OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE ACORDARLO O DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE MANIFIESTE SI LO ACEPTA O LO RECHAZA, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-La sentencia que dictó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo 79/99, dice en lo conducente:
"CUARTO.-El análisis de los conceptos de violación conduce a las siguientes consideraciones: Con relación al concepto de violación que hace consistir el actor en que la responsable de manera indebida consideró que al haber ofrecido la tercera perjudicada el trabajo al quejoso, y que se omitió, por parte de la propia autoridad responsable, el llevar a cabo la interpelación al trabajador para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la oferta de trabajo hecha por el patrón, debería entenderse como una negativa tácita del trabajador quejoso a regresar a laborar, argumentando que por el contrario debería tomarse como negativa del patrón a que se reanudara la relación laboral y, por ende, tener por no ofrecido el trabajo, debe decirse lo siguiente. En el caso, la Junta realizó la consideración aludida en forma incorrecta, pues la omisión de realizar la interpelación fue responsabilidad de ella y no de las partes en cuanto a que a éstas les deba trascender dicho incumplimiento de la responsable, por lo que el mismo no puede ni debe afectar a las mismas, creando conclusiones sin base, ya que al no haber existido en autos una prevención en contra del actor ahora quejoso, en ese sentido, esto es, de que de no hacer manifestación alguna se le tendría por no aceptado el trabajo ofertado, es incuestionable que no se le puede sancionar en el sentido de considerar que tácitamente se negó a la reinstalación, ya que la omisión cometida por la Junta lo único que conllevó fue a la imposibilidad de que la relación de trabajo entre las partes del juicio se pudiese reanudar, sin que se pueda deducir de esto conclusiones que afecten los derechos y obligaciones procesales de las partes, en razón de que el demandado, hoy tercero perjudicado, realizó su ofrecimiento de trabajo en tiempo y forma y el trabajador no podía hacer manifestación alguna a una interpelación no formulada por la autoridad, siendo que para calificar la oferta del trabajo no influye si el trabajador acepta o rechaza la misma, en virtud de que para ello se tiene que atender a otras cuestiones e incidencias relativas al ofrecimiento y a la interpelación del trabajador, ya que, como lo ha establecido la antes Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ofrecimiento de trabajo no se califica atendiendo a fórmulas rígidas o abstractas, sino de acuerdo a los antecedentes del caso, a la conducta de las partes y a todas las circunstancias que permitan concluir de manera prudente y racional, si la oferta revela, efectivamente, la intención del patrón de continuar la relación laboral. Por otra parte, no se le puede tener a la parte patronal por no ofrecido el trabajo tomando como un consentimiento tácito el que no haya insistido en la interpelación solicitada, ya que no es responsabilidad de las partes el observar que las Juntas de Conciliación y Arbitraje realicen sus obligaciones procesales, aplicándose en lo conducente, en forma analógica y ya que regula un caso semejante, la jurisprudencia emitida en contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su actual estructura, consultable en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, tesis 2a./J. 11/96, página 556, que dice: ‘PRUEBA ADMITIDA Y NO DESAHOGADA EN MATERIA LABORAL. LA FALTA DE INSISTENCIA EN SU RECEPCIÓN O MANIFESTACIONES EQUÍVOCAS DEL OFERENTE, NO ENTRAÑAN EL CONSENTIMIENTO DE LA EVENTUAL VIOLACIÓN PROCESAL (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 406, CUARTA SALA, APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO V, PÁGINA 270, DEL RUBRO «PRUEBA NO DESAHOGADA. VIOLACIÓN PROCESAL CONSENTIDA.»).-La actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en nuevas reflexiones y adecuando su criterio al contenido normativo de la Ley Federal del Trabajo vigente, considera necesario modificar el criterio anteriormente sustentado por la Cuarta Sala, en la jurisprudencia en el rubro invocada, considerando que como las violaciones al procedimiento que producen indefensión y trascienden al resultado del fallo sólo pueden reclamarse en la vía directa del juicio de garantías, al promoverse la demanda contra el laudo que ponga fin al juicio, en términos de los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, no puede reputarse tácitamente consentida la violación procesal consistente en la falta de desahogo de una prueba admitida, por la omisión de insistir ante la Junta en que se efectúe tal desahogo, habida cuenta de que la Ley Federal del Trabajo no establece recursos ordinarios dentro del procedimiento, de tal manera que el silencio del oferente sobre la falta de desahogo de una prueba y las manifestaciones indirectas, tales como que se pase al periodo de alegatos, que se dicte laudo y otras similares, anteriores a la oportunidad para incoar el amparo, no producen el tácito consentimiento de tal omisión, pues su interés en que sea debidamente desahogada y valorada lo demostró al momento de ofrecerla y toca a la Junta proveer a su desahogo en términos de los artículos 686, 687, 777, 779, 780 a 782, 784, 785 y 883 a 887 de la invocada ley, acorde con los motivos de interés social que inspiran la reforma procesal de mil novecientos ochenta. En consecuencia, no existe motivo para dejar de atender al concepto de violación en que se reclama la violación procesal respectiva, en el amparo que se promueva contra el laudo. Cosa distinta acontece cuando el propio oferente obstaculiza el desahogo de la prueba, o bien cuando desiste expresamente de la misma, pues esto ya no deja duda de la voluntad del oferente, de modo que la falta de recepción no es atribuible a la Junta.’. Por lo que, considerándose, sobre la base de la jurisprudencia número 158 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, página 107, bajo el rubro: ‘DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.’, que la interpelación al trabajador, que obligatoriamente debe llevar a cabo la Junta de Conciliación y Arbitraje, al haber ofrecido la patronal el trabajo al mismo, es un acto solemne, que puede traer consecuencias jurídicas para ambas partes en la contienda, es incorrecto que, sobre la base de que la Junta omitió acordar lo conducente respecto de la oferta del trabajo y llevar a cabo la interpelación al trabajador, se presuma, por una parte, que el actor se ha negado a reinstalarse, sólo porque continúa en el ejercicio de la acción, y por otra, que se califique de mala fe dicho ofrecimiento o se tenga al patrón por desistido tácitamente del mismo, si no insistió en que se acordara su oferta y se llevara al cabo la citada interpelación, porque a la Junta compete, obligatoriamente, su acuerdo y ejecución, no siendo responsabilidad de las partes el vigilar el actuar de las autoridades, por lo que tal omisión indudablemente configura una violación a las leyes del procedimiento que trasciende al fallo produciendo indefensión, en tanto que por la falta de interpelación se está en imposibilidad en el mismo de establecer a verdad sabida las cargas probatorias, dado que es necesario el llevar a cabo la interpelación citada para hacer la posterior calificación del ofrecimiento del trabajo, ya que la posible aceptación del trabajador en reanudar la relación laboral interrumpida, produce efectos que influyen en el resultado de las acciones y excepciones, en cuanto a salarios caídos, toda vez que de prosperar la acción vinculada con el despido, los mismos sólo se generarían hasta la fecha de reinstalación; además, genera la calificación de la oferta laboral y la consecuente fijación de las cargas probatorias; en fin, con motivo de la interpelación pueden generarse situaciones que influyan para la carga probatoria, en cuanto a establecer a cuál de las partes correspondió la misma, como podría ser que se aceptara la propuesta del patrón y que éste después no la cumpliera; aclarándose que el rechazo o aceptación por parte del trabajador a la oferta de trabajo de su patrón, no inciden en sí mismos, en la calificación del ofrecimiento, sino, como se dijo, son los actos que se pueden derivar de la aceptación del trabajo y la forma en que se ofreció los que pueden influir, en cada caso, en la citada calificación. Por tanto, advirtiéndose por este Tribunal Colegiado que la Junta responsable cometió una violación procesal al no haber acordado lo conducente respecto del ofrecimiento de trabajo que realizó la demandada y no haber llevado a cabo la interpelación al actor, hoy quejoso, para que manifestase si aceptaba o no el mismo, es incuestionable que esa omisión sí trasciende esencialmente al fallo, ya que si el actor aceptase tal oferta y se llevara a cabo, sin contratiempos, la diligencia de reinstalación, se variarían totalmente las cuestiones de fondo con relación a las prestaciones, indemnizaciones y demás conceptos reclamados en juicio por el trabajador (ejemplo: la indemnización constitucional no prosperaría por haberse reanudado la relación laboral, y los salarios caídos tendrían, en su caso, tope hasta la fecha de la reinstalación, la prima de antigüedad no prosperaría, etcétera), y si, por otra parte, en la diligencia aludida ocurrieran incidencias que impidieran concretar la reinstalación ofrecida y aceptada, esto desde luego también traería consecuencias jurídicas que incidirían en la calificación de la oferta de trabajo, por lo cual, teniendo que éstas y otras cuestiones giran, jurídicamente hablando, sobre el acto del ofrecimiento del trabajo por el patrón y la interpelación al actor, como responsabilidad exclusiva de la Junta, acarreando diversas cuestiones vinculadas con tal acto, que repercuten innegablemente en la procedencia de algunas prestaciones, la calificación del ofrecimiento del trabajo y, en consecuencia, sobre la correspondencia de las cargas probatorias en el juicio, es por lo que se estima que se infringieron las leyes del procedimiento y como consecuencia las garantías individuales del quejoso. Por consiguiente, procede conceder al quejoso el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado, y reponga el procedimiento, únicamente en lo que respecta a acordar lo conducente al ofrecimiento de trabajo que la tercera perjudicada hizo al inconforme; lleve a cabo la interpelación al mismo para que manifieste si desea o no regresar a laborar con la patronal, se asiente razón en autos, se lleven a cabo los actos que deriven, en su caso, como consecuencia directa, jurídica y lógica, de la oferta de trabajo y la interpelación referidas y una vez hecho esto, resuelva lo que proceda conforme a derecho. Considerando que ante la negativa del despido alegado por el trabajador, el patrón está en condiciones de ofrecerle regresar al trabajo. Para tal efecto, la Junta debe efectuar la interpelación procedente a fin de que se acepte o no la propuesta. Con independencia de la decisión que haya tomado el empleado, la reversión de la carga probatoria sí puede tener lugar en el supuesto de que el patrono haya ofrecido el trabajo en los mismos términos y condiciones legales (o mejores) en que se venía desempeñando. Consecuentemente dicha reversión opera aun cuando el trabajador acepte el trabajo y no únicamente cuando lo rechaza, en atención a que para la calificación de la buena o mala fe no debe atenderse a fórmulas rígidas o abstractas, sino atendiendo a los antecedentes del caso, a la conducta de las partes y a todas las circunstancias que permitan concluir de manera prudente y racional, si la oferta revela, efectivamente, la intención del patrón de continuar la relación laboral. Además, es inexacto que la omisión del patrón en insistir ante la Junta sobre el ofrecimiento del trabajo que hizo al empleado en el sentido de que regresara a trabajar, derivado ello de la negativa del despido, y aunado a la falta de acuerdo de la Junta relativo a esa propuesta, implique un consentimiento tácito del demandado en el sentido de hacer a un lado dicho ofrecimiento y que, por consiguiente, no opere la reversión de la carga probatoria. Lo anterior es así, porque es responsabilidad de la Junta acordar favorable o desfavorablemente las peticiones de las partes, de tal manera que si la autoridad incumple con su obligación, ello no puede trascender a los derechos de las partes, principalmente si con motivo del requerimiento que se debe hacer al actor en el sentido de que manifieste si regresa o no a laborar, puede traer consecuencias que influyan, no únicamente para determinar las cargas probatorias, sino para la procedencia de diversas acciones o prestaciones. Consecuentemente, dada la trascendencia de la interpelación, la omisión en que incurre la Junta, le impide hacer una calificación y distribución de la carga probatoria a verdad sabida y buena fe guardada, por lo que resulta improcedente hacer ese análisis, ya que lo correcto, a fin de realizarlo, es la reposición del procedimiento con el objeto de que la autoridad acuerde lo procedente para que se lleve al cabo dicha interpelación, dado que ni al patrón puede imputársele esa omisión al grado de que se estime que abandonó la propuesta, ni al trabajador se le puede atribuir el hecho de que de manera implícita se negó a regresar al trabajo, dado que la falta de insistencia de las dos partes, no puede subsanar el incumplimiento de la Junta. Por otro lado, resulta incorrecto que el silencio del trabajador con relación al ofrecimiento del trabajo hecho por el patrón, implique por parte de aquél una negativa tácita de regresar al trabajo y que, por consiguiente, opera la reversión de la carga probatoria. Además, cabe precisar que con motivo de la eventual aceptación del actor de regresar al empleo, pueden derivarse situaciones que tengan injerencia para determinar si opera o no la reversión de la carga de la prueba, como por ejemplo que el demandado, en la fecha señalada para la reinstalación, se niegue o no acuda a la misma. Por ello, dada la trascendencia de la interpelación, ésta necesariamente debe realizarse al través de la reposición del procedimiento. Cabe precisar que el criterio que se sustenta en la presente ejecutoria difiere parcialmente, de lo sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (luego se proporcionarán los datos de localización), por lo que procede, con apoyo en lo que establece el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar la contradicción de tesis advertida. Así, la sustentada por el tribunal aludido aparece publicada en la página 555 del Tomo IX-Abril, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, y dicha tesis se formuló en los juicios de amparo directo 37/92 y 83/92, promovidos respectivamente por Moisés Hernández Romano y otro y Filiberto Martínez Loeza, resueltos el trece de febrero y cinco de marzo, ambos de mil novecientos noventa y dos. Tal tesis, dice: ‘OFRECIMIENTO DE TRABAJO CUANDO SE RECLAMA DESPIDO INJUSTIFICADO. NO SE REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA JUNTA OMITE REQUERIR AL TRABAJADOR Y EL PATRÓN LO CONSIENTE.-Teniendo en consideración la jurisprudencia número 85, consultable en la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, intitulada «DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.», solamente podrá revertirse la carga de la prueba, cuando el patrón no solamente ofrezca al trabajador la reinstalación en el empleo en los mismos términos y condiciones en que se venían desempeñando, sino además requiere que este último rechace expresamente ese ofrecimiento ante la Junta, insistiendo en el hecho del despido, ya que por tratarse de un acto solemne, que trae consecuencias jurídicas para las partes, sería incorrecto presumir que el trabajador se ha negado a ello, sólo porque ha continuado con el ejercicio de la acción, cuando la Junta no acordó el ofrecimiento al trabajo propuesto, ni menos requirió al trabajador para que lo aceptara o lo rechazara, situación que consintió el patrón.’. Sobre la tesis aludida, lo único en que se comparte el criterio de ese Tribunal Colegiado, es en el sentido de que la interpelación al trabajador, como consecuencia del ofrecimiento del trabajo, es un acto solemne que trae consecuencias jurídicas para las partes y sería incorrecto presumir que el trabajador se ha negado a reinstalarse sólo porque ha continuado en el ejercicio de la acción, siendo este razonamiento lógico y sobre la base del cual este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito emite su actual opinión, aunque difiriendo con el diverso Tribunal Colegiado en dos aspectos esenciales, esto es, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis transcrita sostiene que para que opere la reversión de la carga probatoria, basándose en el ofrecimiento del trabajo por parte de la patronal hacia el actor, es necesario, no sólo que se ofrezca en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando, sino, además, requiere que el trabajador rechace expresamente ese ofrecimiento ante la Junta, lo que este cuerpo colegiado considera no es correcto, dado que la calificación de buena o mala fe de un ofrecimiento de trabajo puede y debe hacerse sin importar que el trabajador acepte o rechace el mismo, ya que es potestad y derecho del trabajador querer o no reanudar la relación laboral aunque el patrón le ofrezca el trabajo en los mismos términos y condiciones legales, dado que en ambos casos, acepte o no la propuesta, la buena o mala fe de ella depende de otras circunstancias, de tal forma que si el trabajador insiste en el despido el proceso debe continuar por sus demás etapas y la Junta está obligada a emitir su resolución juzgando el fondo del negocio, analizando, entre otras situaciones, la oferta de trabajo y la buena o mala fe de la misma para fijar la carga de la prueba respecto de las acciones y excepciones que en cada caso se plantearon, siendo menester realizar las consideraciones pertinentes y estudiar los presupuestos del ofrecimiento para hacer su calificación, tal como lo determinó la antes Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior conformación, en reiteradas tesis en el sentido de que el ofrecimiento de trabajo no se califica atendiendo a fórmulas rígidas o abstractas, sino de acuerdo a los antecedentes del caso, a la conducta de las partes y a todas las circunstancias que permitan concluir de manera prudente y racional, si la oferta revela, efectivamente, la intención del patrón de continuar la relación laboral, como ya se dejó establecido anteriormente en esta ejecutoria. Como segundo punto de disentimiento, considera este Tribunal Colegiado que también no es correcta la aseveración del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al razonar que la carga de la prueba no se revierte cuando la Junta omite interpelar al actor sobre si acepta o no el trabajo ofrecido por su patrón y este último, no insiste en que se lleve a cabo, consintiendo la prosecución del trámite procesal sin hacer manifestación alguna al respecto o, incluso, haciendo algunas equívocas como solicitar que se cierre la etapa de demanda y excepciones, o la instrucción, y otras similares, contraviniendo este razonamiento porque se considera, prioritariamente, que el llevar al cabo el acuerdo respectivo y la interpelación derivada del ofrecimiento del trabajo, es responsabilidad única y exclusiva de la Junta, y el no hacerlo importa indudablemente, una violación a las leyes del procedimiento en tanto que ante la negativa del despido y la propuesta de regresar al trabajo hecha por el patrón, ello provoca que se inicie un procedimiento especial, que inicia con el requerimiento que debe hacer la Junta al empleado para que diga si la acepta o no y en caso afirmativo señalará fecha para la reinstalación, de ahí que no se pueda reputar tácitamente consentida la violación procesal consistente en la falta de acuerdo respecto de la oferta de trabajo de la parte demandada para el trabajador y la consecuente omisión de la interpelación a este último para que manifieste si desea o no reanudar la relación laboral interrumpida con la consecuente calificación de mala fe en el ofrecimiento, por la simple falta de insistencia ante la Junta en que se efectúe tal acuerdo e interpelación, habida cuenta que la Ley Federal del Trabajo no establece recursos ordinarios dentro del procedimiento, de tal manera que el silencio del oferente sobre la falta de acuerdo al respecto y de interpelación al trabajador, anteriores a la oportunidad para interponer el amparo, no producen el tácito consentimiento de tal omisión, en atención a que su interés en que se tenga por ofrecido el trabajo y se interpele al actor al respecto, lo demostró al momento de hacer su oferta al contestar la demanda y su ampliación y toca a la Junta proveer lo que proceda en términos de los artículos 686, 687, 878 y 885 a 887 de la invocada ley, acorde con los motivos de interés social que inspiran la reforma procesal de mil novecientos ochenta, caso contrario sería si la patronal obstaculizara el acto de interpelación o se desistiera expresamente del ofrecimiento del trabajo, ya que esto ya no dejaría duda de la voluntad del oferente, de modo que la falta de acuerdo e interpelación es atribuible a la Junta y no al demandado. Por consiguiente, se ordena remitir las constancias necesarias a la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tenga a bien resolver sobre la posible contradicción advertida."
Esta sentencia dio lugar a las tesis III.2o.T.3 L, III.2o.T.4 L y III.2o.T.5 L, visibles en las páginas 1314, 1315 y 1316 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, que son del tenor siguiente:
"OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. PARA QUE SE REVIERTA LA CARGA DE LA PRUEBA, NO SE REQUIERE NECESARIAMENTE QUE EL EMPLEADO LO RECHACE.-Ante la negativa del despido alegado por el trabajador, el patrón está en condiciones de ofrecerle regresar al trabajo. Para tal efecto la Junta debe efectuar la interpelación procedente a fin de que se acepte o no la propuesta. Con independencia de la decisión que haya tomado el empleado, la reversión de la carga probatoria sí puede tener lugar en el supuesto de que el patrono haya ofrecido el trabajo en los mismos términos y condiciones legales (o mejores) en que se venía desempeñando. Consecuentemente dicha reversión opera aun cuando el trabajador acepte el trabajo y no únicamente cuando lo rechaza, en atención a que para la calificación de la buena o mala fe no debe atenderse a fórmulas rígidas o abstractas, sino atendiendo a los antecedentes del caso, a la conducta de las partes y a todas las circunstancias que permitan concluir de manera prudente y racional, si la oferta revela, efectivamente, la intención del patrón de continuar la relación laboral."
"OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. NO PUEDE CONSIDERARSE INOPERANTE Y POR ENDE QUE NO REVIERTE LA CARGA PROBATORIA, POR EL HECHO DE QUE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE HAYA OMITIDO ACORDAR SOBRE EL MISMO, AUNADO AL HECHO DE QUE EL PATRÓN NO INSISTIÓ SOBRE LA PROPUESTA, POR LO QUE ANTE TAL OMISIÓN PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO.-Es inexacto que la omisión del patrón en insistir ante la Junta sobre el ofrecimiento del trabajo que hizo al empleado en el sentido de que regresara a trabajar, derivado ello de la negativa de despido, y aunado a la falta de acuerdo de la Junta relativo a esa propuesta, implique un consentimiento tácito del demandado en el sentido de hacer a un lado dicho ofrecimiento y que, por consiguiente, no opere la reversión de la carga probatoria. Lo anterior es así, porque es responsabilidad de la Junta acordar favorable o desfavorablemente las peticiones de las partes, de tal manera que si la autoridad incumple con su obligación, ello no puede trascender a los derechos de las partes, principalmente si con motivo del requerimiento que se debe hacer al actor en el sentido de que manifieste si regresa o no a laborar, puede traer consecuencias que influyan, no únicamente para determinar las cargas probatorias, sino para la procedencia de diversas acciones o prestaciones. Consecuentemente, dada la trascendencia de la interpelación, la omisión en que incurre la Junta, le impide hacer una calificación y distribución de la carga probatoria a verdad sabida y buena fe guardada, por lo que resulta improcedente hacer ese análisis, ya que lo correcto, a fin de realizarlo, es la reposición del procedimiento con el objeto de que la autoridad acuerde lo procedente para que se lleve a cabo dicha interpelación, dado que ni al patrón puede imputársele esa omisión al grado de que se estime que abandonó la propuesta, ni al trabajador se le puede atribuir el hecho de que de manera implícita se negó a regresar al trabajo, dado que la falta de insistencia de las dos partes, no puede subsanar el incumplimiento de la Junta."
"OFRECIMIENTO DEL TRABAJO PROPUESTO POR EL PATRÓN. LA OMISIÓN DE LA JUNTA EN ACORDAR LO RELATIVO Y EL SILENCIO DEL EMPLEADO, NO PUEDEN CONSIDERARSE INDICATIVOS DE UNA NEGATIVA DE SU PARTE SOBRE DICHA PROPUESTA.-Resulta incorrecto que el silencio del trabajador con relación al ofrecimiento del trabajo hecho por el patrón, implique por parte de aquél una negativa tácita de regresar al trabajo y que, por consiguiente, opera la reversión de la carga probatoria. Lo anterior es así, porque es responsabilidad de la Junta acordar favorable o desfavorablemente las peticiones de las partes, de tal manera que si la autoridad incumple con su obligación, ello no puede trascender a los derechos de las partes, principalmente si con motivo del requerimiento que se debe hacer al actor en el sentido de que manifieste si regresa o no a laborar, puede traer consecuencias que influyan, no únicamente para determinar las cargas probatorias, sino para la procedencia de diversas acciones o prestaciones. Consecuentemente, dada la trascendencia de la interpelación, la omisión en que incurre la Junta, le impide hacer una calificación y distribución de la carga probatoria a verdad sabida y buena fe guardada, por lo que resulta improcedente hacer ese análisis, ya que lo correcto, a fin de realizarlo, es la reposición del procedimiento con el objeto de que la autoridad acuerde lo procedente para que se lleve al cabo dicha interpelación, dado que ni al patrón puede imputársele esa omisión al grado de que se estime que abandonó la propuesta, ni al trabajador se le puede atribuir el hecho de que de manera implícita se negó a regresar al trabajo, dado que la falta de insistencia de las dos partes, no puede subsanar el incumplimiento de la Junta. Además, cabe precisar que con motivo de la eventual aceptación del actor de regresar al empleo, pueden derivarse situaciones que tengan injerencia para determinar si opera o no la reversión de la carga de la prueba, como por ejemplo que el demandado, en la fecha señalada para la reinstalación, se niegue o no acuda a la misma. Por ello, dada la trascendencia de la interpelación, ésta necesariamente debe realizarse al través de la reposición del procedimiento."
CUARTO.-En cambio, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en sentencia que dictó el trece de febrero de mil novecientos noventa y dos en el juicio de amparo D. 37/92, en la parte que interesa sostuvo:
"QUINTO.-Los conceptos de violación son parcialmente fundados, pero además se suple su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. De acuerdo con el examen de constancias, se aprecia que durante la fase correspondiente, la empresa Mar-Fel, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, contestó por escrito la demanda y entre otras cosas, ofreció a los trabajadores Moisés Hernández Romano y Román Rosete Camacho, la reinstalación en el trabajo, en los mismos términos y condiciones en que se venían desempeñando, con las mejoras que incluso existieren para los puestos que tenían anteriormente (fojas 71 y 72). No obstante, ni en la fase conciliatoria, ni en la de demanda y excepciones, el susodicho apoderado reiteró verbalmente ese ofrecimiento, situación que se tradujo en que la Junta responsable en ningún momento hubiera requerido a los actores, aquí quejosos, para que manifestaran si aceptaban o no ese ofrecimiento. La jurisprudencia número 85, consultable en la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que dice: ‘DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.-El ofrecimiento del trabajo no constituye una excepción, pues no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que es una manifestación que hace el patrón para que la relación de trabajo continúe; por tanto, si el trabajador insiste en el hecho del despido injustificado, le corresponde demostrar su afirmación, pues el ofrecimiento del trabajo en los mismos términos y condiciones produce el efecto jurídico de revertir al trabajador la carga de probar el despido.’. De acuerdo con la jurisprudencia apuntada, es evidente que solamente podrá revertirse la carga de la prueba, cuando el patrón no solamente ofrezca al trabajador la reinstalación en el empleo en los mismos términos y condiciones en que se venían desempeñando, sino además requiere que este último rechace expresamente ese ofrecimiento ante la Junta, insistiendo en el hecho del despido, ya que por tratarse de un acto solemne, que trae consecuencias juríd
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6460-fc9ece00/ofrecimiento-de-trabajo-la-omision-de-la-junta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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