OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. SI ES ACEPTADO POR EL TRABAJADOR QUE EJERCIÓ LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SE EFECTÚA LA REINSTALACIÓN POR LA JUNTA, DEBE ABSOLVERSE DEL PAGO DE DICHA INDEMNIZACIÓN Y DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, QUEDANDO LIMITADA LA LITIS A DECIDIR SOBRE LA EXISTENCIA DEL DESPIDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de tesis atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997 del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al envío de asuntos competencia del Pleno a dichas Salas, aprobado el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de ese mismo año, toda vez que se presenta una denuncia de contradicción de tesis en materia laboral.
SEGUNDO.-La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente en función del órgano colegiado que la formula, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establecen, en la parte conducente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"Fracción XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"...
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."
Ley de Amparo.
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos antes reproducidos establecen los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Tanto el artículo 107, fracción XIII del Código Político, como el 197-A de la Ley de Amparo, establecen que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.
En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que tuvo el carácter de contendiente. De esta forma, al estar facultado dicho órgano jurisdiccional, en su calidad de contendiente por la Constitución y por la Ley de Amparo para hacerla, la presente denuncia de contradicción de tesis debe estimarse procedente.
TERCERO.-Los razonamientos vertidos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la resolución de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho recaída en el amparo directo DT-4166/98, promovido por Colegio Skinner, Sociedad Civil, en contra del laudo de doce de septiembre de mil novecientos noventa y siete de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dictado en el expediente 1447/96 que siguió Martha Leticia Hernández Zárate en contra del quejoso, en la cual se asienta lo siguiente:
"CUARTO.-El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente.-En el cuarto de los argumentos de inconformidad, el promovente sostiene que al dictar el laudo reclamado la Junta responsable omitió considerar que la actora se condujo con falsedad en su escrito inicial de demanda, porque no se acreditó el salario que la misma señaló.-El alegato anterior es inoperante, pues aun cuando la ahora tercero perjudicada señaló en su escrito inicial de demanda que su salario era mayor al que realmente percibía, sin embargo, ello resulta irrelevante, ya que la carga procesal en este sentido correspondió al ahora quejoso, de conformidad con lo que dispone el artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, que dice: ‘La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... XII. Monto y pago de salario.’; de ahí lo inoperante del argumento que en este sentido hace valer el inconforme.-En el primero, segundo y tercero de los conceptos de violación, el quejoso alega en esencia, que fue incorrecto que la Junta responsable condenara al pago de indemnización constitucional y prima de antigüedad, no obstante que la actora quedó reinstalada en su trabajo el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, lo que implica que la relación laboral continuó; sostiene que es ilegal que la condena de salarios caídos deba cubrirse hasta el cumplimiento del laudo, porque al haber sido reinstalada, la actora percibe su salario desde la fecha de reinstalación.-Los argumentos anteriores son en una parte infundados y en otra fundados.-Se dice que son infundados, pues si bien es verdad que de las constancias que integran el expediente laboral del que deriva el acto reclamado, consta que la actora demandó, entre otras prestaciones, el pago de indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad por despido injustificado, y al contestar la reclamación, el ahora quejoso se excepcionó en el sentido de negar el despido y ofreció el trabajo en los mismos términos y condiciones en el que lo venía desempeñando la actora, quien lo aceptó, y fue reinstalada en la fecha antes mencionada; también es verdad que el ofrecimiento de trabajo no constituye una excepción que destruya la acción, sino una oferta que hace el patrón al trabajador para que éste se reintegre a sus labores, y cuyo único efecto, en caso de ser de buena fe, produce que la carga probatoria del despido alegado se revierta al trabajador actor, según lo ha establecido así, la jurisprudencia número 304, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 199, Tomo V, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bienio 1917-1995, que a la letra dice: ‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. ES DE NATURALEZA DIFERENTE AL ALLANAMIENTO.-De la confrontación realizada entre la institución del allanamiento y la figura del ofrecimiento del trabajo, se llega a la conclusión de que se trata de actos cuya naturaleza jurídica, características y efectos legales difieren notablemente entre sí, pues mientras el primero requiere para su existencia y eficacia que se reconozca, de manera expresa e indubitable, la procedencia de la acción o acciones intentadas en juicio, la verdad de los hechos narrados y los fundamentos de derecho invocados, el ofrecimiento únicamente consiste en la oferta que hace el patrón al trabajador para que éste se reintegre a sus labores, sin que exista algún reconocimiento en relación a las anteriores circunstancias, sino que, por el contrario, este último debe ir siempre asociado a la negativa del despido y, por ende, de los hechos y fundamentos en que se apoya la reclamación de reinstalación. Además, los efectos que producen también se diferencian en la medida de que cuando el allanamiento resulta eficaz la consecuencia es que la controversia se vea agotada en el aspecto involucrado; en cambio, el ofrecimiento del trabajo, cuando es de buena fe, produce que la carga probatoria del despido alegado se invierta al trabajador actor. En consecuencia, al no constituir el ofrecimiento del trabajo un allanamiento a la acción de reinstalación ejercitada, la Junta responsable debe analizar la buena o mala fe del ofrecimiento y con base en las pruebas aportadas al juicio, resolver lo concerniente a la procedencia de la acción de reinstalación.’.-Conforme a lo anterior, debe decirse que, si como en el caso, el ofrecimiento de trabajo fue calificado por la autoridad responsable, como de mala fe por considerar que se ofreció con un salario menor al que realmente percibía, correspondió al ahora quejoso la carga probatoria, misma que no satisfizo, y por ello, aun cuando la actora fue reinstalada en su trabajo el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete (foja 58), fue correcto que la Junta responsable condenara al pago de la indemnización que por despido injustificado demandó la tercero perjudicada, así como al pago de su prima de antigüedad.-Por otro lado, asiste razón a la inconforme, en cuanto a que es ilegal que la condena al pago de salarios caídos deba cubrirse hasta el cumplimiento del laudo.-En efecto, de las constancias de autos se desprende que la actora aceptó el ofrecimiento de trabajo que, al contestar la reclamación, le hizo el demandado, siendo reinstalada según consta en el acta correspondiente que obra a fojas 58 del expediente laboral, el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete; por tanto, como se alega, fue incorrecto que la autoridad laboral condenara al pago de salarios caídos desde la fecha del despido y hasta aquella en que se cumpla el laudo, pues como ya quedó apuntado, la actora fue reinstalada desde la fecha citada, por lo cual la condena de salarios caídos debe considerar únicamente aquellos salarios que la actora dejó de percibir durante el tiempo que duró interrumpida la relación de trabajo, es decir, desde la fecha del despido hasta el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, en que fue reinstalada. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 488, de la anterior Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 323 del Tomo V, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘SALARIOS CAÍDOS, CONDENA A LOS, CUANDO EL DEMANDADO NIEGA EL DESPIDO, OFRECE LA REINSTALACIÓN Y EL ACTOR LA ACEPTA. DEBE COMPRENDER HASTA LA FECHA QUE LA JUNTA SEÑALA PARA QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR, SALVO QUE ÉSTA NO PUEDA LLEVARSE A CABO POR CAUSA IMPUTABLE AL PATRÓN.-De conformidad con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, la acción de reinstalación tiene su origen en el despido injustificado del trabajador, y su finalidad es la de que la relación de trabajo continúe en los términos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo, y que se entreguen al trabajador los salarios que deje de percibir durante el tiempo que dure interrumpida la relación de trabajo; por tanto, cuando en el curso del procedimiento respectivo la parte demandada ofrece reinstalar al actor y éste acepta, la Junta del conocimiento, con apoyo en los artículos 837 y 838 de la ley referida, debe señalar fecha para que tenga lugar la reinstalación, y esa fecha es la que debe tenerse en cuenta para determinar hasta cuándo deben cubrirse los salarios caídos, siempre y cuando en el laudo que se dicte se establezca la existencia del despido y la condena al pago de esos salarios, salvo que la reinstalación ordenada no se haya llevado a cabo por causa imputable al patrón, ya que en ese caso, los salarios caídos comprenderán hasta la fecha en que materialmente se efectúe dicha reinstalación.’; sin que sea procedente lo que pretende el quejoso en cuanto a que dicha condena deba limitarse a la fecha en que se ofreció el trabajo, por las razones antes señaladas.-Consecuentemente, al ser el laudo reclamado, violatorio de garantías, procede conceder al quejoso la protección federal solicitada, para el único efecto de que la Junta responsable lo deje insubsistente y dicte otro en el que, limite la condena al pago de salarios hasta aquella fecha en que la actora fue reinstalada en su empleo, lo anterior, sin perjuicio de los aspectos ya definidos."
CUARTO.-Las consideraciones sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 11132/96, promovido por María Eugenia Santoyo Venegas y Teresa Silva Muñoz, por conducto de su apoderado, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, consistentes en el laudo dictado con fecha quince de abril de mil novecientos noventa y seis en los autos del juicio laboral número 70B/94, seguido por las quejosas y Pedro Pablo Chávez Merino en contra de Corporación Electrónica y Bienes Informáticos, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, son del tenor literal siguiente:
"TERCERO.-Previo el estudio del único concepto de violación conviene destacar que, con independencia del efecto jurídico que pueda producir en el juicio dependiendo de su buena o mala fe, el ofrecimiento de trabajo consiste únicamente en la propuesta que durante el proceso hace el patrón demandado al trabajador para que éste se reintegre a sus labores por considerar que sus servicios son necesarios en la fuente de trabajo, por lo que no constituye una excepción, pues no tiene por objeto inmediato destruir la acción intentada, por ende, ya sea que el actor haya intentado la reinstalación o el pago de la indemnización constitucional, el demandado puede válidamente proponer al trabajador retornar a sus labores, pues como se ha visto, el ofrecimiento de trabajo no tiene una relación directa con la acción intentada.-Consecuentemente, cualquiera que haya sido la acción ejercitada, ante el ofrecimiento de trabajo formulado por el patrón, el trabajador puede rechazar la oferta, en cuyo caso debe entenderse que está conforme en dejar a las resultas del juicio la procedencia de su acción; o bien, aceptar dicho ofrecimiento, expresando así su voluntad de ser reincorporado a su empleo para que continúe la relación de trabajo, lo cual difiere de la acción de indemnización constitucional cuya consecuencia es el rompimiento del vínculo laboral.-Precisado lo anterior, el único concepto de violación es infundado.-En efecto, al plantear su demanda las actoras ejercitaron como acción principal la de pago de indemnización constitucional, lo cual debe interpretarse como una manifestación expresa de no regresar a sus labores y concluir el vínculo laboral; pero si en el procedimiento laboral aceptan el ofrecimiento de trabajo hecho por los demandados Corporación Electrónica y Bienes Informáticos, S.A. de C.V., como sucedió en audiencia de fecha siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (folio ciento treinta y siete), debe entenderse que las actoras estuvieron de acuerdo en que la relación de trabajo continuara, con lo que desde luego cambiaron su intención inicial de dar por concluido el nexo contractual. Por tanto, al llevarse a cabo la reinstalación de las trabajadoras mediante diligencia de fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (folio ciento cuarenta), se vio colmada la pretensión de éstas de continuar prestando sus servicios para la empresa, externada al aceptar la propuesta de la demandada para que se reintegraran a su trabajo.-Así las cosas, ante el consentimiento de las accionantes para que continuara la relación de trabajo, la Junta responsable no podía condenar a la demandada al pago de la indemnización constitucional y prima de antigüedad reclamadas en un principio, toda vez que al no haber rompimiento de la relación laboral, quedó sin fundamento la acción de indemnización originalmente intentada. Por tanto, es inexistente el pretendido perjuicio. Por lo anteriormente considerado, lo que procede es negar el amparo a las quejosas."
QUINTO.-Existe la contradicción de tesis que se denuncia, en virtud de que frente a los mismos supuestos, los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron en sentido contrario. En efecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo estimó que no obstante que el trabajador supuestamente despedido aceptó el ofrecimiento de trabajo que le hizo el patrón y la Junta realizó la reinstalación respectiva, era correcto que se condenara al patrón al pago de la indemnización constitucional y la prima de antigüedad.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró ilegal que se haya condenado a la quejosa al pago de la indemnización constitucional y prima de antigüedad, en virtud de que la Junta no podía condenar a la demandada al pago de las prestaciones indicadas, toda vez que al no haber rompimiento de la relación laboral, quedó sin fundamento la acción de indemnización originalmente intentada, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal.
De la recapitulación efectuada precedentemente se advierte que los Tribunales Colegiados contendientes sostienen criterios divergentes sobre si el ofrecimiento del trabajo, su aceptación por el trabajador y una vez efectuada la reinstalación por la Junta se debe o no condenar al pago de la indemnización constitucional y prima de antigüedad, en el supuesto de que el trabajador ejerza la acción de indemnización constitucional. De esta forma, el punto de la presente contradicción de tesis es determinar si las Juntas deben condenar al pago de la indemnización constitucional y prima de antigüedad si el trabajador presuntamente despedido fue reinstalado, por virtud del ofrecimiento del trabajo que le hizo el patrón y su posterior aceptación por el empleado, por lo que se considera que la contradicción de tesis que se denuncia sí existe.
QUINTO.-Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la tesis de esta Sala que aparece en la parte final del presente considerando y que en lo sustancial recoge la argumentación jurídica del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Los párrafos primero, séptimo y octavo del artículo 5o. y la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:
"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial ... El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.-La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona."
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.-El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo:
"...
"XXII. El patrono (sic) que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono (sic) podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él ..."
Los preceptos reproducidos consagran en el orden jurídico mexicano el principio de estabilidad de los trabajadores en su empleo. La "estabilidad" es la característica de aquello que tiende a permanecer en el mismo estado. En relación con el contrato de trabajo, la estabilidad se traduce en el deseo de hacer permanente la ejecución de éste, como fuente de subsistencia de los trabajadores y de sus familias.
Así, las argumentaciones en favor de una protección contra la ruptura del contrato de trabajo han dado lugar al principio constitucional de la estabilidad del empleo. La idea directora de este principio constitucional es la de pretender en lo posible que la relación de trabajo sea permanente. La protección del empleo y la permanencia de éste ofrecen al trabajador una seguridad para su porvenir; en este sentido, la estabilidad del empleo coincide con ciertos principios del derecho del trabajo como "la justicia social, la protección y la continuidad".
El tratadista Mario de la Cueva, autor de la Ley Federal del Trabajo vigente, en su obra "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo" (décimo cuarta edición, México, Editorial Porrúa, páginas 219 y 220) sobre este principio sostiene:
"La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación, que hagan imposible su continuación ... la estabilidad en el trabajo es la certeza del presente y del futuro, una de las ideas que anuncia una vinculación más íntima y tal vez una fusión futura del derecho del trabajo y del de la seguridad social ... posee una naturaleza doble; es un derecho de cada trabajador a permanecer en su trabajo en tanto no incumpla sus obligaciones y no dé causa para su separación, pero es al mismo tiempo la fuente y la garantía de otro principio fundamental en la vida del trabajador, que es el derecho de antigüedad en el trabajo, fuente, a su vez, de un manojo de derechos cuya importancia es grande no sólo en el interior del derecho del trabajo, sino también en la seguridad social, derechos que cuando falta la estabilidad, o desaparecen o se debilitan.-Al considerar su primer aspecto, esto es, el derecho de cada trabajador a permanecer en su trabajo, notamos que son varios los autores que ven en él un derecho de propiedad sobre una cosa inmaterial, en tanto otros lanzaron la idea de un derecho real nuevo erga omnes, característica que explican diciendo que si el trabajador es despedido arbitrariamente, la sentencia del tribunal que decreta la reinstalación debe cumplirse, sin que pueda oponer derecho alguno la persona que sustituyó al trabajador despedido; no tenemos inconveniente en declarar que durante algún tiempo nos sedujeron las dos ideas, pero en la elaboración de la ley nueva llegamos a la conclusión de que era preferible apartarse de ellas, pues, por una parte, era un mantenerse dentro de los lineamientos del derecho civil, y por otra, planteaban una serie de preguntas que no era fácil contestar. Creemos que la estabilidad en el trabajo es una institución peculiar del derecho del trabajo, a la que puede caracterizarse diciendo que es el derecho a permanecer en el trabajo en tanto subsista su materia y a percibir los beneficios consecuentes, un derecho que se impone, por una parte, a todo adquirente de la empresa, a cuyo efecto dispone el trabajador de la acción de reinstalación en el trabajo y pago de salarios caídos en el caso de una separación injustificada, y por otra, a toda persona que desempeñe el trabajo en sustitución del trabajador separado, solución que se apoya en el art. cuarto, fracción I, que viene parcialmente de la ley de 1931 y que dice que se atacan los derechos de tercero cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que haya sido separado sin haberse resuelto el caso por la Junta de Conciliación y Arbitraje.-En su segundo aspecto, como fuente y garantía de un manojo de derechos del trabajador en la empresa, conviene determinar el sentido del concepto: al prolongarse la prestación de trabajo en el tiempo, el trabajador va adquiriendo una cierta antigüedad, unos meses o varios años, tiempo de trabajo que constituye su antigüedad, generadora, a su vez, de diversos derechos que de otra manera no podrían nacer, cuestión de la que nos ocuparemos en un capítulo próximo.-Esta concepción de la estabilidad fluye de la naturaleza de la relación de trabajo que ya nos es conocida, como una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por el simple hecho de la prestación del trabajo, cuya persistencia, desde la superación del contractualismo, ya no depende de la voluntad del empresario, sino de la existencia y actividad de una empresa, concebida como una unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios, según la definición del Art. 16 de la ley."
La doctrina jurídica ha establecido que existen distintas formas de estabilidad, en función de las consecuencias que la ley atribuye al despido injustificado. La opinión más común y aceptada distingue la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa:
La estabilidad absoluta es aquella en la cual el empleador sólo está autorizado a despedir en el caso que haya habido motivo establecido por la ley, en caso contrario, el despido es declarado nulo y provoca la reintegración del trabajador a su puesto, así como el pago de los salarios no recibidos entre el despido y la reintegración efectiva; en esta hipótesis, la reintegración del trabajador es uno de los elementos de base.
Por el contrario la estabilidad relativa propone también ciertas limitaciones al despido; existen, sin embargo, diferentes grados de protección que permiten hablar de estabilidad relativa propia y de estabilidad relativa impropia. En el primer caso, el despido no podrá ser pronunciado en ausencia de motivo legal, sin embargo, la nulidad del despido no provocará necesariamente la reintegración del trabajador, ya que ésta no se puede efectuar contra la voluntad del empleador; en este caso, el pago de los salarios caídos y de otros créditos es exigible. Por otro lado, en relación con la estabilidad relativa impropia, la decisión del empleador de despedir a un trabajador produce sus efectos: el contrato de trabajo será roto; el efecto de un despido sin motivo legal será el pago de una indemnización especial.
El texto vigente de la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional proviene del decreto promulgado el veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y dos y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial respectiva se destacan las siguientes ideas sobre el tema de la presente contradicción de tesis:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.-Presentes: El Congreso Constituyente de 1917, al acoger las ideas, principios e instituciones jurídicas más adelantados de su época, demostró su firme propósito de establecer un régimen de justicia social, con base en los derechos mínimos de que deben disfrutar los trabajadores y que consignó en el artículo 123 de la Constitución General de la República. Esta característica de la declaración de derechos sociales, hizo de ella una fuerza creadora que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5512-6b760ef8/ofrecimiento-del-trabajo-si-es-aceptado-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE ACORDARLO O DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE MANIFIESTE SI LO ACEPTA O LO RECHAZA, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A CON (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- SEGURO SOCIAL. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA Y ES INEXTINGUIBLE. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE PREVENIR AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS O IRREGULARIDADES EN AQUÉLLA, DEBE RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECT (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. SUSPENSIÓN EN (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. (s/clave)
- PERIODICOS, VALOR PROBATORIO DE LAS NOTAS DE LOS. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis