quejosa."

QUINTO. El análisis de las resoluciones transcritas revela la existencia de la contradicción de tesis denunciada.

Con el fin de corroborar tal aserto, es pertinente precisar los supuestos esenciales que conforman el marco fáctico dentro del cual se emitieron las referidas determinaciones opositoras.

Al respecto destaca que los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus criterios al resolver recursos de queja interpuestos por la parte quejosa en contra de los acuerdos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje responsables, mediante los cuales fijaron el monto al que debe ascender la garantía otorgada por aquélla, para que surta efectos la suspensión de la ejecución de los respectivos laudos, que establecen una condena líquida y cuya constitucionalidad se ha controvertido en amparo directo.

Los Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyos criterios difieren, se basaron en la interpretación de lo dispuesto en los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo.

Aun cuando ambos tribunales se basaron en supuestos análogos arribaron a conclusiones disímiles.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 31/97, considera que conforme a lo dispuesto en los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo, el monto de la caución que el patrón, como peticionario de garantías, debe otorgar para que surta efectos la suspensión de la ejecución del laudo que reclama, la cual debe ser bastante para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al trabajador, debe fijarse atendiendo al monto íntegro de la condena, toda vez que lo contrario sería inequitativo y haría ilusoria o nugatoria la condena correspondiente, en caso de que se llegase a negar el amparo a la agraviada.

Por otra parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 67/98, sostiene que la caución que debe otorgar la patronal para garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar al trabajador perjudicado con la medida suspensional, consiste únicamente en los intereses legales que pudiera generar la cantidad que constituye el crédito laboral, una vez descontado el monto por el que se negó la suspensión, durante el lapso probable para la resolución del juicio de amparo.

Como se advierte, en la presente contradicción de tesis los referidos Tribunales Colegiados de Circuito parten de los siguientes supuestos:

a) La existencia de un laudo que condena a la patronal al pago de una prestación líquida o de fácil liquidación.

b) La promoción de un juicio de amparo directo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en contra del laudo dictado por ésta y la solicitud de la suspensión de su ejecución.

c) La interposición de recursos de queja en los que la parte patronal controvierte las determinaciones emitidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje responsables, que fijan el monto al que debe ascender la caución para garantizar los daños y perjuicios que se puedan causar al trabajador con motivo de la suspensión de la ejecución del laudo reclamado, atendiendo al monto al que asciende la respectiva condena, una vez que se disminuye de ésta la cantidad por la que se negó la medida suspensional, tomando en cuenta el tiempo que puede durar el juicio de garantías.

Ahora bien, al tenor de dichos supuestos, el punto concreto de contradicción que debe dilucidar esta Sala, consiste en determinar si la caución que debe otorgar el patrón, para que surta efectos la suspensión del laudo que establece una condena en forma líquida, debe ser equivalente al monto que reste por ejecutar de la condena o a los intereses que esta cantidad pudiera devengar mientras se resuelve el juicio de garantías.

De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que existe la contradicción de tesis denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos juicios de amparo directo, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento.

Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia número 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número cincuenta y ocho, octubre de mil novecientos noventa y dos, página veintidós, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Por otra parte, es menester precisar la importancia que representa para la procedencia de esta contradicción el supuesto esencial que sirve de sustento a las resoluciones opositoras, consistente en que el monto de la caución a determinar tiene por objeto garantizar una condena líquida o de fácil liquidación en favor del trabajador, pues de no presentarse el referido supuesto y tratarse de laudos que condenan a una prestación de diversa naturaleza, difícilmente podría arribarse a un criterio jurisprudencial, investido de sus atributos de generalidad y abstracción, pues en tales circunstancias el camino para cuantificar la caución dependería de particularidades que podrían variar, respecto de la misma prestación, dependiendo de los medios de convicción aportados a los autos.

SEXTO. Conforme a los argumentos que a continuación se reproducen, el criterio que debe prevalecer es el que emite esta Segunda Sala, en términos similares al sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Para llegar a una conclusión sobre el punto materia de contradicción, resulta necesario atender a lo dispuesto en las normas constitucionales y legales que trascienden a la fijación de la caución que debe otorgarse para que surta efectos la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo directo, a su interpretación causal teleológica, así como a la diversa que este Alto Tribunal ha realizado al fijar el justo alcance de lo previsto en tales dispositivos.

Al efecto destacan los artículos 107, fracciones X y XI de la Constitución General de la República y 173 y 174 de la Ley de Amparo, los cuales prevén:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.

"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

"XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y la propia autoridad responsable decidirá al respecto; en todo caso el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito."

Ley de Amparo.

"Artículo 173. Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

"En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128.

"Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles."

"Artículo 174. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

"La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado."

De los dispositivos transcritos se desprende que tratándose del juicio de amparo directo promovido en contra de un laudo emitido por una Junta de Conciliación y Arbitraje, es el presidente de ésta, en su carácter de autoridad responsable, quien debe resolver sobre la suspensión de la ejecución del laudo reclamado en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, pronunciándose primero sobre su procedencia y, después, sobre las medidas necesarias para que ésta surta efectos.

Cuando el acto reclamado constituye un laudo que condena al patrón al pago de determinadas prestaciones ya cuantificadas o de fácil cuantificación, la suspensión de su ejecución se encuentra sujeta a lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 173 y 174 de la Ley de Amparo antes transcritos.

El análisis del último numeral citado lleva a concluir que la suspensión de los laudos favorables a los trabajadores, dados los valores que con ello podrían afectarse, se rige tanto por principios específicos como por principios generales aplicables a la suspensión del acto reclamado, que por su interdependencia conforman un sistema propio del amparo en materia de trabajo y, por ende, para abordar la cuestión materia de la presente contradicción resulta necesario tomar en cuenta, en su integridad, el referido sistema, pues, como se verá, el otorgamiento de la suspensión y el monto al que debe ascender la caución para que ésta surta efectos, se encuentran estrechamente vinculados.

Por un lado, en relación con el otorgamiento de la medida cautelar, se establece un mecanismo que atiende a la naturaleza del acto reclamado y a los efectos individuales y sociales que con ella se pueden provocar; por otro, en cuanto a los requisitos que debe cumplir el quejoso para que surta efectos la suspensión que se le haya conferido, se incorpora el principio general consistente en que para ello será necesario que se otorgue caución bastante que responda por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado.

Cabe señalar que el establecimiento de este sistema data de la expedición de la actual Ley de Amparo, promulgada el treinta de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, y publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación, de cuya exposición de motivos resulta relevante lo siguiente:

"... Pero no obstante que se instituya el amparo directo contra esos laudos, la resolución de los conflictos de trabajo, se vería gravemente estorbada si, llevando la equiparación al máximo, no establecieran reglas adecuadas para conceder la suspensión y se adoptara estrechamente el sistema de las fracciones V y VI del propio artículo 107 constitucional, dado que ello resultaría antitético contra el carácter que distingue el llamado derecho industrial, cuya materia no es en modo alguno estrictamente privada y patrimonial, sino que afecta cuestiones que tienen el más alto interés para la colectividad, y por ello la ejecución de las resoluciones dada a los conflictos o diferencias de trabajo no puede quedar sujeta a las mismas reglas, por lo demás también diferentes entre sí, que la ejecución de las sentencias de carácter penal o civil en materia de suspensión del acto reclamado.

"Por eso la reglamentación de la suspensión fue motivo en el proyecto de Ley de Amparo de un cuidadoso estudio, efectuado con el propósito de construir un sistema que evitara, por una parte, los graves perjuicios que la suspensión podría ocasionar a la familia obrera, poniéndola en trance de no poder subsistir mientras el juicio de amparo fuese en definitiva resuelto y, por la otra parte, las repercusiones que en perjuicio del interés de la colectividad pudiera engendrar tal situación, aparte de los perjuicios que directamente le ocasionase el hecho de concederse o negarse la suspensión, aun cuando con ella no se causaran ningunos (sic) graves a los trabajadores o a sus dependientes económicos. Y así, el sistema quedó concretado en las prevenciones de los artículos 174 y 175, que aquí se reproducen textualmente:

"‘Artículo 174. Tratándose de laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6451-35a52517/suspension-de-un-laudo-que-en-forma-liquida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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